El otro día el presidente se colgó una medalla de oro por el éxito en el ritmo de las vacunaciones, pero la realidad es que estamos en el puesto 16 del mundo[3], que no está mal, pero no entramos ni en el grupo de diploma olímpico, y eso que en la adquisición y distribución tiene mucho que ver la UE.

Tras la moción de censura al inescrutable Mariano Rajoy (1 de junio de 2018) y después de unos meses de gobierno en funciones, tiempo en que Sanchez se dedicó a jugar a los Reyes Magos con los decretazos de los viernes y al despiste con el independentismo catalán, con la Ley de Memoria Histórica y con unos cuantos escándalos que afectaban a los suyos, el 10 N 2019 sorprendió con el “preacuerdo” para formar gobierno de coalición PSOE-UP. Unas horas antes había manifestado que no podría dormir con UP en el gobierno. Empezaba la mentira[1].

Poco tiempo después, pero sin demora porque era un asunto de su máxima prioridad, puso en marcha el concurso público para la designación del cargo de director de RTVE. Aquello fue un sainete parlamentario que acabó en una situación de parálisis muy beneficiosa para el presidente y mucho más para entonces vicepresidente segundo. Ni corto, ni perezoso, Sanchez, se supone que amparado por el Real Decreto-Ley 4/2018, designó como administradora provisional única a la señora Rosa María Mateo, a través de la que iba a poder controlar sin cortapisas los medios de comunicación públicos. A los medios de comunicación de los grandes grupos los iban a atraer a costa del erario, aunque a algunos de ellos no les hacía falta demasiados incentivos.  Hace poco el lento Tribunal Constitucional ha sentenciado que la designación de Rosa María Mateo fue inconstitucional. A buenas horas salen con esas, el binomio Picapiedra llevaba desde julio de 2018 haciendo de las suyas en RTVE y sin ruborizarse[2].

A principios de enero de 2020, recién estrenado el gobierno de coalición de socialistas con comunistas, empezó a causar cierta preocupación la expansión del COVID-19. Síntoma de que la preocupación existía, por lo menos entre ciertas personas responsables, fue el hecho de que el responsable de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía difundiera un informe sobre medidas preventivas a adoptar para evitar la expansión del citado virus en el Cuerpo Nacional de Policia. La difusión de ese informe le costó el cese fulminante al diligente funcionario porque, según la parte irresponsable de la administración y del gobierno, aquí no pasaba nada. Ese mes se dieron los primeros casos en Europa, donde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE) avisó del peligro de este nuevo virus, estimando muy alto el nivel de riesgo de transmisión secundaria del virus en el ámbito comunitario, cosa que también hizo el CSIC en España. En muchos países, sobre todo del sudeste y este asiático, comenzaron a tomar medidas preventivas que después resultaron ser definitivas. Nuestro gobierno sanchista seguía a lo suyo, coloreando las instituciones del Estado y la Administración General del mismo, en lugar de hacer acopio de material sanitario y medios de protección para garantizar la protección de los trabajadores de la sanidad, como aconsejaba la OMS.

El virus se expandía de manera exponencial y la OMS se vio obligada a declarar la pandemia el día 11 de marzo de 2020, cuando Italia ya había confinado a todo el país hacía dos días. Para entonces aunque, desde muchos organismos internacionales y nacionales, advertían del riesgo de seguir celebrando eventos multitudinarios, aquí no paró casi nada, se celebraron competiciones deportivas, se autorizaron las concentraciones del 8M y no se controlaron los aeropuertos ni las fronteras, aquí entraba el que quería, con o sin virus.

Cuando paso la resaca del 8M el gobierno empezó a ver las orejas al lobo y decretó el 14 de marzo un excesivo Estado de Alarma que fue validado, para un periodo inicial de 15 días, por un Congreso de corderitos bien pastoreados,. En ese momento en España había 7.753 casos de contagio detectados y 288 fallecidos por el Coronavirus. El Estado de Alarma se fue prorrogando, hasta el 21 de junio, más de tres meses en los que se mantuvo a la población con restricciones de movilidad y de reunión más bien propias de un estado de excepción. Ni siquiera se plantearon adoptar otras medidas que a la postre quizás hubieran resultado más eficaces, como lo fueron en otros países los test masivos periódicos, el aislamiento selectivo de los casos detectados y sus contactos y el uso extensivo de aplicaciones tecnológicas para el control de los confinamientos y los avisos de proximidad a focos de contagio. Nuestro gobierno eligió el camino más duro para la población y el que aparentemente más económico le parecía, además de ofrecer buenas oportunidades de negocio a algunos allegados. Al final ha resultado que el Tribunal Constitucional, más de un año después, ha decidido que aquel estado de alarma era inconstitucional, pero el daño ya estaba hecho y el gobierno se va de rositas, sin que nadie le exija responsabilidades por la tropelía que cometió y la mentira en la que nos mantuvo.

Ya en marzo empezaron esas mentiras y continuas contradicciones sobre las mascarillas, los test y unas cuantas cosas más, mientras se decretaba el cierre de alojamientos turísticos, se producía un crecimiento repentino de desempleados, y emergían de la nada comisionistas y “amigos de…” a la caza del suculento trozo de tarta, a costa de los españoles encerrados en casa y sometidos a un continuo bombardeo desinformativo y a las soflamas del “Aló Presidente”. La mentira se iba perfeccionando, incluso para informar sobre la realidad de los fallecimientos. Un mes después de haber sido decretado el Estado de Alarma Pedro Alonso, epidemiólogo y director del Programa Mundial de Malaria de la OMS era tajante: «Si no estuviera en la OMS contestaría con otra libertad, pero solo diría una cosa: tenemos la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo. No hay lugar para la autocomplacencia ni para la autocongratulación. Esto requerirá ser mirado con detenimiento porque no puede ocurrir por casualidad«. Declaración que coincide con una de las ocurrencias de UP en ese periodo: una “tasa coronavirus” para los grandes patrimonios.

Entre tanto se dedicaron medios del Estado para “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno” y se esforzaron, desde el gobierno, en intentar desembarcar indebidamente a sus acólitos en diferentes instituciones del Estado que, debiendo ser independientes, siempre han deseado controlar. Hablo del Banco de España, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de la Comisión Europea, de los Consejos de Estado y de Transparenciao del Poder Judicial. Pero la más sonada, por escandalosa y peligrosa, de las intentonas de control de los resortes del Estado fue la designación, por decreto, de Iglesias y Redondo como miembros de la Comisión de Control del CNI. Ante todas esas intentonas siempre ha habido resistencia, pero en todos los casos el gobierno ha disimulado, mirado para otro lado, o ha persistido en su intento de asalto para controlarlas. A la última de las mencionadas, aunque tarde como siempre, ha respondido el Tribunal Constitucional declarando ilegales los mencionados nombramientos, pero no pasa nada, Sanchez sigue haciendo sus paseíllos con el gracejo que le caracteriza, aunque hay quienes se resisten a escucharle, porque le tienen tomada la medida.

Mientras los españoles seguíamos en arresto domiciliario o, posteriormente, sometidos a unas restricciones de movilidad y reunión, más o menos duras, según la Comunidad Autónoma en la que viviéramos, el presidente le conseguía a su señora un empleo con el que ella no hubiera soñado ni en el mejor de sus sueños. Sin embargo, no he visto medidas, eficaces y posibles, tendentes a ofrecer las condiciones favorables para disminuir el paro en general y, en especial, el paro juvenil. Tampoco he visto una preocupación verdadera por minimizar los desastrosos efectos sobre las pequeñas y medianas empresas, y sobre los autónomos en general, que las medidas restrictivas, adoptadas en la lucha contra la expansión del virus han provocado; prácticamente todas las medidas tomadas en ese sentido han sido de puro maquillaje y de muy poca eficacia; solo hay que pasear por cualquier calle,  de la ciudad española que sea, para ver la cantidad de persianas echadas, muchas de ellas de manera definitiva. No se han dado cuenta de que el problema no se arregla solo con el ingreso mínimo vital tan deseado por Iglesias, lo que hace falta es iniciativas empresariales y trabajo para ganarse la vida, sin tener que depender de la limosna-trampa. Puede que hubiera sido más eficiente, como han hecho otras naciones, compensar directamente y en una proporción adecuada (70% u 80%) el descenso de facturación de las empresas y negocios afectados. Pero claro eso no va con la izquierda fundamentalista, radical y poco leída.

El 9 de noviembre de 2020, después de pasar un verano como se pudo, intentando recuperar algo del turismo, sin aplicar los necesarios controles de entrada al país, llegó el rebrote y el gobierno presentó al Congreso el decreto de un nuevo Estado de Alarma, pero esta vez lo hizo pasándose por el forro toda la normativa al efecto, ya que propuso una duración de seis meses, sin tener que cumplir con el requisito legal de solicitar la prorroga al Congreso de los Diputados después de los primeros 15 días. El caso es que, de nuevo, una mayoría de los diputados apoyó el decreto y los españoles volvimos a estar castigados hasta el 9 mayo, o 9 de marzo, según fuéramos más o menos obedientes, según el criterio de la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud.

El caso es que, entre los Estados de Alarma, la alarma del Estado y la parálisis parlamentaria, el señor Sanchez y sus secuaces han campado a sus anchas, tapando escándalos como el de las maletas de Delcy, el casoplón de Pablo con su minihipoteca de Caja de Ingenieros, o soltando máximas del más puro estilo estalinista como la espetada por la señora Celaá de que “los hijos no son de los padres”. Aprovecharon también para realizar, “en aras del bienestar social”, una de sus máximas aspiraciones:  sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos (donde él nunca quiso estar). Tampoco dejaron pasar la oportunidad de prevaricar cesando al recto y honorable coronel de la Guardia Civil Perez de los Cobos. Y, como no, como casi siempre hacen cuando tocan poder, distribuyeron las riqueza como les vino en gana entre sus huestes, mediante subvenciones, como la concedida a la compañía aérea Plus Ultra con accionistas mayoritarios venezolanos, o a través de diversas contrataciones sospechosas a empresas de personas próximas a ministros como Ábalos o Illa, o haciendo improcedentes nombramientos de incapaces asesores y jefes de gabinete.

 Señor presidente no debería colgarse alegremente medallas de oro. No debería usted sacar tanto pecho, trabaje más seriamente, si sabe, por los españoles y por mantener a España en el nivel que se merece y deje de hacer el ridículo con sus exhibiciones de pasarela en Madrid, o en Bruselas, o con sus paseos por Nueva York, o váyase.

Zaragoza, 1 de agosto 2021

LUIS BAILE ROY