¿Tenemos razones para el optimismo? Puede que para un optimismo moderado. Me explicaré: en mi vida profesional siempre he tenido la tendencia a no perder la esperanza de que, con una planificación concienzuda, trabajo constante, esfuerzo generoso, confianzaen el equipo y un IDEAL, siempre podríamos superar los retos que se nos plantearan. Pero, al observar la política nacional actual, mi optimismo se modera porque en muchos de nuestros representantes políticos veo serias carencias, que podrían impedirles llegar a planificar a medio y largo plazo medidas necesarias ante el reto demográfico de España, uno de los mayores que tenemos y que es consecuencia de una desatención irresponsable de otra serie de problemas. Tampoco veo en ellos un gran amor por el trabajotranquilo, constante, racional, más bien veo en ellos el vicio del trabajo apresurado, a salto de mata, según los requerimientos pasajeros del respetable o de los acontecimientos. Ni que decir tiene que el esfuerzosolo se les ve de vez en cuando; sus ideas, teorías u opiniones son normalmente expuestas en eso llamado twuiter, donde creo que se pueden expresar con un límite de caracteres muy adecuado al mínimo esfuerzo, la máxima simplificación y a menudo el frecuente exabrupto. Si hablamos de confianza en el equipo, ya vemos como son las fidelidades y lealtades en los momentos difíciles de un partido o como son las reacciones de los aspirantes contrariados.

 A pesar de todas esas carencias, yo me pregunto si, por lo menos, tienen algún alto idealque les motive y les guie. Sería bueno que fuera así, pero me temo que en eso también son deficientes, o disimulan muy bien. Pero tampoco veo un ideal que, por encima de todos, una sus voluntades y las nuestras. No los veo capaces de apartar diferencias programáticas, para caminar juntos por la consecución de los objetivos imprescindibles para el bien de nuestra nación. Se me oscurece el optimismo cuando veo como pierden sus energías en discusiones sobre el concepto de nación o de soberanía y no se centran en los verdaderos problemas que afectan al pueblo español que les ha concedido el poder político. Claro que esos temas son importantes y que de una u otra manera habrá que abordarlos y dejarlos claros; por supuesto que el concepto de nación tiene sus enfoques diversos, no hay que ser un sabio para darse cuenta (para entretenerse en ello les aconsejo entretenerse en la lectura de un libro de teoría política^[1]). Pero esas cuestiones han de ser tratadas con suma delicadeza e inteligencia política además de que, en un Estado de Derecho como el nuestro, uno de los más garantistas que existen, al entrar esos temas en el ámbito de los principios constitucionales, que definen para nuestra NACIÓN la soberanía, la forma de Estado y los derechos políticos, es preciso atenerse al proceso legal estipulado para cualquier cambio. Mientras tanto los que dicen representarnos deben remangarse y ponerse a trabajar en serio, dejándose de zarandajas.

   En resumidas cuentas, quiero decir que estamos en el tiempo de descuento en asuntos clave, que están por encima de la pequeña política, como lo son el problema demográfico español, el paro, la estructura productiva, la educación y la investigación. Por lo tanto, los responsables políticos no pueden dispersarse, no se deben dejar distraer con reivindicaciones separatistas que están fuera de tiempo, de lugar y de la Constitución. Y tampoco pactar con quién las sostenga a cambio de conseguir un precario apoyo parlamentario. Aprovecho para insistir en la necesidad de modificar la ley electoral actual, que proporciona a los grupos separatistas una sobrerepresentación que aprovechan para ejercer un constante chantaje a los timoratos gobiernos de la nación.

En los pueblos tienen un dicho que define perfectamente lo que se precisa en estos momentos: “HAY QUE SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA”. Hay que identificar los principales problemas de la nación y llegar a acuerdos de Estado que procuren soluciones con carácter de permanencia en el tiempo. Uno de esos problemas es la situación demográfica de España, la actual y la futura. Y para enfrentarlo tenemos que ponernos ya manos a la obra, logrando un consenso que permita, planificar a largo plazo políticas públicas bien diseñadas y financiadas, dirigidas, ejecutadas y permanentemente controladas mediante el trabajo constante y el esfuerzo de equipos bien coordinados, que no desvíen su atención del objetivo que se pretende lograr a largo plazo: una nación demográficamente más equilibrada, más justa y más nuestra.

 El esfuerzo económico para lograrlo no es excesivo si tenemos en cuenta que nos jugamos lograr una situación demográfica equilibrada y alcanzar (o mejorar) y sostener el Estado “Social” y de Derecho que reza nuestra Constitución. Voy a tratar en este artículo, por razones de extensión, solo los aspectos que más directamente y concretamente se relacionan con el problema demográfico.

Uno de estos temas, que debería ser prioritariamente considerado, es el de la vivienda. Después de estudiar este tema para escribir el correspondiente capítulo del libro “Vacío demográfico en España”, propuse una inversión estatal en vivienda social del 1,5 % del PIB, con lo que nos colocaríamos al nivel de la mayoría de los países europeos. Pero recuerdo que, entre otras cosas, propuse disminuir la construcción de vivienda nueva, abandonar el ladrillazo, porque me di cuenta de que ya en el año 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías, según el último censo de poblaciones y viviendas, por lo que era más lógico y económico dar prioridad a la rehabilitación de viviendas y edificios, a la mejora de la accesibilidad, a la eficiencia energética y la regeneración de espacios y equipamientos públicos. Propuse también adoptar alguna medida incentivadora (seguramente fiscal) para poner en el mercado de alquiler o venta una buena parte de ese parque de vivienda vacía. También recuerdo que mencioné entonces, y me reafirmo ahora, que es conveniente revisar la transferencia a las CCAA de la competencia sobre la política de vivienda, en orden a lograr una mayor armonización de acciones y una efectiva igualdad entre todos los ciudadanos españoles.

 Otro de los temas prioritarios es de la educación. Aunque se me va la mano a escribir sobre la potenciación de la Formación Profesional, la calidad de las universidades y de una mayor adecuación de la educación a la realidad del mercado laboral, hoy me voy a centrar en algo que considero más directamente relacionado con el problema demográfico, pues supondría una gran ayuda a las parejas que, deseando tener hijos, se lo tienen que pensar por el coste que supone el primer ciclo de educación infantil, las dichosas guarderías. Es un ciclo educativo que aún está fuera del sistema educativo nacional, de la enseñanza gratuita para entendernos. La solución a ese importante problema puede mejorar sin duda la tasa de natalidad española que está por los suelos. El esfuerzo económico del Estado en este tema, para ayudar al despertar demográfico no supondría más del 0,195 % del PIB.

 Tampoco el coste de la aplicación de medidas eficaces de conciliación personal, familiar y laboral supondría un esfuerzo económico insalvable para el Estado. En todo caso podría hablarse de una pequeña reducción de los ingresos por las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social. Sin embargo, sí que supone para las administraciones un esfuerzo en la producción legislativa, en el establecimiento y difusión de medidas propiciatorias de la conciliación y en el control del adecuado acceso y uso de estas por parte de las empresas y los trabajadores. Pero se supone que para eso están los políticos.

Siguiendo en el ámbito de las ayudas a las familias y a los incentivos a la natalidad, estudié en su día el esfuerzo económico que podía suponer al Estado una mayores deducciones del IRPF a las familias con hijos, así como la disminución del IVA en una serie de productos imprescindibles en la crianza de los hijos, como se ha hecho, sin embargo, con los productos de higiene íntima femenina. Todo aquel cálculo me llevaba a la conclusión de que la disminución de ingresos fiscales del Estado por esos conceptos podía suponer un 0,53% del PIB.

  Traté también, cuando abordé el problema demográfico español, las políticas salarial y la laboral, ambas importantes herramientas para mejorar las expectativas de nuestra juventud y para abrirles las puertas a un futuro algo más esperanzador del que ahora pueden ver. Un salario digno, un trabajo y una cierta estabilidad laboral no puede ser pedir demasiado. Mas bien deberían ser los objetivos que tuvieran permanentemente en la cabeza tanto nuestros gobernantes y legisladores, como los empresarios y los sindicatos. El paro en nuestra nación y en especial el paro juvenil, el más elevado de Europa según los datos de Eurostat en enero de 2021, es una de las tristes consecuencias del cambio de modelo productivo en este país. Se ha desindustrializado sin ofrecer alternativas y se ha vaciado media España sin atender a las consecuencias humanas y medioambientales. Deberíamos encerrarlos a todos ellos en algún lugar y no dejarles salir hasta que tuvieran una solución factible. La mejora de esa situación no tendría por que suponer un esfuerzo económico inasumible para el Estado. Hay quien habla de que es necesario un acercamiento de las cuotas de autónomos a la Seguridad Sociala la media europea y una revisión de las contribuciones a la Seguridad Social de las empresas y de los trabajadores, y de que todos esas reformas no supondrían más del 0,2% del PIB. A cambio, una subida de los salarios supondría indudablemente un incremento de ingresos fiscales. No deberían olvidarse nuestros supuestos representantes y gobernantes de que, en el año 2018, 13.030.670 asalariados del sector privado soportaban a 13.704.900 pensionistas, parados y empleados públicos. Tienen que lograr la manera de transformar la estructura productiva de España, porque es imprescindible tener un mayor número de ocupados en el sector privado, con mejores perspectivas de salariales y de estabilidad laboral. Y si no saben habrá que cambiarlos por otros como sea, porque la situación requiere soluciones urgentemente.

 Me resultaba muy difícil hacer una estimación económica de lo que supondría financiar las soluciones que propuse, en el mencionado libro, para luchar contra la despoblación de zonas rurales, máxime cuando entre ellas mencioné unas que tienen que ver con la Política de Vivienda, otras con la de Educación y otras están relacionadas con las Políticas Laboral o la Fiscal, ya valoradas en los capítulos correspondientes, sin distinción entre zonas rurales y urbanas. Además, no pude en su día hacer un estudio comparado con la realidad de otras naciones de nuestro entorno, pues este problema tiene en España unas connotaciones muy específicas. Sin embargo, me voy a atrever a dar una cifra aproximada de lo que podría suponer una apuesta decidida por recuperar las zonas rurales afectadas con posibilidades de serlo: 0,9 % del PIB.

En resumen, las inversiones del Estado en todas estas políticas encaminadas a la solución del problema demográfico, distribuidas entre los departamentos afectados o gestionadas por un departamento específico creado al efecto, podría llegar a alcanzar un 3,4 % del PIB, es decir unos 37 mil millones de Euros, cifra perfectamente asumible si tenemos en cuenta la gravedad de nuestro problema demográfico y lo que supone la corrupción en España que, según los datos ofrecidos en 2018 por la Comisión Europea y EUROSTAT, se cifraba en 90.000 millones de euros anuales:

“La corrupción hace perder a los españoles 90.000 millones de euros cada año, lo que representa el 8 % del Producto Interior Bruto (PIB)……. los 28 Estados miembros de la UE pierden cada año 904.000 millones de euros a causa de la corrupción, incluyendo sus efectos indirectos, como la reducción de los ingresos públicos debido al fraude fiscal……………. la cifra de dinero público que se lleva la corrupción en España es cuatro veces mayor que el presupuesto anual destinado a los subsidios para desempleados (unos 19.600 millones de euros) y dos veces mayor que el dinero invertido en educación (43.000 millones).”

 Cifra espectacular a la que deberíamos sumar los 14.000 millones (1,28 % del PIB) en subvenciones estatales varias, unas lógicas y muchas no, que se reparten frecuentemente entre los nichos de votantes agradecidos y de perroflautas de diversa consideración y color.

   De esto se tienen que ocupar nuestros gobernantes y legisladores, de esto y no de hacer leyes absurdas sobre las tendencias sexuales de cada cual o, por ejemplo, para atontar más la mente de los niños y jóvenes, a los que se les priva de su derecho al reconocimiento del mérito y el esfuerzo. Los ciudadanos estamos muy cansados de soportar estúpidos y petulantes postureos, estamos decepcionados por la falta de lealtad, honorabilidad y veracidad de estos políticos que solo saben de vender humo y de palabrería barata de 90 caracteres. La última y más descarada ocurrencia, en boca de una ministra, ha sido abroncar a los ciudadanos de Madrid por el sentido de su voto mayoritario. ¡No joda! Señora Calvo, si van a poner en tela de juicio el fundamento de la democracia, hagámoslo en serio, a lo mejor inventamos un sistema mejor. Quien sabe.

16 de mayo 2021

LUIS BAILE ROY