Esta ha sido durante algunos años una apreciación personal, puede que equivocada, pero me temo que el tiempo me dará la razón, si las cosas no cambian o, mejor, no las hacemos cambiar. Durante esos años hemos podido ver cómo los partidos dominantes en el juego electoral iban perdiendo votos elección tras elección, a la vez que iba reduciéndose su número de afiliados o militantes.
La pérdida de votos y de escaños venía dada, en parte, por la aparición de alternativas, tanto a la derecha como a la izquierda, a los partidos tradicionalmente hegemónicos. En este sentido, a duras penas se habían librado de la quema hasta hace poco, los incombustibles partidos nacionalistas, fueran de contradictorias izquierdas o de furibundas derechas. Algunas alternativas, en su día, pudieron resultar un soplo de aire fresco en medio de la turbia y densa niebla de la política cotidiana, dependiendo de la fuerza con que soplen pueden despejar el horizonte y presentar unos objetivos atrayentes e, incluso, dejar claros los caminos más adecuados y seguros a seguir. Después, a la vista de los hechos, a algunas alternativas el soplo las perdió en el bosque, antes de llegar a despejar del todo la niebla.
En cuanto a la afiliación y militancia, me da la sensación de que a todos les va llegando su día de “San Martín”, todos se van desangrando poco a poco. La gente está muy desencantada y alejada de los intereses de los dirigentes de los partidos y no quiere saber nada de los compromisos que las élites políticas puedan tener con poderes, lobbys y corporaciones de diverso pelaje, sean confesables o no. O sí quiere saber, pero no se lo cuentan, que esa es otra.
Actualmente está en el gobierno de la Nación el PSOE y por ello me centraré en lo acontecido alrededor de ese partido. Bueno, sé que gobierna con un aderezo de difícil digestión y peor aroma, pero por ahora no me voy a ocupar de ello. En todo caso, si quiero mencionar el hecho de que la presencia en el juego político de UP ha tenido una mayor significación en el declive del PSOE de la que casi nunca tuvo Izquierda Unida, partido que siempre fue perjudicado por la magia de nuestra Ley Electoral.
Como puede deducirse de la observación de las dos gráficas anteriores, excepto los años en que Felipe González gobernó con mayorías absolutas y las dos legislaturas de Zapatero, el PSOE ha sufrido una casi continua merma de votos y de escaños. En los últimos 11 años ha perdido unos 4,5 millones de votos y 49 escaños. Si comparamos el actual PSOE con el del año 1982, ha dejado por el camino casi 3,5 millones de votos y 82 escaños, que es mucho teniendo en cuenta que el censo actual es bastante mayor que el de entonces.
La sangría no es solo externa, también es interna, después de la salida de Felipe González de los órganos de dirección del partido el bajón de filiación ha sido prácticamente continuo, exceptuando los años en los que los gobiernos de Zapatero parecían ofrecer tierra prometida a algunos desarraigados de la sociedad civil y la empresa privada.
Estos son tres hechos objetivos. El PSOE ha ido a la baja en los tres aspectos, se mire por donde se mire. Pero, paralelamente a estos datos, y de manera inversamente proporcional, me da la sensación de que el partido y el ejecutivo han ampliado su esfera de poder, incluso más allá de lo democrática y legítimamente admisible. Y me refiero en esta ocasión al PSOE porque, como ya he dicho más arriba, es el que gobierna ahora junto a su aderezo, pero también podría referirme de la misma manera al PP, como igualmente podría hablar de la ansiedad que muestra el compañero del PSOE en el actual gobierno por desembarcar en toda institución que pueda darle una mayor, aunque no merecida, cuota de poder. No es que sea justificable la invasión de las esferas de otros poderes del Estado por el hecho de contar con mayor número de votos o escaños, pero lo es aún menos cuando se está perdiendo representatividad y legitimidad.
El 19 de julio de 2020, en mi artículo “La nueva normalidad constituyente VI.El Poder Judicial ¿tiene un problema?”, deje clara mi oposición al sistema actual para las designaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado, porque suponen una intolerable intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en el judicial, que deja también de lado al Tribunal Constitucional que es el que, por encima de todos ellos, debiera establecer los criterios para la interpretación de los preceptos constitucionales y resolver las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes. Me daba entonces, y ahora aún más, la sensación de que a los políticos no le resulta suficiente con el privilegio que suponen la inmunidad parlamentaria y los aforamientos.
La inmunidad parlamentaria puede tener cierta justificación, para asegurar que un parlamentario no pueda ser apartado de sus funciones con una finalidad meramente política, pero debería desaparecer la necesidad del suplicatorio para que pueda ser procesado en caso de comisión de cualquier tipo de delito. En cuanto a los aforamientos que inicialmente, según la Constitución, se reservaba a los procesos penales que pudieran afectar a los miembros de las Cortes Generales e integrantes del Gobierno que no fueran parlamentarios, suponen que estas personas serían juzgadas por el Tribunal Supremo y no por el órgano jurisdiccional al que le pudiera corresponder conocer de esos hechos. Posteriormente la Ley Orgánica del Poder Judicial extendió ese privilegio nada menos que a 10.000 personas de diversos órganos e instituciones del Estado, algunos de los cuales deberían ser procesados por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Todo esto me huele muy mal, y creo que los aforamientos deberían ser eliminados para mejorar la trasparencia y la ética con la que se conduce buena parte de nuestras “élites” en este país, tan afectado por la corrupción sistémica y el privilegio injustificado.
La insistencia de los políticos por ejercer un mayor control sobre el CGPJ y la Fiscalíapuede hacernos sospechar que pretenden asegurarse resoluciones judiciales favorables, en el caso de que, pudieran ser llevados ante un tribunal, después de sortear las barreras de la inmunidad o el aforamiento.
Pero hay un cuarto poder, del que no habló Montesquieu, constituido por “La prensa” (los medios de comunicación en general) y ahora también por “las redes sociales”. Nadie se va a caer del guindo si digo que los grandes grupos de comunicación están controlados por poderes económicos de dentro y de fuera de nuestro país. He oído comentar que en España cuatro consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio. Este hecho puede ser nefasto para la libertad de información y la credibilidad de los medios, sobre todo cuando la falta de trasparencia impide conocer las conexiones de esos consejos de administración con las administraciones públicas, cuántos contratos son adjudicados por esas administraciones a las empresas controladas por esos consejos, o dónde tienen su capital e intereses económicos. Pero aún es más vergonzoso que, en la situación económica en que se encuentra España, con una deuda disparada, un PIB a la baja y mucha gente quedándose sin su medio de vida, los gobiernos, nacional y autonómicos, concedan subvenciones millonarias y contratos publicidad institucional a los medios privados controlados por esos poderes económicos, mientras ejercen sobre los medios públicos una política totalmente contraria a la libertad de opinión, el pluralismo, la credibilidad y la calidad de contenidos, e incluso algunos recompensan la discriminación de lo español y hasta el racismo. Por eso, según el Centro Europeo por el Pluralismo Informativo y la Libertad de los Medios de Comunicación (Centre for Media Pluralism and Media Freedom, ECPMF), “España está en 2020 en «riesgo medio» en lo que a pluralismo informativo se refiere”[1].
Sin que me sirva de consuelo, tengo que decir que este es un problema que afecta a casi todo el mundo, de hecho la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha analizado la pluralidad informativa de 30 países, considerando finalmente que ninguno de ellos está por debajo del «riesgo medio” y añadía que “dos tercios de los estados europeos tienen el 80% de la propiedad de sus medios concentrada en menos de cuatro grupos”.
La solución a todo esto no es el expresado deseo de Pablo Iglesias de acabar con los medios privados. Tampoco considero conveniente que los medios de comunicación sean regulados por el poder político, puede que la solución esté en un Regulador realmente independiente que incentive la transparencia, el pluralismo, la calidad de contenidos, el control de la fuentes de información y la metodología científica de investigación.
La opción Iglesias está ya fuera de contexto y trasnochada, como lo está él. No ha logrado, ni logrará cerrar los medios privados pero, tanto su formación política como algunas otras ideológicamente próximas, sí han conseguido meter cuña en algunos de ellos. Vaya usted a saber a costa de qué lo han logrado y cuanto les va a durar esa ventaja. Lo que si han logrado de una manera más evidente es controlar la radio-televisión pública, y se nota, claro que se nota, porque esos medios están siguiendo una línea absolutamente contraria a la que debería adornar a un medio público pagado por TODOS los españoles, dando ejemplo de pluralidad, calidad de contenidos y seriedad en la investigación, características que la directora provisional del ente desde 2018 no solo no ha conseguido, sino que las ha rebajado.
Pero evidentemente estos mediocres metidos a gobernantes lo que si tienen claro es que si tienen el control de los medios de comunicación, de las redes sociales y del sistema educativo, y a la intelectualidad la tienen conformada con migajas, pueden llevar a cabo la política que quieran con todo el descaro del mundo, manteniendo al pueblo en la ignorancia y la desinformación y con una mínima capacidad de decisión, eso sí dentro de una democracia aunque sea presunta que, mediante aquellos controles, se ahorra la desagradable represión que le supondría practicar sus políticas con un pueblo menos adormecido.
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| Don Pablo haciendo casting para un spagueti western |
Por una vez estoy de acuerdo con Pablo Iglesias al referirse a la democracia española de esta manera: «no hay una situación de plena normalidad política y democrática». Supongo, además, que también suscribe sus palabras el presidente del gobierno, pues el que calla otorga. No cabe duda de que el dúo “Picapiedra” está en consonancia. Pero, a diferencia de a Pablo, a mí me parece absolutamente normal en una democracia sana que un político que comete actos delictivos sea juzgado, y si el caso lo requiere encarcelado. Por afinar un poco más, yo le diría a Pablo que en una democracia plenamente normal:
· No es habitual que el ejecutivo pretenda sortear una resolución judicial, mediante la aplicación de un indulto a unos delincuentes, aunque sean de su misma clase política, y lo vayan a hacer supuestamente para obtener una ventaja política que, además, no será tal, porque volverán a ser engañados.
· No es compatible con la normalidad democrática que los partidos políticos mantengan una continua y empecinada pelea por controlar el órgano de gobierno de los jueces. Órgano que debería ser absolutamente independiente tanto del ejecutivo como del legislativo.
· No es conveniente, ni licito, colocar a la cabeza de la carrera fiscal a persona alguna con filiación política y, mucho menos, a nadie que haya compartido responsabilidades políticas con quien la designa.
· No se entiende la insistencia por alcanzar el mayor control posible sobre los medios de comunicación privados, por medio de subvenciones o ventajas en contratos de la administración pública a las empresas accionistas de esos medios.
· No parece nada normal que el tan cacareado “portal de transparencia de la Administración del Estado”, esté ninguneado y silenciado cuando se trata, por ejemplo, de dar explicaciones de los despilfarros de las vacacionales del presidente con amigos o de los gastos excesivos e injustificados de ministerios ineficaces como el de Igualdad,
· No tiene lógica, en una democracia seria y plenamente normal, que un vicepresidente de “Asuntos Sociales” reclame y obtenga un puesto en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Primero porque su labor en asuntos sociales no tiene nada que ver con las labores que desarrolla el CNI. Segundo porque alguna de sus presuntas amigas y/o empleadas ha tenido, y posiblemente siga teniendo, tratos con los que podrían ser agentes de inteligencia de países extranjeros.
· Tampoco es propio de una democracia normal que un vicepresidente de “Asuntos Sociales”, después de sacar pecho y reclamar para si la responsabilidad de la coordinación de acciones en las residencias de ancianos y siendo, al cabo de casi un año, el resultado de casi 30.000 ancianos fallecidos en residencias no sea fulminantemente destituido.
Podría seguir con una larga lista de “anormalidades democráticas”, producidas por la “anormalidad sistémica” que tenemos que soportar los españoles, agobiados por la frenética actividad de casi 450.000 cargos políticos en las administraciones (véase cuadro adjunto), según un estudio realizado en el año 2012, por algunos de los asesores “monclovitas” de entonces, nada menos que 300.000 más que en Alemania, un país de unos 83.700.000 habitantes, unos 36 millones más que España.
14 de febrero 2021
LUIS BAILE ROY
