¿Cuántas veces habremos oído decir que con tal o con cual no voy a pactar? ¿Cuántas veces nos ha mentido, entonces? ¿Cuántas veces ha engañado a sus votantes, dejando de cumplir sus promesas?
No digo yo que ciertos aspectos de los proyectos de ley que están presentando no estuvieran contemplados en alguna parte de sus programas electorales, pero desde luego otros muchos no lo estaban, por lo menos de manera explícita. La cuestión radica en que, para conseguir llenar el depósito de la apisonadora que quieren pasar en nuestro solar, necesitan de los votos de los grupos parlamentarios antes aludidos, para lo cual no les queda otra que aceptar las condiciones que les pongan. Y en eso están.
Por si no tuviéramos suficiente, la dichosa pandemia les está echando una inestimable mano, como ya llevamos meses comprobando. A pesar de su desastrosa gestión de la crisis, de cometer torpezas impropias de sesudos doctores en esto o aquello, o muy propias de avezados piratas, “el bicho” les ha ayudado a mantenernos en casa y callados, por si los aerosoles. Eso sí, a partir del 8M, antes no. Todo este tiempo han estado aprovechando para sacar los decretos más infumables o para legislar contraviniendo la Constitución, total, nadie iba a presentar un recurso al Tribunal Constitucional (TC) y, si lo hubieran hecho, dada la lentísima capacidad de resolución de ese tribunal, todo se hubiera quedado en agua de borrajas.
Por otra parte, desde hace años el Congreso de los Diputados está aprobando proyectos de ley con tufillo inconstitucional pero, como no se han presentado recursos de inconstitucionalidad en todos los casos, ni el TC ha actuado de oficio, al final tenemos una parte de la legislación que transita en paralelo a la Constitución, pero en dirección contraria. Para terminar de arreglar este lío, algunas sentencias de altos tribunales llevan en sus entretelas interpretaciones de los preceptos constitucionales que, aun siendo eso, interpretaciones, han dejado una estela jurisprudencial que es aprovechada, en no pocas ocasiones, para beneficio de quien tiene como objetivo romper nuestro Estado de forma no democrática.
Como creo haber dejado claro en anteriores artículos, a mi no me produce espanto modificar la Constitución, ni mucho menos. Es más, estoy cada vez más convencido de que el sistema “democrático” que tenemos se merece un “revolcón”, en el sentido más pacífico del término. No puede pasar mucho tiempo más sin arreglar el problema de esa gran distancia que separa a los españoles de sus teóricos representantes. No pueden continuar por más tiempo las formas de conducirse de los partidos políticos, cada vez más autoritarias, cada vez más endogámicas, cada vez menos respetuosas con la trasparencia y la verdad. Vengo repitiendo que una de las cuñas que sería capaz de romper la roca sería un sistema electoral diferente. Sobre eso ya escribí algún artículo y, si Dios no lo remedia, publicaré algún día un libro al respecto, en el que daré cabida a aportaciones de otras personas preocupadas por el tema y que aportarán algunas alternativas para llegar al mismo objetivo: aproximar a representantes y representados.
Nuestro sistema político es una monarquía parlamentaria, que en román paladino viene a ser una democracia representativa. Yo diría que podría ser más representativa de lo que es, pero bueno, admito pulpo como animal de compañía, de momento. Lo que no admito es que, en vez de caminar por la senda de la búsqueda de algo mejor, casi todos nuestros políticos transiten por la vía del enrocamiento en una partitocracia que todo lo invade, pasando por encima de los más elementales principios democráticos, como el de la verdadera separación de poderes del Estado.
Con todo ello no pretendo cuestionar el concepto de la democracia representativa, ni mucho menos su sustitución por el de la democracia directa, en absoluto. Es evidente que en los Estados democráticos modernos, después de una larga evolución y progresiva mejora de sus sistemas políticos, la democracia representativa es el sistema menos malo para ordenar la vida política. La democracia representativa, sea con sistema electoral proporcional o con el mayoritario, cuenta con muchas ventajas en nuestros Estados democráticos. La democracia directa, como se dio en la antigua Grecia, sería inviable, aunque solo sea por cuestiones de geográficas y demográficas evidentes.
En ambos sistemas electorales, proporcional o mayoritario, deberían ser los partidos políticos los que aglutinaran y encauzaran las corrientes de opinión de los ciudadanos hacia las instituciones en las que se toman las decisiones. Pero es un hecho, como he dicho más arriba, que los partidos políticos están cada vez más alejados del sentir del común de los mortales y, como consecuencia, no cumplen adecuadamente con la misión de encauzar las verdaderas aspiraciones de los ciudadanos. Además, en la actualidad, sufrimos un excesivo protagonismo de los partidos políticos y de sus líderes adornados con cierta tendencia al autoritarismo. Los actuales partidos y quien esté detrás de ellos son los que detentan realmente el poder en nuestra sociedad, se han filtrado como agua desbordada en todas las instituciones del Estado y en las estructuras sociales. Pero, salvo escasas ocasiones, no parecen estar muy preocupados por el interés general.
Como consecuencia cada vez se hace más evidente que la democracia representativa está perdiendo la confianza del pueblo, a pesar de seguir siendo imprescindible. Esta situación ha producido, y aún lo está haciendo, situaciones de inestabilidad en muchos Estados democráticos, acompañadas de la aparición de movimientos antisistema y/o populistas. Tan es así que podríamos hablar de una evidente “crisis de la democracia representativa”. Y ante las crisis se buscan soluciones, y en el caso que nos ocupa se plantea como una de ellas un mayor control de los ciudadanos sobre los partidos. Actualmente el único control relativamente eficaz del ciudadano es el que ejerce en las elecciones, cuando puede negar su voto al partido o representante que considera que ha defraudado sus expectativas, que no ha cumplido con su obligación, o que le ha mentido y esto es un control a posteriori. Las instituciones actuales de democracia participativa no están suficientemente dotadas como para poder asegurar que constituyan un control eficaz, pues tienen prácticamente un carácter restringido, cuando no testimonial.
En la búsqueda de una democracia mejor, una democracia representativa que supere su crisis, hay propuestas que se basan en dar una mayor cabida a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Estas propuestas se centran mayoritariamente en potenciar las instituciones de democracia participativa. Instituciones que, evidentemente, deberán estar sujetas a una normativa adaptada al ámbito territorial donde vayan a ser aplicadas y la temática. No tiene por qué ser igual la forma de presentar y debatir una iniciativa en un pequeño municipio que a nivel estatal; tampoco tiene por qué requerir las mismas condiciones una iniciativa en el ámbito de la legislación ordinaria, en el de las leyes orgánicas o en el constitucional. No se trata de sustituir o eliminar la democracia representativa, se trata de resolver la crisis que le afecta, llevándola hacia la transformación necesaria para dotar a los ciudadanos de unos controles “ex ante” y “ex post” basados en las instituciones de la democracia participativa.
En adición a todo ello considero que, la insuficiente categoría intelectual de los políticos que actualmente nos representan y dirigen, les produce en muchos casos un estado de inseguridad que les hace adoptar posturas autoritarias y a evitar en lo posible el debate calmado y racional con aquellos que defienden posturas diferentes y, sobre todo, a obviar absolutamente la consulta a los representados, aunque las cuestiones que se debatan sean de gran importancia para su forma de entender y afrontar la vida.
Cada vez se alejan más del sentir de los electores y, para enmascarar ese hecho, se dan descaradamente a la manipulación informativa a fin de influir en la opinión pública pretendiendo llevarla a su ascua. Además, esa insuficiencia les impide considerar la posibilidad de facilitar a los representados la capacidad de introducir en la agenda política los temas que suscitan su máxima preocupación. Pero un efecto aún más peligroso es el no sentir ni el más mínimo atisbo de inseguridad o duda en sus actuaciones (sobre todo en el caso de un político con ciertas responsabilidades), estaríamos entonces ante seres injustificadamente prepotentes, que superan con creces las actitudes autoritarias de los anteriores y rayan con lo paranoico.
Acudir a las instituciones de democracia participativa para mejorar a la representativa y sacarla de la crisis que le afecta, tiene defensores y detractores. Estos últimos aducen que los ciudadanos son muy manipulables mediante los medios de comunicación de masas y, por lo tanto, las iniciativas o propuestas presentadas pueden no surgir de un movimiento ciudadano, sino que su origen estará en partidos políticos o grupos de presión con capacidad para lanzar una potente campaña publicitaria. Evidentemente la manipulación del electorado está al orden del día, pero su objetivo no está únicamente dirigido a las herramientas más comunes de la democracia participativa, también es profusa y vergonzosamente utilizada en las campañas electorales de la democracia representativa e incluso se da dentro del propio Parlamento mediante el mandato imperativo al que están sometidos los diputados y senadores por sus partidos.
Esa manipulación no solo se lleva a cabo en periodo electoral, últimamente es empleada también entre campañas, haciendo un uso frecuente de los medios de comunicación de masas para adocenar al público mediante campañas publicitarias machaconas y aburridísimas y colocando, en los horarios de máxima audiencia, frecuentes alocuciones en las que el líder de turno, más que dirigirse a la ciudadanía, parece estar encantado de sí mismo mirándose al espejo. Claro que la ciudadanía puede ser susceptible de manipulación. En eso tienen responsabilidad los propios ciudadanos que no busquen la información suficiente y no la sometan a un análisis crítico. Pero también tienen una gran parte de responsabilidad, más si cabe, los políticos que ni desde el gobierno, ni fuera de él, están realmente interesados en procurar un sistema educativo que propugne la búsqueda de la información veraz y su crítica racional; además de no ser nada proclives a dar información, precisamente para poder facilitar su manipulación.
Los que estamos a favor de la democracia participativa, lo estamos, sobre todo, porque esas instituciones pueden suponer, bien utilizadas, unos medios de control eficaces contra el omnímodo poder de los partidos políticos, sobre todo cuando están en el poder ejecutivo y realizan toda clase de maniobras para invadir las competencias de las instituciones de los demás poderes del Estado o incluso para penetrarlas hasta la médula. Además la democracia participativa puede ser beneficiosa en los siguientes aspectos, no menos importantes:
· Hace más real la soberanía popular, incrementando la motivación de los ciudadanos por los asuntos políticos.
· Incrementa la legitimidad democrática.
· Mayor interés por estar informado. Como consecuencia un mayor interés por la educación.
· Las decisiones políticas pueden acercarse al verdadero interés de los ciudadanos.
· Se mejora la gestión pública y la trasparencia de ésta.
· Permiten introducir en la agenda política asuntos que los partidos quieren evitar debatir en el Parlamento, incluso temas específicos que no estuvieran contemplados en los programas electorales de los partidos.
· Pueden suponer un acicate para rebajar el control de los partidos sobre sus diputados.
Hay muchos tipos de instituciones para la participación de los ciudadanos en la vida política de una sociedad. Por de pronto, según la vinculación que tenga sobre los poderes públicos, podemos encontrar instituciones de democracia directa y las de democracia participativa. Las primeras se caracterizan porque la opinión expresada por los ciudadanos es vinculante y en las segundas no lo es. En el segundo caso la última palabra sobre la propuesta presentada la tiene el poder legislativo y por lo tanto se podría decir que la institución participativa tiene, en principio, escasa importancia, aunque a la larga puede tener sus consecuencias para los partidos.
En el grupo de las instituciones de democracia directa, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de carácter directo que se caracteriza porque, una vez que se ha cumplimentado el requisito de la recogida de un determinado número de firmas, la propuesta es considerada por toda la ciudadanía con capacidad de voto en un referéndum y se convertirá en ley en caso de obtener un resultado favorable. Otra institución de importancia es la de revocación de cargos electos, que se producirá si, tras la pertinente recogida de firmas para la revocación de un cargo público, se convoca un referéndum al efecto, y resulta apoyada la propuesta. Existen también los llamados referéndum obligatorio. Esta institución de democracia directa, establecida en las leyes de algunos países como Australia o Suiza, consiste en que determinadas decisiones legislativas tienen que ser obligatoriamente sometidas a referéndum, cuyo resultado será vinculante para los poderes públicos. Otro tipo de referéndum, incluido entre las instituciones de democracia directa, es el referéndum abrogatorio que supone que la iniciativa, una vez recogidas las firmas exigidas en el plazo determinado por la ley, deriva en la convocatoria un referéndum para votar la revocación vinculante de una ley aprobada por el Parlamento.
Entre las instituciones de democracia participativa, se puede mencionar en primer lugar las ILP de carácter indirecto. En este caso la propuesta, una vez recogidas las firmas en tiempo y forma, es debatida en el Parlamento, pudiendo ser aprobada o no, por lo tanto la iniciativa no tiene carácter vinculante. Este es, por ejemplo, el caso español. Sin embargo hay países en los que, de resultar rechazada por el Parlamento la proposición de la ILP, es obligatorio convocar un referéndum vinculante para resolver la divergencia surgida entre los ciudadanos que presentaron la iniciativa y la cámara. Esta modalidad está más próxima a la democracia directa al vincular finalmente a los poderes públicos. La otra institución importante de democracia participativa es el referéndum, pero en este caso no puede ser convocado por iniciativa popular, mediante la presentación de un determinado número de firmas, solo puede ser convocado por el ejecutivo que, además, tampoco estará vinculado por los resultados del mismo.
Ahí lo dejo. Pensar en la cantidad de leyes que quizás se hubieran tenido que tragar nuestros políticos si hubiera existido algún control sobre su proceder durante las legislaturas.
Nos podemos imaginar lo que sucedería, si dispusieran de esas herramientas democráticas, la mayoría de los padres cuyos hijos, afectados por graves discapacidades, son atendidos en colegios de educación especial que cuentan con personal y medios específicos. Igualmente es fácil suponer como actuarían muchos padres en Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Vascongadas al verse privados de la posibilidad de educar a sus hijos en español, o aquellos otros que siguen pensando, a pesar de lo que diga la ministra Celaá, que los hijos son de ellos, o cuál podría ser la reacción de tanta gente que hemos visto recortadas nuestras libertad de expresión y difusión en ciertas redes sociales
En otra ocasión, expondré el tratamiento que se da actualmente en España a estas instituciones de democracia participativa, para mayor gloria y tranquilidad de nuestros políticos. Y por supuesto, haré alguna propuesta de cómo podrían ser mejoradas y, en algunos casos, instauradas.
LUIS BAILE ROY
