Esta vez las cifras del paro y de la creación de empleo nos dan un pequeño respiro. Son buenas noticias que, sin duda, tienen que producirnos alegría, aunque ésta esté atemperada por los casi 3 millones de españoles que continúan parados. Cifra que nos hace permanecer en el último lugar de la UE, doblando prácticamente la media de paro en ella (6,8 % en abril). Sobre todo, hay que congratularse por aquellos que han logrado salir de la siniestra espiral del desempleo, como hay que reconocer y agradecer la contribución de los empresarios que, a pesar de las dificultades, han abierto las puertas a nueva savia laboral.

Además el incremento que se viene observando en el sector público en los últimos años, sobre todo en algunas autonomías y administraciones locales, es de dudosa efectividad. A menudo se trata de puestos de trabajo duplicados o innecesarios, ofertados para colocar a los más próximos, fidelizar el voto y tejer una red de poder y control. En ocasiones, incluso, se han creado unidades o niveles administrativos sin una necesidad verdaderamente justificada y que no han hecho más que enmarañar el panorama burocrático que se le presenta a un ciudadano, que acaba por no saber a dónde ha de recurrir para tal o cual trámite.

Entre empleados públicos, parados con prestación, personas que reciben el ingreso mínimo vital, personas en situación de riesgo de exclusión que reciben ayudas económicas por diversos conceptos y pensionistas, actualmente se supera el número de personas empleadas en el sector privado. Esto, a pesar de lo que puedan pensar algunos iluminados es algo totalmente irracional e insostenible.

Por todo ello, al final, me voy a ahorrar el agradecimiento a este gobierno y a su presidente, que tanto presume de su gestión en estos últimos cuatro años. Ha aumentado la población activa, sí, pero no con una base racional y eficiente, por lo que muy posiblemente tengamos que pagarlo a no mucho tardar. Habría que recordarle a este “mago del marketing político” que con lo que se prevé recaudar en el año 2022 aún faltarían 70.000 millones de euros para pagar a todas las personas que dependen de la administración pública. Quizás pueda sufragar parte de esta nómina gracias a los impuestos extra que pueda recaudar gracias a la inflación que estamos sufriendo. Pero por muy rápido que el trilero se maneje, la realidad es tozuda y terminará encontrándose con el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés, dejando de comprar deuda pública española y debiendo pagar más intereses por esa deuda que no han sabido contener y menos rebajar. Entonces los españoles, que posiblemente ya hayamos visto la serie documental producida para mayor gloria del autócrata, volveremos a encontrarnos en una penosa situación económica, similar o peor a la que dejó su maestro y mentor Zapatero. Será cuando volverán los recortes en todas las administraciones y las movilizaciones de esos sindicatos que tan callados y subvencionados han estado vegetando hasta ahora. Pero claro, entonces ya no gobernará él, posiblemente gobierne la derecha gestora y temerosa de vaya usted a saber qué.

   Otra cuestión por la que me voy a ahorrar el agradecimiento al presidente Sanchez y su gobierno de pandillitas, es el desmadrado e irracional gasto público al que se han lanzado. En el año 2021 el porcentaje del PIB que supuso el gasto público fue el 50,6 % (609.776 millones de euros), lo que nos colocó en el puesto 23 de 192 países comparados en el ranking mundial de gasto público. Eso quiere decir que cada español aportó 12.884 euros de su bolsillo ese año, mientras hace diez años el gasto público por persona era de 10.374 euros. A cada ciudadano cotizante le supone nada menos que un 19,5 % más que entonces. Poca broma, sobre todo porque ese incremento no se corresponde con la mejora, ni siquiera con el mantenimiento, de los servicios públicos importantes. Están gastando en cuestiones superfluas y absolutamente prescindibles, pero no en lo verdaderamente importante para los españoles. Lo peor es que este irracional despilfarro comenzó con Zapatero y desde entonces nadie ha logrado corregir la perversa tendencia, que solo conduce a acumular una deuda pública escandalosa. Y, en el caso de Sanchez, no solo no ha enmendado el error, si no que lo ha agravado.

Según el Instituto de Estudios Económicos en España se podría reducir el gasto público en un 14% manteniendo el mismo nivel de servicios públicos. Esa reducción de gasto podría suponer, al menos, unos 60.000 millones de €. Para ello sería imprescindible mejorar la eficiencia del gasto público, que se ha deteriorado diez puntos desde 2019 (84,6) a 2021 (74,4), según los datos del Índice de eficiencia de gasto público desarrollado por el IEE, para los 36 países que integran la OCDE y para los agregados de la OCDE y de la UE, en el que la UE cuenta con una puntuación de 98,6, siendo el nivel de referencia el promedio de la OCDE con valor de 100.

Esta eficiencia en el gasto público no tiene porque ir acompañada de una reducción generalizada de impuestos, sin embargo si debiera de contar el apoyo de una reforma fiscal que, contrariamente a lo que viene ocurriendo, no incidiera en las capas sociales sobre las que siempre suele recaer el peso de esta, si no que fuera mucho más justa y proporcional, sin miedos y sin topes.

En definitiva, se deben tomar con decisión y, a ser posible, por consenso medidas contundentes y a largo plazo que acaben con los gastos suntuarios prescindibles (Falcon para todo y coches nuevos para todos), reduzcan la estructura de los gobiernos central y autonómicos, terminen con el exceso de inútiles asesores, racionalicen los excesivos y redundantes niveles de la administración pública, eliminen las ayudas a fundaciones, partidos, sindicatos, asociaciones etc. que deberían mantenerse con las aportaciones de sus afiliados y/o las donaciones voluntarias. Pero sobre todo se debe repensar el actual Estado de las Autonomías, causante de gran parte del problema, porque ha conducido a una superposición de tareas y funciones, que acaban generando partidas concurrentes e innecesarias en los presupuestos de varias administraciones, y manteniendo por pura inercia programas, aunque resulten ya innecesarios, improcedentes y, en ocasiones, hasta ilegales.

No le puedo agradecer nada a Sánchez, a pesar de que ha tratado insistentemente de mostrarse como el hacedor de no se qué milagro, que según él ha ocurrido durante estos cuatro años que ha ocupado la Moncloa. Robert Barr (1997) señalaba “el peligro que suponen las democracias débiles para el crecimiento económico, pues estas pueden verse coaccionadas a la hora de ejecutar sus programas de gasto”. Pues bien, Sánchez ha logrado debilitar hasta la médula nuestra “supuesta” democracia, se ha puesto en manos de sus enemigos, se ha coaligado con quién no cree en ella y ha estado continuamente intentando ocupar los demás poderes del Estado, incluso el cuarto poder. Todo por mantenerse en el poder, no sé muy bien para favorecer a quién. Sánchez ha mentido y se ha saltado las reglas legales y éticas las veces que ha querido y acabará, si nadie lo remedia, nos dejará una “democracia” aún más débil, con unas instituciones prácticamente inoperantes e incapaces de mantener la legalidad, de la que los políticos no se deberían salir sin sufrir las consecuencias

 Así que, no le agradezco nada, porque su proceder es garantía de un futuro gris para el crecimiento económico, a corto y medio plazo, y de una permanente coacción de las fuerzas centrífugas de nuestra Nación. Su manera de gobernar ha empeorado la situación del país que les vamos a dejar a las siguientes generaciones. Ha contribuido más que sus inmediatos predecesores a hipotecar a los españoles de ahora y del futuro.

Zaragoza, 5 de junio 2022

LUIS BAILE ROY