Ahora sí, ahora ya puedo escribir algo sobre las causas y las consecuencias del vergonzoso vodevil con el que nos entretuvieron la semana pasada en el Congreso de los Diputados a cuenta de la votación para la reforma laboral. Antes no debía hacerlo, no podía dejarme llevar por las primeras e impetuosas reacciones que me salían a borbotones. Hay que cuidarse la tensión arterial, pero también hay que procurar no ser demasiado agresivo y en aquellos días me hubieran salido palabras demasiado gruesas para calificar a muchos de los protagonistas del vodevil.

Tampoco me parece especialmente escandaloso que se produjera una negociación, a espaldas de los diputados de UPN, entre el presidente de ese partido y el emisario de Pedro Sanchez, con la finalidad de asegurar la victoria en la votación para la reforma laboral que, por cierto, se esperaba muy ajustada. En absoluto fue admisible la forma de proceder, sobre todo porque se mantuvo al margen a los que debían prestar su voto a cambio de no se sabe qué. Pero esa forma de proceder de los órganos directivos de los partidos es tan habitual, que ya no sorprende observar, no ya la subordinación de los diputados o grupos parlamentarios, sino incluso su sumisión. En definitiva, si no resultó especialmente escandaloso el hecho fue por que ya no sorprende, ya es habitual, lo cual, si no elimina el calificativo de “escandaloso”, si se deshace del adverbio “especialmente”.

Sobre la sospecha de una torticera maniobra acordada, entre un alto cargo del PP y otro del PSOE, para que algún despistado diputado de los populares prestara su voto con el fin de asegurar la aprobación de la reforma, no puedo asegurar nada, puesto que no tengo evidencia de que se hubiera llegado a tal acuerdo, ni siquiera de que se hubiera intentado. ¿Pero cabe la posibilidad de que esa gestión se hubiera hecho? Por supuesto que sí, si tenemos en cuenta, por un lado, las presiones de la UE para que la reforma no fuera mucho más allá de lo que ha ido. Y si, por otro lado, consideramos la necesidad del gobierno (sobre todo de Yolanda Diaz y Pedro Sanchez) de hacer creer a sus votantes que “casi” habían cumplido con su promesa de derogación de la “demoníaca” reforma laboral de Rajoy. Además se puede tener en consideración en cuenta que el PP no podía aparecer como cómplice de la aprobación de la reforma laboral, aunque no pasaría nada si uno de sus diputados comete un error. Es una posibilidad, solo eso, pero….. Ellos sabrán.

Tampoco me sorprende la actuación de la presidente del Congreso de los Diputados, la inefable Meritxell Batet. Hay quien considera que Batet vulneró los derechos del despistado diputado por no convocar la Mesa del Congreso cuando fue advertida del error cometido por el diputado. Otros defienden a Batet alegando que nadie pidió que se convocara la Mesa. Cualquiera sabe lo que ocurrió realmente. Lo que es un hecho es que el diputado en cuestión se presentó en el Congreso para intentar enmendar su “presunto error” y que de ninguna de las maneras se le permitió hacerlo. Según el diputado Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados, “el PP nunca pidió a la presidenta de la Cámara Baja convocar a la Mesa para analizar el voto de su diputado Alberto Casero”…..«la única intención que tenían los representantes del PP cuando se acercaron a la Mesa es que dejáramos pasar al diputado cuando llegara para que pudiese rectificar con su voto presencial el voto telemático. Les dijimos que no«. ¡¡LES DIJERON QUE NO!!. Ojo al dato, ¿qué Mesa les dijo que no si no había sido convocada por la presidente? Es todo muy raro.

Lo que sí parece haber quedado meridianamente claro es que la presidente del Congreso mintió al decir que la mesa del Congreso había tratado el tema del voto del diputado Casero. También parece evidente, según las imágenes de televisión, que el presidente del Gobierno tenía la certeza de que la reforma saldría adelante, a pesar del no de los diputados de UPN. Es decir que, o bien mediante la prevaricación de la presidente del Congreso, o bien por el voto negociado del diputado Casero y a pesar de los teatrales aspavientos de los populares, o las dos cosas a la vez, la reforma laboral iba a salir adelante.

Incluso puede que la aprobación de la dichosa reforma laboral sea positiva en ciertos aspectos como, por ejemplo, corregir la excesiva temporalidad del empleo. Pero lo que me produce cierta desazón es comprobar cómo, poco a poco, pero de manera inexorable, Pedro Sanchez y sus secuaces del PSOE y UP están acelerando la degradación de las instituciones del Estado, una tras otra, ante la pasividad, cuando no colaboración, de una oposición entretenida en sus peleas de patio de colegio.

Han menospreciado al Tribunal Supremo concediendo un insultante indulto a unos delincuentes que dieron un golpe de Estado. La presidente del Congreso, tan sanchista ella, se ha enfrentado al mismo tribunal hasta que le ha visto las orejas al lobo. Se están dejando la piel por lograr una renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ) que les sea favorable, para no tener ya ni siquiera que enfrentarse a los tribunales, sino para tenerlos de respaldo. Se han reído de las resoluciones del Tribunal Constitucional todas las veces que han querido, entre otras cosas porque, con la colaboración de nacionalistas y, a veces del PP, han logrado hacer de ese tribunal algo inoperante por su exasperante lentitud.

Con el Legislativo han jugado como han querido. Han aprovechado la crisis sanitaria para darle carta de normalidad a actuaciones absolutamente irregulares. Con la inestimable colaboración de Batet, han cerrado el Congreso cuando han podido, sustrayéndose a su control. Han promulgado decretos que incluían normativas ajenas a la legalidad, decretos tan infumables que han sido reprobados (tardíamente) por el Tribunal Constitucional. Han presentado a ratificación decretos conteniendo medidas sobre materias absolutamente dispares, con la finalidad de conseguir la aprobación de las más controvertibles, al estar incluidas en el mismo decreto junto a otras generalmente más apoyadas y consideradas de inmediata necesidad. Se ha abusado más que nunca del decretazo, de la validación fuera de plazo y de la prórroga irregular de los decretos. Se ha ninguneado y desterrado de los órganos de gobierno del Congreso a la parte menos condescendiente de la oposición.

Todas estas deplorables prácticas se han llevado a cabo con la chulería y el desahogo que vienen siendo habituales en otras latitudes, pero que aquí, por lo menos a algunos, aún nos repugnan. Lo malo es que, si siguen haciéndose habituales y no contestadas, vamos a llegar a la degradación de este “Estado social y democrático de derecho” que, aunque imperfecto y con lastres importantes, deberíamos procurar su mejora, terminando con las malas costumbres de esta partitocracia que corrompe el sistema, en lugar de dejarlo caer en el autoritarismo a no mucho tardar. Fukuyama no acertó, el fin de la Historia no ha llegado, ni se le espera.Y menos en este país que, según el último Índice de Calidad Democrática publicado por la unidad de inteligencia de la revista ‘The Economist’, ha dejado de ser una democracia «plena», para situarse como una democracia “con defectos» en 2021.

Zaragoza, 13 de febrero 2022

LUIS BAILE ROY