No voy a hablar del sainete que se produjo el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, ni de los maniqueos Reales Decretos que este Gobierno viene presentando a la validación del Congreso. Son la oscuras maniobras de un trilero mentiroso y de una prevaricadora pertinaz, entregada a su “imán”. Dejemos que la justicia se ocupe de ello. Yo a lo mío: hablar de la gran mentira.

Nuestro déficit público, en el tercer trimestre de 2021, alcanzó un 7,3 % del PIB, solo por detrás de Malta, mientras que en el conjunto de la UE fue de 3,7 %. Mala cifra para nosotros, aunque no nos conformamos con ese exceso, la deuda pública en ese mismo trimestre ascendía al 121,8 % del PIB, por debajo de Italia, Gracia y Portugal, pero a la cola de los veintisiete miembros de la UE, entre los que encontramos países con una deuda próxima al 20 %.

 Ambos indicadores son bastante preocupantes aunque, sobre todo el primero, podría justificarse dada la difícil situación económica producida por la pandemia del COVID 19. Sin embargo la sensación de desorden, improvisación e informalidad que transmite este gobierno durante la crisis sanitaria, hacen difícil cualquier intento de justificación o de aplicación del correspondiente atenuante. Así que nos encontramos situados como el país que peor se está recuperando de la crisis, incluso por detrás de Italia, Gracia y Portugal. Puede ser debido a nuestra mayor dependencia del turismo, al agujero de un consumo privado que no se ha recuperado de la misma manera que lo hizo en crisis anteriores, o vaya usted a saber por qué. Lo que es seguro es que, también, el excesivo paro y la inflación están teniendo buena parte de culpa, pero nuestro gobierno, con sus excesos, no está ayudando en absoluto.

Parecen estar más a gusto ocupándose del destino final de los restos de Franco, de la desastrosa Ley de Memoria Democrática, de la infumable Ley de Igualdad (igual da lo que digas, eres hombre luego culpable), de la modificación a peor de la Ley del Aborto y de gastarse el dinero en todo esa serie de asuntos que importan bien poco a los españoles, que solo alegran la existencia a los colectivos LGTBIQ+.  Acrónimo éste que se va haciendo más extenso a medida que se van sumando a la fiesta del despilfarro otras formas de relación humana, que ya existían antes, con más o menos discreción, pero que ahora reclaman más visibilidad y sobre todo subvenciones, a pesar de ser minoritarias. También parece ser de mayor agrado gubernamental controlar las relaciones con los animales, sean domésticos o no, sean depredadores como el lobo o sean “animales asociados a tareas”, antes mal llamados de trabajo porque no se podían sindicar según ellos, yo no se lo pregunté nunca. En fin, legalmente ya no vamos ni a poder criar periquitos en casa. Bueno, si paganos cuota de autónomos y los correspondientes impuestos, puede que sí. Que se lo vayan a contar a los pastores.

Sin embargo les resulta imposible controlar la salvaje subida de la electricidad, del gas o del combustible para la automoción. Dicen que son las leyes del mercado del despiadado capitalismo. Si, si, pero miren el siguiente gráfico y luego me cuentan. ¿Por qué a nosotros nos toca bailar siempre con la más fea? y mientras ellos se alinean rápida y gustosamente con los intereses de las grandes multinacionales gobernadas por esos capitalistas globalistas, a los que detestan, pero solo en la intimidad o en los mítines aborregadores.

Yo, que soy de naturaleza bien pensante, podría considerar que, por un lado, la carestía de la energía en general es debida al déficit estructural de instalaciones productoras de energía y, por otro a nuestra escasez de recursos energéticos. Pero esta vez no me da la gana pensar así, ya vale de aceptar pulpo como animal de compañía. Más bien me inclino por pensar que este y anteriores gobiernos han adolecido de una asombrosa falta de visión a largo plazo, de una miopía atroz y de una actitud irresponsable en la captación de recursos y en la conservación y la diversificación de las fuentes de energía.

Nuestros chicos (y chicas) del gobierno, y otros que aspiran a ello, son muy proactivos en temas que nos importan un pimiento a la inmensa mayoría de los españoles. Si, a la inmensa mayoría, ahora no miren para otro lado. Pero no lo son tanto, por ejemplo, ante el deterioro continuado de la atención de las entidades bancarias a sus clientes.

    Los sufridores ciudadanos no tenemos más remedio que tener depositado nuestro dinero en bancos españoles (no como doña Margarita), pero sufrimos una atención que empeora continuamente. La red de oficinas bancarias se ha reducido, entre 2008 y 2021, en un 54%, han mandado al paro o a una suculenta jubilación anticipada a unos 107.000 empleados, han reducido los cajeros en un 22,1%. Lo de la cita previa, hasta para contactar telemáticamente, funciona peor que en la Sanidad de cualquiera de los 17 sistemas sanitarios y ya es decir. A las personas mayores les supone, en muchos casos, un verdadero suplicio relacionarse con el monstruo informatizado en que se ha convertido su banco, en aquel en que antes su cajero o su comercial les recibía llamándoles por su nombre, aquel que le daba un interés por el dinero que tenían depositado en la “libreta”, aunque fue poco. Todas las empresas buscan el máximo beneficio y rentabilidad, pero lo que están haciendo los bancos es de juzgado de guardia, porque, en algunos casos, su comportamiento está descrito en el Código Penal. Ya se han debido olvidar de que los españoles a los que maltratan ahora pagaron el rescate de muchos de ellos hace poco. Ante esto nuestros chicos (y chicas) del gobierno, tan izquierdosos ellos, miran para otro lado, o puede que a los sillones de los consejos de administración.

Pero todas estas desventuras y otras cuantas que me ahorro por no alargarme, podrían estar produciéndose en aras del incremento de la capitalización de la hacienda pública, para mayor beneficio de los españoles y una mejor distribución de la riqueza y la renta. Pues no, va a ser que no, porque resulta que, según la Comisión Europea, España es el país de la UE en el que más habría aumentado la desigualdad económica durante la pandemia. Yo añado que esto no es nuevo, no se equivoquen, el problema de la desigualdad lo llevamos arrastrando desde hace décadas. Según el estudio del World Inequality Lab, publicado en diciembre de 2021, ósea anteayer, el 10% más rico de la población española concentraba 57,6 % de la riqueza del país y, para más señas, el 1% de los españoles más ricos posee un 24,2 % de la riqueza patrimonial del país. La desigualdad no ha ido a menos, según he podido comprobar comparando estos datos con los de 2018 y anteriores. Este problema no lo han arreglado ni los partidos de derechas, ni de centro, ni de izquierda y los “podemitas” tampoco, por mucho que se las den de redentores. Todos estos amigos del buen vivir, de la maravillosa globalización y de la nueva normalidad procuran pasar de puntillas sobre el tema.

Pero, a decir verdad, y sin que nos sirva de consuelo, no somos de los que peor están en ese aspecto. La desigualdad en el mundo es aún más exagerada que en nuestro país. El 1% de la población mundial posee el 38% de la riqueza global, una acumulación de riqueza que se ha multiplicado en las dos últimas décadas, en las que tan en boga se ha puesto esta engañosa “globalización”, gracias a los tontos útiles de todos los países. En contraste con esa exagerada concentración de riqueza, en el 50 % de la población solo se distribuye el 2 %. La situación de la desigualdad en el mundo, por supuesto, no puede ser un consuelo para nosotros. El posible sacrificio que nosotros podamos estar realizado, no se traduce en una mejoría a nivel global. Los únicos que han incrementado desmesuradamente su riqueza, tanto en España como en el mundo, son los deciles superiores del siguiente gráfico, en el que, por no salirme de la hoja, no he podido dibujar completa la barra correspondiente al 1 % de la población mundial, la más larga.

    Las causas de la desigualdad en el caso español se deben, sobre todo, a los defectos estructurales de nuestro mercado laboral, a una excesiva desigualdad en los salarios, al paro estructural y a un deficiente sistema tributario. Para abundar más en el problema, en esta crisis que estamos pasando, se ha puesto de relieve un sistema de protección social que está, mayoritariamente, unido al sistema contributivo, por lo que deja fuera de la protección a un considerable número de ciudadanos que, por diversos motivos no han contribuido al fisco como, por ejemplo, los que tienen o han tenido un empleo.

Por otra parte, España lleva años arrastrando un serio déficit en lo que se refiere al sistema de prestaciones para la dependencia, a ayudas a para la infancia y la familia, al apoyo a la natalidad y al acceso a la vivienda. A todo ello hay que añadir que España ha implantado tarde el famoso ingreso mínimo vital y lo ha hecho con motivo de la gran pérdida de puestos de trabajo que ha provocado la pandemia. Antes ni solo lo habían planteado algunos y de boquilla, salvo en algunas administraciones locales y de manera excepcional, sin embargo en Europa había países que llevaban décadas con ayudas de ese tipo.

También se puede observar un desplazamiento de la clase media española hacia la baja (32 %) y media-baja (33,8 %), esto es una característica de la distribución de la población según el nivel de renta que no se ha producido de manera tan clara en muchos de nuestros vecinos europeos. Este hecho que, sin duda, se ha producido por la diferente respuesta de nuestro país ante las crisis que hemos venido encajando en las últimas décadas, ha influido también en el incremento de la desigualdad en España. La consecuencia directa de la reordenación de la distribución poblacional según la renta es una merma de la financiación de los servicios públicos, ya que el sistema tributario está mayoritariamente basado en una extensa clase media. Entramos pues en un círculo vicioso del que será difícil salir sin JUSTICIA SOCIAL.

Por otra parte, aunque en este país disfrutamos de 17 sistemas educativos y, por lo tanto, es difícil hablar, sobre todo con alguna regiones, de armonizar y planificar a nivel conjunto y a largo plazo, es también un requisito, para corregir la excesiva desigualdad, adoptar medidas para minimizar la segregación educativa. Si, si, han oído bien corregir la segregación educativa. No me he vuelto loco, ni comunista de repente. No pienso, como la exministra Celaá, que los hijos no pertenezcan a los padres. Tampoco soy enemigo de la enseñanza privada o concertada. También me doy cuenta de que reducir la segregación escolar implica corregir la segregación residencial y los aspectos relativos a los procesos de admisión y matriculación incluidos en las políticas educativas. Pero todos esos esfuerzos valdrían la pena a largo plazo porque una menor segregación educativa redundaría en una disminución de la desigualdad.

No es cuestión de prohibir o de poner palos en la rueda a la enseñanza privada. No soy de los que piensan que todo se arreglaría limitando la libertad de los padres a elegir el centro educativo. Al contrario, hay que proporcionar más posibilidades de elección, hay que introducir más libertad y una justa competitividad en el sistema. ¿Cómo hacerlo? Para eso hay técnicos hay en la materia, déjenlos trabajar, denles recursos suficientes y dejen el adoctrinamiento para las sedes de los partidos y los mítines. A mí se me ocurren dos ideas para empezar. La primera, incrementar la oferta pública en aquellas zonas o distritos donde, por las razones que sean, existe un déficit. La segunda, elevar la calidad de los centros públicos y del profesorado, por lo menos, a los niveles que tenía la enseñanza en este país hace bastantes años. Respecto a esta segunda, recuerdo que los índices de calidad de nuestro actual sistema educativo dejan mucho que desear, respecto de los países analizados por el famoso informe PISA. El cómo hacerlo deberán de pensarlo pedagogos y educadores, pero se me ocurre que, en este caso, podríamos copiar del sistema estonio o del finlandés, los dos mejores sistemas de Europa. Cuanto mayor sea el nivel de calidad de la enseñanza pública, mayor será el número de padres que, pudiendo elegir, escojan esa opción y menor será la segregación educativa. Lo importante es lograr un alto nivel de calidad de la enseñanza pública y mantener la libertad de los padres en la elección de centros. La calidad del sistema de enseñanza es la más justa manera de disminuir la injusta segregación educativa y sería el primer paso para disminuir la desigualdad.

Zaragoza, 6 de febrero 2022

LUIS BAILE ROY