Ya veremos qué resultado sale de la convocatoria electoral del 23 de julio. Una convocatoria consecuencia del berrinche narcisista del presidente y con la que nos castiga a los españoles por no votar lo correcto según él. Pero además es un adelanto electoral con el que busca obtener ventaja mediante la sorpresa, el más que posible incremento de la abstención buscada y la división de las huestes a su izquierda. Esperemos que solo sea eso y no se le ocurra, Correos mediante, jugar a la urna oculta tras la cortina.

El presidente ha tomado la iniciativa y, además, tiene en su mano las herramientas del Estado y del Consejo de Ministros para mantenerla. Que no es de fiar lo sabemos casi todos, incluso muchos de sus “compañeros” de partido. Por todo eso el resultado no está cantado, en contra de lo que vienen diciendo algunos incautos optimistas. A Alberto Núñez Feijoo le está cayendo la del pulpo. Empezaron hace tiempo a cuenta de la postura adoptada por su partido ante la jugada a dos bandas con la que Sánchez y compañía pretendían controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). A don Alberto estas cosas le pasan porque su partido, cuando pudo, no cambió las leyes que debió mudar. En el pecado llevan la penitencia, porque no cambiaron nada por conveniencia.

Pero ahora los muyahidines de don Pedro están mirando con lupa los acuerdos del PP con otras fuerzas, tanto en municipios como en las autonomías y, cuando detectan el más mínimo amago de acuerdo con VOX, ponen en funcionamiento todas las estridentes alarmas “antifascistas”: “Todos al refugio”. Independientemente de que el demonizado VOX es un partido legal, no es más que otro partido conservador dentro del espectro de ideologías políticas en liza, ni por asomo tiene algo de fascista.

El actual inquilino de La Moncloa tenía mucha prisa por lograr el control del TC. Es comprensible, porque del trabajo que le hagan sus peones en ese tribunal, depende el futuro apoyo de ERC y otros grupos parásitos. Con ese tribunal reforzando la proa de su cascarón ya ha sorteado los recursos de inconstitucionalidad de unas cuantas leyes, atascadas desde hace años como, por ejemplo, la ley del aborto. Tampoco le vendrá mal una posible respuesta positiva al recurso presentado contra la resolución del Tribunal Supremo (TS) que apoyaba la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además preveía que llegaran al TC otra serie de recursos de inconstitucionalidad contra algunas de las infumables leyes de carácter sectario, impregnadas de ideología identitaria, cuando no de mentira y falta de respeto por la historia. Para todo ello necesitaba urgentemente colocar a sus peones, y esa batalla ya la ha ganado, su fiel servidor Conde Pumpido romperá las olas por él.

La posibilidad de perder las siguientes elecciones le estaba llevando al intento, casi desesperado, por asegurar el control sobre el CGPJ y el TC, para dificultar la labor de su posible relevo y librarse de probables responsabilidades. No ha llegado a tiempo de controlar todos los hilos, pero, en el caso de que no consiga perpetuarse en el poder, ha dejado infiltradas el número suficiente de instituciones como para ponerle las cosas muy difíciles al que le toque la patata caliente de formar un nuevo gobierno. Situación en la que, sin duda, colaborarán de los subvencionados sindicatos, la fiel aportación de las diversas mareas, los medios de adoctrinamiento que no cambien de amo.

Si se produjera el hecho de que don Alberto ganara las elecciones se le iban a helar las pocas sonrisas que prodiga. El posible nuevo morador de La Moncloa tendrá que dedicar, al menos, la mitad de la legislatura, a ver como sortea o modifica algunas leyes que ya han tenido, o van a tener, el “plácet” del TC.

Siempre que ha llegado el PP al gobierno ha pecado de exceso de complejos ideológicos y morales, de estúpido compadreo con los nacionalismos centrífugos, de seguir dilapidando dinero público en subvenciones absolutamente prescindibles y de mantener, sin la más mínima modificación, las leyes más controvertidas de nuestro cuerpo legislativo, como por ejemplo la ley electoral, o la del CGPJ.

Los tiempos de esa complacencia del PP tienen que pasar y coger el toro por los cuernos, si puede. Porque, si pudiendo siguiera sin hacerlo, los españoles se los demandarán más pronto que tarde y por mucho tiempo.

En el supuesto caso de que Núñez Feijóo consiga gobernar, en solitario, o acompañado, después de las siguientes elecciones legislativas, debería acordarse de los malos ratos que le están haciendo pasar ahora a cuenta de este tema y debería volver al espíritu de la LO 1/1980 del CGPJ, de 10 de enero, en lo que se refiere a la elección de los vocales de procedencia judicial de dicho consejo. El PP debe sacudirse los complejos y ponerse el mundo por montera, como en su día lo hizo el PSOE cuando decretó la muerte de Montesquieu. De esa manera seguramente descubrirá que, además, es mucho más fácil renovar los cargos del CGPJ.