Hace unos días acudí a un seminario cuya temática era “La política lingüística en los países federales y descentralizados”. Los ponentes procedían de Canadá, Bélgica, Italia y España e hicieron referencia al estado de la cuestión en esos países y en algunos otros de Europa y del resto del mundo. Centrándome en los países europeos, hicieron continua referencia a la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, adoptada el 25 de junio de 1992 con rango de convención por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y firmada el 5 de noviembre del mismo año por once estados miembros entre ellos el español. La Carta pretende contribuir al desarrollo de lenguas regionales o minoritarias; esto es, ayudar a los hablantes de estas lenguas a utilizarlas en clase, en el trabajo, los medios, tribunales y administraciones, en entornos económicos y culturales, etc.

Lo primero que me gustaría dejar claro es que son bastantes los países europeos que, o bien no firmaron la carta, o bien no la ratificaron. Entre ellos se encuentran Francia, Italia, Irlanda, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal o Bulgaria y algunos otros. Aunque ello no implica que, en algunos casos, no hayan tomado algún tipo de medidas para la protección de lenguas regionales o minoritarias.

España se encuentra entre los países en que el esfuerzo estatal por lograr el cumplimiento de los compromisos adoptados con la ratificación de la carta es calificado de muy alto, por lo menos en los ámbitos de la enseñanza y la administración, aunque no alcanza ese nivel en el ámbito de la administración de justicia.

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La protección de las lenguas regionales o minoritarias históricas de Europa, algunas de las cuales están, o estaban, en peligro de desaparecer, era y es un deber pues todas ellas contribuyen a mantener las tradiciones y la riqueza cultural de Europa. Además, los principios contenidos en el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas y la Convención de la salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, establecen el derecho de practicar una lengua regional o minoritaria en la vida privada y pública. Pero ni su valor cultural, ni las ventajas del plurilingüismo, ni siquiera la necesidad de promocionar las lenguas regionales, deben servir para ir en detrimento de las lenguas oficiales comunes de cada país y de la necesidad de aprenderlas. Y en ese sentido se pronuncia la misma Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias.

No se trata de provocar enfrentamientos, ni de discriminar a nadie mediante la lengua, por eso la citada carta recomienda, por ejemplo, “la puesta a disposición de medios que permitan a los no parlantes de una lengua regional o minoritaria que habiten en la zona donde esa lengua es practicada aprenderla si lo desean”. Y en el sensible y manipulable ámbito de la enseñanza, desde la preescolar hasta la universitaria o la técnica y profesional, la Carta recomienda una serie de posibilidades para conservar y promocionar las lenguas regionales y minoritarias que, por resumir, son las siguientes:

·                    una enseñanza asegurada en las lenguas regionales o minoritarias encuestión.

·                    que la enseñanza en esas lenguas constituya una parte sustancial del currículum.

·                    la enseñanza de las lenguas regionales o minoritarias como parte integrantedel currículum.

·                    la enseñanza de esas lenguas cuando las familias lo deseen en un número considerado suficiente.

Mapa de lenguas regionales y minoritarias europeas

 Por otro lado recuerdo que, mientras la Constitución Española (CE) siga siendo la que es, su Artículo 3 reza de la siguiente manera:

1.      El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2.      Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3.      La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Conforme a todo lo expuesto anteriormente no considero apropiado fijar tantos por ciento de enseñanza en las lenguas regionales, o en la lengua oficial del Estado. Creo que hay unas cuantas opciones, siguiendo las orientaciones de la citada carta europea, para hacer valer los derechos de todas las partes interesadas en este espinoso tema. Pero las autoridades estatales y autonómicas no deben olvidar nunca el punto 1 del citado artículo de la CE.

Es cierto que, en la gran mayoría de los países que tienen una lengua oficial del Estado arraigada, con fuerte implantación y gran difusión, las lenguas regionales o minoritarias tiene una desventaja evidente. Aunque un estudiante desarrolle su curriculum completo en su lengua regional, o lo haga en parte, cuando salga del centro de enseñanza es normal que se encuentre con una realidad social en la que predomina la lengua oficial mayoritaria en el Estado. De ahí que en ciertas regiones se haya apostado por fortalecer la inmersión lingüística en los centros de enseñanza y en el ámbito administrativo, pero esa postura no debe vulnerar el derecho de las familias a elegir el modelo de enseñanza que desean para sus hijos, ni el derecho que tiene un universitario a recibir las enseñanzas en la lengua que elija, o el de un ciudadano a recibir las comunicaciones administrativas en la lengua que deseé.

En los países en que las opciones políticas nacionalistas radicales no existen, o no son mayoritarias en algunas de sus regiones, estos problemas no suelen constituir mayores problemas y el respeto a las diversas opciones suele ser habitual. Sin embargo, en aquellos en los que aquellas opciones rayan con posturas racistas, con sentimientos de odio irracional, esas opciones dejan de ser contempladas, o son dificultadas desde las administraciones regionales.

España ratificó la Carta en unos términos que garantizan el derecho a recibir la enseñanza completa (todo el curriculum) en las lenguas regionales a los alumnos cuyos padres así lo deseen. Pero ello no tiene que significar que todos los alumnos de los territorios en cuestión tengan que recibirla en ellas. La Carta no puede ser utilizada por los nacionalismos radicales para limitar los derechos de los que hablen la lengua oficial mayoritaria en el país, allí donde se hablan lenguas las regionales de manera más o menos extensa, porque ese no es el espíritu ni la letra del documento ratificado por España. De esta manera la Carta trata de impedir que se utilice a los alumnos como herramienta para la conservación de una lengua, sobre todo cuando la lengua regional no es la suya materna.

Por otra parte, que el español (o si se quiere castellano), como pueda ocurrir con el italiano, el francés o el alemán, no esté en peligro de desaparición no es una excusa para limitar el derecho de los padres para elegir otras opciones diferentes a la de la enseñanza de todo el curriculum en la lengua regional, como en ocasiones se está pretendiendo. Los secesionistas de algunas de nuestras regiones no le deben buscar tres pies al gato, porque ni siquiera en la zona flamenca (Dutch-speaking región) de Bélgica se impide estudiar en francés de manera subvencionada, o recibir comunicaciones de la administración en ese idioma, y viceversa en la zona de habla francesa.

En España se están utilizando algunas de las lenguas regionales como un instrumento de enfrentamiento más de lucha política por parte de partidos nacionalistas y separatistas, a menudo apoyados por otros que, por haber perdido su norte, se dedican a levantar todo tipo de banderas, incluso las que parecen contradictorias con sus fundamentos, con el único objetivo de crear división y discordia. Feijóo, hace pocos días, defendió ante la “Junta de Escuelas Bilíngües” un “bilingüismo amistoso” y subrayó que, para la deseada convivencia pacífica, “la CE es la mejor herramienta para que los alumnos puedan aprender en catalán y castellano”. Posiblemente lo dijo porque en ese, como en otros muchos aspectos, los diversos poderes ejecutivos de este país dejan de cumplirla con cierta asiduidad.

¿Por qué es tan difícil que los políticos puedan llegar al acuerdo de respetar los deseos de las padres de los alumnos y de los estudiantes en las enseñanzas universitarias y de formación profesional? Deberían tener en consideración las diferentes opciones que los ciudadanos demandan, en lugar de enrocarse en la fría normativa producida en los correspondientes parlamentos, a menudo de carácter inconstitucional. Para lograr ese “bilingüismo amistoso” deberían destinar los recursos precisos (detrayéndolos de las abundantes partidas prescindibles de los presupuestos) y poner la voluntad política necesaria para que los alumnos, tuvieran las opciones siguientes:

·         Estudiar todo el curriculum EN su lengua regional, minoritaria o no, con una asignatura de la lengua oficial del Estado.

·         Estudiar una parte del curriculum EN su lengua regional y otra en la lengua oficial del Estado, con una asignatura de la lengua regional o minoritaria.

·         Estudiar todo el curriculum EN la lengua oficial del Estado, minoritariamente hablada o no en la región considerada, con una asignatura de la lengua regional.

Zaragoza, 13 de noviembre 2022

LUIS BAILE ROY