La memoria es una “facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Pero los recuerdos pueden estar, o no, de acuerdo con unos hechos objetivos y, además, pueden estar alterados por múltiples factores. Para obviar en gran parte este problema contamos con la historia, disciplina que, con métodos científicos de investigación, trata de descubrir los hechos con la mayor objetividad posible y darlos a conocer con desapasionamiento. Lo que no tiene ninguna justificación es que la memoria tenga que ser democrática, porque entonces la memoria pasaría a ser el dictado de una supuesta mayoría, tuviera o no razón. Como tampoco tiene excusa la manipulación de la historia en los libros de texto de nuestro sistema educativo, cayendo en la frecuente subjetivación, cuando no tergiversación, de hechos fundamentales de nuestra historia.

 El día 5 de octubre último, el Senado aprobó, sin proponer modificación alguna, la Ley de Memoria Democrática después de que el correspondiente proyecto deley superara la fase de ponencia, tras introducir varias enmiendas pactadas con los partidos que sostienen al gobierno. Con Bildu se acordó ampliar hasta 1983 el “reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la reparación económica que ello conllevase”. Con Más País, y el PDeCAT, se cerró un pacto para declarar ilegal el régimen franquista y reconocer expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos alumbraron la democracia”. Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para “evaluar la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo”, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega«. Con el PNV se acordó fijar en un año el plazo para la “restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil”. De igual manera, en los acuerdos previos, se introdujo una enmienda para “declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia”.

Las barbaridades que se cometieron por ambos bandos antes, durante y después de la Guerra Civil fueron todas consecuencia de esa sangre caliente que recorre nuestras venas, de las envidias, celos y odios irracionales alimentados por ideologías. Hace más de 40 años a muchos nos parecía que los españoles, todos con su particular cruz a cuestas, nos estábamos dando una oportunidad y empezábamos a entender lo que significaba convivir pacíficamente. Yo era joven entonces y sin experiencia en eso de la democracia parlamentaria, liberal, o como se la quisiera llamar, era algo por explorar pero entonces parecía que no empezábamos mal. ¡Qué ilusos!

A lo largo de esos años, se han cometido muchos errores y nuestra democracia ha ido degenerando hacia una partitocracia poco representativa, aderezada con la corrupción a diestra y siniestra, sin olvidar la de los partidos nacionalistas que, cómo no, es una corrupción “diferencial” y más consentida. Entre todo este barullo, y puede que con la finalidad de distraer al personal para que no se percatara del tumor que empezaba a afectar a nuestro sistema político,  Zapatero sacó la Ley de Memoria Histórica, una ocurrencia propia de ignorantes la de adjetivar la “memoria” con el calificativo de “histórica”. Ahora a Sánchez se le ocurre, con la que nos está cayendo, dar un paso más en la escala de la ignorancia adjetivándola de “democrática” y proponer la Ley de Memoria Democrática, supongo que con la sana intención de superar a su maestro, porque no puede evitarlo, tiene que ser más guapo, más listo e inoportuno que nadie.

Ambas leyes me parecen absolutamente prescindibles, además de considerarlas un siniestro instrumento para la división y el enfrentamiento de un pueblo que, después de tantos años, ya había logrado superar los malos recuerdos que pudiera tener y perdonado las afrentas sufridas como consecuencia de aquellas hostilidades que acabaron en guerra civil. Un pueblo que está más interesado en su trabajo, o en la falta de él, en un salario que aún está muy lejos de converger con el de la mediana de los países de la UE, en la educación de sus hijos y otras cuestiones vitales, antes de perder el tiempo en frivolidades como estas leyes, u otras promovidas por algunos de los partidos que mantienen en el poder al PSOE y que llevan en su ADN esas perniciosas ideologías identitarias.

En el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprobaba el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, solo se mencionaba a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, ya empezaban mal el asunto. En ningún caso se hacía referencia a las víctimas que se produjeron durante los años 1933 a 1936 o algo antes, periodo en el que se produjeron hechos de una violencia extrema, además de producirse una revolución armada, preparada y puesta en marcha principalmente por el PSOE y una declaración de independencia de Cataluña. Hace al menos 20 meses, en otro artículo de este mismo Blog, saqué a relucir unos cuantos “hechos” objetivos, comprobables y comprobados, referidos al periodo de tiempo arriba indicado que, en su mayoría, fueron responsabilidad de militantes del PSOE, o de aquel Frente Popular que, al igual que ahora,  mantenía a ese partido en el poder. No los voy a volver a mencionar, hay mucha documentación histórica que deberían haber consultado antes de lanzarse a redactar de una manera tan sectaria esta Ley de Memoria Democrática.

Los hechos violentos que se produjeron en aquellos años tenían su germen en actitudes que ciertos líderes políticos, como el fundador del PSOE, habían adoptado hacía años. Por ejemplo, el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias pronunció en el Congreso de los Diputados estas palabras: “tal ha sido la indignación producida por la política del Gobierno presidido por el Sr. Maura en los elementos proletarios, que nosotros hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder debemos llegar hasta al atentado personal”.

Quince días después de aquellas palabras del fundador del PSOE, al Sr. Maura le dispararon tres tiros. Evidentemente era una época en la que los movimientos obreros reivindicativos y, en algunos casos, revolucionarios, afloraban por toda Europa, por eso aquellas palabras intolerables en un Parlamento, no estaban fuera de aquel ambiente revolucionario general pero, no por ello los hechos que provocaban dejaban de ser injustificables.

Pues bien todos aquellos hechos violentos cometidos por los viejos camaradas de aquel PSOE y sus amigos del Frente Popular van a quedar fuera del ámbito de esta ley. Porque no todas las víctimas de aquellos años van a ser tenidas en consideración.

¿Por qué no se crea un grupo multidisciplinar de expertos para el estudio de los hechos acaecidos en aquellos años? ¿por qué no se reconoce que también ellas padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa?  Quizá porque, en ese caso, las conclusiones no les sean favorables para su idea de la historia ni para sacar lustre a sus siglas.

¿Por qué no se alude en esta ley, en los mismos términos que emplea al referirse al levantamiento del 18 de julio, a la insurrección, o golpe de Estado, o como se quiera llamar, que perpetró el PSOE y sus aliados comunistas, separatistas y anarcosindicalistas en octubre de 1934?

¿Por qué olvidaron los miembros del Gobierno que propuso esta ley que, después de ganar el Frente Popular las elecciones legislativas de 1934, en la primera reunión de Cortes, los diputados del Frente Popular depusieron de manera inconstitucional al presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora.

Después de Don Niceto, en el periodo en que presidió la República Santiago Casares Quiroga, también republicano, se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho. Entre otras, expropiaciones ilegales de todo tipo de propiedades, el cierre de colegios católicos, detenciones de miembros de partidos de derecha, la sustitución de jueces y funcionarios por personal afín al Frente Popular, introducción de activistas socialistas y comunistas en la policía como “delegados gubernativos” y la ilegalización y disolución de varios partidos de derecha. En aquellos momentos de expansión de la violencia, la impunidad con la que actuaban algunos grupos de militantes de partidos de izquierda y la ocupación del aparato del Estado por activistas de esos partidos, daban a la situación un aspecto insurreccional, o de golpe de Estado dirigido desde los mismos aparatos del Estado. Se estaba repitiendo el intento de 1934, pero esta vez con los insurrectos en el gobierno. ¿Por qué los promulgadores de esta ley no tienen nada de esto en cuenta? Será porque no conocen la historia, porque solo conocen parte, o porque están conformes con lo que hicieron sus correligionarios de entonces.

¿Por qué mantienen esa inexplicable veneración por personajes como Largo Caballero?, que en un mitin en Alicante el 19 de enero de 1936 pronunció estas premonitorias palabras: “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas….. tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”

¿Por qué se olvidan de la verdadera calaña del diputado del PSOE Ángel Galarza? que, en el Congreso de los Diputados el 1 de julio de 1936, dirigiéndose a Calvo Sotelo, espetó: “La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”.

En la ley se dice que se deberá “tener en cuenta a las víctimas de la Guerra Civil y “….promover su reparación moral y recuperar su memoria…”. Pero ¿se va a tener en cuenta de verdad a todas las víctimas?, porque hay muchas víctimas de las que ni se ha hablado antes, ni se habla actualmente, tampoco se mencionan en los documentales temáticos con los que, con tanto ahínco, nos instruyen los medios de adoctrinamiento subvencionados y públicos. Porque en ellos no he oído o leído nada referente a lo ocurrido en Amurrio (Álava), en Paracuellos del Jarama (Madrid), en el kilómetro 13 de la carretera que une los municipios de Morella y Vinaroz, en el término municipal de Traiguera (Castellón), en Cabeza del Buey (Badajoz), en Los Yébenes (Toledo), en Tolosa (Guipúzcoa),  en Almería, o en Teruel capital y municipios de sus proximidades.

¿Por qué no reconocen que, objetivamente, la represión de ese momento obedeció a una planificación y organización cuidadosa? Se pretendía acabar con todos los que, según su criterio, pudieran formar parte de fuerzas contrarrevolucionarias, en el menor plazo posible y, para ello, en muchos casos, ni siquiera se perdía el tiempo en procesos judiciales llevados a cabo en tribunales populares, si a eso se le podía denominar proceso judicial.

Para terminar quiero hacer mención a los tres aspectos de la ley que más han llamado mi atención. El primero se refiere que se a la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, y hasta el año 1983, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por lo que espero, aunque con muy poca esperanza, que también se investigue la actuación de aquellos elementos y grupos de izquierda que, obedeciendo a planes perfectamente preparados o por salvaje iniciativa propia, cometieron actos como los relatados anteriormente, antes, durante y después de la guerra civil, incluidos los más de trescientos asesinatos de ETA no resueltos o los atentados y crímenes tampoco aclarados cometidos por el Maquis.

El segundo aspecto al que me quiero referir es el de la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Porque deberían tener en cuenta en las citadas investigaciones las más de quinientas toneladas de oro de la reserva del Banco de España supuestamente enviadas a la URSS, el contenido de la infinidad de cajas de seguridad que reventaron en ese y en otros bancos y en el botín que iban obteniendo las patrullas de milicianos en las domicilios y propiedades particulares que asaltaban. Y también ocuparse de investigar lo que sucedió con el tesoro que logró reunir Indalecio Prieto y sus íntimos colaboradores. Tesoro constituido por oro, joyas, cuadros de gran valor, diversos objetos de arte, cajas del Montepío de Madrid, etc. que fueron transportados hasta México en barco, por lo menos en un mercante de nombre “Vita” que partió el 26 de febrero de 1939 del puerto francés de El Havre y que, tras hacer escalas en Southampton (Reino Unido) y las Antillas, arribó al discreto puerto de Tampico (México). Una vez allí, bajo la cobertura del presidente mexicano Cárdenas, el cargamento se desembarcó el 30 de marzo de 1939 en el muelle de Petróleos Mexicanos, sin pasar aduana.

Y el último aspecto, que ha llamado más mi atención es el que se refiere a la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la memoria democrática. Medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. La revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta ahora se han retirado estatuas, bustos, nombres de calles, escudos y todo tipo de cosas referidas a lo que comúnmente llaman simbología franquista, o a lo que, algunos desconocedores de las teorías políticas y de la historia, denominan simbología fascista. A partir de la promulgación de la prescindible futura Ley de Memoria Democrática se debería retirar todo símbolo de aquellas ideologías que empujaron a cometer tantas barbaridades, antes y durante la Guerra Civil e incluso después. Pero, si deciden, con una interpretación estrecha de la futura ley, seguir dejando exhibir la “hoz y el martillo” o cualquier otro símbolo similar, si siguen dando a las calles y plazas nombres de personajes con un pasado manchado de sangre y de odio, si van a mantener las estatuas de Prieto y Largo Caballero en Nuevos Ministerios (Madrid), por lo menos que dejen en paz a los demás, que cada cual haga lo que le salga de….el alma.

No me cabe la menor duda de que este gobierno, apoyado en esta desastrosa y prescindible ley, va a cometer, o a intentarlo, las mayores tropelías. Porque una de sus pretensiones es volver a dividir a los españoles, añadir una fractura social más a las que suponen las ideologías identitarias y a las no resueltas tradicionales fracturas presentes en nuestra sociedad. Les importa muy poco la historia, la objetividad, la verdad o la concordia. Su objetivo es mantenernos ocupados en las cuestiones más peregrinas y banales, mientras ellos ponen el rumbo adecuado para lograr sus intereses o, quizás,  los intereses impuestos desde otras latitudes, aunque ello suponga llevarnos a la ruina y provocar enfrentamiento. Malditos sean. 

NAVALENO, 9 de octubre 2022

LUIS BAILE ROY