La memoria dejará de serlo, pasará a ser lo que la supuesta mayoría determine, tenga o no razón.

Con fecha 15 de septiembre de 2020 Presidencia del Gobierno publicó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Ya critiqué en artículos anteriores (6, 15 y 22 de marzo 2020, en este mismo Blog)  la ocurrencia de adjetivar la “memoria” y, en especial, el hacerlo con el calificativo de “histórica”. Lo de ahora ya es de traca, nuestro doctor Sanchez ha superado el bravo asalto de Zapatero a la memoria, a la historia y a la lengua española.

Las barbaridades que se cometieron por ambos bandos antes, durante y después de la Guerra Civil, estaban todas fuera de lugar y fueron todas consecuencia de esa sangre caliente que recorre nuestras venas, de las envidias, celos y odios irracionales alimentados por ideologías. Yo creí durante mucho tiempo que, si bien no se había olvidado (porque no se debía olvidar), por lo menos se había llegado al acuerdo del “borrón y cuenta nueva”. Vi a Santiago Carrillo, al parecer responsable de muchos de los fusilamientos de Paracuellos, dándose un abrazo con Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Franco y duro ministro de Gobernación (hoy Interior) con Arias Navarro. Vi a Dolores Ibarruri, la Pasionaria, en el Congreso de los Diputados toda modosa ella, sin amenazar a nadie. Vi a exministros y altos cargos de la época de Franco negociando y pactando con políticos del PCE y del PSOE. Me parecía que los españoles, todos con su cruz a cuestas, nos estábamos dando una oportunidad y empezábamos a entender algo de lo que significa convivir en democracia. Yo era joven entonces y sin experiencia en eso de la democracia, era un territorio por explorar pero entonces parecía que no empezábamos mal. ¡Qué ilusos!

Pero bueno, a pesar de las presuntas buenas intenciones, a lo largo de los años, se han cometido muchos errores y nuestra democracia ha ido degenerando hacia algo más próximo a una partitocracia poco representativa, aderezada con la corrupción a diestra y siniestra, sin olvidar la de los partidos nacionalistas que, cómo no, es una corrupción “diferencial”.

Entre todo este barullo y puede que con la finalidad de distraer al personal, para que no se percate de la felonía que se está cometiendo con nuestra democracia, a Zapatero se le ocurrió sacar la Ley de Memoria Histórica. Y ahora a Sanchez se le ocurre, con la que nos está cayendo, proponer la de Memoria Democrática, supongo que con la sana intención de superar los logros del primero, porque no puede evitarlo, tiene que ser más guapo, más listo e inoportuno que nadie.

No le quiero aguar la fiesta a nadie pero, al leer el documento referido en el inicio de este artículo, no puedo por menos que manifestar mis desacuerdos. Y aunque deje aquí constancia de ellos, no quiere decir que lo haga con ánimo de recomendar rectificaciones en el proyecto de ley, porque ambas leyes me parecen absolutamente prescindibles.

Para empezar, cuando se hace referencia al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, solo se menciona a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. En ningún caso se hace referencia a las víctimas que se produjeron durante los años 1933 a 1936 o algo antes, periodo en el que se produjeron hechos de una violencia extraordinaria, además de producirse una revolución armada, preparada y puesta en marcha principalmente por el PSOE y una declaración de independencia de Cataluña.

Solo por ayudar a refrescar su memoria (la del Consejo de Ministros), por si lo que pretenden es borrar de la historia las proezas de sus correligionarios de aquellos tiempos, les dejo algunos datos de los hechos ocurridos por entonces. Desde noviembre de 1933 a abril de 1935 fueron asesinados al menos 19 afiliados al partido Falange Española, además de una menor, hermana de un falangista. 

Muchos de aquellos asesinatos fueron cometidos a manos de miembros de los batallones de Chíbiris de las Juventudes Socialistas, organizaciones creadas en 1933 por Largo Caballero con el objetivo de emplear la violencia contra sus adversarios[1]. El jefe de Falange, José Antonio Primo de Rivera, no permitió ninguna represalia hasta el decimonoveno asesinado de entre sus filas[2], después si las hubo, y duras, aunque nunca alcanzaron en cantidad a los atentados cometidos por sus oponentes políticos. En Asturias, durante la revolución de octubre del 1934, en plena II República, se produjeron unos cuantos cientos de  asesinatos, entre ellos 33 sacerdotes o religiosos y se destruyeron 63 edificios públicos, 5 centros de cultura, 26 fábricas, 730 edificios particulares, 17 iglesias y 40 edificios religiosos. Durante ese mismo golpe de Estado, en Cataluña se proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española, que tuvo una irreal existencia de 14 horas, pero que costó 40 muertos de ambos bandos. En ambos casos, Asturias y Cataluña, y en otros lugares de España en los que se produjeron pequeños conatos de levantamiento hubo respuesta, pero fue la del Estado, con la ley en la mano. Esto es solo una muestra del ambiente de violencia que se vivió en aquellos pocos años[3], pero hubo muchos más.

La cosa venía de lejos, ya el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias pronunció en el Congreso de los Diputados estas palabras:

“tal ha sido la indignación producida por la política del Gobierno presidido por el Sr. Maura en los elementos proletarios, que nosotros hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder debemos llegar hasta al atentado personal”.

El hecho es que al Sr. Maura le dispararon tres tiros quince días después de aquellas palabras del fundador del PSOE.

Evidentemente era una época en la que los movimientos obreros reivindicativos y, en algunos casos, revolucionarios, estaban aflorando en varias partes de Europa, a veces con cierta razón. En Rusia ya se había producido una primera revolución, duramente sofocada, en 1905. Por eso aquellas palabras, aunque intolerables en un Parlamento, no estaban fuera de aquel ambiente revolucionario general.

Todos aquellos hechos violentos van a quedar fuera del ámbito de la futura ley, las víctimas de aquellos años (todas) no van a ser tenidas en consideración. ¿Por qué? ¿Por qué no se crea un grupo multidisciplinar de expertos para el estudio de los hechos acaecidos en aquellos años? ¿por qué no se reconoce que también ellas padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa?  Quizá porque, en ese caso, las conclusiones no les sean favorables para su idea de la historia ni para sacar lustre a sus siglas.

En el Título preliminar previsto en el anteproyecto de la ley se alude a “…promover…el repudio del golpe de Estado del 18 de julio de 1936…”. Perfecto, en principio todo golpe de Estado es algo indeseable, cuando se da contra un régimen democrático legítimamente constituido, pero entonces ¿por qué no se alude en los mismos términos a la insurrección, o golpe de Estado, o como se quiera llamar, que perpetró el PSOE y sus aliados comunistas y anarcosindicalistas en octubre de 1934?

Sobre ese aspecto he leído un ensayo[4] de Juan Avilés, Catedrático en el Dpto. de Historia a Contemporánea de la UNED, que merece la pena leer porque ofrece una visión muy amplia de la cuestión y de las diferentes posturas y explicaciones al respecto. Sus conclusiones son las siguientes:

“Los socialistas no se plantearon la insurrección de octubre como un movimiento destinado a defender a la República de una amenaza fascista. No había indicios de que la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno fuera a conducir al establecimiento de la dictadura. El hundimiento de la democracia en varios países europeos, especialmente en Alemania y Austria, les había convencido sin embargo de que la democracia era un régimen inestable que fácilmente podía conducir a una dictadura fascista, convicción a la que les predisponía la doctrina marxista. A partir de la caída del gobierno de coalición republicano-socialista en septiembre de 1933 entendieron que había concluido la etapa democrática de la revolución española y se iniciaba la etapa socialista. Por otra parte, el escaso arraigo de la cultura democrática en España contribuyó a que negaran todo valor a los resultados electorales de noviembre de 1933. Y tanto el avance del fascismo como los aparentes éxitos de la Unión Soviética en los años en que Stalin forzó la colectivización total y puso en marcha los planes quinquenales, contribuyeron a que entendieran que el dilema del momento se planteaba entre dictadura burguesa, de carácter fascista, y dictadura socialista, basada ésta en el modelo soviético. El choque violento entre ambas opciones parecía inevitable y los socialistas decidieron ser los primeros en pasar a la acción, aunque esto implicara una sobrevaloración de las fuerzas con las que contaban para lanzar su desafío al Estado. En la decisión insurreccional influyeron por tanto factores de diversa índole, cuya interacción puede ser comprendida en el marco de la teoría del encuadramiento. Los dirigentes socialistas encuadraron la actuación de las demás fuerzas políticas en una visión de la realidad en la que la insurrección socialista era la respuesta preventiva adecuada a la posibilidad de una deriva fascista de la República, porque no concebían otra alternativa: una «democracia burguesa» como la establecida en 1931 sólo podía desembocar en una dictadura de clase de uno u otro signo”.

También podría haber aludido el anteproyecto de ley, al revelar el contenido del futuro Título preliminar, a lo que de hecho se podría considerar un golpe de Estado del Frente Popular en 1936. Deberían recordar los miembros del Consejo de Gobierno que, después de ganar el Frente Popular las elecciones legislativas de 1934, en la primera reunión de Cortes, los diputados del Frente Popular depusieron de manera inconstitucional al Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora. Esgrimieron como justificación el que hubiera disuelto las Cortes anteriores, cosa que hizo, pues estaba dentro de sus prerrogativas, por no dar el gobierno a Gil Robles, con el que no tenía buena relación y del que sospecha una posible deriva autoritaria. Pero lo hizo también presionado insistentemente por los que luego le iban a deponer por ese mismo motivo. Cuando el Presidente de la República Alcalá- Zamora se retiró de la pugna política dijo:

“Sé que hoy, tal vez mañana, la historia me reprochará no contar con la fuerza, con una razón y medios que otro presidente opondría al golpe de Estado parlamentario. Pero no dudo. Ya se acabó mi dietario de presidente”.

Fue sustituido por Azaña, de Izquierda Republicana, quien encargó la formación de gobierno a Santiago Casares Quiroga, también republicano. Durante su gobierno se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho. Entre otras, expropiaciones ilegales de todo tipo de propiedades, el cierre de colegios católicos, detenciones de miembros de partidos de derecha, la sustitución de jueces y funcionarios por personal afín al Frente Popular, introducción de activistas socialistas y comunistas en la policía como “delegados gubernativos” y la ilegalización y disolución de varios partidos de derecha. En aquellos momentos de expansión de la violencia, la impunidad con la que actuaban algunos grupos de militantes de partidos de izquierda y la ocupación del aparato del Estado por activistas de esos partidos, daban a la situación un aspecto insurreccional, o de golpe de Estado dirigido desde los mismos aparatos del Estado. Se estaba repitiendo el intento de 1934, pero esta vez con los insurrectos en el gobierno. Se estaba dando un golpe de Estado atacando frontalmente la separación de poderes y las instituciones que debían mantener un carácter imparcial, ajenas al juego político de los partidos.

Para muestra del ambiente golpista dos ejemplos:

El primero son las siguientes palabras de Largo Caballero en un mitin en Alicante el 19 de enero de 1936:

“Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas….. tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”

El segundo, las palabras del diputado del PSOE Ángel Galarza, en el Congreso de los Diputados el 1 de julio de 1936, dirigiéndose a Calvo Sotelo:

“La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”.

En el mismo Título preliminar se tiene previsto: “tener en cuenta a las víctimas de la Guerra Civil y contempla “….promover su reparación moral y recuperar su memoria…”. Pero ¿se va a tener en cuenta de verdad a todas las víctimas?, porque hay muchas de las que ni se habla actualmente, ni en los medios de comunicación, ni en los libros de texto, ni en los documentales temáticos con los que nos instruyen, de vez en cuando, en las televisiones subvencionadas y públicas. También sobre este aspecto les voy a dejar aquí, al Consejo de Ministros, algunos recuerdos, muy pocos, que han caído en el olvido. Es por igualar solo un poco la balanza.

En Amurrio (Álava), septiembre de 1936, fueron fusilados ocho vecinos por ser de partidos de derechas, concretamente en la carretera hacia Larrinbe y Lezama, fusilaron a un padre junto su hija menor de edad. Del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 1936, unos 5.000 españoles fueron asesinados en Paracuellos del Jarama (Madrid),entre todas esas víctimas había 276 menores de 21, el más joven tenía solo 13 años. En el kilómetro 13 de la carretera que une los municipios de Morella y Vinaroz, en el término municipal de Traiguera (Castellón) hay un profundo pozo llamado Pouet de les Serretes, al que arrojaron casi un centenar de cuerpos de víctimas de la represión del Frente Popular en los municipios de la zona, la primera víctima arrojada al pozo fue un joven militante carlista, carpintero mecánico de 19 años, nunca se pudieron recuperar los cuerpos. En Cabeza del Buey (Badajoz), donde se estableció el Cuartel General de una importante unidad del ejército autodenominado rojo después de la caída de Badajoz, la represión, bien planificada y organizada, elimino a 113 personas. En Los Yébenes (Toledo), población de 6000 habitantes, nada más comenzar la Guerra Civil, fueron asesinadas más de 180 personas por su vinculación política con partidos de derechas, por sus creencias religiosas o por venganzas personales de quienes formaban parte del comité revolucionario local. Después de la guerra fueron juzgadas 57 personas acusadas del asesinato de aquellas 180, de ellas solo 7 fueron condenadas a muerte y ejecutadas, el resto recibieron otro tipo de penas. En la actualidad, por obligatorio cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, se ha sustituido la placa que recordaba a las 180 víctimas, por una nueva en recuerdo a “todos los caídos durante la Guerra Civil”, pero no ponen los nombres de todos ellos. ¿Puede ser por el escaso número de represaliados, comparado con los 180 asesinados? En Tolosa (Guipúzcoa) y las poblaciones cercanas, nada más comenzar la guerra, en una operación perfectamente estudiada y ejecutada, fueron detenidos y concentrados en Tolosa los carlistas y dirigentes políticos de otras formaciones políticas de derechas, lamayor parte de éstos fueron posteriormente llevados a la prisión de San Sebastián o al buque Aranzazu Mendi, para ser luego fusilados a primeros de agosto de 1936. En Almería se cometieron 691 asesinatos por miembros de las milicias de los partidos del Frente Popular, de todos ellos solamente el 2,5% de los casos habían sido condenadas a muerte por un tribunal popular.  Al poco de conquistar Teruel, en la capital y municipios de sus proximidades se produjeron más de 800 muertes en los dos meses que el ejército republicano pudo mantener el dominio de la ciudad. Si esta cifra se suma a la de las víctimas de la represión en la provincia, el total alcanza la cifra de 1.702 asesinatos.

Son historias muy resumidas, sin entrar en los escabrosos detalles de algunas de ellas, de solo 8 de las muchas localidades en las que se llevó a cabo la represión en la retaguardia republicana. Represión que obedeció a una planificación y organización bastante cuidadosa aunque, en ocasiones, la iniciativa de algunos milicianos hacía que los objetivos se superaran con creces. Se pretendía acabar con todos los que, según su criterio, pudieran formar parte de fuerzas contrarrevolucionarias, en el menor plazo posible. Para ello, en muchos casos, ni siquiera se perdía el tiempo en procesos judiciales llevados a cabo en tribunales populares, si a eso se le podía denominar proceso judicial.

Para terminar quiero hacer mención a los tres aspectos que más han llamado mi atención. El primero se refiere al futuro Título I Capítulo II, que “regulará la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, por lo que espero que también se investigue la actuación de aquellos elementos y grupos de izquierda que, obedeciendo a planes perfectamente preparados o por salvaje iniciativa propia, cometieron actos como los relatados anteriormente. Porque, aunque parezca mentira, quedaron muchos crímenes sin ser resueltos tras la Guerra Civil. Tampoco se hace referencia en este anteproyecto a los hechos sucedidos antes de la Guerra Civil. Y pienso que por ahí deberían empezar a refrescar la memoria.

El segundo aspecto al que me quiero referir es sobre el Título II, Capítulo III la futura ley que incluirá “actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Me pregunto si, cuando hablan de bienes expoliados, están también pensando en las más de quinientas toneladas de oro de la reserva del Banco de España supuestamente enviadas a la URSS, en el contenido de la infinidad de cajas de seguridad que reventaron en ese y en otros bancos y en el botín que iban obteniendo las patrullas de milicianos en las domicilios y propiedades particulares que asaltaban. Ya veremos. En el mismo capítulo se contemplará que: “Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”. Es de suponer que tras aplicar estas medidas y después de analizar los resultados de las investigaciones sobre los expolios citados anteriormente, se procederá al reparto, entre los exiliados que aún vivan o entre sus herederos, de los beneficios que pudieran haberse obtenido del tesoro que logró reunir Indalecio Prieto y sus íntimos colaboradores (incluidos algunos de la famosa “Motorizada”). Tesoro constituido por oro, joyas, cuadros de gran valor, diversos objetos de arte, cajas del Montepío de Madrid, etc. que fueron transportados hasta México en barco, por lo menos en un mercante de nombre “Vita” que partió el 26 de febrero de 1939 del puerto francés de El Havre y que, tras hacer escalas en Southampton (Reino Unido) y las Antillas, arribó al discreto puerto de Tampico (México). Una vez allí, bajo la cobertura del presidente mexicano Cárdenas, el cargamento se desembarcó el 30 de marzo de 1939 en el muelle de Petróleos Mexicanos, sin pasar aduana.

Y el último aspecto, con el que cerraré este artículo, se refiere al Título II, Capítulo IV que tratará de “la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática. Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura”. Hasta ahora se han retirado estatuas, bustos, nombres de calles, escudos y todo tipo de cosas referidas a lo que comúnmente llaman simbología franquista, o a lo que, algunos desconocedores de las teorías políticas y de la historia, denominan simbología fascista. A partir de la promulgación de la prescindible futura Ley de Memoria Democrática se debería retirar todo símbolo de aquellas ideologías que empujaron a cometer tantas barbaridades, antes y durante la Guerra Civil e incluso después. Pero, si deciden, con una interpretación estrecha de la futura ley, seguir dejando exhibir la “hoz y el martillo” o cualquier otro símbolo similar, si siguen dando a las calles y plazas nombres de personajes con un pasado manchado de sangre y de odio, por lo menos que dejen en paz a los demás, que cada cual haga lo que le salga de….el alma.

No confío en que estos próceres de la democracia y el progreso puedan demostrar su ecuanimidad. Porque hasta ahora sus hechos me inducen a pensar en que se mueven entre el cinismo y la desfachatez.

10 de enero de 2021

LUIS BAILE ROY