Los partidos de la izquierda españoles no quieren plantear seriamente la cuestión de la inmigración porque sus dirigentes piensan que para ellos hacerlo supondría un elevado coste político. Suponen que perderían parte de su electorado más fiel y, en parte, no se equivocan pero, vista la cuestión objetivamente, creo que están cometiendo un error que pagarán a medio plazo.

Los beneficios que pueda proporcionar la inmigración en muchos países europeos y en concreto en España puede que no compensen las disfunciones que puede introducir una inmigración descontrolada en nuestras sociedaddes. Para empezar, los partidos de izquierda, supuestos defensores de los derechos de la clase trabajadora, deberían admitir una realidad incuestionable: las clases sociales económicamente más pudientes se estan enriqueciendo más a base de pagar salarios más bajos, mientras los trabajadores nacionales ven reducidos sus ingresos o directamente acaban en el paro. Este hecho hace que la fractura social entre clases recupere niveles que hace años parecía haberse superado en nuestros Estados del Bienestar. No es cuestión de prohibir todo tipo de inmigración, es cuestión de estudiar con cuidado las características y la cantidad que realmente necesitamos, teniendo en cuenta el resto de factores que están influyendo en nuestra sociedad actual: multiculturalismo, automatización de procesos de producción, digitalización, nuevas técnicas de gestión de recursos humanos y de formación laboral, responsabilidad ambiental, especialización laboral y competencias transversales, temporalidad y rotación en el empleo, etc.

En nuestra nación, con una situación de paro estructural, debida principalmente a la desindustrialización inducida, al abandono de la España rural y a la excesiva dependencia de los volátiles sectores de los servicios y la construcción, nos encontramos asimismo con una cantidad respetable de personas que prefieren, y además pueden, mantenerse largas temporadas laboralmente paradas, o trabajando pocos días al año, gracias a una cultura clientelar instaurada de ayudas y subvenciones de todo tipo que les permite sostener un cómodo nivel de vida. Si a esa poco sostenible situación le añadimos la entrada más o menos constante de una inmigración regular mal calculada, estamos agravando el problema de manera irresponsable, pues algunos de esos inmigrantes acabarán entrando en la rueda del paro y las ayudas sociales, produciendo más gasto social, más déficit presupuestario y más deuda estatal.

En nuestro caso el dislate no se acaba ahí. Por si esto fuera poco, el efecto llamada, que mencioné en el artículo anterior, tiene un impacto evidente en las personas que, por el motivo que sea, quieren abandonar sus países de origen y se aventuran, normalmente engañados por mafias de tráfico de personas, a intentar la entrada irregular a nuestro país desde terceros países, sobre todo por Marruecos, pero también por Mauritania y Argelia. Algunos de ellos se verán forzados a retornar a sus países y otros muchos lograrán permanecer en nuestro país, como demuestran las cifras de devoluciones y expulsiones del año 2019, en el que el Ministerio del Interior concluyó la devolución y expulsión de 11.153 personas, que supuso solo un 30% de las 37.890 órdenes de abandono de territorio español. De los inmigrantes irregulares que logran quedarse en España, unos terminan consiguiendo, de manera legal o alegal, con la connivencia de algunas administraciones, el empadronamiento que les abre la puerta a un trabajo y a las subvenciones que las diversas instituciones municipales o autonómicas vienen concediendo, con más o menos acierto. Otros, viendo lo que aquí se cuece, prefieren continuar su aventura hacia otros países más al norte, con la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida, ilusión que normalmente se convierte en un nuevo desengaño.

Entre tanto, bajo la cándida y pasiva mirada de unos políticos con miopía y de unos sindicatos sobrealimentados, algunos de los inmigrantes irregulares que no logran un trabajo, o que no aceptan las indecentes condiciones de éste y aquellos a los que ni se les ha ocurrido ponerse a trabajar, pululan por nuestros pueblos y ciudades atrapados en el peligroso círculo vicioso de la ociosidad y la delincuencia. No son muchos, pero ya tenemos bastante con lo nuestro.

https://es.statista.com/estadisticas/1095033/inmigrantes-regulares-e-irregulares-llegados-a-espana/

Las migraciones son un fenómeno que se puede considerar lógico si atendemos a las tendencias demográficas de las distintas zonas del mundo. Lo que evidencian los datos es que en los países de origen de los migrantes las tasas de natalidad son muy altas, en comparación con las que se dan en la mayoría de los países receptores. Por dar un dato comparativo actual, a título de ejemplo, el índice de fecundidad (hijos/mujer), en el año 2020, en Senegal fue de 4, mientras que en España era el 1,18. Pero la realidad demográfica que reflejan los datos no son el único factor que justifica el incremento de las migraciones que se viene produciendo los últimos años. Las difíciles condiciones de vida, los conflictos bélicos y la inestabilidad y corrupción política son algunas de las circunstancias de los países de origen que empujan a algunos de sus ciudadanos a iniciar un éxodo hacia esos otros países de los que, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, tienen buenas referencias y son vistos como una tierra de esperanza. El problema es que el camino a recorrer no es fácil, lograr la entrada legal en el país elegido como destino suele ser muy costoso y, como he dicho al principio, una vez han logrado entrar en ese país, legal o ilegalmente, suelen estar sujetos a unas condiciones laborales poco decentes que solo persiguen la reducción de sus costes laborales, aprovechándose de la situación de precariedad en la que se encuentran los inmigrantes.

   Como expuse en el libro “Vacío demográfico en España”[1], hay quien considera que la despoblación, la baja tasa de natalidad y el déficit de población activa se podrían solucionar con la inmigración. Y, efectivamente, la situación demográfica actual nos aconseja una inmigración “moderada”, además de “legal”, como diagnosticaba el catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid D. Rafael Puyol Antolín que, en su comparecencia ante el Senado el 12 junio 2017^[2], decía:

 ” Con un valor de 1,3 constante, y con ausencia de inmigración, o con inmigración negativa, eso supondría una reducción del 50% de la población en 45 años. En cambio, con 1,7 hijos por mujer y con una inmigración moderada, podríamos garantizar la estabilidad de nuestra población”.

 Exponía también que, desde el año 2008 al 2017, la media de nacimientos en España fue de aproximadamente de 450.000 anuales, cuando para un adecuado relevo generacional necesitaríamos un mínimo de 600.000 nacimientos/año. Y advertía de que, si el índice de fecundidad actual de la mujer española no se incrementaba, necesitaríamos a la inmigración para poder alcanzar esos 200.000 niños más al año. Ahora el índice de fecundidad de la mujer española es 1,18, ya ni siquiera el 1,3 del que hablaba D. Rafael Puyol en el año 2017, luego la situación ha empeorado. A este respecto recuerdo que la tasa de reposición poblacional debería ser de 2,1 hijos por mujer, como mínimo, para poder asegurar el mantenimiento de la población autóctona de un país.

La cuestión es que si los españoles tuviéramos un número significativamente mayor de hijos, acercándonos a un índice de fecundidad de 1,7, los inmigrantes serían considerados como necesarios refuerzos poblacionales, pero en la situación en que estamos, en la que los nativos tenemos tan pocos hijos, a los inmigrantes se les empieza a ver como un reemplazo, como a alguien que quiere ir imponiendo sus costumbres y sustituirnos. Esa percepción, como ocurre ya en muchos países europeos y en Norteamérica, a medio plazo conduce a serios problemas sociales. Solucionar nuestro problema demográfico con un exceso de inmigración va a conducir, tal y como ya está ocurriendo ya en otras naciones, a profundizar la brecha de clases sociales, a disminuir la moderadora clase media, a incrementar la composición cultural de las comunidades, al aumento de la precariedad del empleo y a una mayor desafección con las élites políticas de la nación. 

Ante este problema, que nosotros todavía estamos viéndo venir y que a otros países europeos ya les ha superado, nuestros partidos de izquierda y ultraizquierda esbozan una bobalicona sonrisa, abriendo los brazos y repitiendo que eso de proteger las fronteras y controlar los movimientos migratorios es cosa de “fachas”. Tampoco los gobiernos de derechas que han pasado por Moncloa han acometido el problema con decisión, de hecho, cuando les ha parecido bien, igual que han hecho gobiernos de izquierda, han recortado la presencia policial española en los países de tránsito, en apoyo al control de fronteras y a la lucha contra el tráfico de personas. Ellos verán lo que hacen pero se van a encontrar en breve con un grave problema social en España y serán ellos los responsables por omisión.

Los problemas de una inadecuada y descontrolada inmigración y del desastre demográfico español requiere de una amplitud de miras que no parecen tener nuestros políticos actuales. Su campo de visión, además de estrecho, sólo alcanza a los cuatro años siguientes, excepto para el caso de la maldita agenda 2030, que tampoco es que sea esforzar mucho la vista. Los problemas son graves y requieren de acciones múltiples, algunas simultáneas y otras sucesivas, que exigen generosidad de esfuerzos y un gran espíritu de servicio. Son necesarias, principalmente, políticas decididas de apoyo a la familia y al incremento de la natalidad, por supuesto, pero también son necesarias políticas laborales que generen empleo y que permitan la conciliación laboral y familiar. Junto a estas políticas es necesario aplicar políticas de vivienda, que no sean encubiertos instrumentos de especulación y de financiación de los ayuntamientos y que permitan a los jóvenes a atreverse a emanciparse y constituir su núcleo familiar y a tener hijos. Tampoco hay que olvidarse de una imprescindible y territorialmente equilibrada reindustrialización, que permita equilibrar el peso relativo de los diferentes sectores productivos, recuperar el vacío demográfico de la España vaciada y, sobre todo, ayude a acabar con el peligroso paro estructural.

 Son muchos los palos que tocar y el esfuerzo requiere de políticos honestos y preparados, con altura de miras, con visión de futuro y grandes dosis de generosidad para el bien común. No podemos seguir manteniendo en el poder del Estado a gente más preocupada por la continuidad de sus prebendas y por mantener pesebres y abrevaderos de partidos, lobbys varios, asociaciones y fundaciones afines, en lugar de dirigir el esfuerzo económico a la inversión en políticas que incrementen la producción y el desarrollo, que generen riqueza y bienestar social. Tampoco podemos permitir que nuestros políticos sigan mirando a otro lado y propiciando un efecto llamada, generado de manera consciente o por inacción.

Zaragoza, 7 de noviembre 2021

 LUIS BAILE ROY