En la Europa de la época moderna todas las monarquías, autoritarias y absolutas, tuvieron ciertas tendencias centralizadoras y unitarias, que se enfrentaron a los poderes estamentales y territoriales. Recordemos la oposición que encontraron los monarcas españoles de los siglos XV y XVI para introducir en Flandes y Los Países Bajos una avanzada legislación y unas modernas técnicas de administración y justicia que suponían, en muchos casos, el fin de los privilegios y abusos de poder que se daban en aquellos territorios que estaban sometidos al poder de la pequeña nobleza local, anclada aún en costumbres poco respetables. No obstante, al final, la tendencia centralizadora y normalizadora triunfó en la práctica totalidad de la Europa del siglo XVIII, siendo habitual la monarquía absoluta como forma de Estado.

 Posteriormente, revolución francesa mediante, surge el primer liberalismo que, dicho sea de paso, no es precisamente un invento anglosajón, ni tan moderno como se pueda pensar. La palabra “liberal” ya estaba definida en el Diccionario de Autoridades de los años 1726 a 1739, hoy día disponible gracias a la elaboración del Instituto de Investigación Rafael Lapesa y edición de la Real Academia Española. En el tomo IV (1734) de dicho diccionario aparece el término liberal como: “generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremo la prodigalidad, graciosamente da y socorre, no solo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien”. Ese liberalismo es el que impregna la Constitución de 1812 de nuevos principios, como el de la separación de poderes como garantía de la democracia, el de soberanía como patrimonio de la nación (ya no de la corona). Ese liberalismo es el que, en su forma política, se opone frontalmente al absolutismo y da nombre a algunas agrupaciones o partidos políticos y que fue reconocido en toda Europa como de origen español. De hecho la primera vez que se emplea tal cual la palabra “liberales” en su acepción política es en Inglaterra, por un tal Southey en 1816 y posteriormente se adaptó a la lengua inglesa como “liberals”.

 A medida que pasan los años, durante el siglo XIX, el regionalismo en Europa evoluciona hacia posiciones nacionalistas más o menos moderadas, según los países, e incluso se presenta como una opción para refrescar y revitalizar democráticamente el sistema liberal. Esa corriente recorre varios Estados europeos, en Italia el Alto Adagio y el Valle de Aosta por ejemplo, en Francia La Bretaña, Occitania, el País Vasco francés, Córcega entre otras, en Bélgica la región de Flandes, en el Reino Unido Gales, Escocia e Irlanda del Norte, en España Cataluña y Vascongadas sobre todo. Desde finales del XIX y durante el siglo XX esos modernos Estados liberales y democráticos, que ya habían consolidado la división de poderes (sólo teóricamente en algunos casos), se vieron afectados por esa corriente que reclamaba la difusión territorial del poder que el liberalismo negó en un principio. Se presenta, entonces, la regionalización como una forma de organizar el Estado que permitiría una más eficaz Administración Pública y una mejor planificación económica, más cercana, además, a las necesidades de los ciudadanos.

 La constante presión de estos movimientos, variable en su intensidad según los casos, ha sido la razón del surgimiento del modelo de Estado regionalista en Italia, de los proyectos de “Devolución” en el Reino Unido, de la extraña y complicada organización del Estado belga o del Estado Autonómico español de 1978 que, por cierto, ya fue groseramente iniciado con el “Estado integral español” de 1931. En algunos de los Estados en los que la tensión regionalista o nacionalista se ha exacerbado, los menos por cierto, se ha llegado a situaciones inaceptables que han derivado incluso en la violencia más irracional, como todos conocemos.

  Se habla en muchas tertulias y algunos círculos de debate político de una posible solución federal “moderada” para acabar con las tensiones territoriales en España. Yo asistí, no hace mucho a un debate, convocado por la Fundación Giménez Abad de las Cortes de Aragón y que se anunciaba como la “moderada opción federal”. Los intervinientes fueron Antonio Arroyo Gil, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Adoración Galera Victoria, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Todos ellos, incluido el Secretario General de la Fundación Giménez Abad, veían bien una opción federal para “adecuar” nuestro Estado de la Autonomías, ante las tensiones territoriales que se están dando, con lo que, al menos, entre ellos hubo poco debate, salvo matices. Yo me tuve que ir antes de que acabaran sus intervenciones, ya que todos se alargaron de más y no pude comprobar si después se suscitó o no un debate provechoso. Me imagino, por lo que observé en el ambiente, que no se debió haber mucho. Eso del federalismo es otro de esos mantras que se han incluido en lo que se viene llamando el “pensamiento oficial” o el “discurso progre”.

Sin ánimo de aguarle la fiesta a nadie, tengo que objetar dos cuestiones respecto a los ánimos federalizantes:

Primero, los Estados federales, como una forma más de Estado compuesto, suelen ser el resultado de procesos muy elaborados de uniones sucesivas de organizaciones estatales preexistentes, a las que les unen intereses económicos, políticos, militares y razones culturales geográficas e incluso históricas. Este no es el caso de España ya que España ha sido el único Estado existente, incluso antes de ser nación, en este territorio desde hace muchos siglos, incluso lo ha sido en éste y otros territorios de ultramar. Es decir, en el actual territorio español no ha habido otros Estados que pudieran haber querido federarse; no existen otros Estados a parte del español. Y ¡Ojo! porque, como decía Ortega y Gasset sobre las tesis federalizantes en 1931: “cuando se pretende convertir un Estado unitario en otra forma de Estado compuesto no debe olvidarse la lógica de ambos tipos de Estado”. Es decir, hay que tener en cuenta cómo se llega a uno y otro tipo de Estado y desde que posiciones de partida. No sé si eso se tuvo seriamente en cuenta en 1978.

Segundo, hay situaciones en las que las tensiones independentistas son de tal calibre, que pueden tentar a algunos políticos a decantarse por una pragmática solución federal para un Estado hasta entonces unitario o ya descentralizado, como en el caso español, aunque no a gusto de los separatistas. El dejarse llevar por esas tentaciones no ha dado buen resultado casi nunca. Véase, por ejemplo, los casos de Bélgica o de Canadá, que pueden dar la imagen de Estados en los que la federalización ha hecho superar las tensiones independentistas, pero que la realidad es bien distinta, pues permanecen en un continuo pulso entre fuerzas centrípetas y centrífugas que suponen un desgaste no solo moral, sino también de recursos. Una solución federal debe estar enmarcada en un entorno verdaderamente democrático, en el que las fuerzas nacionalistas acepten de buen grado, sin coaccionar, su integración en el modelo que se propone. Pero, a pesar de no haber déficit democrático, nos podemos encontrar con un nivel de radicalización nacionalista, alimentada por una manipulación, la propaganda y la malversación de fondos públicos, que hace dudar a cualquier mente de mediana inteligencia de la eficacia del recurso a la federalización para lograr integrar a ese nacionalismo en un Estado compuesto. A mí, personalmente, me parece que, ante las posturas mostradas sin disimulo por esos independentistas, nada mínimamente lógico sirve. Llevaban muchos años haciendo todo lo posible para lograr la exclusión de toda aquella parte de la población que no les sigue, para llevar al Estado a una situación límite, por la vía ilegal e ilegítima. Una “moderada opción federal”, que en poco superaría al actual Estado de las Autonomías, no les va a producir más que risa.

 Cuando alguna de las mentes privilegiadas del grupo de políticos que andan a vueltas con la normalidad constituyente se refiere a la posibilidad de federalizar a nuestro Estado, me pongo a temblar. No lo hago por miedo a esa forma de Estado, en absoluto, es más creo que si desde el principio se hubiera elegido el camino de federalismo cooperativo y simétrico, como en la mayoría de los Estados federales eficaces, se hubieran respetado de una manera más clara los Artículos 2 y 3 de la Constitución y se hubieran cumplido los Artículos 138 y 139 de la misma, cosa que nuestros sucesivos gobiernos no han logrado. Puede que con ello no se hubieran calmado las ansias de los independentistas, pero seguramente el Estado federal hubiera contado con mejores recursos para poder soportar el continuo pulso de aquellos. Además, muy posiblemente, con una mejor ley electoral y una segunda Cámara (Senado) con una verdadera dedicación a la representación de las distintas regiones y a los temas territoriales, se hubieran evitado los “chantajes por un puñado de votos nacionalistas” que se vienen dando en el Congreso de los Diputados. 

 Ni que decir tiene que, en un Estado federal del tipo que he referido, no hubieran tenido cabida las poco justificadas diferencias entre regiones que llevan implícitos desfasados privilegios foralistas y denominaciones extravagantemente diferenciadoras como “nacionalidades” en sustitución de región, o “comunidades históricas” para remarcar un origen histórico con más caché, aunque sea inventado. ¿Serán capaces estos políticos de casta de federalizar de verdad, olvidando tanta inútil palabrería?, si se ponen a la tarea, que no lo creo. Lo más seguro es que tengamos que seguir aguantando procesos secesionistas, golpes de estado, terceros grados prematuros e indultos. Parece que hoy día dar un golpe de estado, siempre y cuando seas civil y de una comunidad histórica, sale bastante barato. Pues adelante, reivindiquemos las demás regiones, quizás más históricas y con más enjundia, y exijamos más igualdad, más justicia y un federalismo cooperativo y simétrico. O acabemos con esta farsa y pongámonos a trabajar por y para el pueblo español, viva donde viva.

Zaragoza, 14 de noviembre 2021

LUIS BAILE ROY