Según el proyecto de Ley de Memoria Democrática su objetivo y finalidad es, por un lado “la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”. Este párrafo mendaz podrían haberlo escrito así: “el objeto de esta ley es borrar de la memoria de los españoles la responsabilidad del Frente Popular en los hechos que condujeron a la Guerra Civil y en los crímenes que partidarios suyos cometieron antes, durante y después de la misma, e incidir y difundir en la culpabilidad del bando contrario en todo ello”.  De esta manera entenderíamos los pasos que este gobierno, con el apoyo y presión de sus socios, está dando poco a poco, pero sin parar.

En esa misma declaración de objetivo y finalidad, se dice que “es objeto de la Ley el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978…” Nada tendría que objetar a este objetivo si no fuera porque la realidad revela que se escribió con intención engañosa, como lo demuestra que el esfuerzo del actual gobierno está dirigido, única y exclusivamente, a la difusión de la persecución y represión llevada a cabo por el llamado “bando nacional”, machacona divulgación que, a menudo, se hace sin el menor rigor histórico. Mientras, se olvidan, por ejemplo, los crímenes y atentados cometidos por el Maqui, como el del 12 de febrero de 1949, cuando el tren expreso Barcelona-Madrid descarrilaba entre las estaciones de Els Guiamets y Mora la Nova descarriló al paso de una vía manipulada con intención de provocar una masacre.

                            Cossias, Tomás. La lucha contra el «Maquis» en España. Editora Nacional. Madrid. 1956

En esa misma declaración de objetivo y finalidad del proyecto de ley se escribió evidentemente con deliberada limitación temporal, porque premeditadamente se obvió la mención al periodo previo al golpe de Estado de julio de 1936, para tapar la infinidad de crímenes que, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa cometieron los que luego conformarían el Frente Popular, desde el golpe de Estado de 1934 contra la II República que perpetró el PSOE y la Generalidad de Cataluña, en compañía de otros.

  Por fin, en el mismo apartado de sobre el objetivo y finalidad, se expone que “la ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales”. Objetivo que ya venían cumpliendo desde que el gobierno de Zapatero consiguió sacar adelante la infumable Ley de Memoria Histórica, norma que Rajoy, teniendo mayoría absoluta, no quiso derogar. Ya desde entonces vienen retirando monumentos, símbolos y denominaciones de calles o plazas que tuvieran que ver, aunque fuera de soslayo, con el denominado “bando nacional”. El celo en ese aspecto ha llegado a tal paroxismo y falta de rigor que hasta se llegó a retirar el nombre de Almirante Cervera de una calle de Palma de Mallorca por su origen “fascista”, sin tener en cuenta que este respetable personaje histórico murió en 1909, cuando el fascismo no apareció como tal hasta 1919. De todos modos estos deslices de memoria deberíamos disculparlos, aunque vayan a seguir ocurriendo a tenor de la nueva y despreciable ley, porque hay que tener en consideración el escaso nivel cultural que atesoran muchos de nuestros supuestos representantes políticos y el estado de alucinación en que se colocan de vez en cuando. También deberíamos dispensar que no se hayan retirado las estatuas de Largo Caballero y Prieto, o las calles a personajes como la Pasionaria, Santiago Carrillo, Negrín, Lister, el Campesino, porque seguramente no tendrán conocimiento de que éstos y unos cuantos más, que también permanecen en los callejeros de pueblos y ciudades españolas, cometieron delitos que iban desde la instigación al asesinato, hasta el robo de la reserva del Banco de España, pasando por la comisión de torturas, sacas y asesinatos, siguiendo el ejemplo del famoso “terror rojo” estalinista. 

De hecho deberíamos estar acostumbrados a esta desmemoria democrática porque, ya en 1992, celebramos las Olimpiadas en un estadio de la ciudad de Barcelona que fue vergonzosamente bautizado con el nombre de Companys, controvertido presidente golpista de la Generalidad, por cierto amnistiado por un gobierno del Frente Popular, que según varios historiadores fue causante por acción y omisión de un verdadero genocidio en Cataluña y hasta de instigar al homicidio por un asunto de faldas. Pero su desmemoria, o quizás bipolaridad, no les permite admitir que a esa dichosa guerra del 36 se llegó por la contribución de unos y otros y si no que recuerden las palabras de Largo Caballero, en el periódico El Liberal, de Bilbao, el 19 de enero de 1936:  “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”. Lo dijo bien claro y además, con los antecedentes del golpe de 1934, era para creerle.

  Con semejantes antecedentes y con las aviesas intenciones, expresadas en el proyecto de la nueva ley de Memoria X, pretenden hacernos creer que buscan “suprimir elementos de división entre la ciudadanía”. No hombre, no, lo que dejan meridianamente claro es que quieren dividir a la ciudadanía. Esta vez utilizan la fractura político-sentimental, pero no dejan de utilizar otras líneas de fractura como la división entre hombre y mujer, entre homosexuales y heterosexuales, entre obrero y empresario, entre Comunidades Autónomas y, si es preciso, entre perros y gatos, con tal de cubrir las etapas de su hoja de ruta. Y cuando se refieren a la “unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales”, deberían de decir que buscan la “unión entorno a sus dictados”, porque valores y principios los tienen absolutamente relativizados y los derechos constitucionales los conculcan como y cuando quieren, por la vía jurisprudencial o legislativa.

Nos tienen entretenidos y hasta atónitos con discusiones bizantinas que creíamos ya superadas desde hacía tiempo y con enmiendas a la ley de Memoria X para sortear la ley de Amnistía del 1977 y para exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera que, por haber sido fusilado un 20 N tras un juicio farsa, es merecedor de descansar en el Valle, junto a muchos otros caídos de ambos bandos. Entre tanto se van afianzando en las instituciones estatales clave, porque infiltrados ya están, con el objetivo de esquivar los controles y contrapesos necesarios al poder ejecutivo, para poder hacer de su capa un sayo, sin oposición institucional alguna y bajo la cándida mirada de una oposición acomplejada que pierde el tiempo entre celos y clases de marketing, mientras ellos intentan perpetuarse en el poder.

Por si fuera poco toda esa maniobra, típicamente comunista, ellos sacan una ley de educación adecuada para adormecer las mentes, desincentivar las ansias de conocimiento y despreciar el mérito y la excelencia, por si “su pueblo” fuera alguna vez capaz de darse cuenta de la añagaza, para mantener una ciudadanía dócil y obediente. Y si, a pesar de todo, no consiguieran perpetuarse a lo Castro o Maduro, proyectan promulgar una ley de seguridad ciudadana que les permita poder tomar la calle, a las primeras de cambio, sin riesgo para sus bonitas caras y sus frágiles cuerpos, en cuanto un gobierno que no fuera suyo empezara a gobernar. Perdieron aquella guerra que colaboraron a iniciar, pero nunca han reconocido la derrota y llevan muchos años dando vueltas a la tuerca. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?

Son unos listillos y el que más el doctor “cum laude”, pero veremos cómo les sale la apuesta, porque entre tanta oscura maniobra se les está desmadrando la deuda, les baja el PIB, hacen mal las cuentas y sacan el PGE con un desequilibrio inasumible. Para poner la guinda y, a pesar de lo que diga “cum laude” en la pasarela, entre paro, ERTE, ERE alcanzamos los 4 millones de personas y tenemos el paro juvenil más alto de Europa y, además, han cerrado en los primeros seis meses de 2021 algo más de 207.000 empresas y han cesado su actividad 323.000 autónomos, el 10% del total.

Ojo al dato, porque ya pueden pregonar lo que quieran, pero no conseguirán nada si el pueblo no percibe justicia social y respeto a la dignidad de la persona y a la familia y en eso tampoco alcanzan, ni con mucho, el aprobado.

 Zaragoza, 21 de noviembre de 2021

 LUIS BAILE ROY