Estoy un poco apartado del ruido político. El Delta del Ebro y las tierras sorianas de San Leonardo de Yagüe y Navaleno han logrado mantenerme ocupado en mejores y más placenteros asuntos. Pero hace unos pocos días se me ocurrió conectar la radio de la autocaravana, o la tele, no me acuerdo, y escuche que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Lo primero que se me vino a la cabeza es que la sanción, de difícil justificación por cierto, impuesta a mi hijo menor por incumplimiento de alguna de las normas del decreto no iba a tener efecto. Eso que se ahorra, que no es poco, porque una de las características de esas multas era su exagera cuantía, en relación a los salarios que suelen ganar nuestros jóvenes.
Aparte de la satisfacción moral para el partido que interpuso la demanda, VOX, y de no tener que pagar las multas pendientes por desobedecer a este gobierno de mangantes, me pregunté: ¿para que sirve ya esa sentencia? Porque lo que está claro es que al gobierno le da absolutamente igual. Lo mismo que todos los partidos que apoyaron la medida.
Supongo que el decreto de segundo estado de alarma, aquel que se prolongó 4 meses ilegalmente, sin presentar la preceptiva solicitud para su renovación cada 15 días en el Congreso, aquel que fue consentido por n-1 partidos, también va a obtener la reprobación de la justicia, ordinaria o constitucional. Pero les dará igual, ya pasó todo y nadie es responsable de nada.
El caso es que todo les da igual, entre otras cosas, porque el TC es una institución absolutamente desprestigiada, por lo menos en lo que se refiere a la oportunidad de sus sentencias. Me explicaré:
No fue constitucional, según el TC, la inclusión en la comisión de control del CNI a Pablo Iglesias y a Iván Redondo, pero la sentencia se conoció cuando el primero ya se había cortado la coleta y el segundo ya miraba para Baracaldo.
El nombramiento de la presidenta de RTVE tampoco se hizo conforme a derecho, según sentencia del TC, pero permaneció en el cargo unos cuantos años, de manera transitoria y solo fue removida de la poltrona cuando el PP se hizo el despistado y admitió pulpo como animal de compañía, cosa que sucedió meses antes de que saliera la sentencia al respecto.
Lo de la Ley del aborto ya es de traca, lleva 10 años atascada en el TC, supongo que esperando a que alguno de sus juristas de reconocido prestigio termine la preparación de su ponencia. O igual ha muerto y nadie, en la sede del altísimo tribunal, lo ha notado. ¿Llevará alguien cuenta de los niños no nacidos en estos 10 años?, ¿alguien pedirá responsabilidades al tribunal? ¿Cuántas de esas madres que abortaron hubieran tenido su hijo de haber contado con las ayudas adecuadas, establecidas por una ley alternativa? Pero a nuestros gobiernos, desde Zapatero hasta ahora, les ha venido bien, al fin y al cabo les suponía un recorte de gasto público, cuando no una victoria para sus posiciones éticamente muy discutibles.
El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley educativa catalana de 2009 durmió el sueño de los justos durante 10 años, para terminar dictando una sentencia favorable a la ley catalana de educación, a pesar de ser una ley con la que el Parlamento Catalán daba una vuelta de tuerca más en su senda discriminatoria y anti española. Pero la politización del tribunal, consecuencia del reparto de puestos entre los partidos, es lo que tiene.
Pero el TC ha sido lento y poco eficaz para los recursos vinieran de done vinieran, a diestra y siniestra. El recurso presentado por los partidos de izquierda contra la llamada ley mordaza ha sufrido también un retraso inconcebible en su tramitación. Y, como en ese caso, se han encontrado últimamente más de 10 leyes o decretos de cierta trascendencia.
Esa situación nunca es deseable, pero en el momento en que nos encontramos, en el que un gobierno de descamisados declara, de manera unilateral, encontrarse en medio de una crisis constitucional y que su intención abrir un proceso constituyente, la cosa puede resultar muy peligrosa. Porque si pretenden realizar cambios constitucionales por la vía de los hechos, sin recurrir a los procedimientos estipulados, haciendo malabares legislativos, la ineficacia del TC será definitiva para que el gobierno actual termine haciéndose un Estado a su medida. Y ya saben cual es esa medida: el socialismo rancio y fracasado.
Habrá que hacer un esfuerzo para evitar ese dislate y en ello debemos estar todos los que somos contrarios a ese modelo político e incluso aquellos que, haciéndoles votado, no comprenden esa deriva autoritaria. Hay que sacarlos del gobierno.
Navaleno, 18 de julio 2021
LUIS BAILE ROY
