QUÉ ES LA POLÍTICA
La política es una actividad social que se deriva de la existencia de la diversidad de opiniones, necesidades e intereses. Por ello está relacionada con el conflicto que puede producirse entre esas posturas diferentes y, a menudo, contrarias e incluso erróneamente consideradas como irreconciliables. La política trabaja para resolver esos conflictos mediante decisiones, normalmente colectivas, que vinculan al grupo social en que han surgido las discrepancias señaladas. Por supuesto, si existiera acuerdo y armonía natural no habría política o no haría falta en gran medida. Pero no siempre la política resuelve los conflictos susceptibles de ser resueltos, que no son todos, lo más que podemos asegurar es que la política trata de resolverlos.
Esas decisiones colectivas que he mencionado más arriba son elaboradas y aplicadas para ejercer el control de la sociedad desde la institución que la gobierna, sea un municipio, una provincia, una región o un Estado. La política está, entonces, íntimamente relacionada con el ejercicio de la autoridad, en el sentido del derecho a tomar decisiones en nombre de una comunidad, que está dotada de un sistema de organización social que, desde hace tiempo, la hemos entendido centrada o dirigida desde una maquinaria estatal, que asociamos frecuentemente con las políticas públicas. Ese es el sentido más comúnmente dado a la política, sobre todo para quién prefiere la preponderancia del Estado y lo fía todo a su acción.
Sin embargo, muchos consideran que la política es, además, el medio para resolver los conflictos mediante compromisos, acuerdos y pactos. Es decir, la política no se ciñe exclusivamente a la adopción de decisiones por parte de la maquinaria estatal, también se refiere a los medios mediante los que se toman esas decisiones. En suma la política viene a ser, también, “la solución al problema del orden que prefiere la conciliación en lugar de la violencia y la coerción”[1]. Por contrario, cuando los humanos no resuelven los problemas que les enfrentan mediante el acuerdo, el debate y la argumentación, recurrirán a la irracionalidad. Situación en la que triunfa la ofuscación, la fe ciega en una determinada ideología, religión o en la descabellada certidumbre de los presupuestos de un nacionalismo furibundo.
Hasta aquí he expuesto algunas de las concepciones positivas que se hacen sobre la política. No obstante, desde siempre, también ha sido asociada al engaño, la corrupción o la falta de ética y honradez. Relación que, frecuentemente, ha sido consecuencia del comportamiento cercano a la indecencia de muchos políticos sobrados de egoísmo y prepotencia y faltos de principios y valores. Circunstancia que han venido aprovechando los liberales, amigos del Estado mínimo, advirtiendo de que, como la condición humana hace a las personas egoístas, el poder político corromperá al que lo detente, llevándole a explotarlo en beneficio propio y de su entorno cercano.
[1] Crick, Bernard. En defensa de la política. Madrid 2001. Tusquets
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Ya se ha podido intuir, por lo escrito hasta aquí, la significación de la política como una actividad más bien constreñida al ejercicio de la autoridad por la maquinaria estatal, a las políticas públicas, a la acción del Estado en suma. Pero también se ha podido entrever una concepción más extensa, que se sale de los límites del Estado para entrar en la esfera privada. A menudo es difícil delimitar la frontera entre lo público y lo privado y explicar por qué se sitúa la línea divisoria en ese lugar determinado. La diferencia entre lo público y lo privado la podemos asimilar a la división entre el Estado y la sociedad.
Si al Estado lo podemos considerar como el conjunto de instituciones, empresas estatales y organismos públicos, incluidos los órganos judiciales, todos ellos responsables del funcionamiento de la comunidad y que se financian de ella mediante la recaudación de impuestos, debemos considerar que la sociedad incluye la familia en toda su extensión, asociaciones, negocios privados, sindicatos (cuando son realmente independientes), clubs de diverso tipo, comunidades varias, etc. A esta distinción entre lo público y lo privado, que se ajusta a la que ya hizo Aristóteles, podemos añadir a la “sociedad civil” que Hegel situó en un ámbito intermedio y en la que existen una serie de instituciones abiertas a las que tiene acceso el público, por ejemplo las empresas, los sindicatos, los colegios profesionales, las asociaciones de empresarios, etc. Todos ellos desarrollan actividades públicas, es decir hacen política y, por lo tanto, se podría decir que trasladan la frontera entre lo público y lo privado a los aspectos “personales”.
MÁS O MENOS ESTADO
Rousseau y Hannah Arendt
Ante esas distinciones se han planteado posturas ideológicas diferentes. Por un lado, para los “conservadores”, la política debe limitarse a la regulación de la vida pública, mientras el ser humano permanece en el mundo de lo privado, compuesto por la familia, el hogar y las relaciones personales. En contra de la consideración aristotélica del hombre como “animal político”, los conservadores presentan una visión nada política de un hombre que, sintiéndose dependiente y cauteloso, busca la seguridad que le debe proporcionar el Estado. Para los “liberales” lo vital es preservar la libertad individual y reclaman que la política permanezca al margen de actividades e instituciones que deben dejarse en manos de los individuos, es decir, en el ámbito de lo privado, sin interferencia de un Estado, al que prefieren mínimo.
Sin embargo, hay otras posiciones ideológicas que son más favorables a la extensión de la política como actividad pública. Esta tradición tiene su origen, como ya he mencionado, en Aristóteles y ha sido mantenida por Rousseau en el siglo XVIII y los partidarios de la democracia participativa, como John Stuart Mill en el XIX, que consideraban la política como una actividad moral y noble y a la participación política como la libertad misma, al asegurar que mediante la participación directa y continua en la política se puede obligar al Estado a trabajar por el bien común. En el siglo XX, Hannah Arendt[1], en una línea semejante, decía que la política era la actividad más importante del hombre por tratarse de la interacción entre ciudadanos libres e iguales.
[1] Arendt, H. La condición humana. Barcelona. 2008. Paidós Ibérica
En contraposición a la visión de los liberales, que consideraban el ámbito privado como el de la concordia y la libertad, los “socialistas” lo ven como el espacio de la injusticia y desigualdad. De tal manera que ésta corriente política prefiere un Estado más intervencionista, que regule y corrija los errores de una sociedad civil que por egoísmo ha conducido a la injusticia económica y, como consecuencia, a la desigualdad social. Un paso más allá da Hegel[1], que concibe el Estado como algo moralmente superior a la sociedad civil, considerándolo como el espacio del altruismo y la concordia, en contraposición a una sociedad civil en la que reina el egoísmo y la confrontación. En el extremo de estas corrientes que prefieren o veneran lo público están los “Estados totalitarios”, tanto fascistas como comunistas.
[1] Hegel, G. W. F. Principios de la filosofía del derecho. Barcelona. 2005. Edhasa.
NO TODO VALE
Cualquiera puede quedarse con la opción que más le plazca, pero debe recordar siempre que la finalidad de la Política, como actividad ética, no es otra más que la creación de una sociedad justa. Algunas de las teorías o posiciones ideológicas anteriormente expuestas han fracasado estrepitosamente en muchos aspectos cuando han sido puestas en práctica. Otras no han logrado el objetivo de una sociedad justa, a pesar de que el progreso económico que han facilitado pudiera haber coadyuvado a conseguirlo. En definitiva, sea cual sea la opción elegida para determinar la relación entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad, sea cual sea la forma de organización de la sociedad, lo primordial es que el político debe siempre fijar su atención en lograr una sociedad justa, debe trabajar con la mirada puesta en el bien común.
Me parece que el problema que vivimos en la actualidad es precisamente ese, los políticos que han logrado hacerse con el poder, al nivel que sea, han perdido ese norte, se han cegado por el falso brillo de una autoridad que han olvidado que no es suya en propiedad, que sólo les ha sido concedida temporalmente para organizar una sociedad justa. Sus políticas rara vez van dirigidas de una forma clara y eficiente a solventar los problemas que realmente acucian a muchos ciudadanos. Por el contrario, se pierden muchas energías en legislar sobre asuntos completamente intrascendentes, cuando no en contra de lo prometido en campaña electoral o del sentir y las necesidades generales, añadiendo así la mentira y la falta de honradez a la frivolidad. Un estúpido y carísimo progresismo les empuja a despilfarrar la descomunal cifra de sesenta mil millones de euros por ineficacia y gastos superfluos (dato del Instituto de Estudios Económicos, think tank de la CEOE). Eso, unido a los noventa mil millones que viene perdiendo anualmente España por prácticas corruptas, según un informe del grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo del año 2018, supone entre el 11 y el 12 % del PIB (año 2022).
Pero para mantenerse en el poder, al precio que sea, se hace lo que haga falta, indultos, amnistías, condonaciones de deudas, tratos fiscales desiguales, cambios en el Código Penal, etc. El poder, en nuestro caso, no solo corrompe, también endiosa, sitúa a ciertos personajes de dudosa moral en la falaz posesión de la verdad, en la ofuscación por obtener el beneficio personal y en la fe ciega en una traicionada ideología que todo lo justifica. Se hace de todo, menos crear las condiciones jurídicas y fiscales para que la sociedad pueda generar el desarrollo y el crecimiento económico que posibilite la creación empleo, mejore los salarios y, en definitiva, permita a la juventud iniciar con ilusión y una cierta seguridad sus proyectos de vida.
LOS MEDIADORES. LA GUINDA DEL PASTEL
Y ahora, encerrados en sus cascarones ideológicos, pero con una evidente falta de ideas lúcidas, nos traen “mediadores”, una clara demostración de que con ellos no va el debate racional, la argumentación, el sentido de Estado y el altruismo. Por un lado, traen a un mediador para que sea testigo de cómo han estado jugando con la independencia del poder judicial desde 1985, sino antes, y para que se aburra intentando una buena y democrática solución, cosa harto difícil en estas circunstancias. Por otro, se gastan ingentes cantidades de nuestro dinero en llevar, nada menos que a los mejores hoteles y villas de la barata Suiza, a otros dos mediadores, uno para cada una de las bandas de salteadores de caminos que nos quieren robar un trocito de nuestra tierra, un pedazo de nuestra soberanía. Ellos darán fe de cómo y cuándo los políticos que ahora ostentan el poder en España entregarán a esos salteadores lo que no es suyo, lo que pertenece a todo el pueblo español, van a dar fe de como los gobernantes del pueblo español venden, sin su permiso, su soberanía a cambio de mantener sus privilegios y posiciones elitistas. Cuando de lo que deberían dar fe es de cómo esos delincuentes se van a entregar el Estado español y de las condiciones en las que van a ser conducidos ante la justicia.
Golpe a golpe, mentira tras mentira los políticos actuales nos conducen a la miseria moral y también a la económica. Estos políticos, casi todos ellos, son los que hacen pensar a muchos de los españoles que les da por pensar, que más valdría echarlos y volver a empezar, pero pensando bien los pasos que se vayan a dar en el futuro, más que nada por no repetir los errores pasados y evitar las consecuencias que ahora estamos sufriendo. Pensando muy detenidamente la redacción de los artículos de una nueva constitución.
