UNA MINORÍA QUE ESTIGMATIZA A UN GRUPO SOCIAL

PUESTA EN SITUACIÓN

Para redactar este artículo me centraré en el caso particular de Cataluña por ser, según muchos medios de comunicación, una región que sufre una criminalidad superior a la del resto de España. Como no puede ser de otra manera, haré algunas comparaciones al respecto. Lo importante es que el lector pueda sacar sus conclusiones, independientemente de que, haciendo uso de mi libertad de expresión, yo exponga las mías, aunque resulten incómodas o inconvenientes para aquellos que determinan el pensamiento oficial, de cuyos estrechos límites no debería salirse nadie que pretenda librarse de ser colocado en eso que el presidente ha dado es llamar “fachosfera”.  

Habrá buenistas convencidos y personas con un gran corazón que sigan pensando que echar la culpa del incremento de la criminalidad a la inmigración irregular o ilegal es una barbaridad, una demostración de racismo intolerable, incluso acusarán de “delito de odio” al que se atreva a mantenerlo, aun sabiendo que el odio es un sentimiento, un pecado en todo caso, pero no un delito. No digo que en nuestra sociedad no exista el racismo, pero no es lo habitual entre una ciudadanía española históricamente abierta a la diversidad de culturas y al mestizaje.

Quizás, en algunas regiones se puedan observar actitudes racistas, pero no solo con los extranjeros, también con los españoles de otras regiones, a veces incluso se hacen más evidentes con estos últimos. Ese problema ya lo he tratado en otras ocasiones y lo volveré a tratar porque, aun a riesgo de que me llamen pesado, facha o cosas peores, yo seguiré denunciando las malas acciones y peores intenciones de los nacionalismos radicales que carcomen al menos tres regiones españolas, con el plácet de un acomplejado centro derecha y de una desnortada izquierda, cada vez más sumisa a los interés de un voraz capitalismo globalista con disfraz “progre”.

Es curioso que ni los nacionalistas, ni la izquierda “iluminada” por eso de la “sociedad abierta” (abierta sobre todo a los negocios de algunos magnates), ni la derecha instalada en la duda y el disimulo permanentes, son capaces de reconocer que los datos comparados sobre la evolución de la criminalidad, la inmigración y la población penitenciaria evidencian una realidad que hay que afrontar y, sobre todo, buscarle solución si no queremos acabar mal. Ninguno de ellos quiere salirse del guion oficial, ni ser tachado de racista trasgresor de la Agenda 2030.

Para todos ellos, buenistas, bienintencionados y progres de salón, también para las personas que están intranquilas con esta realidad, dejo por aquí unos cuantos datos, todos sacados de centros oficiales, para que no diga nadie que me invento nada. Después de conocer esos datos , que quizás estén algo maquillados, deberíamos tomar conciencia de la dimensión del problema, que es evidente que lo tenemos encima, pero que puede ser grave a corto o medio plazo. Malo sería que siguiéramos con la actitud pasiva que ha caracterizado a nuestra sociedad respecto a este tema, considerado casi tabú por ser motivo de estigmatización si a alguien se le ocurre salirse del guion.  Y peor sería que siguiéramos sin exigir a nuestros políticos la adopción de unas políticas encaminadas a afrontar este problema de manera holística, atendiendo tanto a la seguridad ciudadana y a la defensa de nuestras costumbres, como al bienestar y la dignidad de las personas.

POBLACIÓN PENITENCIARIA EN CATALUÑA

Si ahora fijamos nuestra atención en las zonas geográficas de procedencia de los extranjeros encarcelados (Gráfico 2), destacan con mucha ventaja los del Magreb (1.482), seguidos de los iberoamericanos (1.028). Pero, fijar la exclusivamente la atención en los números absolutos de la población penitenciaria de Cataluña según la zona geográfica de procedencia es un error. Es preciso hacer un análisis algo más profundo, relacionando los datos de la población penitenciaria por zonas geográficas de procedencia, con la población general de cada uno de esos orígenes asentadas en Cataluña. No hacer ese estudio es negarse a conocer la realidad, es adoptar la actitud de la avestruz ante una situación que se nos viene encima, es negar la verdad del barquero, además de ser una irresponsabilidad que nadie debe permitirse y menos los gestores de la cosa pública.

Es cierto que, aun siendo consciente de la realidad, cuesta salirse de la línea general del pensamiento considerado aceptable. El miedo a ser excluido, mal visto o señalado es humano, por lo que muchas personas prefieren callar y mirar para otro lado. No digamos si el aspirante a discrepante es político, sobre todo si lo es de esos partidos que lucen el rosco multicolor de la Agenda 2030. Pero hay que tirarse a la piscina, por supuesto con agua, sin pensar si está más o menos fría, porque todos podemos ver la diferencia que existe entre los países de Europa que han dejado gangrenar la herida de la delincuencia, sea de la procedencia que sea y los que han tomado las medidas adecuadas y a tiempo para acabar con esa lacra. Como, igualmente, podemos distinguir la diferente situación en la que se encuentran aquellos países que han controlado la inmigración, de esos otros que, en la actualidad, tienen en su territorio guetos en los que no rige su ley y en lo que no puede entrar su policía.

EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN CATALUÑA

LA EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y POSIBLES CORRELACIONES

Me pregunté también, si podría existir alguna correlación entre esos incrementos de infracciones penales y la evolución de la población inmigrante en Cataluña. Para ello volví a buscar información oficial y hallé la siguiente curva (Gráfico 4), en la que se puede observar un incremento casi permanente de inmigrantes desde el año 2016 al 2019, para descender luego por efecto de la pandemia hasta 2021, produciéndose un nuevo aumento, esta vez muy brusco, de esa población desde ese año hasta finales de 2022. Esa fuente no facilitaba los datos desde finales de 2022 hasta principios de 2024 pero, teniendo en cuenta la mejora del efecto llamada que está logrando este gobierno, me imagino que la pendiente de la curva no habrá cedido en absoluto, incluso puede haber aumentado. Lo relevante es que el incremento de población inmigrante tiene una alta correlación con el aumento de la comisión de delitos, aunque no con la evolución de la población reclusa.

Llegados a este punto, parece que recordar el hecho de que entre la población extranjera hay un porcentaje 5 veces mayor de reclusos que entre la población nacional. Igualmente se podría concluir que los periodos de incremento de población inmigrante coinciden con los de aumento de infracciones penales.

GRÁFICO 4

RESPONSABILIDADES Y DEJACIONES

Hilando más fino, podríamos fijarnos en los delitos que tienen una mayor relación con las desacertadas políticas del actual gobierno. Por poner sólo dos ejemplos, me centraré en los delitos de agresión sexual y de tráfico de drogas. En Cataluña, respecto del primero, se podría inferir que la famosa ley del “Si es Si” ha tenido un efecto disparadero, vean sino el Gráfico 5 adjunto. Además, se concluiría que, en el periodo de tiempo considerado (2021-2023), el incremento de ese tipo de delitos coincide con el aumento de la entrada de inmigrantes.

En cuanto al tráfico de drogas, el incremento de ese tipo de delitos en Cataluña es continuo desde 2015, pero es desde 2020 cuando la curva toma una pendiente más acusada (Gráfico 6), coincidiendo en buena parte con un incremento de entrada de inmigrantes. Por los motivos que sean, la pendiente de las infracciones registradas por tráfico de drogas se ha relajado desde mediados de 2021.

Todos tenemos en mente los alevosos asesinatos de Guardias Civiles ocurridos en Barbate. Hechos que destaparon el controvertido cierre del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-SUR) y la impunidad con la que operan los narcotraficantes en esa zona del territorio nacional, desde que esa unidad fue disuelta y debido a la falta e inoperatividad de los medios que la GC precisa para combatir a esos delincuentes que, en su forma de actuar y organización, cada vez se parecen más a los cárteles de México o Colombia. Como no es la primera vez que esto sucede en España, lo saben bien los gallegos, ese desmadre y chulería de los delincuentes no nos pilla por sorpresa. Pero, no por haberlo vivido antes, debemos olvidar que, si un gobierno no combate la delincuencia con decisión, puede ser un cómplice de los criminales. Porque, por si no lo saben o recuerdan, la droga es una bomba de racimo de efectos retardados, capaz de degradar hasta un grado superlativo una sociedad, mientras se enriquecen unos pocos personajes capaces de sobornar y extorsionar a cualquiera que sea codicioso, que tenga desmedido anhelo de poder o que carezca de la imprescindible ética. Las características negativas mencionadas no están alejadas de algunos de nuestros políticos, como se ha evidenciado en diferentes ocasiones y, últimamente, en casos de corrupción en los que han jugado hasta con la salud y la vida de los españoles. Respecto de la necesaria ética, parece estar ausente incluso de aquellos que presumen de honradez.

GRÁFICO 5 GRÁFICO 6

COMPARANDO CON EL RESTO DE ESPAÑA

Como he dicho más arriba, según muchos medios de comunicación, la situación de la delincuencia en Cataluña es peor que en el resto de España. No van muy desencaminados si nos fijamos en el Gráfico 7. La variación relativa de la delincuencia en Cataluña es superior a la del resto de España desde 2022, el año anterior fue al contrario. No obstante, exceptuando el primer trimestre de 2023, no hay grandes diferencias entre los incrementos de criminalidad del total del territorio nacional y los producidos en esa región. Volviendo a correlacionar estos datos con los de la evolución de la población inmigrante, se podría concluir que ésta ha podido influir de manera bastante clara tanto en esa región, como en el resto de España, pues la curva de la evolución de la población inmigrante en España (Gráfico 8) es similar a la que se ha producido en la región catalana desde 2008 (Gráfico 4) .

GRÁFICO 7 GRÁFICO 8

GRAFICO 10

CONCLUSIONES

Para acabar, voy a ser claro porque en este tema hay que serlo, a pesar del riesgo de ser tachado de intolerante y otras lindezas, que suelen ser habituales en boca de esa progresía tan empeñada en globalizar la pobreza y concentrar la riqueza.

En primer lugar, creo que el Estado debe controlar la inmigración y ajustarla a las necesidades de su mercado laboral. A cambio, debe incluirla en los servicios del Estado del bienestar, dar un trato digno a todas las personas inmigrantes respetando sus costumbres y tradiciones, pero dejando claro que deben cumplir las leyes del país de acogida y hacer los esfuerzos precisos para integrarse en la sociedad de acogida.

En segundo lugar, el Estado no debe permitir la inmigración irregular, lleguen como lleguen al territorio nacional. Para ello debería, por un lado, llevar a cabo políticas de cooperación realistas y controladas, en los países de origen de los grandes flujos migratorios, para ayudar a lograr las condiciones adecuadas que permitan el desarrollo económico y social, con el fin de evitar la necesidad imperiosa de emigrar. Por otro lado, en las aguas territoriales se debe actuar con contundencia contra las mafias de tráfico de personas, incluidos los barcos del tipo Open Arms, Humaniti One y otros, pertenecientes todos ellos a ONG financiadas por fundaciones dependientes de personajes de la calaña de Soros. En todo caso se ha de proceder a la inmediata devolución de los inmigrantes irregulares al país de procedencia.

En tercer lugar, para terminar con el efecto llamada que se ha venido produciendo en nuestro país, es necesario, por un lado acabar con el viciado sistema de empadronamiento de cualquier inmigrante, sea legal o irregular, que viene siendo habitual e ilegalmente llevado a cabo en la mayoría de los ayuntamientos, dando paso a la posibilidad de acceder a todo tipo de ayudas y subvenciones, sean o no justas y precisas. Por otro lado, y de manera complementaria a la medida anterior, se debe terminar con el actual sistema de subvenciones, tanto a inmigrantes como a nacionales. En todo caso, las subvenciones o ayudas económicas deberían estar condicionadas a la búsqueda activa de trabajo y a la aceptación de las ofertas de trabajo que faciliten las autoridades administrativas correspondientes.

En cuarto lugar, en colaboración con los ayuntamientos, el Estado debería adoptar las políticas necesarias para evitar la concentración de inmigrantes de un origen determinado en zonas urbanas o barrios concretos. Hay que evitar la creación de guetos en los que se pueda llegar a imponer una ley ajena a la del Estado que les acoge, tal y como ya está sucediendo en algunas zonas de países como Francia o Suecia, por ejemplo.

La adopción de las medidas propuestas u otras que se pudieran aprobar, por supuesto, no deberían interferir en el cumplimiento estricto de la normativa internacional sobre refugiados víctimas de la violencia política y la obligación de auxilio en el mar.