LA LISTA DE LA VERGUENZA
Algunos conformados ciudadanos, tolerantes hasta la médula de su osamenta, fieles seguidores de los programas más “exquisitos” de las parrillas de las televisiones más abiertas, opinarán que los casos de corrupción política son pocos o muy pocos en este país. Ciertamente, entre 1977 y 1982 los casos de corrupción fueron pocos. Pero, no obstante, como recordaba Areilza en 1977, la corrupción, la arbitrariedad y el nepotismo estaban ya presentes. Después todo se precipitó.
No muchos años después, varias personas del PSOE, junto con una red de empresas que buscaban privilegios, pusieron en marcha un mecanismo para financiar ilegalmente al partido. Se trataba del famoso caso FILESA, con el que ese partido consiguió una financiación irregular de unos mil doscientos millones de pesetas (unos 7 millones de euros) entre 1988 y 1990. Después de la denuncia del contable de una de las empresas y tras seis años de investigaciones, se celebró el juicio en el año 1997, resultando condenados varios miembros del PSOE y empresarios. En el juicio declararon como testigos el ex presidente del Gobierno Felipe González y los presidentes de importantes bancos y empresas españoles.
Si la memoria no me falla ese gran caso de corrupción política coincidió en el tiempo con el caso de “los fondos reservados” por el que, desde 1987 a 1993 se estuvo desviando, para uso particular, dinero destinado a la lucha contar el narcotráfico y el terrorismo.
Por aquel entonces también actuó el que podría considerarse el primer Torrente de la serie, Luis Roldán (“el hombre de las mil caras”), director de la Guardia Civil que, entre los años 1986 y 1993, robó unos 400 millones de pesetas de fondos reservados y trinco otros 1.800 millones en comisiones. También por aquellos años destacó una segunda versión de Torrente, se llamaba Juan Guerra y era el hermano malo del Alfonso, el vicepresidente del gobierno. Este personaje al final fue absuelto de casi todos los cargos, pero también se llevó lo suyo.
Poco después nos desayunábamos con las andanzas de un tal Naseiro, tesorero del PP, fue al poco de ser elegido Aznar presidente del partido. Fue la primera vez que se investigaron las sospechas de corrupción en la financiación del Partido Popular. Se produjo al principio de los años noventa y el procedimiento para la financiación ilegal del partido, método que ya empezaba a ser habitual, eran las recalificaciones de terrenos, la venta de suelo municipales y acuerdos inmobiliarios con los que, además de financiar el partido, los políticos implicados obtenían pingües beneficios. Al final de los consiguientes procesos judiciales todo quedó en agua de borrajas, porque el Tribunal Supremo consideró que la principal y única prueba de cargo, la obtención de las grabaciones de unas conversaciones telefónicas, constituían una vulneración de los derechos de los acusados.
También por aquellos años saltó el caso PSV (Promoción Social de Viviendas). La central sindical UGT era la promotora y, junto a la sociedad Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS), pretendía construir viviendas en régimen de cooperativa para unas 20.000 familias. La cosa se torció cuando miembros de la UGT utilizaron más de 18.500 millones para la financiación ilegal de la organización y el enriquecimiento personal a través de esa cooperativa. Los juicios se demoraron hasta mediados el año 2001, la sentencia condenaba a Carlos Soto, el que fuera presidente de IGS, a dos años y cuatro meses de cárcel y a pagar una indemnización multimillonaria (13.000 millones de pesetas) que no pudo asumir, por lo que paso a UGT como responsable subsidiario, es decir a todos los que pasábamos por ahí.
Aquellos eran años muy intensos para esto de la corrupción. Algunos empezaban a pensar que la democracia no era capaz de acabar con la corrupción que decían que hubo durante el franquismo. Desde 1991 al 2006 el GIL, partido local de Marbella que presidía Jesús Gil, defraudó 2.400 millones de euros mediante las operaciones urbanísticas fraudulentas que constituyeron el caso Malaya.
El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, declaró a la Policía el 21 de diciembre de 2010 que la Junta tenía un «fondo de reptiles» para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Las diligencias previas que darían lugar al caso ERE se abrieron en enero de 2011. En ese año arrancó la instrucción de uno de los casos de corrupción más importantes, fue la juez Alaya la encargada de iniciarlo y estuvo trabajando en el caso hasta que fue apartada del caso, para ocupar un nuevo destino. Ese cambio se produjo en un momento clave de la instrucción y quizás fue definitivo para el retraso de la instrucción. Todo indicaba que hubo mucho descontrol en los fondos destinados a los ERE subvencionados, igualmente empezaron a conocerse las “fórmulas legales” que había ideado la Junta para esquivar los controles.
Después el caso fue adquiriendo una dimensión desmesurada por la cantidad de dinero malversado, implicando a responsables de la Consejería de Trabajo, a personal del Gobierno andaluz, a empresas y familias. En verano de 2014 cuando Alaya elevó parte del caso ERE al Tribunal Supremo y, como consecuencia, al cabo de los años, se sentaron en el banquillo los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán. En febrero de 2015 la juez había imputado ya a 265 persona y en 2016 la Fiscalía ya cifraba en 741 millones de euros el dinero malversado y empleado en una red clientelar del PSOE a través de los ERE ilegales. Hubo en los diversos juicios muchos condenados y entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, exconsejeros de la Junta.
En octubre de 2015 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó que la juez Alaya se apartara de los casos de los ERE y cursos de formación, para pasar a su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla. Fue sustituida por la juez Núñez Bolaños, que no aguanto la presión que suponía instruir las diferentes piezas que le cayeron encima al relevar a Alaya, a pesar de los refuerzos que tuvo. Aquella fue una macro causa en la que intervenían varios tribunales de diferentes nieves, hubo infinidad de juicios según las pieza separada de que se tratara. La pieza política del caso se dirimió en una interminable serie de sesiones, muy difíciles técnicamente, y supuso una gran complejidad para determinar las responsabilidades penales de las acciones u omisiones de una veintena de dirigentes de la Junta de Andalucía. Debido a esas complicaciones y a las dificultades que tuvo la juez Núñez Bolaños, entre otras cosas, se produjeron importantes retrasos en la instrucción de algunas de las piezas de la causa, provocando que, al final, importantes imputados quedaran absueltos por prescripción de los delitos. Y, como guinda de esa sospechosa sinrazón, el gobierno de Pedro Sánchez indultó al condenado expresidente Griñán que, por cierto no había ingresado en prisión por estar aquejado de un cáncer de próstata, débil excusa porque con esa dolencia hay muchos internos en las cárceles españolas que son tratados en centros hospitalarios (en 2021 se produjeron 6.901 salidas de internos a los centros de salud para recibir tratamientos específicos, de los cuales 535 fueron para sesiones de radioterapia).
En 2010, el juez Castro, entonces juez instructor del caso ‘Palma Arena’, que investigaba la corrupción en el Gobierno balear, abre una nueva pieza por los pagos efectuados a la fundación de Urdangarin por el Ejecutivo balear. Nacía el caso Noos. Algunos miembros de la familia real, junto a algún empresario balear se sumaban al catálogo de corruptelas nacionales. Nos puede consolar que en ese caso las cantidades de dinero fueron más discretas que en el caso anterior (16 millones de euros) y que nadie claramente culpable se libró de la cárcel.
En enero de 2013, el periódico El Mundo da la noticia de que Bárcenas, tesorero del PP, ha estado pagando durante dos décadas sobresueldos en dinero negro a altos cargos del partido. Empezaba el caso Bárcenas, que acabaría sacando a la luz una contabilidad paralela del partido, la famosa caja B, y la financiación ilegal del partido que luego se sustanciaría en el caso Gürtel, destapado por unos periodistas de El País. Parecía una película de espías, con destrucción de ordenadores, seguimientos y todo tipo de escuchas y peripecias.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados a 351 años de cárcel. Al parecer las prácticas corruptas del PP y los empresarios de la trama supusieron, al menos, 120 millones de euros. La sentencia de la Gürtel le costóel gobierno a Rajoy.
La Operación Púnica empieza en octubre de 2014, cuando la UCO de la Guardia Civil ejecutó una importante operación anticorrupción. Todo se inició con la detención de Francisco Granados y más de 50 personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por el PP. Casi diez años después el caso, que estaba instruido en más de diez piezas, acabó con una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. En la última, en abril de 2023, la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas. Una trama por la que se adjudicaron fraudulentamente servicios públicos en la Comunidad de Madrid por unos 250 millones de euros.
El caso EDU o de los cursos de formación ha resultado ser uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España. En 2014 la UDEF de la Policía Nacional inició en investigación del presunto fraude masivo con fondos públicos para formación de desempleados en toda Andalucía. En varias fases fueron imputadas unas 400 personas. Los efectivos de esa unidad calculan que los fondos malversados con la ayuda de varios cargos del Gobierno de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, podrían superar los 2.000 millones de euros. Junto con el escándalo de los ERE ya sumaban casi 3.000 millones. Entre los dos ya superan al caso Malaya.
He dejado para el final de esta “reducida” lista de casos de corrupción el caso de la familia Pujol. Lo he hecho, en parte, porque es un escandaloso caso de hipocresía y cinismo, además de corrupción, perpetrado por el expresidente de la Generalidad de Cataluña, aquel que decía “España nos roba”, el autor de la hoja de ruta que está cumpliendo a raja tabla lo más granado del independentismo catalán. También lo he hecho porque después de tanto tiempo y de la cantidad de medios policiales y judiciales empleados , todavía no ha entrado ningún Pujol en la cárcel. Y ahora Puigdemont querrá incluirlos en esa infame ley de amnistía.
Durante más de dos décadas Jordi Pujol, en compañía y con la colaboración de su mujer y sus hijos (todo un clan mafioso), se han dedicado a practicar el tráfico de influencias, al cohecho, a la malversación, la prevaricación, el blanqueo de capitales y “a robar a España”. Durante más de 20 años el clan ha amasado un inmenso patrimonio. Quizás sea la mayor fortuna acumulada por una sola familia, proveniente de la corrupción política. Los policías y jueces que han estado trabajando en los diferentes casos no se han atrevido a dar una valoración del patrimonio acumulado ilegalmente. Algunos dicen que, al menos, son 290 millones de euros. ¡Que ilusos! O que prudentes, no lo sé, pero hay quien se atreve a elevar la cifra a cerca de los 3.000 millones. Es un escándalo que solo puede ser explicado en el seno de un Estado fallido, se mire por donde se mire.
IMITADORES DE TORRENTE
Creo que la serie Torrente, la de Santiago Segura, ya suma seis películas. Para algunos serán pocas, para otros ya les vale y para unos cuantos después de la primera sobraban las demás. Pues se pueden imaginar que algo parecido nos puede estar pasando con los Torrentes del plató político nacional.
Hasta aquí he ido desgranando, sin demasiada acritud, algunos de los muchos casos de corrupción con los que nos hemos ido desayunando los sufridos españoles, casi sin solución de continuidad. No se habían puesto la UDEF o la UCO a investigar uno, cuando ya estaba saltando el siguiente. No nos daba la vida para tragar tanta porquería pero, con nuestra inagotable capacidad de olvidar, en las siguientes elecciones volvíamos a votarles, ¡increíble!
No, no han sido solo los casos que he relacionado más arriba. Según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, solo entre el año 2000 y el 2020 se produjeron 3.743 casos de corrupción política. Y en otro estudio, este efectuado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el 75,8 % de las causas abiertas por corrupción ha estado imputado algún cargo del PP o del PSOE.
CENTRANDONOS
¿Dónde ha habido más casos de corrupción? Es en los municipios donde se dan más casos de corrupción, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020, acumulan el 85,2% de las causas[1], sobre todo en los municipios con más población. En lo que respecta a las CCAA, no se libraba ninguna, pero ganaba la carrera por un cuerpo Andalucía (84 causas abiertas por corrupción). Le seguía a escasa distancia Las Islas Baleares con 66 casos y en tercera posición se situaba la Comunidad Valenciana con 41 procedimientos.
¿Quién ha sido más corrupto? Lógica, aunque tristemente, los dos partidos que acumulan más poder, tanto en municipios, como en CCAA y en el gobierno central, son los que se llevan la palma de oro de los casos de corrupción. El PP destaca en 7 de las 17 comunidades y el PSOE en otras 5, casi a la par, pero en el ámbito nacional el 80 % de los casos están relacionados con el Partido Popular. Por la cantidad de dinero defraudada, robada o malversada creo que se lleva el premio el PSOE, si descontamos la famosa “amnistía fiscal” de 2012, curioso procedimiento del entonces ministro de Hacienda, que consiguió hacer aflorar unos 40.000 millones de euros. Esa amnistía, fue anulada por el Tribunal Constitucional cinco años más tarde (en 2017, siempre con prisas en ese tribunal).
Por cierto, hablando de amnistías, por si a alguno se le ha ocurrido compararla con la que ahora se debate en el Congreso de los Diputados, tengo que recordar que, si bien en ambos casos se atenta contra la igualdad entre los españoles, aquel caso no supuso perdón de condena alguna, pues se trató de conceder la posibilidad de realizar una declaración tributaria especial, siempre y cuando no hubiera condenas por la comisión de delitos, ni se estuviera sometido a investigación. En realidad el método empleado por Montoro fue mal llamado amnistía. Lo de ahora todos sabemos de qué va, no voy a entrar en el estéril juego de aclarar lo que está meridianamente claro. Que haga Pedro Sánchez lo que le pida su serrano cuerpo pero, cuando a él se le acabe el contrato de alquiler en La Moncloa, que se le acabará de una u otra manera y, si los de “ho tornarem a fer” lo vuelven a hacer, volverán a la cárcel y, quizás, en compañía de sus actuales valedores.
[1] https://www.worldcomplianceassociation.com/3916/noticia-la-verdadera-y-vergonzosa-dimension-de-la-corrupcion-en-espana-cerca-de-4000-casos-en-20-anos-.html
RECORDATORIO
En noviembre de 2020 mencioné en un artículo que: En el informe “Los costes de la corrupción en la UE”, confeccionado por el grupo parlamentario de Los Verdes para el Parlamento de la Unión Europea (UE) en el año 2018, se estimaba que la economía europea pierde 904.000 millones de € al año debido a la corrupción. Los Verdes europeos asignaban entonces a España un gajo de 90.000 millones de € de la tarta corrupta de toda la UE, lo que supone más del 8% del PIB.
No debemos de estar muy lejos de aquellas cifras, no parece que hayamos mejorado ni en ética, ni en control y mucho menos en la comprensión de lo que debe ser el principal fin de la política: “el bien común”.
También escribí entonces: “Por otra parte nuestros partidos políticos controlan más de 145.000 puestos de trabajo, cuyas nóminas son asumidas por las administraciones públicas, incluidas las de 22.000 altos cargos, 20.000 asesores, 1.500 asistentes parlamentarios. A este personal habría que sumar los trabajadores directos de los partidos y sus fundaciones, los liberados sindicales y personal de las subvencionadas organizaciones empresariales. La cuantificación de este gasto es difícil …….. pero no me quedaría corto si digo que pasa el millar de millones de euros. Lo que está claro es que nuestros partidos políticos, sobre todo, pero también las organizaciones sindicales y empresariales están hiperdimensionados y mantienen organizaciones poco eficientes. Parece, según estimaciones hechas en el entorno de la UE, que España se ha consolidado como el primer país de la Unión Europea por número de políticos y altos cargos de designación política. La cifra podría alcanzar los 400.000 en activo si se incluyen asesores, cargos de confianza, CCAA, diputaciones, mancomunidades, comarcas, empresas públicas. Duplicamos el número de políticos de Italia y Francia y cuadruplicamos el número de Alemania, todos ellos países con más habitantes que el nuestro, sobre todo Alemania.
Desde 2020 la situación en los aspectos mencionados arriba ha empeorado. Los gobiernos de Pedro Sánchez se han dedicado a engrosar los órganos del Estado, ha aumentado las nóminas de casi todos los organismos públicos, con personal contratado (no funcionario), con una legión de asesores de dudoso nivel y necesidad. A la vez que se ha prodigado en subvenciones y paguitas para generar una dependencia indecente. Por el contrario, no se ha preocupado de crear las condiciones políticas, jurídicas, económicas y fiscales necesarias para generar la confianza precisa para incentivar la inversión, la innovación y el emprendimiento, en definitiva la creación de riqueza y de puestos de trabajo. Su único objetivo es saciar su enfermiza ansia de poder, sin darse cuenta de que él está ahí porque otros lo han colocado, de la misma manera que lo pueden echar cuando les convenga. No tienen más que mover los hilos adecuados para hacer cambiar el sentido de nuestro voto, pero solo lo justo para que sus intereses no se vean afectados.
LOS ÚLTIMOS TORRENTES
Volviendo a los casos de corrupción, últimamente nos hemos encontrado con otros dos Torrentes, rodeados de personajes que parecen estar sacados de las películas de Santiago Segura. Uno el caso del Tito Berni (o Mediador), del que, por cierto, ya nadie se acuerda. Que habrá sido de aquella trama liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y que tenía como mediador, entre los empresarios implicados con el exdiputado mencionado y otros políticos, a Marco Antonio Navarro Tacoronte. Los medios de comunicación parece que lo han amortizado, pero ahí sigue la justicia, lenta pero segura. Hace poco, un constructor de Canarias, Miguel Ángel Robayna, ofreció nuevos y abundantes datos, en una declaración voluntaria ante la juez del caso. Ya veremos en que queda todo aquel escándalo de visitas a los despachos de parlamentarios, comidas de “hermandad” con diputados y fiestas privadas con droga, sexo y rock and roll. Todo un guion para una nueva película de Torrente.
Ahora, para acompañar al culebrón de la amnistía a los pesados independentistas, o para distraer nuestra atención de esa infame maniobra, nos entretienen el caso Koldo. Protagonizado por lo más granado de nuestros actores de las serie Torrente. Se les ve menos sudorosos que a los de las películas de Santiago, para eso se alojan en hoteles de cinco estrellas, frecuentan cómodos reservados en los más lujosos clubs y marisquerías. Tampoco sudan por defender su honorabilidad, porque para eso tienen a sus guardaespaldas…. y a Koldo, ¡la hostia! Si a Koldo, salido de los más sórdidos ambientes de Pamplona y alrededores, de donde fue rescatado por un tal Santos Cerdán, el de Waterloo, otra de las mentes privilegiadas que suele usar Pedro Sánchez para sus más peligrosas jugadas. Un hombre que sin ser ni de ciencias, ni de letras, si no todo lo contrario, ha relevado en la Secretaría de Organización del PSOE a Ábalos, normal, les unía su amistad con Koldo y, quizás, algo más.
¿CÓMO TERMINAR CON ESTO?
Seguramente, algunos me llevarían a galeras por citar a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero me da igual, no tengo manías. Dijo el mencionado político salvadoreño: “cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”.
Siento disentir de la mayoría adocenada pero, en mi opinión, tiene toda la razón. No quiero ser demasiado mal pensado pero, quizás, por ahí vayan los tiros de lo que aconteció no hace mucho en Barbate, cuando unos criminales hicieron ostentación de su poderío e impunidad y llegando a asesinar alevosamente a unos Guardias Civiles. Unos hombres a los que se les ordenó entrar en el agua para “disuadir” con su mera presencia, para hacer lo que pudieran. Unos valientes que se ven entre la espada y la pared, entre la obligación de obedecer una orden y la norma de emplear siempre los medios proporcionales ante cualquier potencial agresión. ¿Fueron proporcionales sus medios en ese caso? Hay que quitarse la venda de los ojos, con semejantes mafias no queda otra que emplear una fuerza definitiva, una fuerza que acabe con ellos y con sus andanzas. Y el Estado, el gobierno, si quiere, dispone de esa fuerza. Es cuestión de voluntad de vencer. De otro modo, tenemos el derecho de sospechar.
En la crisis global, sistémica, en la que evidentemente estamos. Crisis social, económica, política, ambiental, etc., todas ellas interrelacionadas y afectadas por la corrupción, no cabe otra solución que un cambio sistémico. Esa mudanza, para ser realizable, tendrá que ser provocada por unos pocos cambios estratégicos, focalizados en las partes apropiadas del sistema político actual de manera que, alterando la posición y las características de algunas pocas de las partes, se produzca un cambio sistémico.
Por eso, concentrando ahora mi atención en los problemas del sistema político español, entre ellos el de la corrupción, no le vendrían nada mal, al menos cuatro cambios que resultaran ser esas palancas que, aplicadas adecuadamente, conduzcan a un necesario cambio sistémico, holístico, global o como se le quiera llamar. Un cambio que afectara tanto a las cuestiones medioambientales y la recuperación de nuestro medio rural, como a la recuperación del tejido industrial que nuestros capitalistas relocalizaron, aprovechando la mal entendida globalización, así como a la seguridad y la lucha contra la corrupción.
Hace dos años aposté por dos palancas, Hoy, dado que el sistema político se ha enquistado sobremanera, apuesto por cuatro:
- El cambio del sistema electoral, que propicie una mayoría suficiente para iniciar una revisión de la CE.
- Una apuesta decidida por la inversión en I+D+i, en tecnología y en educación.
- Un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que garantice su independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.
- Un cambio decidido en la dotación de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una nueva definición del concepto de proporcionalidad en las reglas de enfrentamiento con los delincuentes.
1 comentario en “TORRENTE LXX”
Que gentuza maloliente escoria humana, que asco da todo