Muchos hemos tenido que jurar (o prometer) “guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”. En todos los actos de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración se cumple con ese requisito, sin demasiados problemas ni aspavientos. Casi todos entendemos que vivimos en un Estado de Derecho, aunque ahora esté lesionado, en el que la suprema norma legal es la Constitución y aunque, en opinión de algunos, sea mejorable, que lo es, no queda otra que respetarla y hacerla respetar por el bien de todos los españoles. No es una postura de sumisión, es de respeto por el pueblo español.

El caso es que no pocos diputados no lo entienden así, a no pocos les importa un pimiento el respeto por el pueblo español, incluso unos cuantos odian lo español y a los españoles, aunque intenten disimularlo. Por eso en el hemiciclo se han oído fórmulas de juramento o promesa verdaderamente retorcidas. Esa insolente postura entra dentro de lo previsible dada la categoría intelectual y ética esos individuos. Lo malo es que esas fórmulas han sido admitidas en numerosas ocasiones por la presidencia de la cámara. Lo peor es que el cuestionado Tribunal Constitucional (TC), en sentencia 119/1990, tuvo el cuajo de justificarlas dictando la siguiente resolución: 

“El requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales”. 

A veces, las formas y las fórmulas son importantes para dejar testimonio inequívoco de la disposición personal al cumplimiento del deber positivo de acatamiento a la Constitución. Deber este, entendido “como respeto a la misma (Constitución), lo que no supone necesariamente una adhesión ideológica ni una conformidad a su total contenido, dado que también se respeta la Constitución en el supuesto extremo de que se pretenda su modificación por el cauce establecido…” (Sentencia del TC 101/1983). En el caso del que hablo, el respeto por la forma es fundamental para dejar claro, ante todos los españoles, que sus representantes están dispuestos a cumplir con su deber de respetar la Constitución. 

La ola de relativismo que se ha instalado entre nuestros políticos permite considerar como normales esas fórmulas evasivas y de una chulería provocadora. Serán normales para ellos, pero no lo son en absoluto, más bien son un signo externo del desprecio que esos individuos sienten hacia el Estado de Derecho que les ha permitido ocupar esos escaños y que los protege y mantiene en ellos inmerecidamente. 

No es casual, ni debería extrañarnos, que sean los partidos a los que pertenecen semejantes individuos los que ahora se escandalizan cínicamente por las actividades legales realizadas por el CNI con el fin de ofrecer información al gobierno de la Nación, sobre las actividades que sus dirigentes y afiliados llevan a cabo en contra del ordenamiento constitucional y de la integridad del Estado.

Curiosamente son los partidos que han convertido a parte de su población en objetivos de sus descarados e ilegales sistemas de información, les han señalado, segregado, amenazado e, incluso, les han hecho objeto de una violencia injustificable, los que ahora ponen el grito en el cielo porque se suponen espiados y controlados. Son esos partidos que han inoculado el odio en la sociedad, que despilfarran el dinero público en sus veleidades etnicistas y soberanistas, que mantienen bien cebados a unos cuantos delincuentes, prófugos o no, los que no dudan en ponerse en manos de agentes extranjeros para lograr apoyos en sus procesos secesionistas y los que ahora quieren formar parte de “La Comisión de Secretos Oficiales” del Congreso de los Diputados. 

Todo esto es un sinsentido. Las actuaciones del CNI del tipo del que nos conciernen aquí, en territorio nacional, están autorizadas por un juez del Tribunal Supremo. Sería sumamente extraño que sus agentes se salieran del tiesto conociendo que están observados con lupa desde hace mucho tiempo, sobre todo mientras el dimitido vicepresidente Pablo Iglesias estuvo formando parte de la Comisión de Control del CNI. La denuncia periodística de un medio extranjero, basada en meras conjeturas, no puede poner en duda la honorabilidad de un servicio que ha prestado y presta al Estado una inestimable labor. 

Los que hoy quieren formar parte de esa comisión parlamentaria saben de sobra que el CNI no logró conocer la localización de los almacenes de las urnas del ilegal referéndum del 1 de octubre, porque siguieron los procedimientos legales. Estoy convencido de que, si no los hubieran seguido, los lugares de almacenaje hubieran sido conocidos, otra cosa es que el gobierno de Rajoy hubiera dado la orden de intervenirlos. 

Dar entrada a la “Comisión de Secretos Oficiales” del Congreso de los Diputados a esos individuos, delegados de ETA (porque ETA aún existe) y separatistas de diverso pelaje político, es un despropósito descomunal, es meter al zorro y a la zorra en el gallinero. Solo espero que este problema lo sepa torear adecuadamente la directora del CNI, cosa que no dudo, como tampoco dudo de que Pedro “el alto” sacrificará la cabeza de quien sea, con o sin motivo, con tal de seguir manteniéndose en el poder. 

De momento, Pedro “el alto” ya ha dado de nuevo muestras de claudicación ante Pedro “el bajito”, nieto de importante alcalde franquista, al enviar a su ministro de la Presidencia a presentar excusas a la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, una señorona con una cara de sota de asustar. Es lo que hay, teniendo en cuenta que el Pedro de La Moncloa hace lo que sea necesario para no tener que ir a cambiar el colchón a otro lugar. 

Pero yo, como ciudadano atónito, le pregunto: si le han llegado los sesudos y bien redactados informes elaborados por el CNI, ¿por qué no se los ha leído? y, si se los ha leído, ¿por qué no ha actuado en consecuencia?, denunciando a las autoridades judiciales las actividades de esa caterva de individuos, que seguramente están de nuevo preparando, con o sin la intervención de sus amigos rusos o de dónde sean, otro golpe de Estado. 

Para mí, con todo este sainete, añadido al pastel organizado con el Sáhara, Marruecos, la pandemia y sus consecuencias, Pedro “el alto” es el peor gobernante español desde Fernando VII, por lo menos. Toda su trayectoria es propia de una historieta de Mortadelo y Filemón, agentes de la T.I.A.  

Barcelona, 1 de mayo de 2022. 

LUIS BAILE ROY