LA RAZÓN Y LA DEMOCRACIA
En un artículo publicado en el Periódico de México de la Federación de Economistas Mexicanos, en junio de 2104, Carlos J. Díaz Rodríguez dejaba caer esta frase:
“La razón de la democracia es relativa, imperfecta; sin embargo, cuando crece el aprendizaje moral y científico de la mayoría de los votantes es posible llevarla al máximo nivel”.
No cuestionaba la democracia, solo quería recordar que las masas no siempre han tenido la razón al emitir su voto. Ponía como ejemplo el acceso de Hitler al poder y las consecuencias de aquella opción. También hacía notar que en ocasiones se han aprobado por referéndum leyes en contra del derecho natural, que se encuentra predeterminado por la naturaleza y que no solo parte de cuestiones meramente morales, sino científicas. Abogaba por superar el dualismo jurídico entre el derecho natural y el derecho positivo (creado por la legislación del hombre) para procurar que se complementaran, una tarea que parece ser harto difícil para algunos de nuestros legisladores.
La razón y la mayoría son dos conceptos que no tiene por qué ser compatibles. Se ha asumido, equivocadamente en mi opinión, que nuestra “presunta democracia representativa” produce un “gobierno del pueblo y por el pueblo”, que ya había superado las teorías ilustradas del “gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es decir, se creé que nosotros, el pueblo, hemos dejado de ser un simple receptor de la acción de gobierno, para pasar a ser un sujeto activo de la soberanía a través de nuestros representantes. En paralelo a todo ello se ha dado por buena la idea de que “la opinión de la mayoría”, si es que eso existe, coincide con la “opinión de la mayoría parlamentaria”.
A este respecto, un error sobre el que quiero llamar la atención es que se dé por sentado que la “razón” la tiene siempre la mayoría, sea parlamentaria o social. Y me refiero a la razón definida como “verdad o acierto en lo que una persona dice o hace”, o a tener razón en el sentido de “estar en lo cierto”, de entre las muchas acepciones que tiene esa palabra.
Entonces, ¿Deberíamos aceptar lo que esa mayoría está dando como razonable, en coincidencia con la mayoría parlamentaria? ¿Debemos asumir que la mayoría social y parlamentaria “tiene la razón” y plegarnos, sin rechistar, a sus dictados, aun siendo diametralmente opuestos a nuestras creencias? Habrá respuestas de todo tipo pero, aunque el ciudadano disconforme se vea en la obligación de cumplir la norma de la que discrepa, nadie le puede negar el derecho a manifestar su oposición e incluso a resistirse, dentro de los límites legales, a su cumplimiento.
La esperanza de que una democracia se acerque a una cierta perfección descansa sobre todo en la formación de los votantes. En una capacitación que nos permita no solo saber cómo obtener información, que la tenemos a raudales y a menudo de mala calidad, también saber analizar, contrastar, discriminar y sacar nuestras propias conclusiones. En definitiva, saber conformar nuestra “razón” y distinguir la de la mayoría social o parlamentaria, sean o no coincidentes. Mientras eso no sea posible la democracia será solo nominal, no llegará más que a ser un sistema imperfecto de representación del pueblo, una partitocracia, un sistema demagógico, o como se le quiera calificar, pero no una democracia.
DEMOCRACIA LIBERAL. LOS CONTROLES POLÍTICOS
JAMES MADISON
Decía James Madison, padre de la constitución de los EE.UU., que la diferencia entre los sistemas de gobiernos representativo, como es el caso de las democracias liberales o parlamentarias, y la democracia directa está en la exclusión del pueblo de cualquier participación en el gobierno.
Soy consciente de los problemas que la democracia directa tiene en entidades políticas de gran tamaño, si no se recurre a algún tipo de democracia orgánica, además de invertir en educación. Pero es cierto que la participación de los ciudadanos, en la mayoría de los sistemas de gobierno representativo, se reduce a los segundos que trascurren desde que se selecciona una papeleta en la cabina de votación (si la hay) hasta que se introduce en la urna. Después, si te he visto no me acuerdo, a tragar con ruedas de molino.
Entre los dos extremos hay posibilidades intermedias que en esta tierra que nos acoge aún tenemos que explorar. Porque, además de la tan deteriorada división de Poderes del Estado, hay sistemas de control sobre los ejecutivos y legislativos que por aquí aún no hemos tenido el placer probar. Son controles ex-ante y ex-post, ya experimentados en bastantes países con mayor calidad democrática.
Entre esos controles traeré a colación solo las Iniciativas Legislativas Populares, que en nuestro país se estrellan contra el muro de la normativa más retorcida que se pueda imaginar y de la indiferencia de nuestros engreídos representantes; los referéndum de revocación de cargos electos, al que se puede llegar tras la recogida de firmas exigidas por ley; los referéndum obligatorios consistentes en que determinadas decisiones legislativas, como las que puedan afectar a la vida humana, o a los derechos fundamentales de las personas, tienen que ser obligatoriamente sometidas a referéndum vinculante; los referéndum abrogatorios que se convocan mediante la presentación de una iniciativa popular, para votar la revocación vinculante de una ley aprobada por el Parlamento. Llegados a este punto quiero reivindicar una institución clave para el control ex-post de los administradores públicos de lo que fue el reino de las Españas: los Juicios de Residencia[1]. Una institución que de alguna forma podría ser rescatada en la actualidad.
[1] Juicio de Residencia (Diccionario Panhispánico del español jurídico): Fue un procedimiento habitual, cuyas características fueron el automatismo y el procedimiento prefijado en la esfera de la Administración real, si bien se trasladó a algunos lugares de señorío, sin la eficacia y características de los oficiales públicos. El juicio de residencia, aunque sin esta denominación específica, se recogió en las Partidas, adoptándose desde el derecho romano tardío y actualizándose en el derecho común. En las Partidas se recoge la fórmula romana según la cual los jueces debían permanecer en el lugar donde habían ejercido su cargo cincuenta días tras su cese, a fin de responder a las reclamaciones que se plantearan. Por lo que en dicho texto afecta solo a los jueces. En Castilla existían con anterioridad soluciones a las reclamaciones de responsabilidad de los jueces; la diferencia que hay al introducirse el juicio de residencia es que se hace habitual y es un modo de reforzamiento del poder real. Desde su inicial carácter de procedimiento para los jueces a principios del siglo xiv (Cortes de Burgos de 1308), se amplía a la totalidad de los oficiales del rey. La trayectoria del juicio de residencia no es lineal, sino que tiene altibajos en su aplicación, confundiéndose o superponiéndose a ella la pesquisa, sistema de alcaldes veedores, rendición de cuentas o sistemas de supervisión de unos oficiales sobre otros, etc., hasta que se intente su aplicación mediante la puesta en vigor de las Partidas por el Ordenamiento de Alcalá de 1348, sin lograrlo realmente; se consolidó a partir de las Cortes de Toledo de 1480 y posteriormente mediante la Pragmática de 1500 sobre juicios de residencia también llamada capítulos de corregidores, pero hasta finales del siglo xv no fue un procedimiento ordinario, porque antes solo se realizaba ocasionalmente, cuando había denuncia, alborotos en el ejercicio del cargo, etc. En Castilla estaban sometidos a residencia todos los oficiales reales, excepto algunos altos cargos de especial relevancia, como los miembros de los Consejos (cuya inspección se realizaba mediante visitas, muy esporádicas). En América, por el contrario, se sometieron a juicio de residencia todos los oficiales, incluso el virrey. Al procedimiento similar en la Corona de Aragón, especialmente en Cataluña se lo denominó Purga de taula.
A ellos aludí en otros artículos anteriores, como un método eficacísimo que existía desde el siglo XIV en el reino de Castilla y mediante el cual se examinaba el desempeño de cualquier servidor público y los posibles excesos en los que hubiera podido incurrir. Por su interés documental incluyo la referencia a pie de página[1] de un documento de investigación, escrito por Edmundo Iván Lozano Serna[2], sobre juicios de residencia efectuados durante el siglo XVIII en las regiones de Guadalajara y Nueva Galicia, del Virreinato de Nueva España (el actual México y más). Vale la pena dedicarle unos minutos de lectura.
Votar un día y dejar en manos ajenas todo lo referente la vida política de nuestra comunidad hasta la siguiente votación es firmar un cheque en blanco a alguien de quien desconocemos realmente su proceder. Es precisamente lo que desean esos políticos que se han ido distanciando de los verdaderos deseos y problemas de los ciudadanos y se han instalado en los diversos centros de poder con vocación de desvergonzada permanencia. Su mayor deseo es evitar todo tipo de controles cuando gobiernan ellos.
Esa actitud pasiva, la inexistencia de los controles que he mencionado más arriba y infiltración sistemática y sibilina en los poderes del Estado que deberían actuar de contrapeso y control a los poderes ejecutivo y legislativo, conducen a un verdadero suicidio social, a la demagogia y después a la tiranía.
Por ello, además de exigir el máximo respeto a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, piezas fundamentales para garantizar el cumplimiento de las leyes y el respeto al espíritu de la Constitución, hay que exigir la introducción de métodos de control que aseguren la participación ciudadana en las decisiones políticas trascendentes. No podemos permanecer pasivos. George Orwell decía que:
“Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice”.
Seguro que, si tuviéramos algunas de las herramientas de participación que he mencionado más arriba, esas innecesarias leyes que nuestros supuestos “representantes” han promulgado, para justificar presupuestos y personal totalmente prescindibles, hubieran sido revocadas, al igual que algunos políticos demagogos que el sistema nos han colado de rondón para ocupar cargos que les vienen evidentemente grandes.
[1] https://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/11/epikeia11-juicio_de_residencia.pdf
[2] Licenciado en Derecho por la UIA León, México; especializado en Estudios Latinoamericanos por el Departamento de Historia de América del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
DEMOCRACIA DIRECTA. ¿LA UTOPÍA POSIBLE?
No voy a exaltar a la democracia directa como si fuera el sistema político perfecto. No lo fue ni en la antigua Atenas, donde se precisó recurrir a algunos periodos dictatoriales que, aunque iniciados desde la misma Asamblea, tasados y limitados temporalmente, servían para devolver las aguas a su cauce cuando el sistema derivaba en demagogia y tornaba en tiranía, o se hacía ingobernable por corrupto.
Reconozco, además, que aquella democracia hoy solo sería practicable en comunidades políticas de reducido tamaño (algunos pueblos, barrios y comunidades de vecinos) y en ámbitos orgánicos de nuestra sociedad (centros laborales, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales, etc).
Pero tengo que reconocer que aquella democracia produjo una mayoría interesada en la participación política y bastante capacitada, que hizo frente a una minoría aristocrática o elitista que, como en la actualidad, se reproducía por principios hereditarios, económicos, de posición social, o de conocimientos. Y lo logró porque, aunque Atenas no era una democracia directa en sentido estricto, las características de su Asamblea y de las diferentes instituciones de gobierno y control hacían que se aproximara mucho a ella, de manera que su forma aleatoria de elegir a muchos de los cargos públicos, junto a normas relativas a la rotación y la limitación de los mandatos, le daba un carácter democrático claramente contrapuesto al elitista.
De los 700 magistrados que, más o menos, estaban dedicados al gobierno de la ciudad, unos 600 eran seleccionados por sorteo entre los que voluntariamente se prestaban a colaborar y otros, los que requerían conocimientos específicos (aristoi), por ejemplo los que entendían de la gestión del tesoro, la dirección de la guerra o las embajadas internacionales lo eran por elección. Pero todos ellos eran considerados simples delegados designados por la Asamblea, no representantes de nadie y además estaban bajo el control de un tupido y rodado sistema de vigilancia y corrección (la Boulé y la Heliea), que garantizaba que aquellos cumplieran exclusivamente la misión de implementar las decisiones políticas de la Asamblea, de manera temporal y sabiéndose sometidos a una estricta rotación y limitación de mandatos.
Es en estos aspectos donde radica la principal diferencia entre la democracia directa griega y nuestro defectuoso sistema de gobierno representativo. Son esas las características que pueden ser aplicables en los niveles adecuados de nuestro sistema político, para lograr capacitar y movilizar a esa mayoría que actualmente está desinteresada en la participación política y que está deliberadamente mal formada e informada.
LA DEMOCRACIA DESEABLE Y QUIZÁS POSIBLE
Karl Christian Friedrich Krause
Giner de los Rios
A partir de ahí, de una ciudadanía más formada, con mayores capacidades para la participación política y más interesada en los asuntos políticos que afecten a su comunidad, pequeña o grande, será más fácil corregir los defectos del sistema político que estamos disfrutando.
Todos somos conscientes de los problemas que una democracia directa supondría a nivel nacional en nuestros estados modernos, incluso en las unidades subestatales de los estados descentralizados y en los grandes municipios. Pero estoy bastante convencido de que esos problemas podrían ser resueltos con alguna forma de democracia directa, o con una más participativa, en los niveles políticos más próximos al ciudadano, complementada hasta alcanzar los niveles más altos con una democracia orgánica. Es decir, una democracia directa perfeccionada con aquel sistema basado en la estoica concepción orgánica de la sociedad del “idealismo alemán”, cuyo máximo representante fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), en “la filosofía krausista” de Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) y, sobre todo, en las ideas de Enrique Ahrens (1808-1874), alumno de Krause, y que fue el primer gran teórico de la representación de intereses y de la democracia orgánica. Teoría que tuvo su seguimento en España entre varios intelectuales y políticos, como Francisco Giner de los Rios.
Sea como fuere, tanto si se logra emprender ese cambio de sistema político, a la búsqueda de una mayor participación ciudadana en los asuntos políticos, como si no, pero sobre todo si no se inicia ese camino, es urgente exigir un mayor y más cercano control de nuestros políticos. Al menos se debería parar la deriva autocrática que está tomando esto a lo que llaman democracia y que ya está en el terreno de la demagogia.
Puede, también, que esa exigencia sea la única manera de parar la perdida de independencia de las instituciones que en democracia deberían mantenerla para, mediante los recursos que la ley pone a su disposición, reconducir y hacer corregir los excesos, corruptelas e injusticias en las que pueda incurrir el poder ejecutivo e, incluso el legislativo.
CREO EN…..
Creo en la necesidad de abordar ese cambio al que he aludido y que considero imprescindible para regenerar la vida política española y mejorar la imperfecta representatividad política actual para darle al voto de cada español, viva donde viva, el valor que se merece.
Nuestro sistema político tiene un vicio de fondo: no es un sistema verdaderamente democrático. Nuestro sistema es, como mucho, de “gobierno representativo”. Eso sí, los representantes son designados mediante elecciones democráticas cada cuatro años, aunque con un sistema electoral manifiestamente mejorable.
Ese acto de votar, que repetimos cada cuatro años, es el único momento en el que podemos disfrutar de hacer valer nuestra opinión y ejercer el control (ex-post) sobre los políticos.
Después los controles brillan por su ausencia, las posibilidades de elevar propuestas fuera de los canales controlados por las élites de los partidos, y de que sean leídas, consideradas y debatidas, es muy remota. El control de los grupos parlamentarios por parte de unos partidos escasamente democráticos es férreo e inconstitucional. Una vez constituida una mayoría, sea por el procedimiento que sea, su palabra será ley, aunque haya una opinión generalizada en contra, aunque existan dudas sobre si le asiste o no la razón.
Los “representantes” deciden sobre la vida y milagros de todo el mundo durante cuatro años prácticamente sin control, no hay consultas populares, no hay referéndums vinculantes y, por si fuera poco, cada vez caben más dudas sobre los contrapesos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
LLEGAN LAS ELECCIONES
En una semana algunos volverán a sentir la satisfacción de estar ejerciendo un control a posteriori de la acción de los gobiernos autonómicos y municipales, tendrán la intima satisfacción de cumplir con el deber democrático de elegir a sus representantes en los parlamentos autonómicos y en los plenos municipales y de haber castigado o premiado con su voto a quien les parezca bien.
Después descansarán y dejarán que todo se decida por ellos, conforme a lo prometido en la campaña electoral o no, ya será igual, los representantes legales harán y desharán según unos intereses partidistas que frecuentemente no coinciden ni con lo prometido, ni con lo socialmente necesario. Y lo harán durante los siguientes cuatro años.
Otros, si no votamos en blanco, volveremos a tener la amarga sensación de que van a volver a utilizar nuestro voto para lo que no deseábamos o esperábamos y ni siquiera nos van a dar la oportunidad de opinar en los siguientes cuatro años.
Otros, los más afortunados, aquellos que voten en las pequeñas poblaciones españolas tendrán la suerte de hacerlo a “personas conocidas”, no importará de que partido, o sí, depende, pero serán personas con las que luego se van a cruzar por la calle, o por los caminos de la vecindad, con las que seguramente podrán charlar e intercambiar ideas, quejas o lisonjas.
En pocos meses, después de soportar una interminable y seguramente bochornosa campaña electoral, bien dopada para algunos partidos desde el consejo de ministros, llegará la jornada de las elecciones generales y el baile de máscaras. Durante la noche al final de la jornada electoral nadie reconocerá el fracaso, todo es relativo. Todos usarán la máscara de la sonrisa, de la fiesta de la democracia, y los que hayan obtenido asiento a la lumbre, aunque sea en un rincón, pasarán por caja a recoger su cheque en blanco, algunos incluso se creerán poseedores de la verdad. Al que Dios se la dé San Pedro se la bendiga. Ahí lo dejo.
