COMO DECÍAMOS AYER

Como decíamos ayer o, mejor dicho el domingo pasado, hasta el año 2004 el proceso de regionalización en Francia, en parte impulsado por la estrategia territorial de la UE y, en parte por el deseo de la élite política francesa, no pasó de la descentralización de la gestión. Para dejarlo más claro, realmente no dio el salto de una descentralización administrativa a otra de naturaleza política.

Sin embargo, en España en aquellas fechas ya se había alcanzado un nivel de descentralización muy superior al francés, cercano, sino igual, al nivel alemán y por encima del italiano. Desde sus inicios el proceso español de descentralización fue forzado, mayormente, por los partidos nacionalistas vascos y catalanes que presionaron con astucia a una élite política, no sé si bisoña, pero sí olvidadiza. Porque las anteriores experiencias de descentralizaciones españolas acabaron como el rosario de la aurora, recuerden aquel lío de la disparatada cantonización de la I Republica o las experiencias disgregadoras de la segunda. La élite política que hizo la Transición no tenía por qué pedir perdón por nada, no tenía por qué conceder privilegios a aquellas burguesías insaciables, que controlaban las regiones más exigentes y que coincidían, curiosamente, con las que ya habían estado favorecidas en épocas anteriores y también durante el franquismo. Pero el caso es que, aquellos políticos agacharon la cabeza y se pusieron a la tarea de descentralizar España, empezando por las que denominaron erróneamente “nacionalidades” y “comunidades históricas”, como si las demás regiones hubieran surgido por generación espontánea. Y lo hicieron con precipitación, quizás llevados por una incontenible efervescencia, no sé si debida a una embriaguez democrática o por psicotrópicos aplicados tanto desde el interior como del exterior, pero sí creo que lo hicieron demasiado deprisa.

No estoy cuestionando la necesidad de la distribución del poder, que siempre puede ser sana y conveniente, sobre todo cuando la élite gobernante tiende a abusar de sus prerrogativas y a corromperse. Pero si cuestiono la forma de proceder en el específico proceso de descentralización del Estado español que se inició con la Transición, como también cuestiono el esquema final al que llegó todo aquello.

Los principales partidos políticos de implantación nacional (UCD y PSOE) de entonces, además del siempre correoso PCE y, por supuesto, los partidos nacionalistas (hoy claramente separatistas en su mayoría) orientaron, en la mayoría de los casos, la conformación de las Comunidades Autónomas (CCAA), siempre en el marco de lo estipulado en los artículos 143 y 144 de la Constitución Española (CE), pero según sus conveniencias y estrategias, todas ellas dirigidas a lograr el mayor número y tamaño de las parcelas de poder y de estómagos agradecidos en ese nuevo Estado de las Autonomías. Por eso hoy, a muchos españoles nos extraña la existencia de 17 CCAA, como nos asombra la exagerada diferencia de población entre ellas o la reducida extensión geográfica de algunas cuya historia siempre había estado ligada a otra mayor. A muchos nos parece que aquel proceso no se llevó a cabo con criterios demasiado racionales y puede que, en algunos casos, ni siquiera se tuvieran en cuenta razones históricas, demográficas, socio-culturales o económicas. Tampoco nos convence las inconcreciones contenidas en la CE, a las que se acogen los separatistas en sus incesantes exigencias, puertas traseras y grietas como la del artículo 150 apartado 2 de la CE, que da pie a que cualquier gobierno débil parlamentariamente ceda competencias de exclusiva titularidad estatal a la autonomía que tenga una capacidad de chantaje suficiente, lograda, además, gracias a otro de nuestros males: la ley electoral actual.

“Artículo 150.2 de la CE: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”

Por si fuera poco todo esto, aquel proceso no logró frenar uno de los males que afectan a nuestra política: la corrupción. Más bien al contrario, ésta se replicó en las diecisiete parcelas de poder en que se repartió el pastel. La aproximación de la acción política y de la administración al ciudadano no sirvió para evitarla, la aumentó. Algunos se pensaban que se iba a acabar con aquello de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” pero se equivocaron, en este caso el poder central (antes absoluto) mantuvo buena parte del pastel y diecisiete poderes periféricos se iban a llevar buenas tajadas, con lo que el pastel debía aumentar su tamaño. Quizás por eso, en el año 2018, un estudio realizado en el seno del Parlamento Europeo cifraba la corrupción en España en unos 90.000 millones de €. En resumidas cuentas la descentralización en España no ha servido para controlar la corrupción y en muchos casos tampoco para mejorar los servicios al ciudadano, ni siquiera para acercarle una administración que cada vez se hace más kafkiana.

VOLVIENDO AL CASO FRANCÉS

Volviendo al caso francés, con la Ley del 16 de diciembre de 2010 se inició lo que podríamos llamar el III acto del proceso de descentralización de Francia, una reforma que se consideró fundamental en un contexto de crisis económica, que obligaba al ahorro y la racionalización del gasto y de los impuestos, no sólo para las empresas, sino también para los hogares. Sin embargo, los costes de la financiación pública de muchos proyectos, a todos los niveles institucionales, no disminuyeron y el llamado “milhojas” resultó excesivamente gravoso el contribuyente francés, debido a que el sistema de contribuciones quedó fuera de las reformas de 2010, aunque se abordó en otra legislación de carácter financiero, pero sin los resultados deseados. En realidad la reforma planteada en 2010 no suprimía ningún nivel territorial, ni modificaba ninguna de las instituciones territoriales, tampoco suprimió el departamento. Muy al contrario, la ley de 2010 contempló nuevas estructuras territoriales suplementarias: el área Metropolitana, el Polo Metropolitano y las agrupaciones de colectividades (municipios, departamentos y regiones contiguas). El “milhojas” quedó convertido en una gran tarta de boda.

En junio de 2014, el Consejo de Ministros francés aprobó dos Proyectos de Ley para profundizar en la descentralización del Estado y reformar el sistema administrativo galo de tres niveles (regiones, departamentos y municipios). El primer decreto pretendía dar mayor relevancia a las regiones, transfiriéndoles competencias que hasta entonces estaban en el ámbito de los departamentos con la idea de suprimir los departamentos para el año 2020, cosa que evidentemente no ha ocurrido. El segundo, se planteó para disminuir el número de regiones y hacerlas de mayor tamaño, dándoles de una “talla crítica” tanto en lo geográfico, como en lo demográfico y lo económico, con el fin de mejorar la eficiencia de sus políticas públicas. En principio sonaba bien, pero la implantación de los departamentos en Francia ha sido siempre muy seria y difícil de remover.

El asunto planteado en el segundo Proyecto de Ley se resolvió de una manera más rápida que el del segundo. Así, el 16 de enero de 2015 se promulgó por la Asamblea Nacional la Ley que definía las doce nuevas regiones en la metrópoli, además de la de Córcega, con su estatuto particular, y las regiones de ultramar (la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y la Reunión) con las que Francia iba a contar desde el 1 de enero de 2016.

Respecto a las competencias de cada uno de los niveles administrativos, salvo alguna posible modificación de última hora y dejando aparcado el proceloso tema de las competencias concurrentes o compartidas, a las regiones se les tienen encomendadas las competencias en infraestructuras, ordenación del territorio, desarrollo económico, gestión de los institutos de enseñanza secundaria, ayuda a las universidades, la formación profesional, transporte público y apoyo al emprendimiento. Pero hay que tener muy en cuenta que las regiones francesas no tienen autonomía legislativa, aunque sí capacidad reglamentaria y autonomía financiera, disponiendo del presupuesto aprobado por el Consejo Regional, en base a los ingresos procedentes de las partidas que provienen del Estado para hacer frente a los planes nacionales y los acordados con la región, así como para atender a las competencias transferidas. Además, las regiones cuentan con los ingresos procedentes de los impuestos regionales. ​Los departamentos tienen responsabilidad sobre las infraestructuras y personal educativo de la enseñanza secundaria, los servicios sociales (ayudas a familia, personas mayores y personas con discapacidad), la administración de la infraestructura y el transporte local (mantenimiento de carreteras y desarrollo de la red departamental, gestión de autobuses y otros medios de transporte local e infraestructuras), desarrollo económico (inversiones y proyectos para creación y atracción de empresas) y turismo, protección del medio ambiente (áreas naturales y recursos hídricos), planificación y regulación urbanística. Finalmente el nivel municipal o de las comunas tienen competencias en planes urbanísticos, vivienda, salud. Acción social y cultura.

LOS PRINCIPIOS, LO IMPORTANTE

Como se puede intuir, todo esto es un pequeño lío que, además, está en movimiento continuo. Pero lo mollar del asunto es que el concepto francés de descentralización se basa en que, primero: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social“; segundo: “la República garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y …” aunque, en el mismo artículo de la Constitución, tras la reforma de marzo de 2003, se establece que: “Francia es una República descentralizada”. Consecuentemente, la descentralización se rige por unos principios muy claros, en primer lugar: protección de su “integridad”, por lo que la propuesta Macron de un estatuto de autonomía para Córcega es muy tímida y, por supuesto, no se reconoce la existencia de un pueblo corso, sino de una «comunidad cultural», pues en la Constitución solo se contempla el pueblo francés. Además, el Consejo constitucional es muy sensible en esos aspectos y permanece extraordinariamente vigilante. En segundo lugar, como ya he mencionado, la unidad de Francia también se refiere al pueblo francés  compuesto de todos los ciudadanos franceses sin distinción de origen, de raza o de religión e impide reconocer la existencia de otros pueblos. Cuestión que el Consejo constitucional tuvo en cuenta cuando, en una ocasión anterior, el legislador pretendió introducir el “reconocimiento de un pueblo corso, componente del pueblo francés” pues, según ese Consejo, el concepto constitucional de pueblo francés impedía reconocer “derechos colectivos a cualquier grupo, definido por una comunidad de origen, de cultura, de lengua o de creencia”

Últimamente se detecta un resurgimiento del empeño descentralizador en Francia, pero sigue pareciendo tímido en términos políticos, aunque no en los administrativos o de gestión. No hace mucho una ministra de Macron se manifestó favorable a ir cediendo competencias del Estado a las regiones, poniendo como ejemplo la de sanidad o la referida a los objetivos de reducción de emisión de gases de carbono. Aquí nos puede parecer una broma, pero es cierto. Sin embargo la misma ministra dejo meridianamente claro que la educación seguiría centralizada.

Precisamente, en lo que a la educación se refiere, en Francia las políticas educativas francesas son responsabilidad de los Ministerios de Educación Nacional y de Enseñanza Superior e Investigación, aunque la gestión esté bastante descentralizada, pero los contenidos de las asignaturas son supervisados y aprobados por el Estado. Bajo el Ministerio, en un segundo nivel, existen tres zonas diferenciadas bajo la autoridad de un “Recteur”. Y dentro de cada una de esas demarcaciones, en los centros educativos, los Directeur en educación primaria, y Principal y Proviseur en secundaria tienen las competencias docentes y administrativas en sus respectivos centros.

Por otro lado, la lengua francesa tiene un lugar privilegiado en la política educativa de Francia, se la considera la base lingüística para todas las demás asignaturas académicas y su dominio es considerado para el éxito de los alumnos en todas las disciplinas.

La lengua es considerada en el sistema educativo francés una herramienta para promover la cohesión social y la integración, en una sociedad tan diversa y con tanta variedad de lenguas y culturas. Mediante el reforzamiento de la lengua francesa en el sistema educativo, se pretende fomentar la identidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sea cual sea su origen. El uso del francés se impone en todas las instituciones gubernamentales y educativas oficiales, pero también se introduce y fomenta el estudio de otras lenguas en los planes de estudios, incluyendo no sólo las lenguas extranjeras, sino también lenguas regionales como el occitano, el catalán, el vasco y el bretón, reconociendo el patrimonio cultural que representan.

ENVIDIABLE

Como se puede deducir, de todo lo que he venido exponiendo de una manera resumida, la descentralización a la francesa no solo ha sido un proceso más lento y progresivo que el español, sino que ha sido más racional, entre otras cosas porque ha sabido atemperar las ínfulas y ensoñaciones, donde las hubiere, de los nacionalistas de turno. Además, y a pesar del batiburrillo de su “milhojas” administrativo y fiscal, la gestión de las administraciones ha resultado, en general, bastante más eficaz que lo ha sido en nuestro caso. Aquí, un sistema sanitario que llegó a ser envidiado en el exterior se dividió en diecisiete sistemas bastante más deficientes e ineficientes, con una general falta de previsión en la cobertura de las plantillas de personal sanitario y unos sueldos que los empuja a buscar trabajo en otros países. Aquí, un sistema educativo, en manos de los reinos de taifas, desincentiva la cohesión social y la integración, además de poner todas las trabas posibles a la identidad nacional y a la igualdad de oportunidades. Aquí se practican diecisiete centralismos que, a menudo, se olvidan de unas diputaciones provinciales mucho más cercanas a la problemática del pueblo. Aquí, por ir acabando, se dilapida el dinero en policías regionales debidamente aleccionadas y eficaces para lo que quieren y cuando les interesa, o en bomberos insuficientemente dotados y servicios de urgencias sanitarias “privatizadas” atendidos por empresas sin el suficiente espíritu de servicio social.

Que envidia ver cómo, en Francia, se han dejado de tanta tontería y tienen en todo su territorio nacional a su Gendarmería, su Policía Nacional, sus Sapeur-Pompier (Zapadores-Bomberos) y su personal educativo y sanitario al servicio del pueblo francés, vivan donde vivan, vengan de donde vengan. Que mal hemos descentralizado por estas tierras, cómo hemos dejado que proliferen esas autonomías que no han dejado de hinchar sus administraciones, convirtiéndose en oficinas de empleo y dependencia.