EXTRACTO:

En este artículo, haciéndome eco de la aportación de David Chinarro al anterior, propongo una mejora tanto en la composición del Senado, como en la designación y procedencia de parte de los senadores. Con ello pretendo compensar el trato de favor que se daba a la representación de las CCAA en la anterior propuesta para un cambio del Senado. Para ello propongo dar entrada en esa nueva cámara a representantes de las provincias y municipios, compensando e incluso superando la influencia de los gobiernos de las comunidades que, a menudo, en un ejercicio de despotismo injustificable, dejan en el olvido a las partes de su territorio menos rentables electoralmente y a sus gobiernos locales. Hago dos propuestas para la asignación de escaños a las provincias y municipios, una es proporcional a la extensión territorial de la provincia y otra inversamente proporcional a la densidad poblacional. En ambos casos el cuerpo electoral estaría constituido por los diputados provinciales y los concejales de los municipios de dicha diputación.

TEXTO:

El domingo pasado propuse una composición del Senado que se basaba, por un lado en la representación de los gobiernos de las CCAA en esa cámara, mediante los senadores designados al efecto por los citados gobiernos, lo que sumaba un total de 65 senadores según el siguiente reparto:

·             1para las CCAA con menos de 100.000 de habitantes (2 CCAA). En concreto las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

·         2 para las de 100.000 ≤ Habitantes ˂ 1.000.000 (3 CCAA)

·         3 para las de 1.000.000 ≤ Habitantes ˂ 2.000.000 (5 CCAA)

·         4 para las de 2.000.000 ≤ Habitantes ˂ 5.000.000 (5CCAA)

·         5 para las de 5.000.000 ≤ Habitantes ˂ 7.000.000 (2 CCAA)

·         6 para las de 7.000.000 ≤Habitantes ˂ 9.000.000 (2 CCAA)

 Estos senadores constituirían el núcleo de la representación de las de las CCAA y como es lógico, debido al procedimiento de designación, estarían sometidos al mandato debido de quien los designó, de esta forma, si la lógica imperara, las discusiones entre partidos estarían relegadas a un segundo plano, primando la defensa de los intereses de cada comunidad autónoma. En este grupo se tendría en cuenta no sólo una representación mínima de dos senadores para cada autonomía, excepto Ceuta y Melilla, además, atendiendo a la población de cada comunidad, se asignaría un número de senadores por cada tramo de población considerado, de manera que se prima la cantidad de habitantes, sin tener en cuenta la extensión territorial de la autonomía o la densidad de población.  

Por otro lado y con la intención de dar voz en la cámara de representación territorial a las provincias y municipios, a menudo ninguneadas por unos poderes autonómicos que, con cierta frecuencia, practican el centralismo que tanto habían criticado, también proponía la elección de un senador por cada una de las diputaciones provinciales (50), elegidos por un cuerpo electoral compuesto por los diputados provinciales y los concejales de los municipios de dicha diputación.

Era sólo una idea más, lanzada como una propuesta, para darle al Senado el verdadero carácter de cámara de representación territorial, con una cierta compensación al poder acumulado por los gobiernos autonómicos sobre las provincias y municipios. Evidentemente la idea era perfectible, sobre todo porque reconozco que la lancé con cierta prisa y sin demasiada reflexión. Por ello, cuando el amigo David Chinarro, viejo profesor por la experiencia acumulada más que por la edad, me hizo ver que en mi propuesta encontraba un trato de favor a la representación de las CCAA, en comparación con las provincias y municipios, me puse a considerar su manera de equilibrar ambas representaciones y de lograr una mayor representación de la “España vaciada interior”, maltratada por la falta de acciones adecuadas de los ejecutivos central y autonómicos

La ventaja de este medio de publicación, que permite la interacción y el debate sosegado con los lectores, es la posibilidad de intercambiar ideas y mejorar las propuestas que se lanzan, para ir aproximándolas a la mejor de las opciones, ya que a lo ideal nunca se podrá llegar. Asumí la idea de tomar como referencia la extensión territorial de cada provincia, el número de Km², para hacer una asignación proporcional de escaños.

Puesto a la labor de equilibrar la representación de CCAA por un lado y de provincias y municipios por otro, me plantee las opciones de recurrir a la extensión territorial de las provincias o bien emplear los datos de la densidad poblacional para esa asignación. En todo caso me propuse no llegar, ni mucho menos, al número actual de senadores (265). No se trata ahora de obtener un número de diputados suficientemente amplio para asegurar una proporcionalidad adecuada y una representación lo más fiel posible a las posiciones políticas del pueblo español, titular de la soberanía nacional, cuestión que debería estar asegurada en el Congreso de Diputados. En el caso que me ocupa se trata de representar los intereses de los diferentes territorios que componen esta España que, teniendo asegurada constitucionalmente la descentralización administrativa y política, precisa de un órgano constitucional que asegure esa representación de una manera lo más proporcional y justa posible, el Senado, para lo que no es necesario un número elevado de senadores.

A parte de los 65 senadores de designación por parte de los gobiernos autonómicos, en cuyo reparto ya se ha dado ventaja a las CCAA con una mayor población, me queda por definir una propuesta para la asignación a cada provincia de los senadores elegidos por un cuerpo electoral compuesto por los diputados provinciales y los ediles de los municipios de dicha diputación.

La primera opción a estudio es la que me propuso David, un reparto que tenga en cuenta la extensión superficial de cada provincia. En este caso, organizando las provincias de menor a mayor superficie, tomo tres grupos diferentes. El primero constituido por las 19 provincias que cuentan con una extensión menor de 8.000 km², a las que asigno un senador a cada una. El segundo formado por las 23 provincias que están entre 8.000 y 15.000 km², a las que asigno 2 senadores. El tercer grupo lo componen las 8 provincias que superan los 15000 km², a las que asigno 3 senadores. En total asigno 89 senadores a las 50 provincias, sin contar con Ceuta y Melilla por su mínima proporción de territorio respecto al total nacional. No obstante estas dos Ciudades Autónomas contarían con un senador designado por sus respectivos gobiernos autónomos. Este reparto es uno de los muchos posibles, pero he optado por los grupos indicados para no alcanzar un número excesivo de senadores, a la vez que se primaba a las provincias con más extensión territorial. De esta manera el número de senadores representantes de provincias y municipios alcanza los 89, que sumados a los 65 de designación autonómica totalizaría la cifra de 154, primando claramente a las provincias y, entre ellas, a las que cuentan con más territorio (ver tabla 1). Además se puede observar que sólo en dos casos las provincias con densidad de población menor de 50 habitantes por km²(*) se quedan con un solo senador, la mayoría de ellas (16) contarían con 2 ó 3.

Si tomamos en consideración la densidad de población para asignar el número de senadores a cada provincia el reparto es diferente al anterior, como puede observarse en la tabla 1. En concreto 16 provincias salen beneficiadas (verde) con un senador más, 1 provincia con dos senadores y 5 son perjudicadas (rojo) por la pérdida de un senador, el resto (28 provincias) mantendrían la misma asignación de senadores que en el caso de asignación por extensión territorial. Para las 21 provincias con una densidad menor de 50 habitantes por km², que suman el 55,43 % del territorio nacional, propongo 3 senadores por cada una, para cada una de las 11 provincias cuya densidad de población se sitúa ente 50 y 100 habitantes por km², propongo el 21,01 % del territorio, 2 senadores y para las 18 provincias que superan los 100 habitantes por km², que constituyen el 23,56 % del territorio nacional, 1 senador a cada una. De esta manera se alcanza el número de 103 senadores representantes de provincias y municipios que, sumados a los 65 representantes de las CCAA, totalizarían 168 senadores, 34 más que en la primera opción considerada, favoreciendo claramente a la representación de las provincias y municipios y sobre todo dando mucha más voz a la España vaciada, que falta le hace.

En ambas opciones habría que sumar un senador por cada una de las islas menores (o agrupación de islas): Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elegidos por un cuerpo electoral compuesto por todos los ediles municipales de la isla correspondiente y por los consejeros de los cabildos insulares. Es decir, la primera opción sumaría 161 senadores y la segunda 175.

                                                         TABLA 1

 ¿Por cuál de las dos opciones decantarse? Es difícil decidir. La primera opción supone una mayor reducción de senadores (104 menos), además se compensa con creces el poder de influencia de las CCAA y se logra una adecuada representación de provincias y municipios, aunque alguno de los territorios con menos densidad de población no logra la representación deseable.

La segunda opción obtiene una menor reducción del número actual de senadores (90), en cambio incrementa la influencia de provincias y municipios respecto a las CCAA y sobre todo ofrece un gran trampolín de reivindicación a la España vaciada y habitualmente olvidada por los gobiernos central y autonómicos, salvo honrosas excepciones.

Personalmente me inclino por la segunda opción. Esa España tan mal tratada, esa España que se esfuerza por sobrevivir, por mantener las costumbres y los oficios tradicionales, por sacar adelante la ganadería extensiva y la agricultura sostenible, por cuidar de bosques y ríos y, a la vez, pelea por modernizarse, por estar en las redes de telecomunicaciones e información, a pesar de los muchos problemas que se les pone, necesita estar mejor representada y tener una mayor influencia en las instituciones.

Tanto en una como en otra opción, los representantes de las provincias y municipios seguramente harían piña con su autonomía cuando se trate de defender los intereses de la misma, pero no me cabe duda de que las provincias y municipios, sobre todo las menos pobladas y más olvidadas, dispondrían de la fuerza necesaria para hacer valer sus específicas propuestas, por encima de los intereses de partido.

En un documento más amplio, puede que en un libro, trataré de las competencias con las que creo debería contar un Senado como el que he definido en este artículo. Pero, insisto, esa cámara sólo tiene razón de ser mientras se mantenga el estado de las autonomías que conocemos hoy día, o algo similar. No voy a polemizar aquí y ahora sobre la conveniencia de esa forma de estado, razones hay a favor y en contra, sería cuestión de analizar y ponderar cada una de ellas para llegar a alguna solución racional, cosa que no confío que hagan nunca casi ninguno de nuestros actuales ¿representantes?

Los que no quieren perder el control del CGPJ

¿Nuestros actuales representantes? Cómo van ellos a plantearse reforma alguna que pudiera suponer perder sillones que repartir, o que pudiera llevar a la pérdida de control sobre las instituciones que deberían ser escrupulosamente independientes para poder controlarles a ellos. Y si no es así, cómo se explica que PP, PSOE y UP entonaran a coro, al final de la fallida moción de censura, con el acompañamiento de variopintos diputados, el pacifista tema de “Enola Gay” de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, aparcando sus teatrales odios, para preparar un nuevo acuerdo sobre el CGPJ, que les siga asegurando una cierta tranquilidad y poder continuar haciendo de su capa un sayo en el solar de la piel de toro, en el que los españolitos poco contamos de verdad, si no es para pagar la juerga que tienen montada. Para mantener esos privilegios, para continuar con el control antidemocrático de lo que jamás deberían  controlar, para eso vale hasta la descalificación personal falsa, el insulto gratuito y el olvido de los principios de democráticos y éticos más elementales. Para eso solo hay que taparse la nariz.

25 de octubre 2020

LUIS BAILE ROY