Es un hecho que España adolece de una grave disminución de la natalidad y de un envejeciendo rápido de su población y estos dos problemas pueden ser, sólo en parte, compensados por la inmigración. Ahora solo esbozaré los principales problemas que, a mi juicio, tiene la situación demográfica de España, para tratar más adelante y con mayor detalle las causas de la situación actual, de la proyección de futuro y de algunas soluciones que, aun no considerándolas remedios definitivos para revertir el estado actual de la composición demográfica de nuestra sociedad, podrían ser los cuidados paliativos para una situación que puede llegar a considerarse bastante difícil en 40 años, o antes.

Creo que, conociendo las causas, si hay voluntad política, se pueden encontrar vías de solución. Por eso no se si, en los últimos 40 años, nuestros políticos no han tenido conocimiento de las causas o, si conociéndolas, no han podido, no han querido o no han sabido aplicar las medidas correctoras necesarias.

 Expondré el problema de la disminución de la fecundidad en España, intentando mostrar las causas por las que en el año 2017 se ha llegado a esa cifra tan baja de 1,31 hijos por mujer en edad de procrear (entre 15 y 49 años), según datos provisionales del INE publicados el 19 de junio de 2018^[1] y aportaré las medidas paliativas que creo posibles. En el año 1981 el índice de fecundidad era del 2,04, no era tampoco bueno teniendo en cuenta que el reemplazo generacional se logra con un índice de 2,1 como mínimo, pero se acercaba a lo adecuado. Desde entonces la tendencia ha sido descendente, salvo algún tímido repunte entre los años 2002 y 2008, pero sin superar el índice de 1,44 del año 2008. Esto supone más de 35 años de un bajo número de nacimientos anual y en consecuencia una pirámide poblacional descompensada. El catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid D. Rafael Puyol Antolín, en su comparecencia ante el Senado el 12 junio 2017^[2] afirmaba:

Con un valor de 1,3 constante, y con ausencia de inmigración, o con inmigración negativa, eso supondría una reducción del 50% de la población en 45 años. En cambio, con 1,7 hijos por mujer y con una inmigración moderada, podríamos garantizar la estabilidad de nuestra población. (Puyol 2017)

También expondré el inquietante problema del envejecimiento. Hoy día la edad de 65 años es referencia para determinar la proporción según la cual se considera que una población está envejecida (eso se determina cuando el 10% de la población registrada es mayor de 65 años). Según datos aún provisionales, el porcentaje de personas mayores de 65 años es 19,3% de la población residente, sin embargo, el de jóvenes menores de 16 años es un 15,7% de la población residente total, cuando en el año 1970 era un 30% y en 1998 rondaba el 25%^[3]. Es decir, actualmente tenemos un alto nivel de envejecimiento y la proyección de futuro, si todo sigue igual, es que en el año 2031 habrá 812.412 residentes menos y la desproporción entre población joven y mayor de 65 años se habrá incrementado, pasando la población menor de 16 años a constituir el 9,68%, mientras que la población mayor de 65 supondrá el 25,6%^[4].

 La disminución y el envejecimiento de la población tienen consecuencias en muchos aspectos. Uno de ellos es la despoblación de extensas zonas de nuestro país, como puso de manifiesto el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza D. Francisco Burillo Mozota, en su comparecencia ante la Comisión Especial del Senado sobre la evolución demográfica en España (12 junio 2017)^[5]. El señor Burillo mencionó en dicha comisión las causas de la despoblación:

…las deficientes infraestructuras de carreteras, ferrocarril y comunicaciones e Internet, la orografía, el clima, la lejanía a los centros donde se concentran los servicios, la falta de inversiones en proyectos de desarrollo sostenible y en investigación de desarrollo rural, etc….

Pero la despoblación no se queda en un mero hecho estadístico, como indicó el citado catedrático tiene graves consecuencias sobre el patrimonio inmaterial: desaparición de nuestras tradiciones y modos de vida, deterioro del medio ambiente, de la custodia del territorio y del patrimonio.

Otro efecto importante del envejecimiento de la población es el incremento de la tasa de dependencia^[6] y de la dependencia senil^[7]. Tampoco puedo dejar de señalar los efectos que se están produciendo en el sistema socio-sanitario y en el sistema público de pensiones.

Por otro lado, el envejecimiento está íntimamente ligado al aumento de la longevidad, hecho que se puede considerar positivo, ya que gracias a la calidad de nuestra sanidad no solo se ha prolongado la esperanza de vida, también se ha incrementado la calidad de vida de los mayores. Hoy día una persona de 65 normalmente está en buen estado de salud, de tal manera que puede ser conveniente revisar la política laboral en el sentido de flexibilizar los tiempos de la jubilación según las profesiones, y adaptar las condiciones laborales y salariales para los que deseen voluntariamente seguir activos. Estas opciones podrían aliviar algo al agobiado sistema actual de pensiones.

En cuanto a la influencia del envejecimiento de la población en el sistema de bienestar, pienso que no es determinante todavía, hay otros problemas estructurales, económicos y sociales que actualmente tienen mayor peso en el mantenimiento del sistema de bienestar. Aunque, si la tendencia de la composición demográfica no cambia, puede llegar a convertirse en el principal problema. Evidentemente los gastos en sanidad, dependencia, centros de atención, pensiones, etc. son mayores debido al envejecimiento actual, pero hay otros factores relativos a la economía, el mundo laboral, la globalización, la pobreza, etc. que hoy día influyen más decisivamente en nuestro estado del bienestar.

 Algunos pueden pensar que haciendo incrementar la inmigración podemos solucionar nuestro problema demográfico. No es del todo cierto. El economista y profesor Albert Banal-Estañol de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona indicó que

En España, los niveles de migración necesarios para el reemplazo de la población se hacen imposiblemente grandes y por ello las políticas sociales sobre natalidad son más una necesidad que una opción^[8].

Las cifras de 2017 de movimientos migratorios arrojaban un balance positivo de 164.604 personas, con una inmigración de 532.482 procedente del extranjero y una emigración 367.878 con destino al extranjero (datos a 1 de enero de 2018), alcanzando la cifra provisional de 4.572.055 inmigrantes, que supone el casi el 9,8 de la población total. La emigración de españoles al extranjero ese mismo año tuvo un saldo negativo de  9.627^[9], que supone una mejoría respecto a años anteriores, pero la salida total de población española, sobre todo jóvenes bien preparados, aun constituye una pérdida que se tardará en recuperar. No obstante, estos movimientos migratorios al extranjero por un lado son muy dependientes de la coyuntura económica global, y por otro tienen su lado positivo ya que cuando esa juventud regresa al cabo de los años lo hace en su mayoría con una mayor formación y experiencia y con una red de relaciones muy aprovechable.

 Como se verá más adelante, estas cifras de migración, de mantenerse, suponen una solución, aunque tímida, para el nivel de reposición poblacional necesario, y para mantener un sistema de pensiones adecuado, siempre y cuando la oferta de trabajos de los empresarios sea suficiente y el índice de fecundidad recupere por lo menos las cifras de los años 80 del siglo pasado. Lo cual me posicionaría parcialmente en contra de la pesimista postura del profesor Albert Banal-Estañol anteriormente mencionado. La evolución prevista, teniendo en cuenta un escenario central, supone un saldo positivo migratorio de 56.510 en el año 2030 y 80.449 en el año 2065, los escenarios de baja natalidad y alta migración en el año 2030^[10] harían que la población residente en España se encontrara entre los 45.577.324 y los 46.223.786 habitantes, pero más envejecida si, como he mencionado antes, no se corrige además el problema de la baja fecundidad.

 Ahora bien, si la inmigración alcanzara los índices necesarios para cambiar las tendencias demográficas, en 50 o 60 años se podría dar el hecho de que las futuras generaciones de españoles deberían convivir con costumbres y formas de vida propias de culturas cuya integración en nuestra sociedad es más difícil, cuando no rechazada. No obstante, esto puede ser una de las consecuencias ineludibles de la globalización, como menciona D. Juan Antonio Fernández Cordón, Doctor en Ciencias Económicas y Experto-Demógrafo por la Universidad de París, en su artículo del 4 de julio de 2018 en la revista digital “Economistas frente a la crisis” (https://economistasfrentealacrisis.com/natalidad-cual-es-el-problema//):

La inmigración ha compensado el déficit de nacimientos: la población ha seguido aumentando hasta la irrupción de la crisis económica y el indicador de envejecimiento demográfico se sitúa todavía por debajo de la media europea. En el contexto actual, de inmigración abundante, no existe ninguna razón para que, si se genera una demanda de trabajo suficiente por parte de las empresas, no aumente el número de ocupados y no crezca el PIB. La inmigración, que, por supuesto, debe ser regulada, es una realidad a la que no pueden escapar los países europeos, y entre ellos España, porque representa una forma de globalización de los determinantes de la población mundial y la única respuesta a corto plazo a las políticas que han conducido a niveles muy bajos de fecundidad.”

Los aspectos demográficos mencionados hasta ahora no nos deben conducir al desánimo. Se puede ser moderadamente optimista si sabemos dar los valores adecuados a las variables que tienen mayor influencia en nuestro problema demográfico. Y, como trataré de explicar más adelante, eso supone diseñar un conjunto coherente de políticas públicas, con visión a largo plazo que, superando las lógicas diferencias entre partidos políticos, logre la aplicación coordinada y continuada, aunque con las debidas adaptaciones, de esas políticas públicas. Todos los líderes políticos tienen el deber de mirar al futuro a largo plazo y, con la información adecuada, con generosidad y lealtad al pueblo, lograr un gran pacto de Estado que movilice los recursos necesarios para alcanzar el objetivo, si no de revertir la situación, que creo ya tarea imposible, si de corregir la tendencia de los indicadores demográficos, evitando un mayor envejecimiento y el incremento de la despoblación.

Zaragoza, 21 de agosto 2022

LUIS BAILE ROY