La razón y la mayoría son dos conceptos que podrían en algunos casos no ser incompatibles, pero lo cierto es que casi siempre lo son. Se ha asumido, equivocadamente en mi opinión, que nuestra “presunta democracia representativa” produce un “gobierno del pueblo y por el pueblo”, que ha superado las teorías ilustradas del “gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es decir, se ha admitido que la soberanía popular está bien representada en Las Cortes, porque se creé que nosotros, el pueblo, hemos dejado de ser un simple receptor de la acción de gobierno, para pasar a ser un sujeto activo de la soberanía a través de nuestros representantes. En paralelo a todo ello se ha dado por buena la idea de que “la opinión de la mayoría”, si es que eso existe, coincide con la de la mayoría parlamentaria.
Por eso, cuando mediante nuestra deficiente legislación electoral, se conforma una mayoría en el parlamento, sea cual sea su carácter y composición, se tiende a identificar precipitadamente la opinión de esa mayoría con la de gran parte del pueblo. Ese es el primer error sobre el que quiero llamar la atención porque, como he manifestado en numerosas ocasiones, a menudo es enorme la distancia que existe entre el parecer de los legisladores, normalmente expresado en forma de leyes, y el de gran parte de la sociedad que les ha elevado a tan alta dignidad.
Las soluciones para evitar ese problema que induce a la desafección y a prestar oídos a los populismos de todo signo, son varias y casi todas giran alrededor de la normativa electoral, de la ley de partidos, de los controles ex-post sobre el legislativo y el ejecutivo, de la iniciativas legislativas populares y de las consultas vinculantes. Pero, como todos sabemos, en nuestro sistema político todos estos mecanismos de mejora y perfeccionamiento de la democracia permanecen en el olvido de la mayoría de una perezosa sociedad que no los reclama y han sido interesada y reiteradamente vetados por unos políticos organizados en partidos poco democráticos, nada abiertos y casi nada representativos, que transformaron rápidamente nuestra incipiente democracia en una partitocracia.
Pero, en el muy improbable supuesto de que se lograra mejorar esta enfermiza democracia que nos ha tocado en suerte, quedaría por aclarar si la “razón” la tiene siempre la mayoría, sea parlamentaria o social, o puede estar en otra parte. Y me refiero a la razón definida como “verdad o acierto en lo que una persona dice o hace”, o a tener razón en el sentido de “estar en lo cierto»,de entre las muchas acepciones que tiene esa palabra. Plantearé dos casos que, cuando menos, suscitan dudas a este respecto y dejaré al lector que reflexione sobre ellos, si quiere, por supuesto.
El siguiente caso que quiero plantear es el de la supresión del delito de sedición del Código Penal, una exigencia de ERC para dar su apoyo a los presupuestos del año 2023, los más unánimemente cuestionados de los últimos 45 años, por tantas razones como exceso de déficit y deuda conllevan. La supresión de la sedición supondrá la introducción de un delito de desordenes públicos agravados, castigado con penas muy inferiores. Todo ello supuestamente motivado por un definitivo impulso para la modernización de estos tipos y para acompasarlos con Europa. Independientemente de la falsedad en las referencias a la tipificación en Europa de delitos semejantes a la sedición, el hecho es que una mayoría parlamentaria de 187 votos ha aprobado eliminar la sedición de nuestro Código Penal. Mi parecer al respecto en este momento es intrascendente, ahora se trata de que ustedes valoren, si quieren, si esa mayoría “lleva razón”, está en lo cierto o no.
Podría ponerles otros casos en los que me asalta la duda de si nuestros parlamentos, aquí y en otros países con democracias representativas, o liberales, están legislando conforme a “la razón”, o llevados por presiones confesables o no, evidentes u ocultas. Pero ahora quisiera plantear el supuesto, creo que bastante improbable, de que esa legislación coincida con la opinión de la mayoría social. ¿Deberíamos aceptar lo que esa mayoría del pueblo está dando como cierto, en coincidencia con la mayoría parlamentaria? ¿Debemos asumir que la mayoría social y parlamentaria “tiene la razón” y plegarnos, sin rechistar, a sus dictados?
La respuesta es evidentemente difícil, sobre todo en el primero de los casos expuestos, pues en él entran en conflicto el derecho natural y el derecho positivo, llevando al ciudadano a una suerte de contradicción que, como poco, le traerá de cabeza enfrentándole a sus convicciones morales. El segundo caso es de menor calado moral, aunque tenga su intríngulis ético, pero creo que cualquier español sabe perfectamente como se ha cocinado esa supresión de la sedición. A muchos nos repugnará el método y el resultado, a otros cuantos les parecerá bien, sobre todo a esos beneficiados que ahora ya están planteando modificar el delito de malversación.
Últimamente se están llevando al Congreso, parece que con cierta urgencia, no vaya a ser que se les acabe el tiempo de juego, una serie de leyes que bien podrían ahórraselas. Porque la experiencia previa de leyes semejantes en países de nuestro entorno han dado resultados nefastos y ya están sometidas a procesos de revisión, cuando no se tiran directamente a la incineradora. O porque, sencillamente, se oponen, con arrogante ignorancia y falta de humanismo, a criterios científicos, a evidencias biológicas, a consejos psiquiátricos y médicos, a asesoramientos legales o a la presunción de inocencia, entre otras cosas.
La señora Irene Montero, si tuviera algo de valor, podría convocar una consulta popular, por supuesto con el permiso de su jefe, para ver la aceptación que suscitan sus leyes del “solo si es si” o la “ley trans”. No lo hará, por supuesto, ella sabe perfectamente que en esos, como en tantos otros temas, la opinión mayoritaria le sería adversa. No es que la mayoría que le pudiera negar la aprobación pretendiera arrogarse la razón, pero a ella no se la iba a conceder, sencillamente porque no la tiene. Y no la tiene por muchas razones, unas científicas, otras legales y muchas morales, pero sobre todo porque ella, y sus asesoras más cercanas, adolecen del resabio de una ignorante intransigencia y de un orgullo tan fatuo, que le impide reconocer los verdaderos méritos que le llevaron a ocupar una cartera ministerial, por otro lado absolutamente prescindible. No se ni siquiera si puede reconocérsele el mérito de haber estudiado (supongo que psicológicamente, dada la carrera que cursó) a su expareja, Pablo Iglesias, como declaró Carla Toscano en tribuna parlamentaria hace unos días. Por cierto, declaraciones mucho más educadas y moderadas de las que suelen salir de la boca de ella y de su mecenas.
Para los que se decidan a reflexionar sobre los dos casos expuestos más arriba les dejo esta cita que encontré hace unos días pero que sintiéndolo mucho no me acuerdo dónde:
“La razón de la democracia es relativa, imperfecta; sin embargo, cuando crece el aprendizaje moral y científico de la mayoría de los votantes es posible llevarla al máximo nivel”.
Zaragoza, 27 de noviembre 2022
LUIS BAILE ROY
