TEORÍA DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN TELA DE JUICIO

A finales del siglo XX, la tendencia de muchas naciones de abandonar sistemas totalitarios o autoritarios para emprender el camino hacia sistemas democráticos era clara. Se elaboró entonces la conocida como teoría de la consolida consolidación democrática. Ésta sostenía que: una vez que los países desarrollan sus instituciones democráticas, una sociedad vigorosa y cierto grado de riqueza su democracia está asegurada.

Pero en las últimas décadas nuevos desafíos como la globalización, a menudo tan mal entendida, las crisis económicas cada vez más profundas, el terrorismo, la colosal acumulación de riqueza y patrimonio en una muy pequeña parte de la población mundial, la manipulación de la información en las redes sociales y en los medios de comunicación, los continuos y, a veces, masivos movimientos migratorios y el emergente populismo han llevado a la democracia representativa a entrar en una crisis no esperada por muchos.

La democracia representativa a la que se refería esa teoría de la consolidación democrática ha estado nadando muchos años en ese mar revuelto y quizás no la han sabido poner al día para poder responder a los retos que iban llegando. Los políticos se han aferrado a ese sistema, en el que tenían asegurada una carrera prácticamente vital. La dedicación a la política ha dejado de ser una cuestión vocacional de servicio, para pasar frecuentemente a constituir una forma de vida, una profesión y en algunos casos un refugio para gente incapaz. Claro que todo tiene un límite y los ciudadanos también porque, aunque a veces no lo parezca, saben distinguir entre un buen gobierno y el que no aplica los mejores remedios ante los problemas de un país.

Creo que, a pesar de todos los intentos de adormecer las mentes de los ciudadanos, al final todos llegamos a un punto en el que ponemos en solfa esa relación de confianza que se deposita en el representante político que elegimos mediante el voto. Nos damos cuenta de que ese vínculo que representa el voto no puede ser perenne. En las democracias representativas, durante el tiempo, que por ley transcurre entre elecciones, no nos queda otra que aguantar lo que haga el ejecutivo y el legislativo de turno y eso es una hipoteca que ya no consideramos justa.

Varios politólogos^[1] que han estudiado el fenómeno de la consolidación de las democracias, concluyen que esa teoría está actualmente muy cuestionada, pues se detectan señales de alerta para el mantenimiento de las democracias representativas tal y como las conocemos.

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[1] Yascha Mounk, Roberto Stefan Foa

CAUSAS DE LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

La crisis de la democracia representativa es debida, primero a la separación entre la ciudadanía y sus representantes. Esa separación se debe, por una parte, a una falta de sintonía en lo que a intereses reales se refiere y por otra, al incumplimiento de los compromisos adquiridos por los futuros representantes durante las elecciones, cuando no son presa del virus del “repentino cambio de opinión”, que suele afectar a todo aquel que quiere mantener su cuota de poder aún a costa de hacer el más estrepitoso ridículo intelectual.

 Otro factor importante que influye de manera decisiva en la crisis de la democracia representativa es el deterioro que están sufriendo los partidos políticos. Tampoco se puede obviar que, en bastantes ocasiones, la legislación que producen los representantes de la soberanía popular no está en consonancia con el sentir general de la población. Incluso, en ocasiones, los debates en la cámara de representantes no están en la línea de lo que los representados pueden estar considerando como sus verdaderos y prioritarios problemas o aspiraciones. A menudo, muchos de los temas debatidos en las cámaras son considerados de carácter distractor, cuando no de exclusivo interés de variopintos grupos de presión que, sin contar con la suficiente representatividad ni legitimidad democrática, poseen herramientas con las que ejercer una fuerte presión, legal o no, sobre los partidos políticos.

 Todas las disfunciones citadas a colación de la crisis de la democracia representativa son también en gran medida consecuencia de los defectos de nuestro mejorable sistema electoral. Aunque soy consciente de que estamos llegando a un estado de las cosas en el que, quizás, un cambio en el sistema electoral no deje de ser más que una fase intermedia para llegar a un cambio más profundo de nuestro sistema político, pero seguramente es una fase necesaria.

Con todo ello no pretendo cuestionar en su totalidad el concepto de la democracia representativa, ni mucho menos su sustitución por el de la democracia directa, en absoluto. Es evidente que la democracia representativa de los Estados democráticos modernos es un sistema para tener aún muy en consideración para poder ordenar la vida política de una manera más o menos acertada. Un sistema político basado exclusivamente en la democracia directa, como se dio en la antigua Grecia, sería inviable en la actualidad, aunque solo sea por cuestiones de geográficas y demográficas evidentes. No obstante, no se puede negar que, en algunos ámbitos sociales y en ciertos niveles de organización política la democracia directa puede ser viable.

Ante las crisis lo normal es ponerse a buscar soluciones y en el caso que nos ocupa se plantea como una de ellas lograr un mayor control de los ciudadanos sobre los partidos y los gobernantes. Actualmente el único control relativamente eficaz del ciudadano es el que ejerce en las elecciones y este es un control a posteriori del que solo se dispone habitualmente cada cuatro años. Entre tanto, los representantes y el ejecutivo pueden hacer de su capa un sayo y, de hecho, por lo menos últimamente, lo están haciendo. Los pocos y deficientes métodos de control contemplados en la legislación actual tienen, prácticamente, un carácter restringido, cuando no testimonial.

LOS VICIOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ACTUAL. SOLUCIONES

En la búsqueda de una democracia mejor, una democracia representativa que supere su crisis, hay propuestas que se basan en dar una mayor cabida a la “participación ciudadana” en el proceso de toma de decisiones. Estas propuestas se centran mayoritariamente en potenciar las instituciones de democracia participativa. Instituciones que, evidentemente, deberán estar sujetas a una normativa adaptada al ámbito territorial donde vayan a ser aplicadas y a la temática. No tiene por qué ser igual la forma de presentar y debatir una iniciativa popular en un pequeño municipio que a nivel estatal; tampoco tiene por qué requerir las mismas condiciones una iniciativa en el ámbito de la legislación ordinaria, en el de las leyes orgánicas o en el constitucional.

No se trata de sustituir o eliminar la democracia representativa, se trata de resolver la crisis que le afecta, llevándola hacia la transformación necesaria para dotar a los ciudadanos de unos controles “ex ante” y “ex post” basados en las instituciones de la democracia participativa, de las que se han dotado en otros países y en ámbitos subestatales, municipales sobre todo e, incluso, supraestatales.

En adición a todo ello considero que, la deficiente categoría intelectual, incluso la escasa capacidad, de los políticos que actualmente nos representan y dicen dirigir los destinos de nuestra nación, les lleva en muchos casos un estado inseguridad que les aboca a posturas autoritarias, a gestos irracionalmente altivos y a evitar en lo posible el debate calmado y racional con aquellos que defienden posturas diferentes y, sobre todo, a obviar absolutamente cualquier tipo de consulta a unos ciudadanos, a los que consideran huérfanos de criterio racional. De ahí que, aunque las cuestiones que se debatan en las cámaras de representantes sean de gran importancia para la forma de entender y afrontar la vida por parte de los ciudadanos, los representantes y el ejecutivo se hayan acostumbrado a evitar cualquier consulta y a estimar que sólo sus debates tienen validez y pueden ser considerados idóneos para dar legitimidad a las normas que han de regir a la sociedad cuando, a menudo, esos debates suelen ser huecos, faltos de fundamentos lógicos y éticos y frecuentemente limitados a extemporáneas discusiones, huérfanas de las mínimas normas de educación y no digamos de la dialéctica más elemental.

El ejecutivo y también el legislativo cada vez se alejan más del sentir de los electores y, para enmascarar ese hecho, se dan descaradamente a la manipulación informativa a fin de influir en la opinión pública pretendiendo llevarla a su ascua. Esa deficiencia les impide considerar la posibilidad de facilitar a los representados la capacidad de introducir en la agenda política los temas que a ellos les suscitan máxima preocupación.

Pero un efecto aún más peligroso, y que también es debido a la baja calidad intelectual, sobre todo en el caso de un político con ciertas responsabilidades, es el no sentir ni el más mínimo atisbo de inseguridad o duda en sus actuaciones. Estamos entonces ante seres injustificadamente prepotentes, que superan con creces las actitudes autoritarias insertas en las situaciones descritas más arriba, rayando ya con lo paranoico.

Además, según estimaciones hechas en el entorno de la UE, España se ha consolidado como el primer país de la Unión Europea por número de políticos y cargos de designación política. La cifra podría alcanzar los 400.000 en activo si se incluyen asesores, cargos de confianza, asistentes parlamentarios, cargos en CCAA, diputaciones, mancomunidades, comarcas y en empresas públicas. Duplicamos el número de políticos de Italia y Francia y cuadruplicamos el número de Alemania, todos ellos países con más habitantes que el nuestro, sobre todo Alemania. Todo ello tiene un coste muy importante para las arcas del Estado y por añadidura es un gasto difícil de reducir pues se trata, en gran parte, de redes clientelares tejidas por los partidos para su mayor gloria y permanencia en el poder.

Son cifras descomunales a las que habría que añadir las de las ONG,s, fundaciones y asociaciones de diverso tipo, todas ellas con sus particulares afinidades partidarias. Organizaciones que reciben con cierta regularidad subvenciones del Estado a pesar de que, en algunos casos, sus actividades rayen con lo ilegal, no demuestren la eficacia de su labor y el empleo de los fondos recibidos no sea ni transparente, ni acorde a sus supuestas finalidades.

Centrándome en nuestra Nación, creo que la democracia que tenemos no es perfecta, ni siquiera es de mediana calidad, pero si se adoptaran las normas adecuadas para introducir en nuestra cultura democrática las instituciones de democracia participativa, junto a una más segura y verdadera separación de poderes y una reforma del sistema electoral, seguramente podríamos llegar a gozar de una democracia más acorde con los esfuerzos que el pueblo español ha hecho para merecerla desde hace más de un siglo. Podríamos tener una democracia que no solo sirviera para dar empleo a personajes de dudosa valía y para pagar la inmensa nómina de unos partidos hiperdimensionados y de unas asociaciones, fundaciones y ONG,s de diverso signo y diferente valía.

En definitiva, podríamos llegar a contar con una democracia, con todas las letras, no con una partitocracia, una democracia con recursos para acabar con la rémora de la desbocada corrupción que soportamos los españoles dolientes.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Hay muchos tipos de instituciones para la participación de los ciudadanos en la vida política de una sociedad. Por de pronto, según la vinculación que tenga sobre los poderes públicos, podemos encontrar instituciones de democracia directa y las de democracia participativa propiamente dicha. Las primeras se caracterizan porque la opinión expresada por los ciudadanos es vinculante y en las segundas no lo es en principio. De manera general, en las instituciones de democracia participativa la última palabra, sobre la propuesta presentada mediante iniciativa popular, la tiene el poder legislativo y por lo tanto se podría decir que la institución participativa tiene, en principio, escasa importancia.

Entre las instituciones de democracia participativa podemos distinguir:

• La Iniciativa Legislativa Popular de carácter indirecto. En este caso la propuesta, una vez recogidas las firmas en tiempo y forma, puede llegar a ser debatida en el Pleno Parlamento, en caso de superar las etapas de un proceloso proceso por la mesa del Parlamento, la Comisión correspondiente, etc. pudiendo al final ser aprobada o no. Por lo tanto, la iniciativa no tiene carácter vinculante. Este es, por ejemplo, el caso español.

• La Iniciativa Legislativa Popular vinculada a referéndum en caso de rechazo parlamentario. Hay países en los que, de resultar rechazada por el Parlamento la proposición de la ILP es obligatorio convocar un referéndum vinculante para resolver la divergencia surgida entre los ciudadanos que presentaron la iniciativa y la cámara. Esta última modalidad está más próxima a la democracia directa al vincular finalmente a los poderes públicos.

• El referéndum. En este caso la consulta no puede ser convocada por iniciativa popular, mediante la presentación de un determinado número de firmas, solo puede ser convocado por el ejecutivo que, además, normalmente no estará vinculado por los resultados de este.

DEMOCRACIA DIRECTA

Las instituciones de democracia directa en la actualidad no son evidentemente iguales, ni siquiera parecidas, a las que rigieron los destinos de Atenas en el siglo VI antes de Cristo. Ni las características de las sociedades actuales son iguales a las de entonces, ni las dimensiones de la población de aquella “Polis” son comparables con las de las comunidades actuales, por eso las instituciones de los sistemas democráticos que rigen actualmente nuestras sociedades no son comparables a aquella primigenia democracia directa. Pero, en algunas de las actuales democracias representativas sí se han puesto en práctica ciertas formas participativas que se pueden considerar propias de la democracia directa, en el sentido de que la opinión de los ciudadanos es frecuentemente solicitada cuando se trata de aspectos determinados de la política y ese parecer se considera vinculante, tanto para el poder ejecutivo como para el legislativo. Con la aplicación de esas herramientas, las Asambleas, Cámaras o Parlamentos no son sustituidos ni eliminados, los representantes siguen ejerciendo su labor legislativa y de control del legislativo, pero se da paso a una decidida implicación de los ciudadanos en la producción legislativa y en el control de los cargos públicos.

Dentro de este grupo de las instituciones de democracia directa se pueden mencionar:

• La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de carácter directo. Esta modalidad se caracteriza porque, una vez que se ha cumplimentado el requisito de la recogida de un determinado número de firmas, en un periodo de tiempo determinado, la propuesta debe ser obligatoriamente sometida a la consideración de toda la ciudadanía con capacidad de voto y se convertirá en ley en caso de obtener un resultado favorable. Es también llamada Iniciativa Legislativa Popular vinculada a referéndum.

• La revocación de cargos electos. Tras la pertinente recogida de firmas sobre la propuesta para la revocación de un cargo público, y si se llega al mínimo número de firmas, se debe convocar obligatoriamente un referéndum al efecto y, de resultar aceptada la revocación el cargo público cesará en su cargo.
• Referéndum obligatorio. Esta institución de democracia directa, establecida en las leyes de algunos países como Australia o Suiza, consiste en que determinadas decisiones legislativas tienen que ser obligatoriamente sometidas a referéndum, cuyo resultado será vinculante para los poderes públicos.

• Referéndum abrogatorio. Supone que la iniciativa, una vez recogidas las firmas exigidas en el plazo determinado por la ley, deriva en la convocatoria un referéndum obligatorio para votar la revocación vinculante de una ley ya aprobada por el Parlamento.

El caso más paradigmático de democracia directa o, mejor dicho, lo más próximo a lo que hoy día podríamos considerar una democracia directa es Suiza. En ese país, sin dejar de ser una democracia formalmente representativa, la ciudadanía cuenta con unas facultades específicas para participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, con sólo reunir 100.000 firmas una ILP debe ser sometida a referéndum, de la misma manera que pueden rechazar, mediante referéndum abrogatorio, una ley previamente aprobada por el parlamento, siempre y cuando la referida ILP no sea inconstitucional o viole el derecho internacional.

CONCLUSIÓN

Sea como sea, la necesidad de una mayor participación de los ciudadanos en aras a mejorar una democracia representativa, que tan cuestionada está actualmente, es patente. De una forma u otra, mediante un mayor uso de las TIC, de lo que trataré en el próximo artículo, o por el empleo de métodos más tradicionales como los indicados más arriba, la democracia participativa se tendrá que ir abriendo camino porque cada vez importa más, o debería importar, el “cómo se gobierna” que “quién gobierna”.

 Norberto Bobbio distinguía dos criterios para diferenciar el buen gobierno de la mala gestión. El primero: “el buen gobierno es el del gobernante que ejerce el poder de conformidad con las leyes preestablecidas e inversamente el mal gobierno es el de quien ejerce el poder sin respetar ninguna ley, sino la de su propio capricho”. El segundo: “el buen gobierno es el del gobernante que hace uso de su poder para perseguir el bien común, el mal gobierno es el que hace uso de la facultad de perseguir su propio bien”. Según el primero la política degenerada da origen al autócrata: “caballero que da ley en sí mismo”. Con el segundo principio se puede distinguir al tirano: el que usa el poder para satisfacer sus propios placeres”.

Posiblemente estemos sufriendo en España el efecto de ambos casos de la política degenerada. Y eso lo vamos a pagar, nada sale gratis. Y lo pagaremos más pronto que tarde si no le ponemos remedio rápidamente, si no ponemos pie en pared a estas «élites» tan corruptas.

Mediante la democracia participativa, en cualquiera sus vertientes, al menos en principio, se puede controlar la manera de “cómo se gobierna”, además de elegir “quién gobierna. Se trata de intentar evitar la casi natural tendencia de muchos gobernantes a la autocracia y la tiranía, aunque sean con aspecto democrático.