El 16 de octubre de 2023, pasadas las inoportunas elecciones del 23 de julio, después del fracasado intento de Alberto Núñez Feijóo por ser investido como presidente de gobierno y esperando el resultado de las negociaciones de Pedro Sánchez, el segundo candidato a la investidura, con los partidos que pudieran llevarle de nuevo a La Moncloa, comencé a realizar un nuevo estudio sobre la necesaria, diría incluso que imprescindible, reforma del sistema electoral español y sobre algunos aspectos más de nuestro sistema político actual.

En esos 21 días el ambiente político se ha ido caldeando hasta el punto de darme la sensación de estar respirando un aire enrarecido, casi viciado.  Lo que ha ido aconteciendo en esos días es difícil de resumir, porque han sido una sucesión de barbaridades que se iban superando a medida que pasaba el tiempo.

Por un lado, el candidato a la investidura tenía que negociar con SUMAR, partido que había aglutinado, nada menos que, a 20 partidos de ámbito estatal y autonómico bajo el liderazgo de Yolanda Diez, vicepresidente segunda en el hasta ahora último gobierno de Pedro Sánchez. No creo que esos acuerdos les resultasen muy difíciles a los negociadores del PSOE, porque ya habían estado gobernando en coalición con buena parte de los actuales componentes de SUMAR y habían tenido el apoyo parlamentario, casi permanente, del resto de los integrantes del nuevo partido de extrema izquierda. Además las posturas ideológicas actuales del actual PSOE, hecho a medida de las necesidades de su “líder”, estaban muy próximas al populismo izquierdista de SUMAR.

La cercanía de ambos partidos llegaba al extremo de que la líder de este último partido fue a negociar la investidura de Sánchez con el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, un fugado de la justicia española residente en Waterloo (Bélgica) y eurodiputado. La situación judicial de Carles Puigdemont y los otros dos fugados (Clara Ponsatí y Toni Comín) era muy incierta, pues el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) les había retirado la inmunidad parlamentaria a principio del mes de julio de 2023 y estaban pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el recurso presentado ante esta última instancia judicial.

A pesar de todo, la vicepresidente en funciones siguió adelante con una acción impropia de un miembro del ejecutivo en funciones, maniobra que constituyó un evidente desprecio al poder judicial, legitimando al fugado a costa de un mayor descrédito para un gobierno que carece de él, y de toda España. Sánchez miraba para otro lado, ni negaba ni admitía haber hecho tal encargo a Yolanda Díaz. En congruencia con el silencio del que otorga no la cesó de su cargo en el gobierno, y muchos españoles dedujimos entonces que ambos estaban de acuerdo.

Como era de suponer, poco tardaron ambos partidos en ponerse de acuerdo, el 24 de octubre ratificaron un pacto de gobierno de coalición con «piquito tipo Rubianes» incluido, que constaba de más de 230 medidas, muchas de las cuales ya estaban en el acuerdo posterior a las elecciones del 10 N de 2019, lo que puede dar una idea de la velocidad de ejecución que desarrollaron los gobiernos que se sucedieron desde aquel pacto entre PSOE y Podemos, del 30 de diciembre de 2019.

Por otro lado, Sánchez y su círculo más cercano encaraban unas negociaciones con unos partidos de ámbito regional, partidos cada vez más radicalizados en sus reivindicaciones. En orden de menor a mayor dificultad negociadora, según mi criterio, se encontrarían primero con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Éste partido de derechas, racista, muy católico y, hasta ese momento, predominante en la mayoría de las instituciones vascas, siempre había preferido permanecer detrás del nogal para salir a recoger los frutos en el momento adecuado. Mantendrán sus objetivos soberanistas pero, además, buscarán también la recompensa crematística, que luego podrán manejar, con maestría casi mafiosa en su terruño, como ha hecho durante lustros, aunque ahora tendrá que ser con el permiso de EH BILDU.

Le seguían en orden de dificultad negociadora EH BILDU y ERC. La verdad es que, en un principio, no sabía a cuál dejarle el segundo puesto, pero me incliné por el partido de extrema izquierda vasco, porque me daba la sensación de que ya tenía recorrido parte del camino y lo habían hecho de la mano del PSOE de Sánchez o, por lo menos con su apoyo. Llevan mucho tiempo empleando una misma estrategia a largo plazo y no les había ido nada mal. Entre otras cosas en las elecciones generales del 23 J casi habían alcanzado el número de votantes que obtuvo el PNV, solo les han separaban unos 1.100 votos, cuando en las autonómicas de 2020 les separaron unos 100.000 votos. Además, las negociaciones con el PSOE de Sánchez siempre les habían salido bastante bien, tanto en los pactos por el gobierno de Navarra, como en el tema del acercamiento de los presos etarras, en la salida de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra, o en la retirada de agentes de campo del CNI en el País Vasco, etc. En resumidas cuentas, ambos partidos parecían estar encantados de haberse conocido.

El siguiente partido en la escala de dificultad negociadora era Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Partido éste rival en Cataluña del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE), pero habitual e histórico colaborador del PSOE a nivel nacional. Debido a que, en las elecciones del 23 J, había quedado muy por detrás del PSC (21,3 % votos menos que el PSC), y a que había perdido unos 412.000 votos respecto a las generales de 2019, supuse que endurecería su postura, más que nada por recuperar posiciones dentro del campo independentista. Por ello, a la irrenunciable amnistía, necesaria para recuperar para la vida política a sus correligionarios e, incluso, a los terroristas Comités de Defensa de la República (CDR), ERC añadió la exigencia de la celebración de un referéndum vinculante de autodeterminación. Pero esta última condición la matizó con la presentación de una propuesta en la que incluyó cinco fórmulas,  nada menos, para su celebración. Aunque, ellos se decantaban, por supuesto, por la fórmula de referéndum vinculante y de ámbito autonómico, que eran precisamente las formas inconstitucionales. ERC quería, además, las competencias en Cercanías y acabar con déficit fiscal de Cataluña. Aún teníamos mucho por ver.

Para Sánchez, la preocupación se centraba en las dos primeras condiciones de ERC para dar su voto afirmativo en la investidura, las demás, aunque eran muy importantes y onerosas para el resto de los españoles, a él no le suponían ningún quebradero de cabeza. En cuanto a la exigencia de una ley de amnistía, tampoco parecía suponerle demasiados problemas porque, aunque se tratara de una ley en principio inconstitucional, dado que ya tenía tomado el Tribunal Constitucional (TC). Más complicado tenía el PSOE, aunque fuera el de Sánchez, prometer, y que le aceptaran los independentistas, la convocatoria de un referéndum que, según la Constitución, debía ser consultivo de todos los ciudadanos (CE. Artículo 92.1), fórmula muy alejada de la preferencia de ERC, con la que este partido quería contentar a sus votantes más independentistas.

Por fin llego al hueso aparentemente más difícil de roer, a Junts x Cat, el partido separatista del prófugo Puigdemont, apodado jocosamente como “Tocomocho”. Este partido, por supuesto, exigió en primer lugar la ley de amnistía, como condición previa a su voto afirmativo en la investidura. La otra exigencia de Junts x Cat, al igual que ERC, fue la del referéndum de autodeterminación, pero en su caso, no planteaban posibles alternativas, ni nada que se le pareciera. Simplemente se enrocaron en un referéndum de independencia decisorio, es decir vinculante y efectivo, celebrado únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La tercera exigencia de Junts x Cat es que se normalizara el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso de los Diputados. Una exigencia que se satisfizo rápidamente, incluso saltándose todos los procedimientos parlamentarios para la realización de los cambios necesarios en el reglamento del Congreso. A Sánchez no le costó absolutamente nada saltarse la normativa, por supuesto, tiene cara para eso y para mucho más y, además, contó con la colaboración de la Presidente del Congreso, de la mesa de este y el apoyo de lo que, si no se encontraban remedios, iba a ser el Frente Disolvente, constituido por PSOE, SUMAR, los partidos independentistas y algún que otro partido de ámbito regional.

Otras reivindicaciones que, de momento, eran objeto de debate en el Parlamento Catalán y en las sedes de los partidos independentistas no fueron sido incluidas en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, para ir utilizándolas a posteriori a lo largo de la legislatura.

Después del Comité Federal, Pedro Sánchez sólo tardó dos días en enviar al secretario de organización de su partido a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont. El 30 de octubre, sin demora, Santos Cerdán se sentó frente al que ya llamaban “president”, bajo una inmensa fotografía de una multitud blandiendo una urna de las utilizadas en el ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017. Vaya recochineo y humillación. Por supuesto lo hablado fue silenciado, como siempre la característica opacidad del partido socialista se impuso a la lógica necesidad de conocer de los españoles.

Después de esa entrevista, aparentemente cordial, y en la que se escenificó el más vergonzoso sometimiento del gobierno español a un fugado de la justicia, podíamos suponer que Sánchez iba a lograr su objetivo. Pero no se podía adivinar cuando, porque la competición entre los dos principales partidos independentistas catalanes, por ver cuál de ellos humilla más al Estado español y obtiene más inmerecidas prebendas, no estaba acabada.

Al día siguiente, como si estuviera todo bien medido para ningunear a la casa real, se iba a celebrar el acto de juramento de la Constitución por parte de la Princesa Leonor. A ese acto, como viene siendo habitual, no acudieron los presidentes de las Comunidades Autónomas Vasca y Catalana, ni los diputados de ERC, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Junts x Cat, EH Bildu. De SUMAR sólo se presentaron cuatro diputados a título de representación, una rara concesión a la cortesía institucional que se podían haber ahorrado. Una actitud que les define a todos ellos y que es congruente con su explícito odio a todo lo que suene a español, pero que es normal en personas capaces de retorcer hasta el esperpento el sencillo juramento que se les exige para ocupar sus escaños. Lo malo es que se les permite realizar el juramento como diputados de esas maneras tan ridículas como ilegales, en lugar de impedirles recoger su acta de diputados.

Pasado el día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, empezaba la competición entre los dos principales partidos independentistas catalanes. ERC anunciaba el acuerdo de investidura que había cerrado con el PSOE, en el que se incluía la vieja reivindicación del traspaso de las Cercanías de Renfe en Cataluña a la Generalitat de Cataluña y la asunción de14.662 millones de la deuda de la comunidad autónoma. En el traspaso de Rodalies se incluía hasta la infraestructura, algo hasta hacía una semana ilegal según la ministra del ramo. Puede que ahora, con recochineo, tengamos que pagar peaje por los trenes de mercancías o de medio y largo recorrido que circulen esas por vías. Los del inmenso e indultado Junqueras volvían a lograr protagonismo, en su continua pelea mediática con Junts x Cat, pero siempre a costa de un contribuyente español utilizado por Pedro Sánchez a su antojo y para su mayor gloria.

Como era de esperar Puigdemont, decidió demorar la firma del acuerdo para investir a Pedro Sánchez. Ahora quería seguridad de que la ley de amnistía iba a amparar a todo aquel independentista que tuviera cuentas pendientes con la justicia, ¿de quién estaban hablando? No lo decían claro pero Turull, secretario general de Junts decía: “hemos trabajado mucho, no dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para VIPS”. Cuál será la siguiente humillación, que tendremos que soportar los españoles, ¿quizás la amnistía para el “clan Pujol”?

No lo hemos visto todo aún. Quizás ahora empiecen algunos a darse cuenta de que el sistema político, en el que se revuelcan esa gente que se dicen nuestros representantes, no es el que nos hace falta, que ni siquiera es medianamente bueno.

Ahora, mientras esperamos las últimas exigencias de Puigdemot, en su carrera para superar a ERC en la humillación al Estado español, le va llegando la hora a un PNV que, hasta ahora, ha estado observando y relamiéndose. Esperamos impacientes las ocurrencias de Ortuzar, personaje bastante más levantisco que los seguidores del actual Leendakari, Iñigo Urkullu, un tanto mosqueados éstos por el amenaza de REPSOL de recortar inversiones en España, especialmente en el País Vasco, si el impuesto extraordinario a las energéticas se convirtiera en definitivo, según se desprendía del pacto entre PSOE y SUMAR. En concreto, desde Petronor, compañía participada al 100 % por REPSOL, se advertía de que quedaban paralizados dos grandes proyectos que afectaban al País Vasco, uno el de la fábrica de combustible sintético, y otro el del electrolizador de 100 megavatios para la descarbonización de la refinería de Muskiz (Vizcaya). Desde el sector más pragmático del PNV, ese aviso se veía con mucha preocupación, porque a él podían seguirle otros de diferentes grandes empresas que tienen inversiones en la región, y donde ellos tienen colocados a sus peones con el fin de obtener pingües beneficios. Pero la preocupación por las consecuencias que pudiera acarrear la inestabilidad jurídica, debida a las políticas del posible gobierno de coalición PSOE-SUMAR, era superada por su obsesión refractaria a un gobierno del PP con VOX. Para ellos la ensoñación soberanista supera al miedo cualquier riesgo en lo económico, al fin y al cabo, para eso tendrán a Sánchez en La Moncloa, para seguir mangoneando a su gusto en el terruño.

Cuando Puigdemont haya logrado de Sánchez la concesión de todas sus exigencias, cuando todo lo tenga escrito, firmado y rubricado, saldrá Ortuzar con su calma, con su cansino andar y su cara de bulldog, a colocar los puntos sobre las íes al modo vizcaíno.

Pedro Sánchez sabe que, si no ha sido designado presidente antes del 27 de noviembre, habrá nuevas elecciones, por eso entre unos y otros le van a estar exprimiendo hasta el límite, hasta tenerlo de los nervios, para sacarle hasta las entretelas. Saben que su falta de moralidad y su excesivo ego, rayano con la psicopatía y su obsesión por perpetuarse en el poder, a imagen y semejanza de los líderes de las “democracias más populares”, les da ventaja.

Hasta donde esta humillación. De alguna manera habrá que parar esta sinrazón, …..Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?