El domingo pasado estuve en otros menesteres y abandoné la sana costumbre de seguir dándole al martillo pilón. Pero lo he cogido de nuevo para seguir con la cepa de pilotes, al fin y al cabo, sobre una buena cepa de pilotes se pueden arriostrar los traveseros y las vigas adecuados, echar el emparrillado y el tablero encima; todo con la finalidad de abrir un camino que de paso a las personas de bien por encima de esta riada de despropósitos cometidos por esta “élite” desnortada y amoral.

El último domingo traté de las políticas de inmigración, vivienda y conciliación de la vida laboral y familiar. Algunas cosas dejé en el tintero, sobre todo en lo referente a la política de vivienda, pero ese tema ya lo he tratado en otras ocasiones más ampliamente y amenazo con volver a hacerlo. Hoy abordaré otra de las políticas que también influyen en la situación demográfica que estamos padeciendo: la de educación.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En Europa hay desde hace algunos años un creciente interés por la educación infantil y las instituciones que la tienen como objetivo. Los cambios que se han producido en la sociedad, como la incorporación de la mujer al mercado laboral, las formas de vida familiar y laboral, el incremento de familias monoparentales y de las desestructuradas, las distancias entre el domicilio y el lugar de trabajo, la despoblación rural, entre otros, están determinando la necesidad de conseguir una educación infantil que responda al aspecto asistencial por un lado y al educativo por otro aunque, desde mi punto de vista, se está dando prevalencia al segundo. Pero es evidente que no se puede descuidar el aspecto asistencial que la sociedad actual reclama, para facilitar la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. Además, hoy día mucho más que hace 40 o 50 años, es preciso animar el proceso de socialización de los niños, integrándolos en un grupo de iguales en el que compartan espacio, experiencias, sensaciones, desarrollo de sus capacidades y que a la vez aprendan a reconocer, convivir y respetar las diferencias existentes entre ellos en todos los sentidos.

Hay un acuerdo casi unánime en que la educación infantil debe lograr la compensación de desigualdades debidas al entorno en el que vive el niño, preparándolos de la manera más igualitaria posible para la incorporación a las siguientes fases de la educación. Y el primer paso que hay que dar en ese sentido es generalizar el acceso equitativo a la enseñanza infantil e incrementar la calidad de la misma, mediante la financiación adecuada y la intervención de las autoridades educativas tanto en los aspectos curriculares y cuidadas transiciones entre los diferentes niveles, como en la profesionalización del personal dedicado a esta enseñanza y el control de la calidad de los medios e instalaciones. La igualdad de oportunidades que supone el acceso equitativo a la enseñanza infantil facilitará la mejora y equidad de los resultados que se alcancen en sucesivos niveles y el aprovechamiento del talento y la inteligencia emocional, a través del desarrollo cognoscitivo y afectivo. Y, de forma paralela, se logrará un mayor equilibrio en el nivel de bienestar general, una mayor protección de la infancia y una disminución de la pobreza infantil.

Esta etapa educativa suele tener carácter no obligatorio en los países europeos y a ella se dedican centros públicos, privados y privados subvencionados (o concertados), de carácter escolar o no, según la normativa de cada país. Esta diversidad es consecuencia de la demanda de las familias y de las costumbres, cultura y tradiciones educativas de cada país. No obstante, la tendencia actual es dar a estos centros un carácter escolar, en toda la etapa de la educación infantil, considerando a ésta totalmente integrada en el sistema educativo general y en la que se priorice el desarrollo integral de los niños. Centrándome en nuestro país, la etapa de educación infantil se subdivide en dos ciclos, uno de 0 a 3 años y otro de 3 a 6, ambos de carácter voluntario, aunque la asistencia al segundo ciclo es casi total (entre el 97-99%)^[1]. Éste ciclo es gratuito en las escuelas públicas y concertadas, mientras el primero no lo es en ninguno de los casos, existiendo importantes diferencias de coste. Además de los centros de carácter educativo públicos y privados autorizados que se dedican al primer ciclo, existen otros no autorizados como centros educativos denominados “guarderías”. En España actualmente hay pocos centros que impartan la etapa completa de educación infantil (0 a 6 años), lo habitual es encontrar escuelas infantiles para el primer ciclo (0 a 3 años) y algunos colegios más para el segundo ciclo (3 a 6 años). Las administraciones educativas llevan unos años intentando incrementar el número de plazas públicas para el primer ciclo, pero la demanda siempre es superior, por lo que los padres que desean llevar a sus hijos a centros de educación infantil de primer ciclo tienen que recurrir a escuelas o centros privados.

Dado que las CCAA cuentan con la competencia en educación, incluyendo esta etapa, han procedido a elaborar su propia normativa, por lo que existen algunas diferencias en el tratamiento que se da a éste primer ciclo de la educación infantil. Tan es así que, hasta hace bien poco, los centros que asumían el primer ciclo de 0 a
3 años en algunas CCAA dependían de Consejerías de Bienestar Social. Estas diferencias también se observan en el grado de inversión en Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil y en las ayudas concedidas para unidades familiares que normalmente se conceden según los ingresos familiares, el número de hijos o el estado civil-familiar. Dada la escasez de oferta pública de muchas CCAA, están proliferando los centros de “Titularidad y Gestión Privada”. En muchos casos estos centros cuentan con ayudas económicas de las Administraciones autonómicas o municipales, mediante diversos procedimientos, desde el cheque escolar a convenios o conciertos económicos. No obstante, la calidad educativa y de dotaciones de estos centros suele ser menor que en los centros públicos de Gestión Directa. Aun así, en general, lejos de corregir las deficiencias, casi todas las CCAA están disminuyendo la inversión en este tipo de centro e incrementando la gestión indirecta y el apoyo a centros de titularidad privada, permitiendo el aumento de las ratios para dar satisfacción a la demanda, sin dar demasiada importancia al aspecto educativo, tan trascendente para el futuro desarrollo integral de los niños.

[1] “Panorama de la Educación. Esoaña” (Documento de la OCDE 2015).  http://www.oecd.org/spain/Education-at-a-glance-2015-Spain-in-Spanish.pdf. Pag 1.

COSTE DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

Entrando concretamente en el tema de la inversión y financiación del primer ciclo de Educación Infantil, considero importante dar primero una idea de la capacidad económica de las familias españolas, para tener una aproximación de sus posibilidades de inversión en la educación de sus hijos y, más concretamente, por el tema que nos ocupa, de lo supone el gasto en educación de los niños de 0 a 3 años. De los 15.350 € que supone el gasto medio anual por hijo durante los tres primeros años de vida (el coste de la crianza en 2022 de la ONG Save the Children), el gasto en educación infantil de primer ciclo según datos de CEACCU del año 2007 que, actualizados en el año 2017, puede suponer entre unos 1.900 €/año de media en centro público y 3.500 en centro privado. Aunque en muchas CCAA se está abordando con cierto interés este asunto, aun queda trabajo por hacer, porque ese gasto no es poco para el sueldo medio bruto más frecuente en España que viene a ser de unos 16.500 €. Es evidente que las Administraciones deben volcarse para paliar esta carencia, fuente de desigualdad de oportunidades en la educación de los niños y, por consiguiente, en su futuro escolar. Conviene, en este sentido, traer a colación los datos de EUROSTAT del año 2016, según los cuales España dedica a las familias y los niños apenas un 1,5% de su PIB, frente al 2,4% de media de la Unión Europea, es decir uno de los países europeos que menos ayuda presta a las familias.

ACCIONES DE POLITICA DE EDUCACIÓN EN FAVOR DE LA NATALIDAD

Tal y como expuse el domingo pasado al hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar, suponiendo que se logre un permiso de maternidad/paternidad de 12 meses entre ambos progenitores (aunque yo abogo por los 18), el niño, en su primer año de vida, podrá estar atendido por sus padres, y teniendo en cuenta además que a partir de los 3 años podrá acudir a la educación infantil de segundo ciclo ya pública y gratuita, las Administraciones deben centrarse en las medidas que han de tomar para que la educación, en las edades de 1 a 2 años y de 2 a 3, no sea una carga tan pesada para la pareja que desea tener hijos. Piénsese que, con el sueldo medio bruto más habitual (1375 €/mes), el gasto en educación infantil es una cantidad considerable para una familia que además tiene que atender a fuertes gastos, como puede ser el alquiler de la vivienda o una hipoteca, además de la alimentación y la ropa. Con los datos expuestos anteriormente y los correspondientes a la situación demográfica actual, se puede hacer una aproximación del gasto que supondría la gratuidad de la enseñanza infantil pública de primer ciclo. Si atendiéramos a los nacimientos anuales necesarios para un adecuado relevo generacional, se precisarían unos 600.000 nacimientos/año, lo que parece poco probable si no cambia la dirección del viento. El gasto que supondría para las Administraciones podría alcanzar los 8.000 millones de euros para los niños de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, suponiendo que se mantuvieran las tasas de escolarización actuales en las escuelas infantiles y que todos los padres optaran por guarderías públicas, cosa tampoco probable. Haciendo un ejercicio de realismo (optimista), podríamos conformarnos con llegar a la media de 200.000 niños al año en centros públicos. Ello supondría un presupuesto para el conjunto de las Administraciones de unos 2.700 millones de euros, lo que en el año 2024 hubiera supuesto el 0,4% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y, si recuperáramos la tasa de natalidad lo suficiente para poder contar los 400.000 nacimientos anuales (en 2024 solo ha habido 212.000), el porcentaje subiría a poco más del 0,8%, que tampoco sería para tirarse de los pelos considerando de lo que estamos tratando, pero supondría un alivio para miles de parejas jóvenes que ven imposible poder tener hijos.

Pero todo ese esfuerzo, en el caso de que se llevara a cabo, tendría poco efecto si paralelamente no se cambian ciertas actitudes y adoctrinamientos que, en buena parte de nuestros centros de enseñanza y medios de comunicación social, se estan dando contra la familia, como unidad social básica y tradicional, contra la maternidad como algo natural y positivo tanto para la mujer como para la sociedad.