Al poco de llegar al gobierno, los socialistas anunciaron su Plan Cuatrienal de Vivienda (1984-1987), desarrollado en el RD Ley 3280/1983 que fijaba los objetivos de construir anualmente 120.000 VPO de promoción privada y 30.000 de promoción pública, así como 20.000 rehabilitaciones de vivienda antigua con ayuda pública.

 El plan tuvo un alto grado de cumplimiento en los casos de VPO de promoción privada y en la rehabilitación, pero en el caso de VPO de promoción pública, que por primera vez se descentralizó en los Comunidades Autónomas, solo alcanzó el 66 % de cumplimiento, es decir, se debieron construir aproximadamente 79.200 viviendas de promoción pública frente a unas 480.000 de promoción privada.

Coincidiendo con el este plan cuatrianual, se procedió a la liberalización de los alquileres para nuevos contratos, y se concedieron beneficios fiscales a la adquisición de viviendas. Estas medidas sin duda influyeron en la buena respuesta de la promoción privada de VPO y también en proporcionar una base de partida a la inversión inmobiliaria y la especulación.

Como siempre la picaresca estuvo presente en las adjudicaciones de las VPO, aunque se corrigieron algunos defectos del plan anterior referidos a la construcción de VPO en zonas turísticas, para segundas viviendas. A lo que se siguió sin dar tratamiento adecuado fue a los alquileres sociales, ni solucionó el problema derivado de los alquileres de renta antigua.

Después llegó el RD 1494/1987, que marcó unos procedimientos flexibles para facilitar la adaptación de la política de vivienda a las circunstancias de cada momento y, sobre todo, completó el traspaso de las competencias sobre vivienda a las CC.AA, ya que Cataluña y País Vasco, como siempre, ya las habían obtenido en el anterior plan cuatrienal.

Desde entonces la Administración Central solo marcaría las líneas maestras de la política de vivienda, lo que en este país sígnica “humo”. Pero eso sí, se hacía cargo de los subsidios de los intereses de los créditos concedidos para viviendas “calificadas” por las CC.AA. y de las subvenciones a la rehabilitación.

Desde entonces la construcción de vivienda libre tomo un auge importante, paralelo a una disminución de la promoción pública cercana al 30 %. La vivienda se empieza a considerar una inversión en el mercado libre de la compra-venta, mientras la oferta de alquiler continuaba siendo baja. En 1988 se iniciaron 269.000 viviendas de las que solo el 4 % eran VPO de promoción pública.

Un trabajo sobre la evolución demográfica esperada hasta el año 2013, y sus consecuencias en la demanda de vivienda y la trasformación cualitativa de ésta, llevó al gobierno a la conclusión de que se debían construir unas 130.000 anuales entre 1993 y el año 2000 y se precisaba incentivar el alquiler para aprovechar el parque de viviendas desocupadas. A ello enfocó el gobierno central su política de vivienda, intentando atender a las necesidades sociales, concentrándolas en familias con ingresos inferiores a 2,5 SMI, personalizándolas según el tipo de familias y potenciando el alquiler y la rehabilitación, entre otros objetivos. Pero al otro lado estaban las CC.AA.

La alta especulación que venía produciéndose en el mercado inmobiliario, el alza del precio del suelo y su repercusión en las viviendas, llevo al gobierno a promulgar el RD 224/1989 para adaptar la política de vivienda a las nuevas circunstancias. Este RD logró corregir en parte la deriva que estaba tomando el mercado inmobiliario, mejorar alguna condiciones de financiación, potenciar el alquiler en cierta medida y facilitó la adquisición de suelo para para la urbanización y, sobre todo logró elevar la cantidad de VPO de promoción pública al 17 %.

Posteriormente, el gobierno de Felipe González lanzó el Plan de Vivienda 1992-1995, con los RD 1668/1991, 1932/1991 y 726/1993, que contenía loables objetivos. De todos ellos, el objetivo sobre las actuaciones en vivienda y suelo fue el que mejor rendimiento obtuvo, con un 120 %, es decir la financiación de 590.000 actuaciones tanto en vivienda como en suelo, de las que 67.000 correspondían a VPO de régimen especial de promoción pública. También fue exitoso el plan en lo referente a la rehabilitación, alcanzando un 95 % de cumplimiento, no así en lo referente al alquiler, aspecto que logró solo un 41 % de cumplimiento, lo que se tradujo en 14.800 viviendas financiadas.

Con cierto optimismo preelectoral, el gobierno de Felipe González programó el Plan de Vivienda 1996-1999, con él y los acuerdos alcanzados con las CC.AA. en la Conferencia Sectorial de Vivienda, se redactó el RD 2190/195 que perseguía introducir mejorar la eficacia social de los anteriores decretos, el apoyo al arrendamiento, a la rehabilitación y al suelo destinado a VPO. Pero en 1996 cambió de color el gobierno.

Al poco de entrar al gobierno los populares promulgaron los RD 1377/1996 y 1/1997 que modificaban al RD 2190/1995, introduciendo cambios en los procedimientos de financiación y subvención de las viviendas en propiedad o para el alquiler.

El resultado fue positivo en lo referente a la nueva construcción de VPO y la adquisición de vivienda usada (112 % y 107 % respectivamente de cumplimiento), sobresaliendo la rehabilitación con un 150 % de cumplimiento de objetivos.

No fue igual el resultado obtenido para el caso de la nueva construcción de vivienda para el alquiler que solo logró se cumplió en un 76 %. El peor resultado se dio en los casos de cofinanciación con las CC.AA., resultando ser un fracaso al alcanzar sólo el 37 % de las expectativas de financiación de viviendas de régimen de alquiler. Además, en lo referente a VPO el plan en su conjunto quedo a mucha distancia de la vivienda libre, que había tomado una fuerte inercia.

Después vinieron los Planes de Vivienda de 1998-2001 y de 2002-2005. El primer plan coincidió con la famosa Ley del Suelo de 1998 y con una mejora de las condiciones económicas y financieras, como consecuencia del cumplimiento de los criterios de convergencia fijados por la UE para el ingreso de España.

Con ellos se pretendía apoyar la política de empleo activando el sector de la construcción y fomentar la vivienda de alquiler para facilitar la movilidad laboral, contribuir a los objetivos de otras políticas estatales tales como la política de cohesión social facilitando el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler o de propiedad a grupos de población desfavorecidos; la política de familia, en coordinación con el Plan Integral de Apoyo a la Familia, a la tercera edad y a los minusválidos y a la política de fomento de la natalidad.

En cuanto a los resultados del primer plan, sólo se logró un comportamiento general aceptable (84 %). Se iniciaron unas 200.000 VPO, mientras la promoción privada alcanzó la una cifra cercana a los 2.000.000 de viviendas. Pero este desequilibrio fue compensado por las mejores condiciones crediticias y la mejoría general de la situación económica, de tal manera que el esfuerzo para el pago de una hipoteca pasó del 44 % de la renta familiar al 28 %, por lo que el acceso a la vivienda empezaba a ser más factible para muchos españoles.

Por una vez se superaron con creces los objetivos para viviendas destinadas al alquiler, sobre todo en el ámbito de la promoción privada (174 %), seguramente porque se habían fijado unos objetivos escasos. Sin embargo la formación de Patrimonios Públicos de Suelo el plan fracasó totalmente, siendo mejor el resultado de la promoción privada de suelo (75 %).

Respecto al segundo plan, en los tres años en que estuvo en vigencia, es decir del 2002 al 2004, los objetivos pretendidos fueron alcanzados en buena medida. En lo referente a vivienda protegida de nueva construcción destinada a la venta alcanzó un 148 % de cumplimiento. Por lo que se refiere a la destinada al alquiler se alcanzó un 186 %, sin embargo las de cofinanciación pública sólo llegaron al 39 % evidenciando las dificultades de convenios con las CCAA. La rehabilitación de edificios llegó al 107 % de cumplimiento y la de viviendas al 156 %. En cuanto a urbanización del suelo, tanto de áreas prioritarias como normales, se alcanzaron porcentajes de 140 y 133 respectivamente.

Porcentaje de vivienda pública del total de vivienda principal en la UE

Después entraron a jugar Zapatero y Rajoy, ambos unos personajes, pero esa es otra historia que dejaré para la semana que viene. Pero, por lo que vamos viendo, a pesar de la apariencia de tanto Plan de Vivienda y Real Decreto, en los primeros años del siglo XXI, los españoles de a pie íbamos perdiendo la batalla, si nos comparamos con los ciudadanos de otros países de nuestro entorno, como puede deducirse del siguiente gráfico. Y puedo adelantar que la conclusión de la semana que viene será peor.

De momento solo puedo decirles a los señores que se sientan en el Consejo de Ministros, para dar palmas a su amado líder (de plástico), que en sus cinco años de gobierno, ni por asomo, se acercan a las cifras de construcción de vivienda social que se alcanzaron en cualquiera de los gobiernos de la “democracia” analizados hasta ahora. Ni siquiera, y a pesar de lo que recuerden en su corta memoria democrática, en los gobiernos anteriores entre 1955 y 1976.

Ustedes sólo han tenido la ocurrencia muy oportuna, eso sí, de sacar una Ley de Vivienda al final de la presente legislatura y posiblemente del tiempo que les quede para gobernar. La han promulgado solo como reclamo electoral, sin intención de hacer nada positivo, ni siquiera con la SAREB. No están hechos para trabajar en serio, son ustedes pura espuma pero, eso sí, muy pegajosa.