El GRECO recomendó en 2013 la elaboración para las Cortes Generales de un Código de Conducta “accesible al público y que incluyera orientaciones para la prevención de los conflictos de intereses; sobre regalos y otros beneficios; sobre actividades accesorias e intereses financieros, y sobre requisitos necesarios para su publicidad”. El grupo reconocía que las Cortes españolas contaban con normas que regulaban en ”cierta manera” la conducta de los parlamentarios españoles, pero remarcaba que dichas normas estaban dispersas en distintos textos legales.

Por ello, con la celeridad que les caracteriza a nuestros políticos cuando la cuestión no es de su agrado, es decir 7 años después, en 2020, ambas cámaras acordaron un Código de Conducta que, a mi entender, concentraba preceptos ya regulados, aunque frecuentemente vulnerados. En el preámbulo del citado código se hacía referencia al Reglamento del Congreso en sus artículos 15 a 19, el Reglamento del Senado en los artículos 20 a 26, y a las disposiciones del Congreso y Senado dictadas para cumplimiento de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Se trataba de dejar negro sobre blanco algunas cuestiones que a sus señorías parecían no haber quedado claras, sobre todo respecto a la atención debida por interés general por encima del particular y a la búsqueda del beneficio económico mediante sus posibles influencias. Vamos, ellos mismos se estaban dando cuenta de que no iban por el buen camino y se dieron nuevas normas para seguir como estaban. ¡De traca!  

A pesar de todo, las buenas intenciones que pudieran tener los redactores de este código, muy falto de concreción, no sirven de nada si la autoridad que debe exigir su cumplimiento mira para otro lado, o los que habiendo observado conductas contrarias al mismo prefieren callar por falsa y errónea lealtad a un partido.

Por eso, el exdiputado Fuentes Curbelo ha estado unos cuantos años en el Congreso perfeccionando impunemente las corruptelas, que posiblemente inició en su cargo de Director General de Ganadería de Canarias. Prácticas que debían suponer suculentos bocados porque cuando, de rebote, fue a ocupar un escaño en la Carrera de San Jerónimo dejó a su sobrino Taishet Fuentes en ese cargo y lo pudo conservar hasta al 22 de junio de 2022, cuando el presidente de la Comunidad Autónoma perdió su confianza en él, más de dos años después, que ya es tardar.

Por lo que se ve, el PSOE colocó en el Congreso a una buena pieza. Puede que ese partido no tenga mucho donde elegir, como algunos otros. Parece ser un problema general de esta maldita partitocracia. Pero debería ser más cuidadoso, porque se le está notando mucho que, cuando tocan poder, se les excita la pituitaria al olor de la pasta, sea al dente o recocida.

Obviando el problema de la deficiente selección del personal componente de las listas electorales de los partidos políticos en general y que en este caso afecta al PSOE, me centraré en un error aún más peligroso, el cometido por la señora Batet y su cohorte. Bueno, error, descuido, irresponsabilidad, o ¿quizás prevaricación? La justicia lo determinará, si es que le dejan aclarar los hechos que se han producido en el Congreso de los diputados en relación con la investigación a la que está sometido el ex diputado Juan Bernardo Fuentes.

El hecho es que la presidente del Congreso no autorizó el registro del despacho de Juan Bernardo Fuentes Curbelo hasta el 6 de marzo, providencia que se llevó a cabo el 10 de marzo, casi un mes después de que el diputado investigado abandonara su despacho (14 de febrero). Durante casi un mes hubo posibilidad de hacer desaparecer pruebas del despacho del apodado Tito Berni referentes a la trama de corrupción investigada quedando estas, por lo tanto, fuera del alcance de los investigadores.

Los reparos de la presidenta del Congreso, de la fiscalía y de la Secretaría General del Congreso que defendían a capa y espada la inviolabilidad de esa cámara, impidieron la rápida actuación de los investigadore del caso “mediador”, a pesar de que el investigado ya no era diputado.

No obstante, al final se optó por dar una salida más o menos honrosa a la situación, aunque oportunamente tardía. Se pensó que la presidencia del Congreso podría autorizar el acceso policial mediante la participación de la Comisaría de Policía Nacional del Congreso de los Diputados para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado. Pero seguramente el registro cayó en vacío después de casi un mes.

Otro hecho es que, a pesar de conocer que el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo estaba en situación de investigado, la presidenta de la cámara le consintió adquirir el teléfono móvil y la tableta puestos a su disposición por el Congreso y llevárselos. Circunstancia que, sin lugar a duda, entorpeció la investigación. La juez instructora del caso se debió quedar atónita, al enterarse de ese más que sospechoso proceder cuando requirió al Congreso todos los medios electrónicos asignados por la cámara al exdiputado investigado. El caso es que hasta su detención el exdiputado dispuso de una semana para borrar pruebas en esos dispositivos electrónicos.

Por no ahondar más en la serie de despropósitos cometidos por la señora Batet, para evitar que se hiciera la luz sobre un serio caso de corrupción que afectaba a su partido, solo añadiré otro hecho más, pero muy relevante. Se trata de la eliminación de la información sobre los encuentros del exdiputado investigado y del listado de las visitas que tuvo en el Congreso mientras era diputado.

La información de las visitas que recibe cada diputado se reúne cada semana en los Servicios de Seguridad del Congreso, donde se custodia hasta su destrucción en los plazos establecidos en la normativa. Esa fue lacónica respuesta de la Secretaría General al requerimiento de la juez instructora del caso.

No sé exactamente que plazos marca “la normativa” para la destrucción de del listado de visitas que ha podido recibir cada diputado pero, para cumplir con los propósitos de transparencia, honradez, responsabilidad y respeto fijados en el artículo 2.1 del Código de Conducta de las Cortes Generales, sería más adecuado mantener esos listados a disposición de los ciudadanos y de la justicia, al menos, durante toda la legislatura. No sería en absoluto un problema con los medios técnicos actuales. Desde luego el Código de Conducta de las Cortes Generales no obliga a la eliminación de ese tipo de información.

La eliminación de ese registro supone la imposibilidad de conocer las fechas y las personas que fueron al Congreso a entrevistarse con Tito Berni, datos fundamentales para la investigación del caso “mediador” y para que los ciudadanos conozcamos cómo se está utilizando realmente al Congreso por parte de grupos de interés, lobbies o personas físicas, que actúen por cuenta propia y para su exclusivo interés.

Tampoco se controló si Fuentes Curbelo cumplía con la obligación, impuesta en el artículo 6.2 del Código de Conducta de las Cortes Generales, de informar de sus reuniones, haciendo pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso. Aunque en el citado artículo 6 código se indique por un lado que han de declararse las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés, por otro se aclara detalladamente que debe entenderse por “grupo de interés”. Por lo que evidentemente el exdiputado Fuentes Curbelo debió hacer públicas todas esas reuniones en el Portal de Transparencia y la presidencia de la cámara debió vigilar el cumplimiento de esa norma.