INTRODUCCIÓN
Como vengo diciendo, lo que para mí está fuera de toda duda es que en la actualidad nuestra democracia representativa ha acumulado una serie de problemas que la ha llevado a entrar en una crisis de difícil resolución. Y, por lo que parece, los actores políticos que viven en ella y de ella no están por la labor de acometer los cambios precisos para adaptarla a las demandas de los ciudadanos.
En definitiva, se trata de revertir esta situación de crisis, a la que ha llegado la democracia representativa liberal. Mediante el recurso a una verdadera representación y participación de los organismos sociales en las tareas del Estado. Estas asociaciones y organizaciones sociales, natural y voluntariamente constituidas, son unidades intermedias entre la sociedad y el Estado. Me refiero a agrupaciones de familias, de vecinos, de barrio, a los municipios y comarcas, provincias, a las cooperativas y empresas, a las asociaciones culturales y deportivas, a las instituciones educativas y universidades, a las organizaciones colegiales profesionales, a los sindicatos o las uniones sindicales y cooperativas de campesinos, ganaderos o pescadores, a las organizaciones empresariales, etc.
Todas estas formaciones sociales no deben, ni pueden estar permanentemente al albur y supeditadas a los partidos políticos, cuyos intereses, además, suelen no coincidir con las verdaderas necesidades de aquellas, como tampoco acostumbran a ser reflejo de los afanes de los ciudadanos.
En principio, tener en cuenta los intereses y objetivos de todo ese tejido social organizado y aplicar la fórmula adecuada para elevar su representación hasta el máximo órgano representativo del Estado, parece ser una excelente manera de empezar a caminar por la senda de una verdadera democracia. En definitiva, se trataría de lograr configurar un sistema que pusiera el bien común por encima de los bienes exclusivamente partidistas, una democracia que pudiera proporcionar una vida digna en el más amplio y humanista sentido de la palabra.
El problema vendría cuando hubiera que definir una estructura institucional capaz de organizar a las entidades y grupos sociales anteriormente mencionados, dotarlos de una estructura organizativa que resultase idónea para recoger la información necesaria sobre los intereses y afanes de cada uno, y establecer los canales y procedimientos para elevar esas necesidades a los sucesivos órganos de representación y centros de decisión, en los que, además, sería preciso confrontar las diferentes aspiraciones que, a veces, podrían resultar contrapuestas.
Sin entrar aún en la definición de la estructura institucional de un sistema semejante, si se puede adelantar que este sistema requeriría de una mayor, más permanente y directa participación de la ciudadanía, por lo menos, en los niveles más próximos a ella, en las tareas políticas básicas, como son la definición de objetivos y fines, la distribución y asignación de medios, el control sobre la ejecución de tareas y el análisis de resultados, además de la elección/selección de los responsables de cada cometido. Lo positivo de ese requerimiento es que facilitaría el acercamiento de los ciudadanos a la política de una manera natural y asidua, posibilitando la trasformación del mero votante cuatrienal actual, que ejerce el voto con desgana y desconfianza y luego se olvida de todo lo que tenga que ver con la política, en un ciudadano más comprometido con la sociedad en la que vive y en la comparte fines y anhelos con otros ciudadanos.
Estamos muy acostumbrados a los usos y costumbres de la democracia representativa o liberal. En ese sistema nos movemos con cierta pereza y comodidad, excepto algunos, pocos, que conscientemente desearían un mayor nivel de participación y que sienten algo de frustración. Pero, en general, la gente se ha hecho al rito periódico de votar a unos representantes, impuestos en las listas cerradas de los partidos, y luego dejar que todo quede en sus manos y, hagan lo que éstos hagan, hasta las próximas elecciones no quieren saber nada. Podrán criticar, incluso explicitar sus desacuerdos, en las barras de los bares o en tertulias y reuniones, de manera más o menos vehemente, pero no se plantean la posibilidad de participar de una manera más activa en el proceso político porque, en esta democracia nuestra, los procedimientos para ello son casi inexistentes, y los existentes son muy difíciles de poner en práctica, además de estar menospreciados por la clase política.
Esa situación posiblemente podría revertirse con el establecimiento de una estructura institucional que propiciara una mayor, más directa y más continua participación ciudadana en las decisiones y tareas políticas más próximas, así como la participación en la elección y selección de responsables y representantes en las sucesivos órganos ejecutivos y representativos.
LOS PRIMEROS PINITOS DEL ORGANICISMO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
En España se ha intentado en varias ocasiones introducir el organicismo social en el ordenamiento constitucional. La primera ocasión estuvo protagonizada por el presidente de la comisión para la redacción del proyecto de Constitución federal de julio de 1873, Emilio Castelar (1832-1899), un político liberal que llegó a ser el cuarto presidente de la muy breve I República. En el proyecto de Constitución presentado intentó dar cabida a las muy diferentes sensibilidades democráticas de Salmerón y de Pi y Margall. Al primero quiso contentarle parcialmente con la introducción, en el artículo 43, de “el Municipio, el Estado regional y el Estado federal (Nación)” como “organismos” políticos, detallando en el artículo 1 las diecisiete regiones que componían el Estado federal. Al segundo le contentó obviando la introducción en el proyecto de la representación corporativa presente en la idea de Salmerón, y respetando el criterio individualista del federalismo de Pi y Margall. Aquel tímido intento quedo en nada cuando, antes de acabar 1874, el general Martinez Campos restauró la Monarquía. Nicolás Salmerón fue discípulo de Sanz del Rio, el introductor del krausismo en España, y el primer fiel krausista que, teniendo responsabilidades políticas, intentó la aplicación del organicismo social y el primero en fracasar en el intento. No sería el último.
Posteriormente, la Constitución de 1876, también estuvo acogida una representación orgánica, aunque muy reducida, en el Senado. Parece ser que el entonces subsecretario de Gracia y Justicia, Victor Arnau, introdujo en la composición del Senado, fijada en aquella Constitución, un grupo de treinta representantes de determinadas corporaciones con derecho a designar senadores. Lo hizo por consejo de Francisco Giner de los Ríos, importante krausista fundador de la Institución Libre de Enseñanza, cuya idea llegó al presidente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del Castillo, propiciando su introducción en la citada Constitución. Se trataba de un pequeño paso hacia la representación orgánica, reconocida en la Ley Electoral de febrero de 1877, pues de los 210 senadores 180 serían natos y solo 30 iban a ser elegidos por sus corporaciones respectivas: nueve arzobispos, seis academias, diez universidades y cinco agrupaciones regionales de sociedades económicas.
INTENTOS MÁS SERIOS
Más tarde, Adolfo González Posada (1860-1940), entregado krausista y fiel servidor de las enseñanzas de Giner de los Ríos, catedrático que impartió clases en varias universidades españolas, propuso que en la redacción de la Constitución de la II República (1931) se incorporara en Las Cortes la representación “corporativa, sindical y de agrupaciones”, dentro de una segunda cámara que no debería ser únicamente técnica o de asesoramiento, sino “colegisladora con carácter permanente”, superando las propuestas al respecto que, en aquel tiempo, se lanzaron en Reino Unido y Francia de una segunda cámara corporativa de carácter exclusivamente técnico. De aceptarse, la propuesta de González Posada, de un bicameralismo de base dual, inorgánica y orgánica, hubiera supuesto el reconocimiento de los dos aspectos del hombre de la teoría organicista: ser social, que junto a otros individuos forma parte de asociaciones, corporaciones, sindicatos, etc. y, a la vez, miembro individual del Estado. Después de vivir la crisis de las democracias liberales en Europa y de observar de primera mano el ascenso del fascismo y del autoritarismo en varios países europeos, así como el fracaso de la II República española, González Posada radicalizó su postura, llegando una lanzar una dura crítica contra el sufragio universal igualitario, hasta el punto de llegar a manifestar que “Los Parlamentos constituidos como cámaras representativas mediante las aplicaciones mejor o peor realizadas del sufragio, no responden fielmente a las exigencias del moderno vivir social”[1]. Defendió su idea de democracia orgánica, radicalmente opuesta a la idea vulgar y numérica del pueblo, y la diferenció del corporativismo fascista al decir de aquella que “su organicismo no era nacionalista, sino humano; no era socialista sino ultraliberal, ético y jurídico”.
En aquellos mismos años, otro intelectual español, Salvador de Madariaga (1886-1978), republicano y liberal, que no era krausista declarado, pero si vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, tenía una concepción del Estado y la sociedad muy próxima a la de los krausistas. En su libro “Anarquía o jerarquía ideario para la constitución de la tercera República”, de 1935, opinaba que las democracias liberales adolecían de una cierta tendencia a la anarquía y consideraba desastroso el resultado que en España estaba teniendo la aplicación de la Constitución de 1931, no obstante confesaba seguir conservando su fe en el liberalismo, aunque consideraba necesaria una reelaboración de la democracia liberal. En el citado libro dedicó un capítulo a la democracia orgánica y se declaraba contrario a la teoría roussoniana del pacto social. Se diferenciaba de los krausistas españoles en que, a la división de los cuerpos intermedios entre territoriales y profesionales en la que éstos basaban su organización institucional, él prefería hablar de una doble función del Estado: la política y la económica.
De tal manera que Madariaga concebía un Estado político que abarcaba a los Ayuntamientos elegidos por los ciudadanos, las Diputaciones regionales (provinciales) en las que se reunían los diputados elegidos por los concejales de los Ayuntamientos, el Parlamento constituido por los diputados elegidos por los diputados provinciales, el cual designa, controla y otorga, o no, la confianza al Gobierno de la Nación. En paralelo, consideraba imprescindible el Estado económico, en el que incluía a las Corporaciones de propiedad mixta (estatal y privada) de sectores clave para el Estado, como los transportes, la energía, cereales, el agua, etc; las Corporaciones privadas; los Consejos de las Corporaciones elegidos, con participación de obreros manuales, administrativos y técnicos, partiendo de cada empresa y en sucesivas elecciones, hasta alcanzar el nivel de Consejo nacional; el Congreso Corporativo Nacional, elegido por los Consejos nacionales de las Corporaciones. Así concebía Madariaga las dos cámaras representativas que se distribuían el poder legislativo según que la materia fuera política o económica, aunque siempre subordinaba ésta a aquella. De la misma manera, el ejecutivo se dividía en la rama política y la económica, la primera era el Consejo de Ministros y la segunda el Consejo Económico Nacional, constituido por nueve miembros designados por el Consejo de Ministros entre las ternas presentadas por el Congreso Corporativo Nacional.
Esa concepción de los modelos de legislativo y ejecutivo suponía evidentemente la descalificación de la democracia liberal, inorgánica, basada en el sufragio universal directo que, según Madariaga, había acabado en demagogia y estaba dificultando la posibilidad de un buen gobierno. Para él, el hombre como trabajador vota para designar a su Consejo corporativo de empresa, y como ciudadano “capacitado” vota para elegir a los concejales de su Ayuntamiento. Desde esos niveles, y en sucesivas elecciones, como he expuesto más arriba, es como él concibe alcanzar el nivel máximo de representación, el Parlamento y el Congreso Corporativo Nacional, y de gobierno, el Consejo de Ministros y el Consejo Económico Nacional. Es ésta la concepción más radical del corporativismo y el organicismo social, con la que Madariaga abandonó la opción de considerar a la democracia orgánica como un complemento de la democracia inorgánica y liberal, y se inclinó por la introducción de la democracia orgánica tanto para las dos cámaras del bicameralismo, como para los dos ejes del ejecutivo que él consideraba necesarios.
[1] González Posada, Adolfo. La crisis del Estado y el Derecho político. pag 163. Universidad Central. Madrid 1934
LOS INTENTOS DE ALGUNOS SOCIALISTAS
Otro personaje relacionado con la Institución libre de Enseñanza y, de alguna manera con el krausismo, aunque él pronto derivo hacia positivismo de Kant y de Marx, fue Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), sobrino y discípulo de Francisco Giner de los Ríos. Miembro del PSOE, ministro de la II República y miembro del gobierno republicano en el exilio. Pero desde hacía muchos años que, quizás por el poso que dejó en él su contacto con la Institución Libre de Enseñanza que fundó su tío, su empirismo le permitía prescindir de prejuicios ideológicos y analizar la democracia que le tocó vivir con sumo realismo. Por ello, cuando, en 1917, presentó su proyecto de Estado fue crítico muy con el parlamentarismo, llegando a decir que “la selección partitocrática de los diputados entrega el poder a gentes no aptas para la alta función de gobernar. Una crítica sin piedad de la democracia liberal y una exigencia de competencia y profesionalismo que le hizo partidario del “gobierno de los que saben”, de la tecnoburocracia o democracia competente, que debía organizar en base a una cámara política y otra corporativa (técnica). En la primera deberían dirimirse el “que hacer” respecto de las cuestiones políticas fundamentales, mientras la segunda debería asumir “el cómo hacer”, la gestión adecuada para satisfacer los intereses de la comunidad. Para entonces ya se había fuera de la órbita marxista, al entender que “capitalistas, técnicos y obreros deben conjuntamente elaborar la regla jurídico económica que va a fijar la situación de cada cual”, idea que como puede comprenderse estaba muy alejada de la dialéctica marxista de la lucha de clases.
En Fernando de los Ríos también se puede distinguir la teoría orgánica de la representación, como complemento de la democracia inorgánica, haciendo compatibles y complementándose el partido y la representación de los intereses profesionales. Del legislativo bicameral debería, según él, responder a los dos intereses a los que responden las dos cámaras: los ideales y los económicos, por ello considera a la cámara profesional (corporativa) como el instrumento ideal para racionalizar y tecnificar el poder ejecutivo. Todo muy congruente con el organicismo político que volvió a reivindicar en el año 1925: “….el hombre como hombre tiene su Parlamento en los que se llaman Congresos; el hombre como profesional va a tener su Parlamento profesional de tipo profesional en los llamados Consejos económicos”. Su defensa del organicismo social, de una democracia orgánica complementaria a la liberal no cambió ni siquiera cuando se debatía el proyecto de Constitución de 1931 pero, al igual que ocurrió con Besteiro, debió de conformarse con unos Consejos técnicos, como órganos asesores del Gobierno y Parlamento. Con igual vehemencia, pero desigual resultado, defendió la idea de unos sindicatos que aglutinen a gestores, técnicos y obreros, en una especie de sindicatos de organización vertical que a todos les sonarán.
En este repaso histórico de los personajes políticos e intelectuales partidarios de la democracia orgánica, no me puedo olvidar de Julián Besteiro (1870-1940), aunque en este caso, por su pertenencia al PSOE y a la UGT, no dispuso de la libertad de palabra y actuación que él, seguramente hubiera querido tener. De los krausistas de la Institución Libre de Enseñanza, en la que fue discípulo desde la temprana edad de nueve años, conoció el organicismo social y, aunque no llegó a criticar el modelo al uso de democracia, rechazó la concepción individualista del Estado y de la sociedad. Ya en 1926, abogaba por “una democracia organizada” en un conjunto de instituciones democráticas que penetren en las funciones sociales (sindicatos y corporaciones), opinión muy próxima al organicismo social que le valió duras críticas del sector más radical del PSOE. En 1927, cuando a la dictadura de Primo de Rivera le quedaban menos de tres años, se creó la Asamblea Nacional Consultiva, una experiencia con apariencia corporativa, con la función, más aparente que real, de fiscalizar al gobierno y, además, de elaborar un proyecto de constitución para el régimen que debería sustituir a la dictadura. En el PSOE se suscitaron muchos debates sobre la conveniencia o no de acudir a la citada Asamblea, Besteiro estaba entre los partidarios de aceptar la posibilidad de entrar en la Asamblea, al igual que Largo Caballero que, en principio aceptaba la idea al ver la posibilidad de que UGT pudiera entrar en ella mediante la elección corporativa de sus representantes. No obstante en los Congresos de UGT y el PSOE se decidió no participar en la Asamblea Nacional. A pesar de todo, la especial Cámara creada por Primo de Rivera elaboró el proyecto constitucional, que tuvo muy corto recorrido por el poquísimo tiempo que duró la dictadura.
Después, Besteiro haría unas declaraciones en las proponía la sustitución del Senado por una cámara de representación corporativa, manteniendo la otra cámara como el típico parlamento de la democracia liberal, cuyos representantes fueran elegidos por sufragio universal. Esa configuración institucional la llevo al Congreso del PSOE de 1928 y fue rechazada. Así que, llegados los debates para la redacción de la Constitución de 1931, se posicionaría como defensor del bicameralismo con la introducción de alguna forma de representación corporativa. Su posición se quedó en minoría y la Constitución de la II República consagró el unicameralismo y la elección por sufragio universal directo. Mas tarde, en 1935, llegó a criticar la deriva partitocrática que estaba tomando aquella “democracia” de la II República y dejando claro que echaba en falta la existencia de “una segunda cámara que representara los intereses de los productores”. Y, en 1936, poco antes de iniciarse la guerra civil, pidió por última vez una asamblea de carácter económico que integrara a los representantes de sindicatos obreros, a los de los empresarios y a los de los técnicos y en la que se debatieran los asuntos referentes a los intereses de cada parte, con el asesoramiento técnico adecuado. Ese anhelo de Besteiro nunca se iba a hacer realidad, porque las Cortes franquistas, que iban a llegar acabada la guerra, tampoco cumplieron exactamente los parámetros de la representación orgánica pensada por los krausistas y sus afines.
TRISTE HISTORIA, PEOR FINAL
Triste historia la de estos intentos de racionalizar y profesionalizar la representación y el gobierno, que acabó aparcado definitivamente con la Constitución de 1978, tras unos años en los que el franquismo imitó sin acierto, a mí parecer, los predicados de la democracia orgánica y con algo más de tino en el aspecto sindical. Al final, lo que pretendían los teóricos del organicismo social era lograr una democracia en la que brillara la competencia y la racionalidad, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, pero no les dejaron. Es difícil saber cómo hubiera acabado nuestro sistema político si se hubiera adoptado, de alguna de las formas anteriormente expuestas, la democracia orgánica krausista, fuera en la modalidad complementaria de la inorgánica, o en la sustitutoria. Pero, es difícil, también, imaginar que hubiera podido acabar en algo peor de lo que, en la actualidad, le llaman democracia liberal o democracia representativa, que no es más que una pura partitocracia demagógica, saturada de incompetencia e injustificable prepotencia. Un sistema en el que resulta muy difícil lograr la representación de los intereses de las diferentes organizaciones, corporaciones, asociaciones o consejos en los que el hombre participa como profesional, sea como empresario capitalista, como gestor, como técnico o como obrero. Un sistema en el que solo encuentra una cierta representación, aunque deficiente, el hombre individualmente considerado. Un sistema en el que los partidos se arrogan el monopolio de la representación aunque es difícil descubrir a quién representan realmente, porque no parece que representen a los ciudadanos que les han votado. Y así es como hemos llegado a tener como representantes en el Congreso y como miembros del gobierno a algunos bípedos que dificilmente han conseguido erguirse.
