Estos días, a cuenta de la triste historia de las vacunas del COVID-19 en Europa, se está hablando y escribiendo algo sobre la inversión en investigación científica en nuestro país. Más se debería tratar este tema en los foros políticos y en los medios de comunicación, pero se prefiere obviar la evidencia de la escasísima dotación presupuestaria y de personal en los centros de investigación españoles.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2021 los fondos dedicados a Ciencia e Innovación y Desarrollo ascienden a un total de 3.232 millones de euros, milagrosamente un 59,4 por ciento más que en 2020, pero claro esto tiene truco porque de esa cantidad 1100 millones provienen del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea, la aportación nacional es de 2.132 millones de euros, que supone solo un 5,1% más que en el ejercicio anterior. En esta partida presupuestaria se incluye el Programa de Investigación Científica, la Investigación Sanitaria y los créditos al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para financiar proyectos I+D+i, empresas de base tecnológica y la participación española en proyectos internacionales de cooperación tecnológica.

Esta inversión en investigación científica y tecnológica supone un 0,58% de los 550.484 millones de euros del PGE de este año, incluyendo las aportaciones europeas del Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea. Esta es una situación muy preocupante para nuestra nación, que debería de encontrar la manera de cambiar su estructura productiva, excesivamente dependiente del sector servicios.

El contrapunto a esta situación es lo que se dedica al Ministerio de Igualdad, que anteriormente era una simple Dirección General y hoy es muestra de un nepotismo sin parangón en una democracia seria (quizás se refiriera a eso Pablo Iglesias cuando critico la calidad de la democracia española). A este ministerio se le ha asignado un presupuesto de 451 millones de euros, de los que casi 50 millones proceden de los fondos europeos, de tal manera que el incremento presupuestario alcanza un 157%. Además esa cantidad se verá incrementada en 200 millones de euros para el Plan Corresponsable sobre conciliación, muy necesario por cierto. En particular, la Prevención Integral de la Violencia de Género estará dotada de 180 millones de euros, que supone un incremento de un 44%, incluida la parte correspondiente a los fondos europeos.

El 25 de marzo de 2021 el periódico “Ahora” publicó un artículo en el que hacía referencia a una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se presentó en marzo de 2014, y en la que se mostraban los resultados de la violencia que sufren las mujeres. En él se aclaraba que esa encueta era “el único estudio que existe, por su tamaño, en la UE. Se entrevistó a más de 42.000 mujeres con edades entre los 18 y 74 años de los 28 países miembros. Esta es una pequeña muestra de las respuestas”:

https://www.ahorasemanal.es/violencia-de-genero-en-europa

Como puede observarse España no es ni mucho menos el país que tiene más problemas con la violencia de género, intrafamiliar, doméstica, o se le quiera llamar. De hecho, ocupaba el puesto 24 de 28 países de la UE en cuanto al % de mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja alguna vez desde los 15 años. Y en 2016 ocupábamos el puesto 16 de 20 países de Europa en lo que se refiere a número de asesinatos de mujeres por parte de su pareja. Por lo tanto, con todo lo despreciable que es esa violencia, como otras, creo que en España, tanto las autoridades como los medios de comunicación, no están dándole al problema una proporción demasiado ajustada a la realidad, más bien al contrario, están cayendo en una exageración interesada.

  Una de las consecuencias de tal insistencia es el desmesurado crecimiento del presupuesto (157%) de ese Ministerio, que, a su vez, distribuye a las CCAA y éstas a sus órganos oficiales y también a diferentes asociaciones de mejor y peor proceder. El resultado es que, con frecuencia, el dinero que llega realmente a las víctimas es la mínima expresión de lo que le es asignado a algunas de esas asociaciones. Ese dinero que acaba en manos inadecuadas, por no decir algo más fuerte, podría generar mejores resultados si se pusiera a disposición de funcionarios policiales, judiciales y de los servicios sociales implicados en cada caso. El problema es que éstos no constituyen unos activos adecuados para el establecimiento de redes clientelares y nichos de votos.

Otra consecuencia del continuo martilleo con las noticias sobre la violencia de género es la desviación de la atención ciudadana de los problemas verdaderamente acuciantes en nuestra sociedad y el ocultamiento de las más descaradas felonías de nuestros dirigentes. En lugar de estar debatiendo de lo bueno o malo de la ley Celaá, de la eutanasia, de la olvidada ley de cuidados paliativos, del indigno proceder con la elección de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial o de la RTVE, de por qué va tan lenta la vacunación, o del grave problema de la dependencia, nos están metiendo con calzador y megáfono el problema de una tal Rociito. Hasta la ministra de igualdad ha acabado solidarizándose con esa mujer, a este paso la van a convertir en “la imagen de la española maltratada”. Los problemas que esa mujer tuviera con su pareja, hace ya muchos años, se vieron en un tribunal de justicia, resultando de todo aquel monumental culebrón la declaración de inocencia de la pareja denunciada. Ahora, sin venir a cuento, y supongo que mediante una suculenta remuneración, se ha sacado a la palestra de nuevo aquel caso, y la correspondiente televisión subvencionada, amén de otros medios e incluso algún miembro del gabinete, se han permitido el lujo de declarar culpable a aquel hombre que, independientemente de su dudosa honorabilidad, o de la antipatía que despertara, fue declarado inocente por el tribunal de justicia.

De esa manera  todo el mundo distraído, mientras que se desarrolla la operación “mociones de censura”, se cuela la más que sospechosa ayuda a la compañía aérea Plus Ultra, la que, según su lema, “ofrece más maletas”, cosa que supo aprovechar bien la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, quien necesitó a Ábalos para contarlas, o se veta, por indicación del ministro Marlasca (con k), el ascenso a general del coronel de la Guardia Civil que no quiso prevaricar, a pesar de haber resultado el número uno en el proceso de selección.

En fin, sigan distrayendo nuestra atención con estupideces y ustedes a lo suyo mientras puedan, que espero que no sea por mucho tiempo. A ver si algún día el presupuesto para la investigación científica y tecnológica se incrementa en un 157%, porque significará que han llegado a los puestos de responsabilidad política personas no solo cualificadas y cultas, sino también sensatas.

 Alcañiz

28 de marzo 2021

LUIS BAILE ROY