AVISO A NAVEGANTES
En un par de días, quizás menos, empiezo la ruta del verano del 24. En principio nos dejaremos caer hacia el sur para luego acercarnos al Alentejo. Poco a poco, disfrutando de los paisajes, los pueblos y las ciudades que nos vayamos encontrando. Mi intención es no dejar de escribir artículos en el blog, pero romperé por primera vez la costumbre de hacerlo todos los domingos. Publicaré cuando me lo pida el cuerpo y me lo permitan las circunstancias, porque aún hay lugares en los que no se puede disponer de la cobertura de comunicación necesaria, ¡gracias a Dios!
Supongo que Sánchez no nos defraudará y este verano hará alguna de las suyas. La del verano pasado fue sonada y le salió bien. Es un tipo que arriesga, se pone al límite, pero tiene suerte el condenado, o quizás seamos los españoles los que se la regalemos. Bueno, ya veremos lo que nos tiene preparado para este verano.
EL ULTIMATUM DE UN CHULO
De momento, como anticipo de lo que pueda venir, no hace mucho lanzó un órdago: o el PP llegaba con él a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial o modificaba, por la vía rápida, por supuesto alegal y quizás hasta inconstitucional, la forma de designar a los miembros del CGPJ. Fue una amenaza más bien propia de un pandillero que de un presidente de gobierno, pero aquí no pasa nada. Si esa misma barbaridad hubiera salido de la boca de cualquiera de los líderes de la derecha, se hubiera armado la marimorena, hasta tal punto que el día del “orgullo” hubiera quedado totalmente eclipsado. Es lo que tiene esta España que nos ha tocado vivir, las salidas de pata de banco son patrimonio de la izquierda, la zurda como diría Miley, como lo es, según ellos mismos, la calle.
A pesar del tono chulesco del ultimátum, el PP aceptó el órdago y entró a jugar. Creo que por dos razones que justifican de largo el haberlo hecho. La primera es que era imperioso desatascar la justicia porque, a consecuencia de una artera e ilegal maniobra del gobierno, el CGPJ en funciones se le sustrajo la facultad de designar a los titulares de infinidad de tribunales, dejando sin cubrir infinidad de vacantes y provocando con ello un monumental atasco de procedimientos judiciales. La segunda que, estando la negociación dirigida por la vicepresidente de la Comisión Europea, creían poder llegar a un buen acuerdo. La aceptación del reto de un macarra siempre entraña un riesgo pero, a veces, no queda otra que plantar cara y entrar en el juego aunque, siempre que se pueda, con las debidas precauciones y con una gran capacidad de sorprender.
EL ACUERDO
Al acuerdo han llegado los dos grandes partidos, al margen del Congreso de los Diputados y del Senado, menospreciando a sus presidentes y a los grupos parlamentarios, que debían haber sido los protagonistas desde hace ya cinco años y que han pasado de largo mirando para otro lado, como si el asunto no fuera con ellos, como si en su sueldo esa obligación no estuviera incluida. Cosas de este régimen partitocrático en el que ha derivado el del 78, por tanto manosear y vulnerar la Constitución Española y algunas de las excesivas leyes con las que sus señorías nos agobian a los españolitos de a pie, que no a ellos.
Pero, en fin, demos por bueno que esta vez, después de una negociación en terreno neutral, se haya llegado a un acuerdo. Siempre es de celebrar que, por una vez, unos políticos, que se supone deben ser maestros en el arte de negociar, hayan llegado a un acuerdo. De la calidad del texto de éste no voy a opinar porque no lo he leído, ustedes perdonen. Aunque les puedo decir que, las informaciones que me han llegado y las reacciones que he podido observar en varios líderes de los partidos firmantes, me dejan serias dudas sobre la viabilidad, claridad, especificidad y legalidad de lo firmado.
Digo esto porque a los dos días de haber anunciado a bombo y platillo el acuerdo, cuando algunos infelices creían llegado el momento de una concertación más general entre los eternos rivales, éstos volvían a sus trincheras haciendo interpretaciones diferentes del texto que acababan de rubricar, lo que implicaba una falta evidente de claridad y especificidad. Para unos el supuesto compromiso de una futura ley que regulara el procedimiento de elección / selección de los miembros CGPJ estaba incluido en el acuerdo, para otros ya se iría viendo, lo que dejaba en el limbo de la incertidumbre la viabilidad real del acuerdo. Pero, además, el hecho de que el acuerdo haya consistido en que “cada partido elige a diez miembros del CGPJ” constituye, desde mi punto de vista, una ilegalidad, que contraviene los dispuesto tanto en la CE, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
LA POSIBLE VENTAJA DEL ACUERDO Y UNA DUDA RAZONABLE
A pesar de todo, el acuerdo parece tener la ventaja de que el aspirante (casi graduado) a autócrata, de momento, no va a filtrar la última institución del Estado que le quedaba para poder llegar a tener un control efectivo de todo el Estado. Es un tipo que nunca se ha conformado con un poder ejecutivo controlado y ha hecho grandes esfuerzos por penetrar a todas las instituciones, organismos y empresas del Estado que pudieran interponerse en el camino que se ha trazado o que le han señalado, vayan ustedes a saber quiénes.
Los miembros del CGPJ elegidos por cada partido, una vez designados deberían hacer gala de una independencia de juicio ejemplar, pero permítaseme una duda razonable. Porque siendo realistas y, atendiendo a los visto desde hace años, se va a producir una bipolarización en el Consejo, una circunstancia que conducirá a que, en numerosas ocasiones, se produzca empate de posiciones en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, debiendo resolverse mediante el voto de calidad del Presidente del CGPJ. Y ¿quién va a ser el Presidente? ¿de qué tendencia será? ¿será otro Conde Pumpido? Es ahí donde estará la madre del cordero en los asuntos de mayor trascendencia. No obstante, sea como fuere, a Sánchez siempre le quedará el Tribunal Constitucional presidido por ese padre del indigno abogado de mala vida y peor proceder. Porque el actual TC parece estar saliéndose de sus competencias, bien definidas en la CE, para inmiscuirse en el Poder Judicial situándose por encima del más alto tribunal de éste, el Tribunal Supremo.
EN DEFENSA DEL PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE
Las sociedades civilizadas que, por cierto no son muchas, han progreso respecto de las maneras de abordar los conflictos interpersonales y, posteriormente, de los que surgían entre los ciudadanos y los poderes públicos. Mediante la argumentación lógica y la aplicación de unas reglas abstractas se iba a dar un pulso a la arbitrariedad, garantizando la tutela de los derechos e intereses legítimos de todas personas físicas o jurídicas. Así surgió el Poder Judicial que, en un Estado de Derecho, como está definido en nuestro, es un pilar esencial, al ser garantía del derecho de acceso a la justicia y de su tutela, además de ser una garantía de los demás derechos y del sistema en su conjunto.
El Poder Judicial, constituido por los órganos a los que se les encomienda la “potestad jurisdiccional”, es decir la “interpretación y aplicación del Derecho”. Esa responsabilidad recae concretamente en los Jueces y Magistrados, que son los que administran la justicia que emana del pueblo. Pero, como evidentemente resulta muy difícil separar la “interpretación del Derecho” de lo que podría ser una creación por parte del juez o tribunal, éstos “están sometidos de manera especial a las leyes emanadas del Poder Legislativo”.
De lo anterior se deduce la evidencia de que el Poder Judicial ya está objetivamente subordinado a la soberanía popular y sometido al imperio de la ley, a pesar de que nuestros ministros palmeros se hayan convencido de lo contrario y consideren a la judicatura incluida en lo que han dado en llamar “fachosfera. Es preciso recalcar que, para seguir contando con un Poder judicial sometido al imperio de la ley es necesario que los jueces y magistrados sean independientes, inamovibles y responsables, por lo que es muy conveniente que en la designación de su Consejo General no intervenga ninguno de los otros dos poderes, puesto que de éste órgano dependerá la designación del resto de los componentes de la judicatura.
Desde que Montesquieu, en su obra “Del Espíritu de las Leyes”, formulara el principio de la separación de poderes, no se ha dejado de avanzar en el objetivo de lograr una mayor confianza en los jueces y ello ha sido posible por la aplicación en los Estados democráticos de ese principio y por el reconocimiento en éstos de la supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular, representada en los Parlamentos. Se ha venido superando, con mucho esfuerzo, el recelo que inspiraban los jueces cuando no eran más que un apéndice del poder del Rey absoluto, pero cuando los principios democráticos dejan de ser respetados por alguno de los poderes de un Estado supuestamente democrático, la desconfianza en la justicia vuelve, quedando el sistema político dañado en su conjunto.
Ahora es, de nuevo, momento de repetir que la independencia de los Jueces y Magistrados, la independencia del Poder Judicial, es la que garantizará que se cumpla la “la voluntad de la ley” y no la de cualquier otro poder, esté en las manos de quién esté. Un Poder Judicial absolutamente independiente es garantía de democracia.
UNA PROPUESTA, SIN ACRITUD
Hace unos meses me atreví a hacer una propuesta de modificación para intentar lograr la plena independencia del Poder Judicial respecto de los otros dos. En esa ocasión confié en la aleatoriedad del “Sorteo”, al asegurar que no se conocerán los nombres de los elegidos hasta finalizar el proceso. Sigo confiando en el sorteo aunque, dado el carácter específico de la función que van a desarrollar los magistrados del Consejo y el amplio conocimiento que deben poseer de la legislación y códigos vigentes sería preciso perfeccionar el sistema de sorteo mediante una selección previa de los sorteables,
La carrera judicial contaba en el 2022 con 5.408 jueces y magistrados en activo[1], este es un número suficiente de electores y, por supuesto adecuado para que surjan, de entre ellos, los voluntarios precisos para presentar sus candidaturas a la selección previa y el sorteo de las plazas de magistrado del CGPJ que, a mi entender deberían ser impares para evitar el tener que recurrir al voto de calidad de su presidente y que, por lo tanto, podrían ser 21. En cuanto a selección previa, como profano que soy en la materia, no me atrevo a recomendar un criterio o baremo concreto, aunque podría tenerse en cuenta, por ejemplo, el cargo alcanzado dentro de la carrera judicial y la valoración de méritos conforme a un baremo establecido de manera similar al que rige en los procesos de concurso para el acceso a la carrera judicial en sus diferentes categorías. Todo ello para asegurar el acceso a la fase de sorteo de los más preparados dentro de los que voluntariamente concurriesen al proceso de elección. Un número adecuado de concurrentes al sorteo podría estar sobre los 2.000 jueces y magistrados, entre los que podrá haber “progresistas y conservadores”, como les denominan ahora, o azules, naranjas, verdes, rojos, morados o, simplemente con ideas propias, pero que, al haber sido elegidos aleatoriamente, las posibilidades de haber sido previamente influidos por los partidos políticos u otros grupos de interés disminuyen radicalmente. Además, como efecto no menos importante, el juez o magistrado así designado no se sentiría deudor de nada, ni de nadie, solo del azar.
Para asegurar aún más la independencia del CGPJ sería conveniente añadir a éste método de elección unas condiciones de rotación y reelección adecuadas. La rotación se podría producir por tercios (7 magistrados) cada 2 años, con lo que en 6 años habría renovación completa del Consejo. En cuanto a la posible reelección debería prohibirse la posibilidad de repetir la presentación de candidaturas hasta pasados 8 años de la anterior entrada en el Consejo. De esta manera se aseguraría la posibilidad de una amplia participación de los profesionales de la carrera judicial en su máximo órgano y se dificultaría el riesgo de intromisión de los otros dos poderes en el Poder Judicial.
En cuanto a las incompatibilidades, además de las fijadas para los jueces o magistradosenartículo 389 de la LOPJ, habría que arbitrar las medidas legales necesarias para evitar la permanente entrada y salida de los miembros de la judicatura en la actividad política, con o sin carné de partido. A mi entender, no es éticamente correcto que un juez sea captado por un partido político para colaborar en su actividad política e incluso ejercer un cargo de designación política, previa filiación o como independiente, para al poco tiempo de cesar en esa actividad, volver a la carrera judicial, en la que podría, entonces apoyado por sus compañeros de aventura política, optar a las máximas responsabilidades y, por lo tanto, facilitar con alegría u oponerse férreamente, según el caso, a la intervención del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales. Hay que impedir las puertas rotatorias entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el magistrado o juez que abandone su carrera para entrar en política activa no debería volver, por lo menos en las más altas instancias judiciales.
Lo que vengo propongo es simplemente una forma lógica de disponer de un CGPJ capaz de garantizar, por un lado que jueces y magistrados desarrollen su función jurisdiccional, es decir, “la interpretación y aplicación del Derecho, siempre bajo el imperio de la Ley”, para asegurar que se cumpla la voluntad de esta. Y, por otro lado, proteger la independencia de jueces y magistrados, en todas las circunstancias, ante cualquier intento de intromisión o influencia de los otros dos poderes del Estado o de cualquier grupo de presión o interés.
[1] https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/
