GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO O DEL DESCONOCIMIENTO
En la última década se han dado ya varios casos de brotes epidémicos en el planeta. Los científicos recuerdan frecuentemente que desde 1980 el número de brotes se ha triplicado y además señalan que algunos virus adquieren mayor capacidad para la diseminación, como es el caso del virus HTN9 (gripe aviar). En los últimos siete años se han producido brotes importantes de la citada gripe aviar, ébola, zika, MERS-Cov, entre otros de menor relevancia. En todos esos casos las organizaciones nacionales e internacionales han logrado controlar la situación, y les ha llevado a pensar en los factores que pueden hacer que algún brote vírico sea el origen de una pandemia. Estos factores, entre otros, son:
· El mayor peligro de que los patógenos infecciosos pasen de los animales a los humanos.
· Nuevas tecnologías de producción agrícola y elaboración de alimentos.
· Dependencia elevada de algunos países de las importaciones de alimentos.
· Avances en las comunicaciones y el acceso mundial a información sobre la bioseguridad.
· La mayor resistencia antimicrobiana.
· El cambio climático.
· La rápida urbanización y la cada vez mayor concentración de la población.
· La fácil movilidad internacional y la globalización de los intercambios comerciales.
· La relativa facilidad de manipulación de virus con fines de bioterrorismo.
· La debilidad de muchos sistemas sanitarios.
Los brotes de los últimos años han tenido un origen natural, pero hoy día nadie descarta que, en alguna ocasión, pudieran ser causados por un fallo en los sistemas de bioseguridad de los laboratorios de investigación de biología sintética que trabajan con esos virus, o por el empleo de esta técnica con intencionalidad terrorista.
En román paladino, la biología sintética logra mediante manipulación genética adicionar uno o más genes al genoma de un ser vivo, confiriéndole propiedades nuevas. Para el caso de un virus infeccioso en concreto con esta técnica se pueden alterar, por ejemplo, las características relativas a la mayor o menor virulencia infecciosa, a su resistencia a tratamientos y vacunas, o al vector de transmisión. La biología sintética ha contribuido a obtener muchos productos biológicos que mejoran la calidad y posibilidad de mantenimiento de la vida humana como cuando, mediante tecnología de ADN recombinante, se logró obtener insulina igual a la fabricada en el páncreas humano, otorgando a las personas diabéticas la posibilidad de mejorar sustancialmente su vida.
La biología sintética ha llegado a tal nivel de desarrollo que ha suscitado algunos problemas éticos respecto a sus procedimientos, técnicas y fines. Esto viene de antiguo y, en ciertos aspectos y momentos, se ha logrado una cierta cercanía y comprensión mutua, pero el gran problema es el uso dual de esa tecnología, ya que puede llegar a producir de manera eficiente “organismos modificados genéticamente” (OMG) y otros productos biológicos sintéticos con potencialidad destructiva para los seres humanos, otros seres vivos y el medio ambiente.
La Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), con sede en Ginebra, está firmada y ratificada por 165 países y se revisa cada cinco años, sólo permite el desarrollo de los productos de biología sintética con fines pacíficos, de protección y profilácticos. Pero es un hecho que la técnica utilizada en la reconstrucción y/o alteración de virus con fines pacíficos como, por ejemplo, el trabajo realizado sobre el virus de la gripe mal llamada española, es de uso común y de fácil acceso, y por ello susceptible de ser utilizada por grupos terroristas con la intención de provocar una pandemia y la consecuente desestabilización mundial.
El empleo de agentes biológicos por grupos terroristas o sectas como la japonesa Aum Shinrikyo ya ha sido una realidad. La citada secta libero “Bacillus anthracis” en Tokio, aunque resultó ser una cepa no patógena y “sarín” en la ciudad de Matsumoto (1994) y en el metro de Tokio (1995). Poco después del atentado de las torres gemelas de Nueva York (2001), se enviaron por correo varios sobres con “Bacillus anthracis”, solo hubo 5 fallecidos y una rápida y correcta reacción logró controlar el efecto del agente biológico.
Los peligros inherentes al empleo de la biología sintética y al almacenamiento con fines científicos de agentes patógenos requiere de unos estrictos sistemas de bioseguridad y biocustodia, pero también de unos principios éticos que deben ser asumidos por los científicos implicados y por las organizaciones propietarias de los laboratorios en los que se realizan todos esos experimentos.
La actividad de esos centros de investigación, los agentes con los que se trabaja y los medios empleados deberían estar declarados y todo ello sometido a inspecciones fijas y aleatorias, para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad contraídas por todos los países miembros de la CABT. Sin embargo la competencia por los avances científicos biotecnológicos y la existencia de un sistema de patentes bajo el que se realiza gran parte de las investigaciones, han hecho hasta ahora que la Convención no cuente con un sistema de verificación eficaz. Sólo cuenta con un sistema de transparencia consistente en declaraciones anuales de las naciones miembros sobre las actividades llevadas a cabo en el territorio nacional con agentes biológicos.
Debemos entonces confiar en la “ética de la responsabilidad”. Pero en este asunto no podemos quedarnos en el concepto que acuñó Max Weber: “valorar la acción tomando en consideración las consecuencias previstas, posibles o probables”. Debemos ir más allá y, como dice Hans Jonas: “ Dado que es nada menos que la naturaleza del hombre la que entra en el ámbito de poder de la intervención humana, la cautela será nuestro primer mandato moral y el pensamiento hipotético nuestra primera tarea. Pensar las consecuencias antes de actuar no es más que inteligencia común. En este caso especial, la sabiduría nos impone ir más lejos y examinar el uso eventual de capacidades antes de que estén completamente listas para su uso”…. «actúa de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de vida genuina sobre la tierra«.
Los brotes víricos, sean de origen natural, por fallos de bioseguridad o por terrorismo, van a seguir dándose. Que esos brotes acaben convirtiéndose en pandemias dependerá de los factores que he mencionado antes y de las medidas acertadas de prevención, preparación y reacción que adopten las organizaciones supranacionales y nacionales.
La incertidumbre ante la posible propagación de enfermedades como el ébola, el SARS, los coronavirus, o el temor al impacto que supondría, por ejemplo, un brote de viruela en la actualidad, además de la posibilidad de sufrir ataques de bioterrorismo, hace tiempo que han puesto la SALUD dentro de la agenda internacional, como un aspecto importante de la SEGURIDAD. La salud pública global es, desde hace años, tenida en cuenta en las estrategias de seguridad nacionales y de organizaciones regionales e internacionales.
A nivel mundial este interés por la salud global se ha reflejado en la organización, dentro del marco de la OMS, de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN), que es un mecanismo de colaboración entre instituciones y redes que unen sus recursos humanos y técnicos para identificar, confirmar y responder rápidamente a brotes epidémicos de importancia internacional. La Red tiene el propósito de mantener a la comunidad internacional continuamente alerta ante la amenaza de brotes epidémicos y lista para responder.
A nivel europeo, en el año 2002 empezó a funcionar la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y en el año 2005 lo hizo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). En ambos casos se trataba de dar un impulso a las defensas contra las enfermedades infecciosas e intoxicaciones alimentarias. Además el Tratado de Lisboa da a las autoridades de la UE instrumentos para la protección de la salud pública, en orden a poder responder con prontitud a las amenazas transfronterizas y a colaborar en la ayuda humanitaria en terceros países. En el año 2010, la UE publicó el Plan de Acción NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico), para limitar el acceso a los materiales NRBQ y mejorar la capacidad de prevención y detección de incidentes. En el año 2013, la UE adoptó la Decisión 1082/2013/EU, para regular la cooperación y coordinación de los países miembros frente a amenazas a la salud pública. Pero hasta la Estrategia global de la UE publicada en el año 2016, no se tenía en cuenta la salud pública como un pilar esencial por sí mismo, sino que se le incluía como un aspecto más de la relación existente entre seguridad y desarrollo económico. A la UE siempre le ha venido al pelo el dicho popular de “Poderoso caballero es don dinero”.
La Estrategia de Seguridad Nacional española que se aprobó, por el gobierno de Rajoy en diciembre de 2017, ya incluía las bases de un plan de actuación frente a posibles epidemias y pandemias. Hecho que vino provocado por la crisis del ébola en el 2014, cuando tantas conciencias crujieron por la muerte del perro de la enfermera infectada que por cierto fue la única contagiada y se curó. Ahora puede que pasemos de 30.000 fallecidos y no oigo semejantes crujidos en la calle. Pero claro es que estamos confinados y en estado de alarma.
A nivel nacional contamos con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) creada en 1995 con el “propósito de proporcionar la información necesaria para el control de las enfermedades transmisibles en la población”. Gestionada desde el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, se trata de una estructura descentralizada que integra a profesionales y técnicos de salud pública de los departamentos de salud local, autonómica y estatal.
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/relab/Organizacion/Paginas/EstructuraOrganizativaGestion.aspx
El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, creado en 1988, y más concretamente su Departamento de Enfermedades Transmisibles tiene como misión mejorar el conocimiento de la patología transmisible de los brotes víricos sean del origen que sean, así como orientar el diseño, implementación y evaluación de políticas sanitarias.
También se cuenta en España con el Centro de Coordinación en Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), creado en 2004, dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, para realizar actividades de inteligencia epidemiológica, coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta rápida ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población. Además, el CCAES es responsable de la elaboración y desarrollo de los planes de preparación y respuesta para hacer frente a las amenazas de salud pública.
Por si fuera poco, a toda esta estructura, hay que añadir que, el 14 de enero de 2020, el Ejecutivo aprobó la creación, dentro del Gabinete de la Presidencia, de una Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, bajo la «dependencia directa» de Ivan Redondo. Dicha Oficina Nacional tiene, a su vez, una Unidad de Estudios y un Comité de Expertos formado por personalidades de la sociedad civil. Todo para «el análisis metodológico y la canalización de la información de los retos, oportunidades, y tendencias multisectoriales del país, que permita el desarrollo de estrategias nacionales anticipatorias y de previsión a largo plazo».
Cuenta también España con unos cuantos laboratorios de ideas o centros de pensamiento (Think Tanks), dos de los cuales están bien situados en el ranking mundial, según el Global Go To Think Tanks (2018) de la Universidad de Pensilvania. Éstos son el Barcelona Center of International Affair (CIDOB) y el Instituto El Cano. Tengo que mencionar al Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que en el año 2019 elaboró el Cuaderno de Estrategia nº 203 con el título de Emergencias Pandémicas en un Mundo Globalizado, que es un trabajo minucioso y claro de los riesgos actuales y de la manera de enfrentarlos.
Muchos de estos organismos venían advirtiendo del peligro que suponía en el mundo globalizado cualquier brote epidémico de origen natural o no. Algunos de ellos, con mayor o menor premura, con mayor o menor acierto advirtieron del peligro que suponía la difusión del brote de COVID-19, dada la facilidad y rapidez de transmisión de ese virus mutado. Se han conocido testimonios de personas directamente implicadas en episodios de brotes víricos, como el que se puso de manifiesto en el documento de lecciones aprendidas de la misión militar francesa desplegada en Guinea en 2014 que manifestaba: “la necesidad de disponer de un almacén nacional para poder hacer frente a las necesidades logísticas que se precisen para responder con eficacia a este tipo de situaciones, para lo cual es fundamental que los gestores y políticos sean conscientes de que la respuesta sin preparación es garantía de fracaso, para lo cual es necesario dotar de los créditos necesarios para poder establecer y mantener un almacén nacional de medicamentos, pero también de equipos y materiales específicos para hacer frente a este tipo de emergencias, incluso aunque no vayan a ser utilizados, ya que se desconoce cuándo podrían ser necesarios”. En el mismo sentido la OMS ha recomendado varias veces a los países que potenciaran sus capacidades de preparación y respuesta, con el apoyo de “defensa” como un área esencial, integrada e interdependiente con las otras áreas, en la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante episodios de este tipo.
Es evidente que en la gran mayoría de países no se han atendido esas advertencias y ha primado el criterio de máximo rendimiento económico y político por encima del de la salud pública. Por ello, hasta que no le han visto las orejas al lobo, los gobiernos no han dedicado ni un reglón en los presupuestos al acopio de equipamiento de protección y medicamentos. El almacenamiento preventivo y el establecimiento de normas para operar con rapidez en casos como el que nos atañe es esencial. No se trata de acumular grandes cantidades de material, más bien consiste en almacenar una cantidad suficiente para soportar el principio de una crisis, mientras se ponen en marcha la fabricación y/o importación de los medios que vayan siendo precisos. Pero claro esto supondría un gasto del que poco beneficio inmediato pueden sacar, ni en el sentido político, ni en económico legal y no legal. Al final, el problema consiste en que nuestros políticos, de aquí y de allá, están más pendientes de la cuestión económica y del rédito político que de la salud, como está ocurriendo ahora mismo con las discusiones bizantinas sobre si pasamos o no pasamos de una fase a otra de desconfinamiento, en este o en aquel otro lugar.
Hasta aquí creo haber dejado claro que, para el que quisiera enterarse, había información suficiente y de calidad como para que se hubieran tomado en serio las medidas preventivas que venían demandándose. No se hizo porque pesó más la economía que la salud en la trucada balanza de los gobiernos. Bueno, podríamos suponer que su decisión estaba fundamentada en la confianza de una gran capacidad de respuesta ante las pandemias, suponiendo unos tiempos de alerta adecuados. Veamos pues ahora esas alertas, de donde procedían y si se hacían con la suficiente anticipación. Ya veremos más adelante en que consistía esa supuesta gran capacidad de respuesta.
Ahora sabemos y entonces suponíamos que la información que ofrecía China sobre el origen y la propagación del virus no era fiable. Y hemos podido constatar que la OMS ha sido en exceso cauta y lenta en la calificación de la crisis del COVID-19 y en las recomendaciones a los países, eso es un problema que aqueja a la ONU en general. A pesar de todo el 7 de enero la OMS ya tenía identificado el virus y conocía su capacidad de propagación y la gravedad de sus efectos. Una semana después, el 14 de enero, advierte que todos los hospitales deberían tomar medidas habituales de prevención y control de infecciones.
El gobierno de Taiwan, buen conocedor de cómo se guisan estas cosas en el continente, y ante la negativa de la OMS a darle información del brote, el 31 de diciembre empieza a tomar medidas preventivas que le han dado buenos resultados. Eso fue un aviso claro a navegantes avezados.
En Europa el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE) alerta el día 17 de enero del peligro de este nuevo virus COVID-19. Y el 26 de enero este centro ya estimaba como muy alto el riesgo de transmisión del virus, cuando en China, según informaciones oficiales, ya había 547 contagiados, 17 muertos y se había puesto en cuarentena varias ciudades de la provincia de Hubei. El virus se había propagado ya a otros tres países.
La OMS declara por fin, el 30 de enero, la Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (PHEIC). Este tipo de emergencia se declara en casos de una enfermedad “grave, repentina, inusual o inesperada”; que tiene implicaciones para la salud pública más allá del Estado afectado, y puede requerir una acción internacional inmediata. En consecuencia, la OMS tardó más de 20 días en tomar esta decisión desde que conoció las características del virus. Lógicamente debía ser prudente, pero la declaración de PHEIC la hizo cuando el virus ya había llegado a 18 países por lo menos y en China tenían 7000 contagiados y 170 muertos.
El 3 de febrero, tanto la OMS advierte a todos los países de la necesidad de hacer acopio de material sanitario y de la necesidad de contar con los medios de protección para garantizar la protección de los trabajadores de la sanidad. Clara advertencia que no ha surtido efecto en nuestro país, dado los resultados en lo que a personal sanitario contagiado y fallecido se refiere y la desprotección que han padecido gran parte del personal dedicado a actividades esenciales durante bastante tiempo. El 11 de febrero la OMS declara al COVID-19 “enemigo número uno del mundo”. Dos días después El Consejo de Sanidad de la UE propone: “vigilar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y equipos importados desde China…. Y la aplicación de contramedidas no farmacéuticas como el aislamiento, la cuarentena y la limitación de contactos sociales”. En esa fecha el mapa de propagación ya era como muestra la imagen y en Europa ya se habían dado algunos casos.
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| Mapa de propagación el 13 de febrero. Fuente https://cnnespanol.cnn.com |
Hasta el 29 de febrero la OMS no pasa de alta a muy alta la amenaza de propagación del virus.
El 3 de marzo el CEPCE aconseja evitar actos multitudinarios en los países de la UE. Ese mismo día se conoce que una persona fallecida el 13 de febrero en Valencia estaba contagiada de COVID-19. La propagación ya alcanzaba cotas peligrosas y aquí se siguió con una pasmosa tranquilidad.
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| Mapa de propagación el 25 de febrero. Fuente https://cnnespanol.cnn.com |
En Italia a 4 de marzo, ya se habían contagiado unas 3000 personas y habían fallecido 107, en España eran 200 los contagiados y 2 los fallecidos (según cifras oficiales), no obstante se sigue en nivel de alerta mínimo y no se adoptan medidas de protección de la población, aunque el gobierno centraliza toda gestión de adquisición de material sanitario y alerta a su personal, mediante una circular interna, de los riesgos del coronavirus.
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| Mapa de propagación 2 de marzo. Fuente https://cnnespanol.cnn.com |
El 9 de marzo el gobierno italiano confina a todo el país y el 11 de marzo la OMS declara la pandemia mundial a causa del COVID-19, cuando los contagios habían llegado a 114 países. Si lo hizo tarde o no, no lo sé, no tengo los conocimientos como para asegurarlo, pero me asaltan muchas dudas sobre esa tardanza y sobre el momento elegido. En España en esas fechas, pasado el 8M, se empieza a observar algún nerviosismo en el gobierno, Ya teníamos 54 muertos al menos como consecuencia de los efectos del virus y más de 2200 contagiados.
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| Mapa de propagación 9 de marzo. Fuente https://cnnespanol.cnn.com |
El 15 de marzo comienza en España el estado de alarma y el consiguiente duro confinamiento, como no podía ser de otra manera, al haberse demorado tanto la adopción de medidas preventivas y de protección. Se hicieron las cosas tarde a pesar de estar advertidos y se hicieron tarde por motivos que se deberán explicar. Se mantuvo a la población desinformada, cuando no mal informada y los resultados son demoledores: El 22 de abril España era el segundo país del mundo con más muertos/100.000 habitantes por COVID-19, hoy seguimos manteniendo ese puesto en el número de defunciones y también en el número de casos detectados. En cuanto al personal sanitario, el número de contagios llegaba a 43.325 el 5 de mayo, manteniendo la tasa mas alta del mundo de personal sanitario contagiado.
De la gestión de la crisis desde que se decretó el estado de alarma ya hablaré la semana que viene. De momento está claro que los avisos y advertencias existieron, aunque algunas organizaciones internacionales fueron lentas en dar los pasos que cada una tiene estipulados. No obstante, más tardía aún fue la reacción de nuestro gobierno. No se si todos los organismos nacionales concernidos en las funciones de alertar, prevenir y preparar para una crisis de este tipo advirtieron tarde o no, pero el hecho es que las medidas a corto plazo se tomaron tarde. Por supuesto que las medidas preventivas a largo plazo no las han tomado ninguno de nuestros gobiernos de los veinte últimos años, a pesar de que advertencias existían abundantes, a cada cual lo suyo. Al gobierno actual le ha tocado bailar con la más fea, sin haber asistido antes a clase de baile. Demasiada ansia para tan poco conocimiento.
LUIS BAILE ROY
