Por otro lado, y aquí viene la parte dificultosa del asunto, Sánchez y su círculo más cercano encaran unas negociaciones con unos partidos de ámbito regional, partidos cada vez más radicalizados en sus reivindicaciones. En orden de menor a mayor dificultad en la negociación, según mi criterio, se encuentra primero con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Éste partido de derechas, racista, muy católico y, hasta ese momento, predominante en la mayoría de las instituciones vascas, siempre había preferido permanecer detrás del nogal para salir a recoger los frutos en el momento adecuado, lo que sumado a su habitual pragmatismo, y a pesar de sus objetivos soberanistas, me llevaba a pensar que se va a vender caro. Pero sería raro que antepusiera su delirio secesionista a las ventajas económicas que la situación puede aportar a su región y también a los negocios de sus correligionarios.

Le siguen en orden de dificultad negociadora EH BILDU y ERC. La verdad es que, en principio, no sabría a cuál dejarle el segundo puesto, pero me inclino por partido de extrema izquierda vasco. Me daba la sensación de que este partido ya tiene recorrido parte del camino en sus relaciones con el PSOE de Sánchez, y no creo que sientan la imperiosa necesidad de presentar a su electorado resultados de poco calado a corto plazo, o la ilusión de una independencia cuando la fruta no está madura. Llevan mucho tiempo empleando una misma estrategia a largo plazo y no les ha ido nada mal.

En las elecciones generales del 23 J ya casi han alcanzado el número de votantes que obtuvo el PNV, solo les han separado unos 1.100 votos, cuando en las autonómicas de 2020 les separaron unos 100.000 votos. Además, las negociaciones con el PSOE de Sánchez siempre les han salido bastante bien, tanto en los pactos por el gobierno de Navarra, como en el tema del acercamiento de los presos etarras, en la salida de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra, o en la retirada de agentes de campo del CNI en el País Vasco, etc. En resumidas cuentas, ambos partidos parecen estar encantados de haberse conocido. Incluso el ministro Marlaska, antes un juez ogro de la Audiencia Nacional para los etarras, parece ahora un cordero bien pastoreado.

Para Sánchez, la preocupación se centra en las dos primeras condiciones de ERC para dar su voto afirmativo en la investidura, las demás, aunque no dejan de ser importantes para el resto de los españoles, a él no le suponen ningún quebradero de cabeza. En cuanto a la exigencia de una ley de amnistía, tampoco parece significarle demasiados problemas porque, aunque se trata de una ley evidentemente inconstitucional, dado que ya tiene tomado el Tribunal Constitucional (TC), no le va a resultar difícil lograr que ese tribunal, haciendo incluso triple salto mortal atrás, haga la interpretación de la Constitución que sea precisa para declarar constitucional esa hipotética ley de amnistía que exigen los independentistas.

Por su parte, ERC seguramente se va a conformar con que la ley salga adelante durante los dos primeros años del posible nuevo gobierno de Sánchez. Le daría, así, al candidato a la investidura, un crédito que seguramente va a necesitar, dada la mayoría absoluta del PP en el Senado, cámara donde este partido puede retrasar el proceso legislativo de la citada ley de amnistía.

Más complicado tendrá el PSOE, aunque sea el de Sánchez, prometer, y que le acepten los independentistas, la convocatoria de un referéndum que, según la Constitución, debe ser consultivo y de todos los ciudadanos (CE. Artículo 92.1), fórmula muy alejada de la preferencia de ERC, con la que este partido quiere contentar a sus votantes más radicales, con vistas a evitar una posible fuga de votos hacia Junts x Cat o, incluso, a la CUP.

Por fin llego al hueso aparentemente más difícil de roer, a Junts x Cat, el partido separatista del prófugo Puigdemont, apodado jocosamente como “Tocomocho”. Este partido, por supuesto, exige la ley de amnistía pero, en este caso, lo hace como condición previa a su voto afirmativo en la investidura. En ese empeño se han reafirmado posteriormente, al conocer la sentencia de la Audiencia de Barcelona por la que se ha condenado a Miguel Buch, ex consejero de interior de la Generalidad, a cuatro años y medio de prisión y nueve y medio de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación, por la contratación como asesor de un mosso d’esquadra que, más que asesorar, ejerció de escolta en la rocambolesca fuga de Puigdemont en el capó de un coche. Al susodicho mosso, Lluís Escalà le han condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación. Esta sentencia también ha causado aspavientos y declaraciones altisonantes en los dirigentes de ERC, pero éstos, desde mi punto de visto, tienen muy claros sus objetivos y su ruta y no creo que los vayan a modificar, ni por esta sentencia, ni por el estúpidamente idolatrado líder de sus rivales políticos independentistas.

A Sánchez, el enrocamiento de los de Puigdemont en lo referente a la amnistía, le complica una situación ya de por sí complicada, porque sacar adelante una ley de amnistía antes del segundo debate de su investidura es realmente difícil, si no imposible. La incógnita está ahora en hasta dónde estaba dispuesto Junts x Cat a tensar la cuerda. Ellos no pueden ceder demasiado si no quieren perder los apoyos de la parte más radical de su partido.

Más difícil aún lo tiene Sánchez en el asunto del referéndum de autodeterminación. Cuestión en la que, para poner una cara amable y además capaz de negociar en el único idioma que dicen dominar el huido Puigdemont y sus más próximos colaboradores, ha sacado al ruedo al cuestionado exministro de sanidad, Salvador Illa, por si éste pudiera torear con éxito en las difíciles plazas de Bruselas o de Barcelona. Pero Puigdemont ha dejado bien claro que a ese torero ni siquiera le iba a sacar de toriles a sus morlacos.

Como es lógico Sánchez se ha tragado ese desprecio y a otra cosa mariposa. Sigue, como si nada, intentando negociar un aplazamiento en las exigencias de Junts x Cat, a cambio de la promesa (palabra de muy poco valor en boca de Sánchez) de celebración de un referéndum a su gusto cuando él gobierne. Pero, en este caso, me parece que lo tiene muy cuesta arriba porque, incluso para el actual TC, será muy difícil llegar a justificar una interpretación que lograra retorcer el sentido de lo fijado en el artículo 92 de la CE, de una manera tan clara y contundente.

Otras reivindicaciones que, de momento, son objeto de debate en el Parlamento Catalán y en las sedes de los partidos independentistas no son sido, de momento, incluidas en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, supongo que irán utilizándolas a posteriori a lo largo de la legislatura, a cambio de los votos de sus diputados cuando el gobierno que sea los necesite.