ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El despoblamiento rural de amplias zonas de España es un problema demográfico de primera magnitud y también lo es para la conservación del medio ambiente y la necesaria recuperación de zonas que han caído, o están próximas a hacerlo, en la matorralización del terreno y desaparición de pastos, debido al abandono de la actividad del pastoreo, de la ganadería extensiva y de la falta de limpieza de los montes. La insuficiente dotación de los servicios básicos en las zonas rurales afectadas, además de incrementar la salida hacia las grandes poblaciones, influye negativamente en la percepción que tiene la escasa población rural joven sobre la oportunidad y conveniencia de tomar la decisión de tener hijos.
Es un hecho que en las denominadas zonas “rurales profundas” y “rurales estancadas”[1] la escasa masa crítica de población ha llevado a la escasez y lejanía de unos servicios adecuados y justos. Todo ello ha conducido, inexorablemente, al abandono de pequeñas y medianas poblaciones, al envejecimiento de su población, a la desvitalización de la zona y la desestructuración social. Este fenómeno no es exclusivo de nuestra nación, pero nos afecta en mayor medida que a la mayoría de los países del sur de Europa (Mapa 1).
[1] Según Fernando Molinero Hernando de la Universidad de Valladolid las zonas rurales estancadas son aquellas cuya densidad despoblación está entre 5 y 15 hab./km2 y que está en retroceso y las zonas rurales profundas las que tienen una densidad de menos de 5 hab./km2 y que van a menos.
En las zonas rurales profunda y estancada, la densidad de población no ha sido nunca muy elevada. Este hecho viene de lejos, los dos imperios que mayor influencia han tenido en España, el romano y el árabe, dominaron el territorio desde las ciudades y núcleos de población importantes, dejando entre ellos grandes espacios escasamente poblados y dedicados al abastecimiento de aquellos. En esos espacios se distribuían pequeñas poblaciones poco habitadas que no eran prácticamente consideradas en su esquema de civilización. Lo importante para ellos era la ciudad, su diseño urbanístico, las edificaciones públicas, las casas de sus habitantes, la ingeniería sanitaria y su defensa. Sólo durante el bajo Imperio Romano se produjo un fenómeno de migración de las urbes al campo a causa de la presión fiscal, lo cual dió lugar a la posterior feudalización.
Aquella distribución poblacional pervivió, de tal manera que en España, antes y después de la unificación de los diferentes reinos, la mayor parte de la población vivía en urbes de cierta importancia y en sus aledaños y entre ellas las pequeñas poblaciones y los extensos territorios contaban desde siempre con una baja densidad de población.
En 1900, en esas zonas del interior de España no se superaba una densidad de 20 hab./km2 (Mapa 2 a los datos ofrecidos en este mapa habría que desagregar la población de ámbito urbano de cada provincia para tener una idea más aproximada de la realidad en el ámbito rural), pero lo importante, lo que hacía la vida posible en ellas era que había una economía sostenible basada en una agricultura y ganadería tradicional enmarcadas en un mercado diversificado que abarcaba, además de las zonas rurales antes mencionadas, las denominadas zonas “rurales intermedias” y “dinámicas”[1], que constituían juntas un conjunto rural que contaba con manufacturas y artesanía, además de disponer de unos servicios básicos de proximidad.
[1] “Zona rural intermedia” es la cuenta con una densidad de población de entre 15 y 25 hab./km2 y “zona rural dinámica es la que su densidad de población es entre 25 y 50 % hab./km2.
MAPA 1
MAPA 2
Toda esa red de poblaciones, más o menos habitadas y separadas, orbitaba alrededor de una cabecera comarcal[1] que añadía a las posibilidades económicas antes indicadas una mayor diversificación económica y unos servicios que cubrían las propias necesidades y asistían a su comarca. En el estudio “Algunas consideraciones acerca de la evolución de la población rural en España en el siglo XIX”, de Pilar Erdozáin Azpilicueta y Fernando Mikelarena Peña[2], se afirma que los ganaderos y campesinos, a mediados del siglo XIX, no dependían solamente de sus labores agrarias y ganaderas, sino que recurrían a la pluriactividad, para captar ingresos y alimentos en actividades vinculadas con la artesanía o la industria dispersa, con el monte o con los servicios.
Todo ello propiciaba una situación demográfica más o menos estable. Pero esta pluriactividad entró en declive a mediados de siglo XIX, a causa de la crisis que afectó a las diversas actividades industriales tradicionales de las zonas rurales, el “languidecimiento de la arriería y de la carretería” debido a la expansión del ferrocarril, y la pérdida de derechos sobre montes y bosques comunales debida a la desamortización y enajenación de monte público y a las masivas privatizaciones y adjudicaciones en subasta que siguieron.
La industrialización, que amenazaba a la industria artesanal y dispersa, se caracterizaba por un marcado carácter de polarización espacial y también sectorial, ejemplo de ello fue la concentración de la fabricación textil en Cataluña y la consiguiente desubicación de otros lugares del resto de España. Estos hechos tuvieron un gran efecto negativo sobre los tejedores a tiempo completo y los campesinos-tejedores empleados a tiempo parcial en aquellas industrias de carácter artesanal.
Comenzó entonces una migración de cierta consideración desde las zonas rurales hacia las capitales de provincia, comenzando también entonces una emigración aun reducida hacia el extranjero, básicamente a ultramar. Esta emigración, al ser mayoritariamente de hombres jóvenes, producía una disminución de la nupcialidad o, cuando menos, un retraso de los matrimonios y consecuentemente una disminución de la natalidad y de la densidad de población rural.
Al efecto de la industrialización espacialmente polarizada se sumaron las consecuencias que vendrían derivadas de la crisis agraria de finales del siglo XIX. A pesar de todo ello persistía un frágil equilibrio demográfico en las zonas rurales, sobre todo gracias a la transición demográfica”[3].
[1] “Cabecera comarcal” considerada como la población y su término municipal con una densidad de más de 50 hab./km2.
[2] http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/159432/1996%2C%2012%2C%2091-118.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[3] Transición demográfica: “proceso mediante el cual una población pasa, desde una situación de altas tasas de mortalidad y natalidad a otra situación caracterizada por bajas tasas de mortalidad y natalidad”. Revenga Arranz, Estrella. La transición demográfica en España. Revista Española de Investigaciones Sociológicas nº 10. http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_010_12.pdf
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS HEREDADAS
En definitiva la distribución poblacional en la España interior siempre ha sido muy heterogénea, coexistiendo los núcleos urbanos de alta densidad de población con grandes extensiones de terreno de baja densidad entre aquellos. Las características urbanísticas de las pequeñas poblaciones también han sido siempre muy heterogéneas. Morfológicamente hablando nada tienen que ver los pueblos de la meseta castellana con los de Galicia o Asturias, ni los de Extremadura o las tierras de secano de Zaragoza con los del Pirineo o la cordillera Ibérica.
Sólo estas dos características que hoy día persisten hacen que la geografía española sea tan diferente de la mayor parte de los países europeos. Es cierto que hay regiones europeas con bajas densidades de población, por ejemplo en Suecia o Finlandia; también que Irlanda es una nación con menor densidad de población que España, pero sólo en ésta se dan esas dos características de forma simultánea y en tan alto grado, a lo largo y ancho de las zonas rurales profundas, estancadas e intermedias que suponen aproximadamente el 77 % del territorio[1].
Esta situación afecta indudablemente a la eficiencia de los servicios públicos, a la vida social y cultural y al desarrollo económico en esas zonas. Si observamos la geografía de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y otros países, con los que nos podemos comparar en otros muchos aspectos, observamos que sus poblaciones están más distribuidas en el territorio, de forma más homogénea. De hecho, en muchos recorridos por sus carreteras, vemos que en ciertas zonas prácticamente se puede pasar de uno a otro pueblo casi sin notarlo y sus casas también están más esparcidas en los términos municipales.
En muchos de esos países, excepto en esos barrios de las ciudades que concentran una mayor producción industrial y actividad económica, en los que se eleva exageradamente la densidad de población a base concentración de edificaciones baratas para los obreros, la población está más homogéneamente distribuida y, además, la densidad de población es notablemente superior a la española. Y ello facilita no solo la eficiencia de los servicios públicos, sino también la facilidad de establecimiento de relaciones comerciales, sociales y de todo tipo.
[1] Molinero Hernando, Fernando. Profesor de la Universidad de Valladolid. Fundación de Estudios Rurales. Anuario 2017.
SIGLOS XX Y XXI
En las primeras décadas del siglo XX el proceso de industrialización se aceleró y, a la vez, se polarizó de manera exagerada, por lo menos espacialmente. Con ello se produjo un incremento de la emigración a las ciudades en las que se establecieron los polos de desarrollo industrial. No obstante el crecimiento de población urbana aún coexistía con un crecimiento moderado de población rural en algunos casos y en otros con un estancamiento. Pero la población ocupada en el sector primario no ha dejado de disminuir desde el año 1900 (Gráfico), excepto en el periodo correspondiente comprendido entre 1925 y 1945. No obstante, por efecto de la transición demográfica, en 1940 el total de la población rural seguía estando en los niveles de 1900.
El descenso espectacular de población rural española se produce entre 1950 y 1975, en paralelo a un desarrollo económico igualmente espectacular. Tal fue el descenso que la línea continua de caída de la población ocupada en el sector primario (ver gráfico) no abandonó su tendencia hasta el año 2008. En definitiva, esa situación nos ha dejado la realidad de que en el año 2020 la población rural representaba sólo el 15,9 % de la población total (ocupando el 84% de la superficie española)[1], cuando en los años 50 suponía aún el 39 %.
Pero este descenso ha sido muy desigual a lo largo de nuestra geografía, produciéndose en las zonas del interior una pérdida de población del 50 %, mientras que, por ejemplo, en la zona cantábrica se limitaba al 25 %.
[1] https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_demografiaenlapoblacionrural2020_tcm30-583987.pdf
Después de 1975 y en la década de los 80 el abandono de las zonas rurales fue perdiendo la inercia que había tomado con la industrialización y a partir de entonces esa emigración se ha mantenido en bajos niveles hasta hoy. Una de las razones de esta desaceleración es el hecho de que la emigración rural de los años 1950 a 1975 fue de tal magnitud, produjo un vaciado tan importante de las zonas rurales, que ya había poco de donde sacar. Pero además la emigración fue mayoritariamente protagonizada por jóvenes y mujeres, por lo que los efectos en el índice de nupcialidad y la tasa de natalidad dejaron una población envejecida y con escasa motivación para la emigración.
Se puede añadir que la injusta posición de subordinación de las mujeres en la sociedad rural las impulsó a compartir el protagonismo en aquel éxodo. Esa situación afectó a la proporción entre mujeres y varones en las zonas afectadas por la emigración, superando el número de varones al de mujeres en un 15 % aproximadamente y por lo tanto afectando a la tasa de natalidad.
Por otro lado, no se puede olvidar que la reconversión industrial (ver gráfico) provoco sin lugar a duda un frenazo en la migración del campo a la ciudad y, aunque no propició el regreso a los pueblos, si dejo un nivel de desempleo considerable en el entorno urbano, desmotivando a los que aún pudieran considerar la posibilidad de emigrar a la ciudad.
Desde los comienzos del presente siglo hasta la crisis económica del 2008 el abandono de las zonas rurales, en general, siguió reduciendo su velocidad, pero a esa característica se le unía la importante heterogeneidad de comportamiento según las diferentes zonas de España. Esa heterogeneidad se traduce en grandes diferencias entre los territorios que han estado perdiendo población lentamente como son los casos de la Cordillera Ibérica, el Pirineo, las llanuras salmantinas, zamoranas, palentinas, cacereñas y las zonas próximas a la frontera con Portugal, los Montes de Toledo, Sierra Morena y Prebéticas. Mientras que ese despoblamiento apenas se observaba, o incluso se podía detectar alguna recuperación, en Galicia, Murcia, Alicante, entre otros.
En estas últimas zonas, en las que se cuenta con algunos núcleos de población próximos y económicamente dinámicos, se produce el efecto de integración de núcleos más reducidos, es como una bola de nieve que arrastra a todos a constituir una zona “rural dinámica”, con una masa crítica de población y actividad económica diversificada.
Este fenómeno se repite con mayor fuerza en zonas como la periferia de Madrid, el valle del Ebro, la costa del Mediterráneo, las costas gallegas y asturianas, el interior del País Vasco y de Andalucía y las Vegas Bajas del Guadiana. Colaborando a esa heterogeneidad tenemos zonas que son polos de atracción de población, generalmente en la periferia peninsular, excepto en el caso de Madrid y unos pocos polos secundarios más en el interior[1].
Algunas de estas zonas “rurales dinámicas” e “intermedias” y los grandes núcleos poblacionales han incrementado su población, en buena parte debido a la inmigración extranjera que atrajo la buena situación económica y el boom inmobiliario previos a la crisis del 2008.
Tras esa crisis llegó el parón de la inmigración y, como consecuencia, dejó de compensarse el crecimiento vegetativo negativo de la población. Posteriormente, superada (se supone) la crisis, el incremento de la inmigración fue moderado y no llegaba a compensar los problemáticos parámetros demográficos que teníamos y por lo tanto la despoblación iba comiendo terreno.
En el caso concreto del mundo rural, si no se adoptan las políticas adecuadas, la población rural tenderá a disminuir de manera paulatina, aún en ausencia de migraciones campo-ciudad, como consecuencia del crecimiento vegetativo negativo que le viene afectando. Las más afectadas serán las zonas rurales profunda, estancada e intermedia. Sin olvidar que el resto del territorio a la larga se verá afectado también por el crecimiento vegetativo negativo de la población, su envejecimiento y la dificultad de relevo generacional.
[1] Efecto del desarrollismo, anticipado por Ramón Tamames en su libro “Estructura económica de España. 1960.
Como resultado de todo lo mencionado hasta aquí, España cuenta con una densidad de población, en relación con el conjunto de la UE, muy baja y, en referencia a las NUTS III[1] (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas), en términos absolutos las unidades que habían perdido población entre 1950 y el 2000 suponían el 53 % del total del territorio español. Y por acercar temporalmente los datos, en 2018, según el INE, 36 provincias habían perdido población, sobre todo en áreas rurales.
[1] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.1.6.pdf
[1] Del Molino, Sergio. La España Vacía. Ed. Turner Noema. 13 ª edición. Noviembre 2018. Pag. 41
ALGUNOS ERRORES COMETIDOS. ALGUNAS IDEAS PARA COMPARTIR
En mi opinión la errónea política de concentración industrial que propició la monarquía por lo menos desde el siglo XIX y que continuó favoreciendo el General Franco, produjo grandes movimientos migratorios hacia las concentraciones industriales. Paralelamente, se produjo una demoledora ausencia de políticas que ayudaran a fijar la población de las zonas rurales, basadas en medidas que aseguraran una más justa distribución de los beneficios de la comercialización de su producción agrícola y ganadera y que evitaran los exagerados desequilibrios que se iban produciendo en las comunicaciones y en la distribución del tejido industrial.
Estos errores debían de haberse intentado corregir a partir de 1980, con la democracia ya al final del rodaje. Para ello la nueva Constitución de 1979, en principio, ofrecía un nuevo marco político que, por un lado iba a desembocar en la integración a la Comunidad Económica Europea (CEE), posteriormente Comunidad Europea (ya no sólo económica) y por fin UE desde el Tratado de Maastricht y, por otra parte, abría la vía hacia una descentralización política que, por la distribución de competencias y presupuestos, se iba a semejar a un sistema de federalismo cooperativo, pero que luego derivo en una especie de federalismo asimétrico, centrífugo e insolidario.
Respecto a la UE, la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP), en un documento de acción redactado, quizás un poco tarde, por su comisión de despoblación en el año 2017, decía que el problema de la despoblación exigía:
“un sólido acuerdo de Estado contra la despoblación que debería armonizarse con una estratégica europea específica frente a los retos demográficos. En ese sentido, cabe recordar que el Acuerdo de Asociación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 ya incluía una referencia al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos”[1].
Un instrumento político de armonización de la UE que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo es la Política Agraria Común (PAC) pero, por el estado de la situación demográfica de buena parte de nuestro campo, parece que las ayudas recibidas mediante ese instrumento se han distribuido para favorecer más a grandes productores establecidos en zonas rurales que no se pueden considerar en situación de riesgo, que a favorecer la lucha contra la despoblación en las zonas rurales profundas y estancadas.
Tampoco la descentralización establecida por la Constitución ha resultado una solución efectiva. Se esperaba que este sistema, además de acercar al ciudadano la acción política mediante las competencias transferidas a los gobiernos autonómicos y locales, se iba a lograr un encaje equilibrado de territorios heterogéneos en muchos aspectos. La realidad ha resultado ser otra, las tensiones centrífugas provenientes de unas regiones más que de otras sobre todo; pero también la falta de comprensión del verdadero significado de la cooperación y de la compartición de competencias; además de la falta de responsabilidad del gobierno de la nación al transferir completamente algunas competencias que, por ser integradoras y vertebradoras de una nación, debería haber retenido o compartido; han hecho derivar el sistema hacia un federalismo asimétrico plagado de desigualdades, deslealtades e incomprensiones.
En definitiva, se ha llegado a un sistema de mercadeo de competencias por increíbles y rocambolescos apoyos parlamentarios. Como consecuencia, en gran medida se ha perdido el imprescindible diálogo entre estructuras de gobierno en el sentido vertical y en el horizontal (entre gobiernos autonómicos) y la búsqueda de la convergencia, la cooperación y la solidaridad entre administraciones. En especial todo esto afecta a la política de ordenación territorial, completamente transferida, que debería ser sinónimo de cohesión, y que tiene una influencia definitiva en los problemas de las zonas rurales, los servicios públicos y sus expectativas de futuro.
Posiblemente estemos en una situación sin atisbos de mejoría por lo “que no se ha oido” en la anticipada campaña electoral. Bajo un sol de justicia, en ese gran espacio con las pulsaciones lentas al que Sergio del Molino llama la España Vacía, las palabras vacuas y hasta ignorantes sobre estos temas, si las hay, de nuestros políticos se diluyen, porque en realidad ni les interesa, ni saben de qué va.
Los urbanitas salimos de la ciudad al campo a disfrutar de los paisajes y la comida, a asombrarnos de la extraña vida que se lleva en esos lugares, con costumbres tan distintas. Algunos, pocos, aparecen por allí con ideas y una cierta voluntad de ayudar pero, de los pocos, menos son los que se quedan para compartir y cooperar en esos lugares tan necesitados de vida nueva.
Pero claro, es que esos políticos que tanto beneficio sacan de los pocos votos de la España Vacía gracias a la magia de la Ley Electoral, pronto se enfrascan en su encasillada, urbana y aburrida vida política y se olvidan de dedicar parte de su tiempo de gestión a lograr el establecimiento de los servicios e infraestructuras esenciales que permitieran revitalizar esas zonas tan injustamente tratadas.
No se trata de convencer a la gente de los pueblos para que no los abandone, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su vida. Por el contrario, se trata de llevar a cabo las medidas políticas necesarias para que, con racionalidad y eficiencia, se logren las condiciones adecuadas para que sea posible desarrollar proyectos de vida al margen de las grandes poblaciones. Se trata de facilitar el ejercicio de la libertad para elegir el tipo de vida que cada uno quiera llevar, pero claro sin necesidad de llegar a heroicidades ni estoicismos, por otra parte muy loables.
Llegados a este punto, con toda prudencia y con ciertas dudas, voy a sugerir algún cambio en cuanto a las políticas territoriales. Un cambio que creo que hay que emprender con decisión y con idea de durabilidad, para mejorar la situación poblacional de las zonas rurales españolas afectadas por los fenómenos demográficos que he expuesto.
Hasta ahora el resultado de la política de ordenación territorial de las autonomías no ha sido bueno en lo que se refiere a la lucha contra la despoblación. Para mí, el nivel administrativo que debería llevar el peso de la aplicación de las políticas contra la despoblación, todas, incluida la de vivienda en zonas rurales, debería de ser el de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Primero porque hay autonomías muy extensas, con provincias de características muy diferentes y necesidades muy distintas que no son siempre bien captadas y valoradas desde los gobiernos autonómicos, afectados casi todos ellos de neocentralismo. Segundo porque en las diputaciones están representados de manera más directa los pueblos y comarcas de la provincia, por lo que la sensibilidad sobre esta materia es mucho mayor.
A nivel estatal la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) podría ser el puente que regulara la financiación estatal y de la UE dirigida a la ejecución de las políticas concretas contra la despoblación en las diferentes provincias. Se trataría de sustraer el control de esas políticas públicas a las autonomías, porque ya han demostrado su ineficacia y no estamos en condiciones de perder más tiempo intentando reconducir su fracaso. Hay que ser valiente y decidido, hay que tomar otro camino que, por ser más próximo al terreno de que se trata y más sensible con su situación y necesidades, puede llevar de una forma más eficiente a la meta que perseguimos: parar la despoblación y recuperar aquellos pueblos y comarcas que aún tienen posibilidades de tener y dar vida.
Habrá quien diga que para elucubrar y discutir sobre estos temas territoriales están los Parlamentos Autonómicos y el Senado. A eso les respondo que esas instituciones tuvieron su tiempo para hacerlo y se les pasó entretenidos en otras cosas, dejando de lado esta cuestión esencial y decisiva para un futuro más libre y justo de nuestra sociedad. Los parlamentarios autonómicos, en la mayoría de los casos, no han representado realmente a la circunscripción por la que han salido electos, están sometidos a la disciplina de unos partidos que no se juegan nada en esas zonas deprimidas, excepto en épocas de campaña electoral, después las promesas se evaporan.
Respecto al Senado, la Constitución en su Artículo 69 establece que “El Senado es la cámara de representación territorial”. Determina así mismo que por cada provincia se elegirán cuatro senadores, tres en el caso de las islas mayores de los Cabildos o Consejos Insulares y uno más por cada una de las islas o agrupaciones menores (Ibiza-Formentera, Menoría, Fuerteventura, Hierro, Gomera, Lanzarote y La Palma), además uno por Ceuta y otro por Melilla, todos ellos por sufragio universal. Por designación de la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma se nombra un Senador y otro más por cada millón de habitantes del territorio de esa Comunidad. Pero el Senado, a pesar de ser “la cámara de representación territorial” y contar con un respetable número de senadores (266), no ha obtenido ningún éxito en políticas contra la despoblación y recuperación de las áreas rurales más amenazadas.
En realidad, la verdadera representación territorial ha descansado en el Congreso de los Diputados gracias a una defectuosa Ley Electoral, y a las disfunciones de un Senado que debería haber sido mejor pertrechado en la Constitución. Hoy no voy a tratar de estos dos temas, no toca, pero no me olvido de que son dos de los aspectos que más han influido en los graves problemas políticos que arrastramos.
El hecho es que el Congreso de los Diputados ha asumido indebidamente la función de cámara de representación territorial, usurpándosela a un inoperante Senado. Pero, a pesar de eso, en aquella cámara tampoco se han dado soluciones efectivas a la despoblación. Entre otros motivos porque la ventaja que le concede la Ley Electoral a las provincias más despobladas, no se traduce en una mayor representación de las zonas rurales, ya que en realidad los votantes se concentran en gran proporción en la capital de la provincia (por ejemplo en Zaragoza capital vive el 70 % de la población de la provincia). Es decir, que los partidos dependen del voto urbano de la ciudad donde están los órganos administrativos, los mejores y más cercanos servicios públicos y las sedes de los partidos.
Por todo esto me decanto por soslayar las vías, más o menos representativas, hasta ahora utilizadas y depositar en las Diputaciones Provinciales y administraciones de similar nivel y los Consejos Comarcales la responsabilidad de ejecutar las políticas que se acuerden en el seno la FEMP, organismo que además debería ser el canal de distribución de la financiación estatal y de la UE.
[1] http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-05-17.pdf
