Según los principios de la democracia liberal que impera en los países europeos y en gran parte del mundo occidental, los partidos políticos deberían ser los que aglutinaran y encauzaran las corrientes de opinión de los ciudadanos hacia las instituciones en las que se toman las decisiones, tanto en un sistema electoral proporcional, como en uno mayoritario. Pero es un hecho que los partidos políticos están cada vez más alejados del sentir del común de los mortales y, como consecuencia, no cumplen adecuadamente con la misión de encauzar las verdaderas aspiraciones de los ciudadanos. Esa separación se debe, por una parte, a una falta de sintonía en lo que a intereses reales se refiere, por otra al incumplimiento de los compromisos adquiridos por los futuros representantes durante las elecciones. Tampoco se puede obviar que, en bastantes ocasiones, la legislación que producen los representantes de la soberanía popular no está en consonancia con el sentir general. Incluso, en ocasiones, los problemas debatidos en la cámara de representantes no son considerados por los representados de tan vital importancia, como para ser debatidos durante meses en plenos y comisiones varias, considerando frecuentemente, por el contrario, que se trata de temas de carácter distractor, cuando no de exclusivo interés de variopintos grupos de presión que, sin contar con la suficiente representatividad ni legitimidad democrática, poseen herramientas con las que ejercer una fuerte presión, legal o no, sobre los partidos políticos.

    En la actualidad, sufrimos un excesivo protagonismo de los partidos políticos y de sus líderes adornados con cierta tendencia al autoritarismo. Los actuales partidos y quien esté detrás de ellos son los que detentan realmente el poder en nuestra sociedad, se han filtrado como agua desbordada en todas las instituciones del Estado y en las estructuras sociales. Salvo escasas excepciones, no están muy preocupados por el interés general, más bien lo están por lograr su propios objetivos y mantener sus poltronas, que usan como trampolines para seguir obteniendo influencia y favores.

   En la búsqueda de una democracia mejor, una democracia representativa que supere su crisis, hay propuestas que se basan en dar una mayor cabida a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Estas propuestas se centran mayoritariamente en potenciar las instituciones de democracia participativa. Instituciones que, evidentemente, deberán estar sujetas a una normativa adaptada al ámbito territorial donde vayan a ser aplicadas y a la temática. No tiene por qué ser igual la forma de presentar y debatir una iniciativa popular en un pequeño municipio que a nivel estatal; tampoco tiene por qué requerir las mismas condiciones una iniciativa en el ámbito de la legislación ordinaria, en el de las leyes orgánicas o en el constitucional. No se trata de sustituir o eliminar la democracia representativa, se trata de resolver la crisis que le afecta, llevándola hacia la transformación necesaria para dotar a los ciudadanos de unos controles “ex ante” y “ex post” basados en las instituciones de la democracia participativa.

    Por otro lado, la situación de crisis de la democracia representativa descrita me hace considerar que la función de producir representación, que deberían tener las elecciones democráticas está devaluada por un sistema electoral patentemente mejorable y por la actitud de unos partidos políticos que, como ya he recalcado, están cada vez más alejados de su misión primigenia. Igualmente me lleva a sospechar que el carácter democrático de la forma en que se lleva a cabo la función de producir gobierno está ciertamente relativizado. Actualmente esta función está encargada al Congreso de los Diputados, que otorga su confianza y designa como presidente del gobierno al candidato del partido ganador en las elecciones legislativas. Pero si el presidente del gobierno fuera elegido directamente por los votantes se cumpliría con la sana separación de los poderes legislativo y ejecutivo de una forma más real. Si ambas funciones fueran mejoradas en el sentido que se propone en este documento, por extensión, se incrementaría el valor de la función de producir legitimidad que, igualmente, deben poseer unas elecciones verdaderamente democráticas.

  En adición a todo ello considero que, la insuficiente categoría intelectual de los políticos que actualmente nos representan y dirigen, les produce en muchos casos un estado de inseguridad que les hace adoptar posturas autoritarias y a evitar en lo posible el debate calmado y racional con aquellos que defienden posturas diferentes y, sobre todo, a obviar absolutamente la consulta a los representados, aunque las cuestiones que se debatan sean de gran importancia para su forma de entender y afrontar la vida. Cada vez se alejan más del sentir de los electores y, para enmascarar ese hecho, se dan descaradamente a la manipulación informativa a fin de influir en la opinión pública pretendiendo llevarla a su ascua. No consideran la posibilidad de facilitar a los representados la capacidad de introducir en la agenda política los temas que suscitan su máxima preocupación. Pero un efecto aún más peligroso y que también es debido a la baja calidad intelectual, sobre todo en el caso de un político con ciertas responsabilidades, es el no sentir ni el más mínimo atisbo de inseguridad o duda en sus actuaciones, estamos entonces ante seres injustificadamente prepotentes, que superan con creces las actitudes autoritarias y rayan con lo paranoico.

    Acudir a las instituciones de democracia participativa para mejorar a la representativa y sacarla de la crisis que le afecta, tiene defensores y detractores. Estos últimos aducen que los ciudadanos son muy manipulables mediante los medios de comunicación de masas y, por lo tanto, las iniciativas o propuestas presentadas pueden no surgir de un movimiento ciudadano, sino que su origen estará en partidos políticos o grupos de presión con capacidad para lanzar una potente campaña publicitaria. Evidentemente la manipulación del electorado está al orden del día, pero su objetivo no está únicamente dirigido a las herramientas más comunes de la democracia participativa, también es profusa y vergonzosamente utilizada en las campañas electorales de la democracia representativa e incluso se da dentro del propio Parlamento mediante el mandato imperativo al que están sometidos los diputados y senadores por sus partidos, en contra de lo establecido en nuestra Constitución al determinar que los diputados no están sometidos a ningún mandato imperativo, ni del el representado, ni del partido al que pertenece. Esa manipulación no solo se lleva a cabo en periodo electoral, últimamente es empleada también entre campañas haciendo un uso frecuente de los medios de comunicación de masas para adocenar al público, mediante campañas publicitarias machaconas y aburridísimas y colocando, en los horarios de máxima audiencia, frecuentes alocuciones en las que el líder de turno, más que dirigirse a la ciudadanía, parece estar encantado de sí mismo mirándose al espejo. Claro que la ciudadanía puede ser susceptible de manipulación. En eso tienen responsabilidad los propios ciudadanos que no busquen la información suficiente y no la sometan a un análisis crítico. Pero también tienen una gran parte de responsabilidad, más si cabe, los políticos que ni desde el gobierno, ni fuera de él, están realmente interesados en procurar un sistema educativo que propugne la búsqueda de la información veraz y su crítica racional; además de no ser nada proclives a dar información, precisamente para poder facilitar la manipulación de la ciudadanía.

    Los que estamos a favor de una democracia más participativa, lo estamos, sobre todo, porque esas instituciones (la Iniciativa Legislativa Popular, la Revocación de Cargos electos y los Referéndum obligatorios y abrogatorio) pueden suponer, bien utilizadas, unos medios de control eficaces contra el omnímodo poder de los partidos políticos, sobre todo cuando están en el poder ejecutivo y realizan toda clase de maniobras para invadir las competencias de las instituciones de los demás poderes del Estado o incluso para penetrarlas hasta la médula. Además la democracia participativa puede ser beneficiosa en los siguientes aspectos, no menos importantes:

 ·         Hace más real la soberanía popular, incrementando la motivación de los ciudadanos por los asuntos políticos.

·         Incrementa la legitimidad democrática.

·         Mayor interés por estar informado. Como consecuencia un mayor interés por la educación.

·         Las decisiones políticas pueden acercarse al verdadero interés de los ciudadanos.

·         Se mejora la gestión pública y la trasparencia de ésta.

·         Permiten introducir en la agenda política asuntos que los partidos quieren evitar debatir en el Parlamento, incluso temas específicos que no estuvieran contemplados en los programas electorales de los partidos.

·         Pueden suponer un acicate para rebajar el control de los partidos sobre sus diputados.

   Nuestra democracia no es perfecta, ni siquiera es de mediana calidad, pero si se adoptaran las normas adecuadas para introducir en nuestra cultura democrática las instituciones de democracia participativa, junto a una verdadera separación de poderes y una reforma del sistema electoral, seguramente podríamos llegar a gozar de una democracia más acorde con los esfuerzos que el pueblo español ha hecho para merecerla desde hace más de un siglo. No obstante, otro tipo de democracia es posible y de eso se tratará la semana que viene.

4 de julio 2021, día de la independencia de los EEUU de América (!776)

LUIS BAILE ROY