Aunque moderadamente, la lectura de la introducción, el resumen ejecutivo y unas cuantas páginas más del largo documento (676 páginas) que constituye el Plan Estratégico España 2050, una “Estratégia Nacional de Largo Plazo”, me ha dejado un buen sabor de boca. Mi moderación en la satisfacción viene dada sobre todo porque hay algunos temas, para mí fundamentales, que no se tratan explícita y ampliamente, como mucho son mencionados de soslayo. No obstante, dado que, como deja bien claro el documento, se trata de un primer paso de “una propuesta que deberá ser revisada y actualizada constantemente, a medida que el país cambie, el conocimiento científico avance, y aparezcan indicadores más adecuados”, confiemos pues en que una mayor atención a los problemas de la baja tasa de natalidad y de la despoblación de gran parte de nuestro territorio nacional se hagan realidad en sucesivas revisiones del estudio estratégico iniciado, lo que sin duda inducirá, además, a prestar la debida atención a los problemas causales y derivados de esos dos.

De momento me quedo con la satisfacción de que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, creada en el año 2020 a imagen y semejanza del Instituto Nacional de Prospectiva creado por el presidente Adolfo Suarez, ha sido capaz de coordinar a un centenar de investigadores de diversas disciplinas académicas, apoyados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España y el Joint Research Centre de la Comisión Europea, para realizar «un diagnóstico riguroso y holístico sobre los desafíos que va a enfrentar España, no solo hoy en día, sino también en el medio y largo plazo, analizando los posibles riesgos y también las oportunidades… y que muestra nuestro potencial como país«.

Tal y como ha presentado Pedro Sanchez este plan, podría parecer que este tipo de estudios no se han hecho anteriormente en España, pero la verdad es que hay unos cuantos organismos que dedican parte de su actividad al estudio de prospectivas de futuro, además de analizar la actualidad geoestratégica y nacional. Todos ellos, con más o menos posibilidades divulgación, según sus posibilidades, llevan mucho tiempo analizando la situación actual, los desafíos y riesgos previsibles, así como las posibles escenarios que nos esperan en el futuro. Por ejemplo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos y otros organismos nacionales e internacionales, venían advirtiendo desde hacía años de la posibilidad de que se declararan brotes epidémicos en el planeta, y advertían sobre los factores que podían hacer que un brote vírico fuera el origen de una pandemia. Los estudios de estos centros estaban de acuerdo en que los brotes de los últimos años habían tenido un origen natural, pero que ya nadie descartaba que, en alguna ocasión, pudieran ser causados por un fallo en los sistemas de bioseguridad de los laboratorios de investigación de biología sintética que trabajan con esos virus, o por el empleo de esta técnica con intencionalidad terrorista[1]. Es evidente, por la gestión que se ha hecho antes y durante la pandemia que aún padecemos, que nuestros gobernantes no han tenido mucho en cuenta las advertencias de esos investigadores. Otros investigadores en varios departamentos universitarios han efectuado estudios demográficos que ofrecen prospectivas de futuro muy bien fundamentadas, sin embargo los sucesivos gobiernos nacionales tampoco han movido ficha para intentar corregir un camino que nos conduce a una pirámide poblacional insostenible. Esperemos que a esta iniciativa, liderada por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se le preste mayor atención, por lo menos la iniciativa parte del entorno de La Moncloa, ya veremos si no es solo humo, y si los sucesivos gobiernos siguen apoyando ese estudio estratégico esencial para encarar en la dirección adecuada el futuro de nuestra patria.

Si el esfuerzo tiene continuidad y, mediante evidencias empíricas, se logra la comprensión del futuro que nos espera, entraremos en el difícil terreno del diálogo entre las diversas fuerzas políticas para fijar los objetivos y el camino para alcanzarlos. Aquí reside otro motivo para moderar mi satisfacción. No veo en los grandes partidos políticos de ámbito nacional síntoma alguno que me haga confiar en su entrega desinteresada al interés nacional, en que sean capaces de generar acuerdos e ideas ilusionantes para los españoles, que están dispuestos a encarar el futuro con valentía, pero que desearíamos ver el horizonte con una cierta claridad. En el caso de los partidos de ámbito regional o local mi confianza es mucho menor, por no decir nula, porque han venido demostrando desde 1975, por no remontarme a tiempos pretéritos, que su único interés no va más allá de su propio ombligo.

El estudio contiene 200 propuestas para lograr poner a España entre los lugares de cabeza de la UE. En el documento estas propuestas son agrupadas en 12 ejes:

“–Apuesta decidida por la mejora de la formación de nuestra población, desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida.

–Apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los frentes, no solo en el científico-tecnológico.

–Fuerte modernización de nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial.

–Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

–Ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda.

–Consecución de la plena igualdad de género.

–Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado de bienestar.

–Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la educación, la salud y los cuidados.

–Rediseño de las prestaciones sociales para transitar progresivamente a un modelo que proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral.

–Reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

–Modernización de la Administración pública para generar ganancias de eficiencia, y rediseño profundo de las políticas públicas basado en una mayor atención a la evidencia empírica, la experimentación, la evaluación (ex ante y ex post), la colaboración social, y las pérdidas y ganancias (trade offs) involucradas en cada medida.

–Compromiso transversal con los derechos e intereses de las generaciones futuras. Las decisiones que tomemos hoy no pueden acabar reduciendo el bienestar de nuestros hijos.”

La guía que debería orientar nuestros esfuerzos son los 50 objetivos que el estudio cree alcanzables para el año 2050, si se quiere converger con los países de la UE 8. Los autores han seleccionado estos objetivos, observando las siguientes condiciones:

“–Que los objetivos sean cuantificables; es decir, que puedan medirse con indicadores específicos que se alimenten de datos accesibles, de cobertura europea, publicación recurrente y validez reconocida por la comunidad académica.

–Que los objetivos sean ambiciosos pero realistas. Las sendas de convergencia han sido diseñadas mediante un cuidado análisis que tiene en cuenta trayectorias pasadas, la proyección de tendencias futuras, docenas de casos de política comparada y la interdependencia entre unos y otros objetivos.

–Que los objetivos e indicadores sean actualizables y puedan ir modificándose o reemplazándose por otros a medida que vaya cambiando la realidad que postulan, de modo que no queden obsoletos antes de 2050”.

En principio casi todo asumible, aunque “casi”, pues observo alguna referencia a fiar la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar a la inmigración, en lugar de apostar por el decidido apoyo a la natalidad. También observo la intención de aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, interpreto que basada en el incremento de presión fiscal, para hacer sostenible el Estado del Bienestar, sin considerar otras posibilidades como las que podrían suponer el apoyo a la inversión, a la iniciativa y a la creación de puestos de trabajo, que incrementarían la capacidad recaudatoria sin necesidad de incrementar la presión fiscal. En cuanto a las Administración pública, solo leo la referencia a su modernización, cuando pudiera plantearse su reducción, porque en España, con la descentralización, se ha dado carta blanca a las CCAA y hemos llegado a tener un conjunto de Administraciones elefantiásico que, junto a la desmedido e incomparable cantidad de cargos políticos, supone una carga insoportable y una molestia inasumible, si tenemos en cuenta los frecuentes enfrentamientos, las continuas descoordinaciones y la maraña de normativa que sobrevuela sobre las cabezas de los españoles. Están muy bien las veladas referencias a la Nueva Gestión Pública, pero todo sería más fácil con una Administración más ajustada. También he echado en falta, entre esos 12 ejes, continentes de las 200 propuestas, una mención al problema demográfico español y a la situación de la llamada España vaciada.

Mi impresión general, como he dicho al principio, es positiva, pero tengo una cierta prevención sobre la sinceridad de esta apuesta, además de ver lagunas importantes en ella. Habrá que esperar a ver la forma de actuar de los próximos gobiernos, porque de este, para no engañar a nadie, no me fio nada.

En trashumancia, 13 de junio 2021

LUISBAILE ROY