POLITICAS PUBLICAS NECESARIAS PARA LUCHAR CONTRA EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO II. POLÍTICA DE EDUCACIÓN
En Europa hay desde hace algunos años un creciente interés por la educación infantil y las instituciones que la tienen como objetivo. Los cambios que se han producido en la sociedad, como la incorporación de la mujer al mercado laboral, las formas de vida familiar y laboral, el incremento de familias monoparentales y de las desestructuradas, las distancias entre el domicilio y el lugar de trabajo, la despoblación rural, entre otros, están determinando la necesidad de conseguir una educación infantil que responda al aspecto asistencial por un lado y al educativo por otro aunque, desde mi punto de vista, se está dando prevalencia al segundo. Pero es evidente que no se puede descuidar el aspecto asistencial que la sociedad actual reclama, para facilitar la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. Además, hoy día mucho más que hace 40 o 50 años, es preciso animar el proceso de socialización de los niños, integrándolos en un grupo de iguales en el que compartan espacio, experiencias, sensaciones, desarrollo de sus capacidades y que a la vez aprendan a reconocer, convivir y respetar las diferencias que se puedan dar entre ellos en todos los sentidos.
Las formas de dar satisfacción a las necesidades asistencial y educativa son muy diversas en los países europeos. No digamos en los que son descentralizados, en los que las competencias de educación son responsabilidad de gobiernos regionales, y por ello existen tratamientos diferenciados. Pero hay un acuerdo casi unánime en que la educación infantil debe lograr la compensación de desigualdades debidas al entorno en el que vive el niño, preparándolos de la manera más igualitaria posible para la incorporación a las siguientes fases de la educación. Y el primer paso que hay que dar en ese sentido es generalizar el acceso equitativo a la enseñanza infantil e incrementar la calidad de la misma, mediante la financiación adecuada y la intervención de las autoridades educativas tanto en los aspectos curriculares y cuidadas transiciones entre los diferentes niveles, como en la profesionalización del personal dedicado a esta enseñanza y el control de la calidad de los medios e instalaciones.
De la dedicación a esta tarea, complementaria a la que la familia desarrolla, y de los éxitos que se logren dependen importantes beneficios sociales. La igualdad de oportunidades que supone el acceso equitativo a la enseñanza infantil facilitará la mejora y equidad de los resultados que se alcancen en sucesivos niveles y el aprovechamiento del talento y la inteligencia emocional, a través del desarrollo cognoscitivo y afectivo. Y, de forma paralela, se logrará un mayor equilibrio en el nivel de bienestar general, una mayor protección de la infancia y una disminución de la pobreza infantil.
Esta etapa educativa suele tener carácter no obligatorio en los países europeos y a ella se dedican centros públicos, privados y privados subvencionados (o concertados), de carácter escolar o no, según la normativa de cada país. Esta diversidad es consecuencia de la demanda de las familias o unidades de convivencia y de las costumbres, cultura y tradiciones educativas de cada país. No obstante, la tendencia actual es dar a estos centros un carácter escolar, en toda la etapa de la educación infantil, considerando a ésta totalmente integrada en el sistema educativo general y en la que se priorice el desarrollo integral de los niños.
Centrándome en nuestro país, la etapa de educación infantil se subdivide en dos ciclos, uno de 0 a 3 años y otro de 3 a 6, ambos de carácter voluntario, aunque la asistencia al segundo ciclo es casi total (entre el 97-99%)[1]. Este ciclo es gratuito en las escuelas públicas y concertadas, mientras el primero no lo es en ninguno de los casos, aunque existen importantes diferencias de coste. Además de los centros de carácter educativo públicos y privados autorizados que se dedican al primer ciclo, existen otros no autorizados como centros educativos denominados “guarderías”. En España actualmente hay pocos centros que impartan la etapa completa de educación infantil (0 a 6 años), lo habitual es encontrar escuelas infantiles para el primer ciclo (0 a 3 años) y colegios de infantil y primaria para segundo ciclo (3 a 6 años) y educación primaria (6 a 12 años). Las administraciones educativas llevan unos años intentando incrementar el número de plazas públicas para el primer ciclo, pero la demanda siempre es superior, por lo que los padres que desean llevar a sus hijos a centros de educación infantil de primer ciclo tienen que recurrir a escuelas o centros privados.
Dado que las CCAA cuentan con la competencia en educación, incluyendo esta etapa, han procedido a elaborar su propia normativa, por lo que existen algunas diferencias en el tratamiento que se da a éste primer ciclo de la educación infantil. Tan es así que, hasta hace bien poco, los centros que asumían el primer ciclo de 0 a 3 años en algunas CCAA dependían de Consejerías de Bienestar Social. De hecho, en ciertos ámbitos sociales aún hay cierta resistencia a dar, en este ciclo, una prevalencia al carácter educativo sobre el asistencial. Estas diferencias también se observan en el grado de inversión en Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil y en las ayudas concedidas para unidades familiares que normalmente se conceden según los ingresos familiares, el número de hijos o el estado civil-familiar.
Las modalidades de gestión de los Centros Públicos de Primer Ciclo de Educación Infantil son la “Gestión Directa” y la Gestión Indirecta ”. La primera es más costosa para la administración responsable y coincide con la que aporta una mayor inversión. Son gestionados por personal funcionario o personal laboral fijo de Ayuntamientos, Consejerías de CCAA y en algunos casos de Ministerios, que cuentan con unas mejores condiciones laborales que los trabajadores contratados por organismos o empresas encargados de la Gestión Indirecta. Por otro lado, la ratio de niños de 2 a 3 años) por profesional suele estar entre 16 y 20 y la de niños de 1 a 2 años entre los 11 y 14, aunque hay diferencias entre CCAA. En el caso de la “Gestión Indirecta”, si bien la competencia educativa es de los Ayuntamientos y Consejerías de CCAA, la gestión es cedida, mediante otorgamiento por concurso público regulado por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a empresas cooperativas, sociedades laborales o empresas privadas. Este procedimiento es menos costoso para las Administración, pero redunda en peores condiciones para los profesionales contratados y menor inversión en educación. La principal causa de contar con peores condiciones que los centros de gestión directa es el endurecimiento de las condiciones económicas y de todo tipo para poder ganar el concurso público.
Por otro lado, dada la escasez de oferta pública de muchas CCAA, están proliferando los centros de “Titularidad y Gestión Privada”. En muchos casos estos centros cuentan con ayudas económicas de las Administraciones autonómicas o municipales, mediante diversos procedimientos, desde el cheque escolar a convenios o conciertos económicos. No obstante, la calidad educativa y de dotaciones de estos centros suele ser menor que en los centros públicos de gestión directa. Aun así, en general, lejos de corregir las deficiencias, casi todas las CCAA están disminuyendo la inversión en este tipo de centro e incrementando la gestión indirecta y el apoyo a centros de titularidad privada, permitiendo el aumento de las ratios para dar satisfacción a la demanda, sin dar demasiada importancia al aspecto educativo, tan trascendente para el futuro desarrollo integral de los niños.
Como ya he señalado anteriormente a nivel europeo la preocupación por este nivel de educación es general y, en este sentido se expresó el Consejo de la Unión Europea (UE), con el fin de que la educación infantil y la atención a la infancia responda al doble desafío de ofrecer un acceso equitativo generalizado, y aumentar la calidad. Por ello propuso, en el año 2011, esta serie de medidas[2]:
1. Facilitar el acceso equitativo a la educación infantil y una atención a la infancia de alta calidad, en particular a los niños que procedan de un entorno socioeconómico desfavorecido o con necesidades educativas especiales.
2. Concebir modelos de financiación eficaces.
3. Fomentar enfoques intersectoriales e integrados para los servicios de educación, una transición fluida entre los diferentes niveles de educación.
4. Apoyar la profesionalización del personal.
5. Promover programas y planes de estudio adecuados.
6. Apoyar a los padres en su papel de principales educadores de sus hijos.
7. Promover la garantía de calidad con la participación de las principales partes interesadas, incluidas las familias.
Medidas todas ellas muy generales, como no podía ser de otra manera dada competencia de cada estado en materia educativa, pero que llaman la atención a los miembros de la UE sobre aspectos tan importantes como la equidad, la calidad, la profesionalización, el apoyo a los padres, etc. Entre estas medidas echo en falta alguna aclaración sobre los métodos de “financiación eficaces” porque hay ejemplos, como el aplicado en el nivel universitario a los estudios de master, que podrán ser económicamente eficaces, no lo dudo, sobre todo para ciertas universidades, pero han empeorado las posibilidades de muchas familias de poder dar a sus hijos ese nivel de estudios.
Entrando en el tema de la inversión y financiación del primer ciclo de Educación Infantil, considero importante dar primero una idea de la capacidad económica de las familias españolas, para tener una aproximación de sus posibilidades de inversión en la educación de sus hijos y, más concretamente, por el tema que nos ocupa, de lo supone el gasto en educación de los niños de 1 a 3 años. De los 14.196 € que supone el gasto medio anual por hijo durante los tres primeros años de vida, el gasto en educación infantil de primer ciclo supone entre 1.870 €/año de media en centro público (170 por 11 meses) y 3.300 en centro privado (300 por 11 meses)[3], según datos de CEACCU del año 2007, actualizados en el año 2017. Este gasto no es una bagatela para el sueldo bruto más frecuente en España que viene a ser de 13.500 € para las mujeres y de 17.509 € en el caso de los hombres, ni siquiera para el sueldo mediano que se estima en 16.831 y 21.626 € respectivamente (año 2016)[4]. Es evidente que las Administraciones deben volcarse para paliar esta carencia económica, fuente de desigualdad de oportunidades en la educación de los niños y, por consiguiente, en su futuro escolar. Conviene, en este sentido, traer a colación los datos de EUROSTAT del año 2016, según los cuales España dedica a las familias y los niños apenas un 1,4% de su PIB, frente al 3,5% de media de la Unión Europea, es decir uno de los países europeos que menos ayuda presta a las familias.
Como posteriormente trataré al hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar, suponiendo que se logre un permiso de maternidad/paternidad de 365 días entre ambos progenitores, el niño, en su primer año de vida, podrá estar atendido por sus padres, y teniendo en cuenta además que a partir de los 3 años podrá acudir a la educación infantil de segundo ciclo pública y gratuita, debemos centrarnos en las medidas que las Administraciones han de tomar para que la educación, en las edades de 1 a 2 años y de 2 a 3, no sea una carga tan pesada para la pareja que desea tener hijos. Piénsese que, con un sueldo mensual mediano aproximado de 1.500 € netos, o con lo que se considera el sueldo neto más habitual (1000 €), el gasto en educación infantil es una cantidad considerable para una familia que además tiene que atender a fuertes gastos, como puede ser el alquiler de la vivienda o una hipoteca, la alimentación y la ropa.
Después de tratar de la capacidad económica de las familias y de la respuesta que cabría esperar de las Administraciones, creo conveniente añadir algunos datos sobre el coste por alumno que supone para las Administraciones la educación y sobre el esfuerzo económico que supone para éstas. En este sentido un estudio de la Plataforma Concertados[5], basado en datos de la OCDE del año 2015, mencionaba que “las administraciones públicas españolas dedican 6.459 euros al año por alumno de Educación Infantil, 8.465 euros en Educación Secundaria (FP y bachillerato) y 10.561 euros en Terciaria (FP superior y universidad)”. Por otro lado, la OCDE en su informe anual (2015) “Panorama de la Educación”[6] decía: “En España, los niños menores de 3 años pueden participar en programas de desarrollo educacional para la primera infancia. Aproximadamente un 52% de los niños lo hacen” ……. “La financiación del sistema educativo público español es superior a la del promedio de la OCDE y de la UE 21 en todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Terciaria. No obstante, España es uno de los seis países de la OCDE en los que el gasto educativo por alumno ha caído desde el inicio de la crisis en 2008. Un descenso que nos sitúa junto a Estonia, Hungría, Islandia, Italia y Eslovenia”. Por otro lado, según el INE, “el número de niños matriculados el curso 2011/2012 en el 1º ciclo de educación infantil, incluyendo las guarderías, se situó en 900.848 niños. El 31,6 % de ellos figuraba en el sistema público y el 68,4 % en el privado sin concierto”, de lo que se puede deducir un importante déficit de oferta de plazas de titularidad pública en este tramo del sistema educativo.
Con los datos expuestos anteriormente y los correspondientes a la situación demográfica actual, se puede hacer una aproximación del gasto que supondría la gratuidad de la enseñanza infantil pública de primer ciclo. Y para ello voy a hacer mención de lo que señalaba en un artículo anterior, en el sentido de que para un adecuado relevo generacional necesitaríamos unos 600.000 nacimientos/año. Si se alcanzase esa cifra ideal, lo que parece poco probable de momento, el gasto que supondría para las Administraciones podría alcanzar los 4.000 millones de euros para los niños de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, suponiendo que se mantuviera en el 52% la cifra de niños que acudieran a las escuelas infantiles y que todos los padres optaran por guarderías públicas, cosa tampoco probable. Haciendo un ejercicio de realismo (optimista), podríamos conformarnos con llegar a la media de 450.000 niños al año, de los que posiblemente acudieran a la escuela el citado 52% de los niños (234.000), y de éstos a centros públicos unos 200.000. Ello supondría un presupuesto para el conjunto de las Administraciones de unos 2.600 millones de euros, lo que en el año 2018 hubiera supuesto el 0.52% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Como se puede ver no es un esfuerzo económico excesivo si se tienen en cuenta los beneficios sociales que supone y las consecuencias demográficas positivas que pudieran derivarse. Este esfuerzo extra en el presupuesto de educación se realizaría sólo durante el segundo y tercer año de vida del niño si paralelamente se lograra el permiso maternal/paternal de 365 días entre ambos progenitores, pues durante el primer año el niño estaría atendido por los padres.
LUIS BAILE ROY
LUIS BAILE ROY
[1] “Panorama de la Educación. Esoaña” (Documento de la OCDE 2015). http://www.oecd.org/spain/Education-at-a-glance-2015-Spain-in-Spanish.pdf. Pag 1.
[2] Vicente Llorent, “La educación Infantil en Alemania, España, Francia e Inglaterra”, Revista Española de Educación Comparada, 21 (2013), 29-58. UNED. Pag 54. Sociedad Española de Educación Comparada.
[3] Arantxa Aldaz, “¿Cuánto cuesta criar a un hijo hasta los 18 años?”, El Correo (9 octubre 2017),https://www.elcorreo.com/sociedad/cuesta-criar-hijo-20171005175310-nt.html
[4] “Salario anual medio, mediano, modal, a tiempo completo y a tiempo parcial, por periodo”, INE, 2019 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10882
[5] “Cada alumno de la educación pública cuesta 8.008 euros, más que en Alemania”, Concertados, http://concertados.edu.es/cada-alumno-de-la-educacion-publica-cuesta-8-008-euros-mas-que-en-alemania/
[6] “Panorama de la Educación. Esoaña” (Documento de la OCDE 2015). http://www.oecd.org/spain/Education-at-a-glance-2015-Spain-in-Spanish.pdf
