Como anticipé la semana pasada, continúo este domingo con mi propuesta de modificación del Sistema Electoral español. Hoy le toca el turno al Senado cuya reforma sería imprescindible sí, por fin, el Congreso dejara de ser una especie de cámara de representación territorial, para convertirse en la verdadera cámara de representantes de la soberanía nacional, de los ciudadanos, no de los territorios.

Desde mi punto de vista, dado que en este supuesto, la representación de los ciudadanos está asegurada en el Congreso, no considero necesario la elección popular de los Senadores. Dado que van a ser representantes de sus territorios y éstos tienen unos gobiernos autonómicos y municipales elegidos por sus respectivas poblaciones, los Senadores pueden ser por un lado directamente designados por el gobierno autonómico y por otro elegidos por un cuerpo electoral compuesto por los diputados provinciales (representantes de los municipios en cada Diputación) y los concejales de los municipios de dicha diputación.

El número de Senadores por los gobiernos de las CCAA serían 65, según la siguiente distribución, en función del número de habitantes de cada comunidad:

·         1 para las CCAA con menos de 100.000 de habitantes (2 CCAA). En concreto las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

·         2 para las de 100.000≤Habitantes≤1.000.000 (3 CCAA)

·         3 para las de 1.000.000≤Habitantes≤2.000.000 (5 CCAA)

·         4 para las de 2.000.000≤Habitantes≤5.000.000 (5CCAA)

·         5 para las de 5.000.000≤Habitantes≤7.000.000 (2 CCAA)

·         6 para las de 7.000.000≤Habitantes≤9.000.000 (2 CCAA)

 A parte de los 65 senadores de designación por parte de los gobiernos autonómicos, en cuyo reparto ya se ha dado ventaja a las CCAA con una mayor población, me queda por definir una propuesta para la asignación a cada provincia de los senadores elegidos por un cuerpo electoral compuesto por los diputados provinciales y los ediles de los municipios de dicha diputación.

La primera opción que consideré fue un reparto que tuviera en cuenta la extensión superficial de cada provincia. En este caso, organizando las provincias de menor a mayor superficie, tomo tres grupos diferentes. El primero constituido por las 19 provincias que cuentan con una extensión menor de 8.000 km², a las que asigno un senador a cada una. El segundo formado por las 23 provincias que están entre 8.000 y 15.000 km², a las que asigno 2 senadores. El tercer grupo lo componen las 8 provincias que superan los 15000 km², a las que asigno 3 senadores. En total asigno 89 senadores a las 50 provincias, sin contar con Ceuta y Melilla por su mínima proporción de territorio respecto al total nacional. No obstante estas dos Ciudades Autónomas contarían con un senador designado por sus respectivos gobiernos autónomos. Este reparto es uno de los muchos posibles, pero he optado por los grupos indicados para no alcanzar un número excesivo de senadores, a la vez que se primaba a las provincias con más extensión territorial. De esta manera el número de senadores representantes de provincias y municipios alcanza los 89, que sumados a los 65 de designación autonómica totalizaría la

cifra de 154, primando claramente a las provincias y, entre ellas, a las que cuentan con más territorio.

La segunda opción que tuve en consideración fue la referida a la densidad de población para asignar el número de senadores a cada provincia. El reparto era evidentemente diferente al anterior, en concreto 16 provincias salían beneficiadas con un senador más, 1 provincia con dos senadores y 5 resultaban perjudicadas por la pérdida de un senador, el resto (28 provincias) mantenían la misma asignación de senadores que en el caso de asignación por extensión territorial. Para las 21 provincias con una densidad menor de 50 habitantes por km², que suman el 55,43 % del territorio nacional, proponía 3 senadores por cada una, para cada una de las 11 provincias cuya densidad de población se sitúa ente 50 y 100 habitantes por km², el 21,01 % del territorio, 2 senadores y para las 18 provincias que superan los 100 habitantes por km², que constituyen el 23,56 % del territorio nacional, 1 senador a cada una. De esta manera se alcanza el número de 103 senadores representantes de provincias y municipios que, sumados a los 65 representantes de las CCAA, totalizarían 168 senadores, 34 más que en la primera opción considerada, favoreciendo claramente a la representación de las provincias y municipios y sobre todo dando mucha más voz a la España vaciada, que falta le hace.

Pero consultadas unos cuantos amigos con una importante capacidad de análisis, además de una vasta cultura, me decidí a introducir una tercera opción que, aunque realmente está principalmente basada en la extensión territorial de cada provincia, se modificada en los casos de densidades de población iguales o más bajas de 25 hab./Km², con la asignación de 1 senador más por cada una de esas provincias (TABLA 1).

El número de Senadores que resulta de esta última y más equilibrada opción es de 166. Pero en las tres opciones habría que sumar un senador por cada una de las islas menores (o agrupación de islas): Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elegidos por un cuerpo electoral compuesto por todos los ediles municipales de la isla correspondiente y por los consejeros de los cabildos insulares. Es decir, la primera opción sumaría 161 senadores, la segunda 175 y en la tercera 173.

Con cualquiera de las opciones los representantes de las provincias y municipios seguramente harían piña con su autonomía cuando se trate de defender los intereses de la misma, pero no me cabe duda de que las provincias y municipios dispondrían de la fuerza necesaria para hacer valer sus específicas propuestas, por encima de los intereses de partido o de las CCAA.

 Los aspectos relativos a las iniciativas y procesos legislativos requieren un detalle y una profundidad que superan el marco de este artículo. Por ello sólo daré algunas pinceladas de por donde podrían ir los tiros en el caso de una reforma del Senado. En cuanto al proceso legislativo debe quedar claro que, aunque la competencia legislativa corresponda, en general, al Congreso, el Senado debería intervenir de alguna manera en la elaboración definitiva de las leyes, para que los órganos territoriales representados en el Senado participen en la legislación a nivel estatal. Podría para ello articularse, por ejemplo, una primera revisión en el Senado de los proyectos de Ley presentados por iniciativa del Gobierno de la Nación, para luego remitirlos al Congreso junto a las recomendaciones del Senado, para seguir su trámite parlamentario normal. Por otro lado, en el caso de leyes que afectaran de alguna manera a las entidades territoriales representadas en el Senado, debería ser imprescindible la aprobación definitiva en el Senado de dichas leyes. Además el Senado debería tener iniciativa legislativa en todos aquellos aspectos que afecten a la organización, financiación y administración de las entidades territoriales y por lo tanto se debería articular el proceso legislativo adecuado para su revisión por el Congreso.

De todas formas las reformas del Senado y de la Ley Electoral, aun siendo importantes para arreglar algo el déficit democrático en nuestra nación, no son nada si por parte de uno de los poderes del Estado, el ejecutivo, se está continuamente laminando la ya escasa independencia de los otros dos poderes. Tengo la sensación de estar hablando de cuestiones que no están, en absoluto, en la mente de nuestros dirigentes actuales, tampoco en la de la gran mayoría de la oposición y seguramente ni en la cabeza de la mayor parte de los votantes. Por lo que respecta a los primeros, es evidente que se ocupan, de manera casi exclusiva, en hacer las maniobras que sean necesarias, burdas o disimuladas, para ampliar su espacio de poder, invadiendo antidemocráticamente (y puede que ilegalmente) los espacios que no debieran. De los terceros, los votantes, no voy a decir nada, cada uno que aguante su vela. Pero de todo eso ya hablaremos en otra ocasión. En cuanto a la oposición mayoritaria, siguen en la misma tónica que cuando gobernaron, tiempo en el que pudieron encabezar reformas que corrigieran nuestros déficits democráticos y no lo hicieron porque creían que el sistema, tal y como estaba, les seguiría favoreciendo. Ahora deberían replanteárselo vistas las posibilidades de gobernar, evidentemente en coalición, que le ofrecería la reforma de la Ley electoral que propuse la semana pasada, con la que parece que en la elecciones del 10 N podían haber quedado por delante del bloque de la izquierda y nacionalistas varios.

Tampoco veo muy receptivo en este asunto al tercer partido en el Congreso. Hace poco, con ocasión de un debate en el que se denunció la inexistencia de esa ensoñación de los Países Catalanes, al final del acto, en un aparte, planteé al diputado nacional de ese partido por la provincia de Zaragoza la imperiosa necesidad de abordar una reforma de la Ley Electoral para poder acabar con la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas. No me dio tiempo de hacerle ver además que ellos también podían sacar ventaja de la reforma. Intenté hacerle ver la necesidad de que dieran un paso adelante y plantearan una propuesta en ese sentido. Me dio la sensación de que, por lo menos él, ni se había planteado esa posibilidad. Aludió a la dificultad del asunto y a la necesidad de reformar la Constitución para ello. No me dio la posibilidad de hacer más consideraciones, posiblemente porque no tenía ese tema en su agenda política. Solo pude decirle, mientras se iba, que deberían considerarlo, porque estaban cometiendo el mismo error que cometió IU durante muchos años, en los que nunca logró la representación parlamentaria proporcional al número de votos que obtenía a nivel nacional, mientras cualquier partido nacionalista les mojaba la oreja, consiguiendo frecuentemente sus propios grupos parlamentarios, mientras el PSOE y el PP se beneficiaban de los restos en la mayoría de las circunscripciones provinciales. Por lo que intuyo, VOX no se entera o no le da la vida para atender a tanta actividad y, a la vez, hacer estudios y prospectivas de futuro. Si supieran que con la reforma del sistema electoral que propongo su partido tendría hoy 65 diputados en lugar de 52, no andaría mareando la perdiz. Mas le valdría pescar en altura, en lugar de pescar con caña en un arroyuelo.

Puede que me equivoque, pero me parece que sólo Inés Arrimadas ha hecho últimamente una vaga referencia a la necesidad de una reforma de la Ley Electoral. Quizás ya sea demasiado tarde para Ciudadanos. En el estudio presentado la semana pasada quedaba claro que podría haber obtenido hasta 29 diputados, cuando actualmente cuenta solo con 10. Les invito a Ciudadanos a que imaginen los resultados que podían haber obtenido en las elecciones de 2016, cuando llegaron a tener 32 diputados, o los que hubieran tenido en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 en las que consiguieron llegara 40 diputados, por no hablar de las del 28 de abril de 2019, en las que llegaron a tener 57. Con esos resultados y un poco de racionalidad seguramente no estaríamos padeciendo ahora esta subespecie de gobierno escasamente representativo.

Zaragoza, 26 de diciembre 2021

LUIS BAILE ROY

TABLA 1