LOS PACTOS INDECENTES
Pasadas las inoportunas elecciones del 23 de julio, después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, y a la espera el resultado de las negociaciones de Pedro Sánchez, el segundo candidato a la investidura, con los partidos que pudieran llevarle de nuevo a La Moncloa, comencé a sospechar lo que podíamos esperar.
El ambiente político estaba muy enrarecido, es difícil resumir lo que se estaba moviendo en el entorno del todavía entonces presidente en funciones. Por un lado, tenía que negociar con SUMAR, partido que había aglutinado nada menos que 20 grupos políticos de carácter estatal y autonómico bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, no sabían que posiblemente estaban firmando su desaparición. No creo que esos acuerdos les resulten muy difíciles a los negociadores del PSOE, porque las posturas ideológicas del actual PSOE, hecho a medida de las necesidades de su “líder”, están muy próximas al populismo izquierdista de SUMAR. Al fin y al cabo, para ellos se trata pescar en el nicho sociológico del que todavía pueden sacar tajada.
La cercanía de ambos partidos llega al extremo de que la líder de este último partido, la vicepresidente en funciones del gobierno español visitó con cierto boato al fugado expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, con el que se prodigó en sus acostumbrados arrumacos y achuchones. Aquella fue una acción impropia de un miembro del ejecutivo en funciones y constituyó un evidente desprecio al poder judicial.
Como era de suponer, poco tardaron PSOE Y SUMAR en ponerse de acuerdo, pues el 24 de octubre ratificaron un pacto para un gobierno de coalición, con más de 230 medidas, muchas de las cuales ya estaban en el acuerdo posterior a las elecciones del 10 N de 2019, lo que puede dar una idea de la capacidad de ejecución de los gobiernos que se sucedieron desde aquel pacto entre PSOE y Podemos, del 30 de diciembre de 2019.
Por otro lado, y aquí viene la parte escabrosa del asunto, Sánchez y su círculo más cercano encaraban las negociaciones con unos partidos de ámbito regional cada vez más radicalizados en sus reivindicaciones. En orden de menor a mayor dificultad en la negociación, según mi criterio, se encontrarían primero con el Partido Nacionalista Vasco (PNV); este partido de derecha xenófoba, muy ligado a la Iglesia, vasca por supuesto. Partido que siempre ha preferido permanecer pacientemente detrás del nogal para salir a recoger las nueces en el momento adecuado, lo que sumado a su habitual pragmatismo seguramente le iba a llevar a priorizar la reclamación económica, que luego ha venido manejando con maestría casi mafiosa en su terruño. Pero, su particular disputa con EH BILDU y el seguidismo que suele practicar de las reivindicaciones de Junts x Cat, podría volver a situarlo en unas posiciones soberanistas que han estado latentes durante un tiempo y elevar el nivel de chantaje a Sánchez.
Le siguen en orden de dificultad negociadora EH BILDU y ERC. La verdad es que, en un principio, no sabía a cuál situar el segundo puesto, pero me incliné por el partido de extrema izquierda vasco, porque me daba la sensación de que las relaciones con el PSOE de Sánchez venían de largo. Llevaba mucho tiempo empleando una misma estrategia a largo plazo y no le había ido nada mal. Entre otras cosas en las elecciones generales del 23 J casi había alcanzado el número de votantes que obtuvo el PNV, solo les separaba unos 1.100 votos, cuando en las autonómicas de 2020 eran unos 100.000 votos, estaba a punto de convertirse en el partido clave en el País Vasco. Además, las negociaciones con el PSOE de Sánchez siempre le habían salido bastante bien, tanto en los pactos por el gobierno de Navarra, como en la cuestión del acercamiento de los presos etarras, traspaso de competencias penitenciarias, la salida de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra, o la retirada de agentes de campo del CNI en el País Vasco, etc. En resumidas cuentas, ambos partidos parecían estar encantados de haberse conocido.
El siguiente partido, en la escala de dificultad negociadora, era Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Partido este rival del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE) en Cataluña, pero habitual colaborador del PSOE a nivel nacional. Debido a que, en las elecciones del 23 J, quedó muy por detrás del PSC (21,3 % votos menos que el PSC) y a que perdió unos 412.000 votos respecto a las generales de 2019, supuse que endurecería su postura, más que nada por recuperar posiciones dentro del campo independentista, que es por donde más tenía que perder. Por ello, a la irrenunciable amnistía, necesaria para recuperar para la vida política a sus correligionarios, unos ya condenados y otros todavía investigados e, incluso, para los cuasi terroristas Comités de Defensa de la República (CDR), el partido republicano añadiría la exigencia de la celebración de un referéndum de autodeterminación. ERC exigía, además, las competencias en Cercanías y acabar con déficit fiscal de Cataluña.
Supuse que, para Sánchez, de preocuparle algo distinto a su persona, cosa que se podría dudar perfectamente, serían las dos primeras condiciones de ERC para dar su respaldo a la investidura, las demás, aunque no dejan de ser importantes para el resto de los españoles, a él no le suponían ningún quebradero de cabeza. Aunque, la exigencia de una ley de amnistía no parecía tampoco constituir un problema para él, dado que ya tenía tomado el Tribunal Constitucional (TC). Más complicado sería para el PSOE, aunque sea el de Sánchez, prometer y que le acepten los independentistas, la convocatoria de un referéndum que, según la Constitución, debía ser consultivo y entre todos los ciudadanos españoles (CE. Artículo 92.1), fórmula muy alejada de la preferencia de ERC y con la que este partido quiere contentar a sus votantes más radicales.
El hueso aparentemente más difícil de roer iba a ser Junts x Cat, el partido separatista del prófugo Puigdemont, apodado jocosamente como “Tocomocho”. Este partido, por supuesto, exige en primer lugar la ley de amnistía, pero en este caso exigían ampliar la amnistía a delitos de malversación y un documento público firmado de compromiso por parte del PSOE, ellos tampoco se fiaban de Sánchez. La segunda demanda de Junts x Cat, al igual que ERC, es la del referéndum de autodeterminación, pero en su caso, no planteaban posibles alternativas, ni nada que se le parezca. Simplemente se enrocaban en un referéndum de independencia decisorio, es decir vinculante y efectivo, celebrado únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La tercera exigencia de Junts x Cat era que se normalizase el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso de los Diputados. Una reivindicación que se satisfizo inmediatamente, incluso saltándose todos los procedimientos parlamentarios para la modificación del reglamento del Congreso. Es más ya se utilizaron los famosos “pinganillos” en la misma sesión en la que se iba a votar sobre el asunto. A Sánchez no le ha costado absolutamente nada vulnerar la normativa, por supuesto, tiene cara para eso y para mucho más y, además, contó con la colaboración de la presidente del Congreso, de la mesa de este y el apoyo de lo que viene siendo el Frente Disolvente, constituido por PSOE, SUMAR, los partidos independentistas y algún que otro partido de ámbito regional.
En el asunto del referéndum de autodeterminación me pareció que el PSOE lo tenía muy cuesta arriba porque, incluso para el actual TC, iba a resultar muy difícil poder a justificar una interpretación que lograra retorcer el sentido de lo fijado en el artículo 92 de la CE, de una manera tan clara y contundente. Pero nada es imposible para Conde Pumpido y demás agentes de Sánchez en el TC.
El secretismo y opacidad de las negociaciones con los cuatro partidos separatistas que podían llevarle a La Moncloa eran absolutos, lo fueron hasta su conclusión y no antes del momento elegido por Sánchez para su publicación. Excepto en el caso de EH Bildu del que todavía seguimos sin conocer su contenido. Las condiciones las podríamos suponer, pero, a parte de algunas bravatas de Otegui y algún descamisado más, no se transparenta nada de ese acuerdo, aunque nada bueno deberíamos esperar de un pacto con aquellos que, siendo españoles mal que les pese, manifiestan pública y abiertamente su odio hacia lo que no sea vasco y de los suyos.
ACONTECIMIENTOS PARALELOS
En esa sucesión de acontecimientos, hubo un episodio que despejó algunas las incógnitas. Se produjo durante la reunión del Comité Federal del PSOE, el 28 de octubre 2023, en el que Sánchez no sorprendió a nadie con otro de sus “cambios de opinión”. En eta ocasión se trataba de la ley de amnistía, que no hacía ni tres meses según él era inconstitucional y ese día se convirtió en algo posible e incluso muy conveniente. Sánchez tuvo el cuajo de justificar la necesidad de una ley de amnistía diciendo: “En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada”. Todos supusimos que se estaba refiriendo a los graves delitos cometidos por los políticos catalanes que convocaron aquella parodia de referéndum, e hicieron la declaración unilateral de independencia. Por supuesto, no se estaba refiriendo a la amnistía para cualquier vulgar ladrón de gallinas que hubiera delinquido en la última década, la amnistía era exclusiva para la élite golpista y malversadora, tal y como hicieron con la amnistía que aplicaron en 1936 a los del golpe de Estado de 1934.
En este país, se indulta, se amnistía, se cierran causas por extraños errores judiciales[1], e incluso se adapta el Código Penal, sólo si lo precisan los políticos o ciertos amigos de éstos y, a la vista de los acontecimientos de los últimos cuarenta años, eso es así con mayor abundancia y celeridad si los políticos pertenecen al PSOE o a los partidos independentistas. La desvergüenza de unos y otros, manteniéndose impávidos ante las frecuentes corruptelas, nos producen ya tal asco a los españoles que, si le sumamos las mentiras de Sánchez y sus mariachis y los chulescos desplantes de los independentistas, cualquier chispa puede hacer saltar esa concordia que prometió el candidato a La Moncloa cuando dijo, ante el Comité Federal de su partido, que: “la amnistía no es un fin en sí mismo, ni es el fin del camino”, sino que “es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes y el resto de sus españoles”. Lo que en realidad quiso decir, conociéndole como se le conoce, por lo menos el que ha querido seguir su trayectoria, es que la concordia le importa un pimiento, el reencuentro se la trae al pairo y que, lo de la amnistía y lo que pueda venir, lo hace exclusivamente para adaptar las circunstancias a su personal beneficio. Lo que ha querido es “hacer de la necesidad virtud” para “evitar la repetición electoral” y la formación de un gobierno de derechas o “fascista” y perfeccionar su autocracia.
Lo peor, no obstante, es que los asistentes a la reunión de ese Comité Federal del PSOE, ante las escandalosas declaraciones de Sánchez, saltaron de la silla y rompieron a aplausos, todos al unísono, como si de un Comité del Partido Comunista Chino se tratara. El PSOE se ha convertido en un partido en el que realmente se ha llegado a cumplir aquello que decía Alfonso Guerra: “el que se mueva no sale en la foto”. Se ha convertido en una oficina de colocación de discapacitados para la honradez y la lealtad con el pueblo español.
[1] https://www.larazon.es/espana/error-judicial-anula-seis-causas-corrupcion-evita-condena-25-cargos-psoe-andalucia_20231030653f6d3ab27615000186224d.html
La juez Bolaños
LOS ACUERDOS VAN LLEGANDO
Tras la celebración del Comité Federal, Pedro Sánchez sólo tardó dos días en enviar al secretario de organización de su partido a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont. El 30 de octubre, sin demora, Santos Cerdán se sentaba frente al que ya llamaban “president”, bajo una inmensa fotografía de una multitud blandiendo una urna de las utilizadas en el ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017. Vaya recochineo y humillación. Por supuesto, lo tratado en esa y sucesivas reuniones se silenció, como siempre la característica opacidad del partido socialista se impone a la lógica necesidad de conocer de unos españoles, muchos de ellos votantes del PSOE, que empezaban a sospechar que aquello no era de lo que se había hablado en la campaña electoral, que todo eso no estaba dentro de los programas electorales.
Después de esa entrevista, aparentemente cordial, y en la que se escenificó el más vergonzoso sometimiento del gobierno español a un fugado de la justicia, ya teníamos claro que Sánchez va a lograr su objetivo. Pero no se podía adivinar cuando, porque la competición entre los dos principales partidos independentistas catalanes, por ver cuál de ellos iba a humillar más al Estado español y obtenía más inmerecidas prebendas, no había acabado.
Pasado el día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, ERC anunció el acuerdo de investidura que había cerrado con el PSOE, en el que se incluye la vieja reivindicación del traspaso de las Cercanías de Renfe en Cataluña a la Generalitat de Cataluña y la asunción de 14.662 millones de la deuda de la comunidad autónoma. Los del inmenso Junqueras volvían a cobrar protagonismo, en su continua pelea mediática con Junts x Cat, pero siempre a costa de un contribuyente español utilizado por Pedro Sánchez a su antojo y para su mayor gloria.
Como era de esperar Puigdemont, decidió demorar la firma del acuerdo para investir a Pedro Sánchez y los españoles quedábamos a la espera del próximo susto, la siguiente humillación, pero ya convencidos de que el presidente del gobierno en funciones iba a entregar lo que fuera por verse de nuevo en La Moncloa. Quizás ahora empezásemos a darnos cuenta de que el sistema político, en el que se revuelcan esa gente que se dicen nuestros representantes, no es el que deseábamos hace unos años, que ni siquiera es medianamente bueno.
A la espera quedamos de las ocurrencias de Ortuzar, personaje bastante más levantisco que los seguidores del actual Leendakari, Iñigo Urkullu, un tanto mosqueados éstos por la amenaza de REPSOL de recortar inversiones en España, especialmente en el País Vasco, si el impuesto extraordinario a las energéticas se convirtiera en definitivo, según se podía desprender del pacto entre PSOE y SUMAR. En concreto, desde Petronor, compañía participada al 100 % por REPSOL, se advierte de que quedaban paralizados dos grandes proyectos que afectaban al País Vasco. Desde el sector más pragmático del PNV, ese aviso se vio con mucha preocupación, porque a él podrían seguirle otros de diferentes grandes empresas con inversiones en la región, y en las que ellos han colocado a sus peones a fin de obtener pingües beneficios. Pero la preocupación por las consecuencias que pudiera acarrear la inestabilidad jurídica, debida a las políticas del posible gobierno de coalición PSOE-SUMAR, seguramente iba a ser superada por su obsesión irracionalmente refractaria a un gobierno del PP con VOX.
Aunque mutismo sobre lo que ocurría en Bruselas, entre los representantes de Sánchez y el equipo negociador de Puigdemont, era total, se filtra que los de Junts x Cat querían incluir en la futura ley de amnistía algunos puntos, que aseguraran la exoneración de ciertos delitos cometidos por personajes políticos afines y que constituyen piezas judiciales separadas de las abiertas por el “procès”. Se hablaba incluso de que querían incluir en la amnistía el caso del “clan” de los Pujol. En definitiva, pretendían librar de la acción de la justicia a todo aquel corrupto que estuviera relacionado, directa o indirectamente, con su “procès”.
La presidente del Congreso, la muy cuestionada Francina Armengol, demoró fijar la fecha de la sesión de investidura, esperando con infinita y obediente paciencia a que su jefe tuviera asegurados los apoyos imprescindibles para ser investido en el primer intento. Mientras mantenía prácticamente cerrado el Congreso, para no alterar los ritmos circadianos de sus compañeros en el gabinete en funciones. Aun así, Sánchez se impacientaba y empezaba a dar muestras de cierta ansiedad mal disimulada azuzada, además, por la permanente movilización de buena parte de la ciudadanía, que se manifestaba cada tarde, en casi todas las ciudades españolas, contra la posibilidad de que fuera promulgada una ley de amnistía y las negociaciones de Sánchez con los partidos independentistas.
Por fin, el 9 de noviembre, Junts x Cat consiguió hacer firmar al orondo representante del PSOE un acuerdo que garantizaba el sí del partido independentista y de la derecha más rancia de Cataluña a la investidura del aspirante a autócrata. El documento, deficiente en la forma y políticamente muy censurable en el fondo incluye, además de una introducción en clave de infumable justificación histórica, como siempre victimista y falsa, la mencionada amnistía y una declaración de intenciones por parte de Junts respecto a su apoyo, siempre condicionado, para el resto de la legislatura. Más que un acuerdo de investidura y legislatura parecía un documento de rendición, que el ex chofer de Sánchez ha firmó en barbecho, pues no le quedaba otra ¡claro! El aspirante a autócrata lo necesitaba. Las imágenes del acuerdo de Bruselas transmitían satisfacción revanchista por el lado independentista y una cierta laxitud por el lado socialista, relajación lógica si se tiene en cuenta que de ese acuerdo dependía, no solo la permanencia en La Moncloa de Sánchez, sino la de innumerables cargos y puestos de diverso pelaje, la mayoría prescindibles, en los que colocar a los amigos y militantes, con o sin la adecuada preparación, que de otra manera se quedaban con una mano delante y otra detrás.
Nunca es lícito negociar con lo que no te pertenece, pero el PSOE lo hizo con el dinero de todos los españoles y con las competencias exclusivas del Estado español, con la independencia del Poder Judicial y la normativa legal, con las garantías jurídicas de personas físicas y jurídicas y con la existencia misma de la Nación española. Nunca es lícito, pero además es rastrero cuando se hace con la exclusiva finalidad de mantenerse en el poder.
Como si estuviera todo perfectamente orquestado, al día siguiente apareció el candidato a la investidura junto a Ortuzar, escenificando la firma de otro acuerdo del que tampoco se había sabido nada pero que, a tenor de la extensión de este (diez páginas), al menos parecía de estar bastante más y mejor elaborado. No obstante, tenía en común con los anteriores acuerdos la característica de comportarse como un exprimidor, siempre a costa del resto de la Nación, siempre saltándose el principio de la igualdad entre españoles y procurando minimizar la presencia cualquier institución del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
Acabada la representación teatral con el PNV, de manera inmediata se publicitaron los acuerdos con Coalición Canaria (CCa), voluble formación regional, y con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). El primero de ellos anticipaba su voto negativo a la ley de amnistía y las dos se mostraron satisfechas por la aceptación, sin mayores problemas, de sus respectivas agendas por parte del candidato a la investidura. Ambos acuerdos fueron firmados por segundas espadas del PSOE, sin embargo, el del PNV lo fue por el mismísimo líder del PSOE, dejando así claro que el partido de derecha racista vasco era para él un socio preferente.
Todos estos acuerdos de coalición y apoyo a la investidura o de legislatura dan a luz el que vengo llamando “Frente Disolvente”, el colofón de numerosas maniobras políticas de dudosa legitimidad, que permiten inaugurar en España un nuevo periodo autoritario y de disolución del Estado Social y de Derecho de la Nación española.
SE CONSUMA EL TIMO. QUIZÁS SEA EL MOMENTO DE FORZAR UN CAMBIO
Las sesiones de investidura se iniciaron, tal y como estaba previsto el día quince y al día siguiente, tras un debate bronco, en que el candidato desplegó con desparpajo su chulería, fue investido como presidente. En plena euforia, el imprudente Santos Cerdán confesaba, para más recochineo, que las negociaciones con Junts x Cat habían venido celebrándose desde el mes de marzo, es decir antes incluso de las elecciones autonómicas y municipales. Todo un varapalo para aquellos que aún creyeran en la honradez del PSOE.
Todos estos males y los que nos quedan por soportar, nos los hubiéramos podido ahorrar si, al menos, a estas alturas, cuarenta y cinco años después de la primera norma electoral de la transición, que luego se fue perpetuando, contáramos con una ley electoral más ajustada a la realidad social y política española. Porque una revisión más profunda del sistema político completo es actualmente descartable, dada la falta de voluntad política que hasta ahora han demostrado todos los partidos y el resto de los actores políticos, por no hablar de la dificultad que supone lidiar con la cretinización de la sociedad inducida por aquellos y por los medios de adoctrinamiento subvencionados. Pero, no por ser descartable en las circunstancias actuales, voy a dejar de denunciar el timo que supone mantener un sistema político que permite que la voluntad de 1.759.749 votantes de partidos independentistas, que supone el 4,71 % del total de los votantes del 23 J, se anteponga a la de 35.600.456 (el 95,2 %) que votaron por otras opciones políticas.
Por meter más el dedo en la llaga, tampoco es de recibo soportar un sistema político que permite que los partidos políticos independentistas de Cataluña, que obtuvieron el 23 J 983497 votos, el 17,28 % del censo electoral en esa región, antepongan su voluntad de la manera que lo están haciendo a la de 4.705.639 ciudadanos que prefirieron otras opciones políticas. Como no lo es que en Vascongadas los partidos independentistas, con sus 553.732 votos y el 31 % del censo electoral, haga lo propio con toda la ciudadanía residente en esa región. Algo se planteó mal en los años de la transición para que, a la vuelta de los años hayamos llegado a esta situación, en la que está en juego la libertad e igualdad de los españoles, la independencia de la justicia e incluso la soberanía nacional. Quizás haya llegado el momento de plantear y forzar muy seriamente una revisión completa del sistema político, ya no solo del sistema electoral español, a ser posible antes de que el aspirante a autócrata logre pasar de curso.
