Dieter Nohlen (1994): «Las democracias, al menos desde el punto de vista del procedimiento de selección de los gobernantes se fundamentan en el reconocimiento del sufragio universal, sufragio igual, sufragio directo y sufragio secreto».

   Antes de exponer las diferentes posibilidades de reforma del sistema electoral, creo necesario exponer los principios en los que basaré mis argumentaciones. Y, antes de nada, tengo que aclarar que son “mis” principios y, si no le gustan, puedo sacar otros de la manga, como decía Groucho Marx, pero……esta vez va a ser que no. Lo digo porque quizás alguno, tras la lectura de estos principios, si no le gusta la polémica, podría ahorrarse la lectura del resto de los artículos, pues seguramente no le agradará lo que vaya escribiendo.

 El primer principio, que para mí es básico y esencial, es el siguiente: El valor del voto de todo ciudadano español debe ser el mismo o, por lo menos, aproximarse lo más posible a la igualdad, para obtener un alto índice de proporcionalidad. Sé que puede sonar duro, pero no lo es tanto cuando, hablando del Congreso de los Diputados pienso que los representantes del pueblo español lo son de TODO el pueblo español, sean de Bollullos de Condado o de San Sebastián. Los diputados son aquellos ciudadanos en los que está depositada, o representada la soberanía del pueblo. Por lo tanto, representan y responden ante los electores de su circunscripción, pero también ante TODO el pueblo español, intentando responder a los intereses de ambos niveles. Si esa condición se cumpliera la distancia entre el sentir de los ciudadanos y la actuación de los políticos posiblemente no sería tanta.

    Este primer principio tendrá sus consecuencias en los planteamientos que vaya haciendo, sobre todo en el tamaño de las circunscripciones electorales, cuestión que afecta directamente a la producción de representación y en el número de escaños atribuidos a cada circunscripción. También me llevara posiblemente a replantear la fórmula de conversión de votos a escaños que, por cierto, la que tenemos no es ni mucho menos la que más pueda producir representación. Y, cómo no, la barrera legal o umbral mínimo de votos emitidos para obtener un escaño porque, en mi opinión no es nada conveniente para la salud democrática y para el respeto a la mayoría de los españoles un Parlamento como el actual, en el que de los 16 partidos presentes al menos 6 quieren romper la unidad de España, sin respetar los procedimientos democráticos y la legalidad vigente, además de mantener una actitud continuamente obstruccionista y chantajista. Incluso puede que me lleve a revisar el sistema electoral en su globalidad, para llegar a proponer uno nuevo, entre las variantes que hay en los sistemas proporcionales y mayoritarios.

   El segundo principio se refiere al Senado. En este caso mi posición es más radical, ya que las actividades que desarrolla actualmente esa cámara no parecen ser muy congruentes con una cámara de representación territorial, más bien parece que esa representación es ejercida de hecho y por perverso efecto de la “desproporcionalidad” de nuestro sistema electoral, por el Congreso de los Diputados. Además, creo que el Senado para ejercer la representación territorial no necesita tantos senadores, ni es preciso que sean elegidos en elección directa unos los ciudadanos que ya votan directamente a sus representantes en los parlamentos autonómicos y en los municipios (y de forma indirecta, a través de los Ayuntamientos, en las Diputaciones). A mi parecer, los Senadores deberían ser designados por los Gobiernos Autonómicos, en una cantidad igual por cada uno de ellos, más una cantidad variable en proporción a la población de su territorio. Después hablaremos de números. De esta manera, mediante una elección indirecta, a través de los gobiernos electos en las Autonomías, se dispondría de una cámara en la que los intereses locales podrían estar suficientemente representados y a la que se debería dar, para cada proyecto de Ley que pueda afectar a las Autonomías, la capacidad de segunda lectura, propuesta de corrección y negociación de texto definitivo, antes de su aprobación por el Congreso de los Diputados, es decir una capacidad real de veto. Valoraré igualmente la posibilidad y el beneficio que podría suponer contar en el Senado con representantes de la Diputaciones Provinciales, cuestión que, en principio, me parece atractiva ya que supone un plus más de representatividad, de proximidad al ciudadano y un contrapeso al poder que han ido adquiriendo los gobiernos autonómicos, algunos de forma incontrolada y centralista en su ámbito.

   El tercer principio, relacionado con la necesidad de producir legitimidad, es dar mayores posibilidades a la presentación de iniciativas legislativas populares, que actualmente tienen una regulación excesivamente restrictiva. Además, esa iniciativa popular, en caso de alcanzar los requisitos que más adelante expondré, debería ser obligatoriamente admitida a tramite en del Congreso y, en su caso, convertirse en ley. También sería conveniente dar la posibilidad de un mayor empleo de los referéndums, mediante la introducción de referéndums legislativos que dieran la posibilidad de anular una ley elaborada en el Congreso o realizar consultas vinculantes sobre aspectos de máxima importancia para el interés nacional, además de los ya contemplados referéndums sobre las reformas constitucionales y sobre la aprobación o modificación de los Estatutos de Autonómicos.

    El cuarto principio es la elección directa del poder ejecutivo, para incrementar la legitimidad de la representación. De esta manera el pueblo elegiría directamente, por una parte, a sus representantes en el Congreso y por otra al ejecutivo que le pareciera conveniente y que sería, posteriormente, controlado por el poder legislativo. Seguramente, en este caso, habría que acudir a un sistema mayoritario con segunda vuelta. Ventajas puede tener muchas, entre otras: la intervención del pueblo en la función de producir gobierno, que actualmente está depositada exclusivamente en el Parlamento, con lo que  se superaría una de las restricciones que nuestro sistema parlamentario impone a los principios democráticos; posibilitaría independencia del grupo parlamentario respecto del ejecutivo; introduciría la costumbre del recurso a las coaliciones para lograr las mayorías necesarias en las segundas vueltas. Estas coaliciones, al tener que ser previas a las votaciones, minorarían la posibilidad de engaño al electorado, tal y como está pasando actualmente; se incrementaría el valor del trabajo de equipos conjuntos, por encima de la simple imagen de los líderes de partido.

    Todos ellos son principios que buscan un mayor respeto por los principios democráticos en general. Pretenden mejorar las funciones de representatividad y legitimidad que deben cumplir unas elecciones, alcanzando un índice de proporcionalidad mucho mejor del que actualmente disfrutamos e incrementando la cultura política de nuestros ciudadanos y de “nuestros políticos” que falta les hace. Como consecuencia la función de producir gobierno, que es otra de las funciones que deben cumplir las elecciones, sería cumplida de una forma más eficaz.

    Por supuesto que, para hablar de todo esto tenemos y dar el enfoque que estoy dando, he considerado la democracia tal y como la entendemos actualmente, con el derecho universal al voto. Otra cosa sería si entráramos en las consideraciones que hacen los defensores de la «epistocracia«, como lo fueron Platón o John Stuart Mill o como lo es el filosofo y profesor de la Universidad Georgetown Jason Brenan que, en su libro Against Democracy, invitaba a preguntarse si el sufragio universal no era una absoluta temeridad. 

Jason Brenan

Claro que Brenan publicó su libro después de que se votara, en referéndum, el Brexit y poco antes de la elección de Donald Trump como presidente de EEUU. ¿Qué hubiera escrito después de las elecciones del 10 N en España? Habría que preguntárselo.

LUIS BAILE ROY